Sumario:
[1] FLEXISEGURIDAD, AUSTERIDAD y PENSIONES, por BELÉN LUJÁN SÁEZ
[2] LA GRAN MENTIRA SOBRE EL ENDEUDAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL por VICTORIA PORTAS
[3] BRUTAL PAQUETE DE CIEN DRÁSTICAS MEDIDAS DEL GOBIERNO TSIPRAS EN CONTRA DE LOS ASALARIADOS GRIEGOS, por MÁXIMO RELTI
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[1] FLEXISEGURIDAD, AUSTERIDAD y PENSIONES
por Belén Luján Sáez
Abogado
Y todo comenzó con la flexiseguridad…. Bueno, en verdad no, el afán de sometimiento del Poder viene desde el principio de los tiempos, pero, desde luego, la adopción por parte de la Unión Europea allá por el año 2007 de ese concepto como piedra angular de la evolución de los “mercados” laborales ha marcado el desarrollo normativo en la última década.
La flexiseguridad consiste en una estrategia que busca lograr un mercado del trabajo flexible, pero que además garantice una protección social de los trabajadores. Así, la podemos definir de manera general a partir de los tres pilares en los que se basa: la flexibilidad para contratar y despedir trabajadores, la alta protección social para los desempleados, y una política de formación y reinserción laboral muy activa. Como se puede deducir, la aplicación de los principios de flexiseguridad implica un fuerte esfuerzo de financiación por parte del Estado.
Esa es la teoría, la practica ni siquiera se ha acercado al cumplimiento de los parámetros proteccionistas. Presentada por muchos como un mal menor, mientras no se produzca la verdadera evolución o transformación -que ha de ser el abandono del modelo económico capitalista-, la cuestión es que la alarma, sin embargo, se produce cuando tales ideas básicas se llevan a la regulación de los diferentes Estados, apareciendo claramente cuál es la finalidad que realmente subyace. No, no es la Seguridad, sino la liberalizción del Mercado de Trabajo.
El concepto de flexiseguridad viene tomado del modelo danés. Y sin entrar aquí en comparaciones ni otros pormenores, la cuestión es que España no es Dinamarca, los países del Sur no son los del Norte. En Dinamarca -como en otros países de la zona-, cierto es que la “relajación” de las normas para contratar y despedir es más que elevada, pero como contrapartida los desempleados tienen cuatro años de protección con el noventa por cien del salario. Muy difícil de alcanzar y mantener ese nivel de protección cuando constantemente se habla de recorte en los gastos sociales, control del déficit público a costa de los servicios básicos a los ciudadanos y privatización en la gestión del cada vez más mermado sector público; así que la flexiseguridad al final se convierte en una forma suave y eufemística de convencer a la ciudadanía para que acepte lo que a la postre viene a ser la desregulación del mercado de trabajo, el abaratamiento de su tiempo de trabajo, la pérdida de garantías jurídico- laborales y la desprotección. Se nos impone la “flexibilidad”, pero las cotas de “seguridad” quedan muy por debajo de lo tolerable.
En España, como bien sabemos, la desprotección está alcanzando las cotas más altas, sustituyéndose el derecho del ciudadano por una suerte de beneficencia o de mercantilización según los casos, encontrándonos en una situación en el que el Sistema mismo se ha puesto en peligro en su subsistencia o así se percibe.
Las reformas de la última década (y las ya adoptadas en la década de los noventa, como las venidas de las exigencias del proceso de convergencia monetaria -Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1996-; la irrupción de las empresas de trabajo temporal; las reducciones de la prestación por desempleo –RDLey 1/1992, de 3 de abril; o la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que abría los centros de sanitarios a otras formas de gestión -conciertos, convenios, concesiones-; entre otras) ponen de manifiesto esta “degradación”. Todas las medidas legislativas, de entonces o de ahora, que se aprueban y/o anuncian van más allá de salvar una determinada coyuntura económica; en realidad suponen la extensión y perpetuación del Sistema económico imperante sin que exista posibilidad de retorno. Implican la destrucción del Estado Social y de Derecho mediante un mecanismo claro: aislar y debilitar al individuo, eternizar su esclavitud –económica y moral.
Así lo hemos podido observar, entre otros hitos normativos, en los siguientes hechos:
i) una “subrepticia” reforma constitucional en 2011 que dejó el articulo 135 CE en términos tales que “Todas las Administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. 2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, ensu caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una Ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito (…)”.
El limite concreto no se fija expresamente, sino que se prohíbe que supere el valor establecido por el Tratado Fundacional de la UE (TFUE), es decir, el 3% del PIB. La reforma supone la existencia de la obligación para las Administraciones públicas de dar prioridad absoluta en sus presupuestos al pago de los intereses y del capital de la deuda pública, por encima de otros gastos o inversiones, incluso de tipo social. Tan solo en el apartado cuarto del precepto constitucional se contempla la posibilidad de excepcionar dicho mandato “en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”, lo que nos hace entrar en el resbaladizo territorio de los conceptos jurídicos indeterminados, dados los términos de la redacción constitucional. Trasunto práctico y más que polémico en los últimos tiempos de la aplicación del artículo 135 de la Constitución, ha sido la intervención del Ayuntamiento de Madrid por el Ministro Montoro.
Antes de la reforma del articulo 135, el articulo 40.1 de la Constitución hablaba ya de “estabilidad económica”, pero referida a la obligación de los poderes públicos de “promover las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa”; asimismo se había adoptado, vía legal, el compromiso de estabilidad presupuestaria a todos los entes públicos (Ley 18/2001, de 12 de diciembre, Ley General de estabilidad presupuestaria).
La diferencia que incorporó la reforma constitucional de 2011 es clara: se presenta como principio fundamental, no instrumental. La propia Exposición de Motivos le otorga una naturaleza reforzada: “la estabilidad presupuestaria adquiere un valor verdaderamente estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado, del mantenimiento y desarrollo del Estado social”.
El establecimiento de un rígido limite de déficit supone el desmoronamiento del Estado Social y de Derecho, comporta dejar vacío de contenido, convertir en mera ilusión, la protección de los Derechos de la persona. Y ello en contraste con el rescate a los bancos, que se han asumido sin reparos ni limites por el Estado y han justificado las más sangrantes medidas de austeridad, de recorte prestacional y contención del gasto público (salvo para las Farmacéuticas: respecto al gasto farmacéutico, al Gobierno del PP no le han dolido prendas para comprometerse con Farmaindustria a un incremento sostenido y continuo del gasto en proporción con la evolución del PIB; y ello mientras que en los Hospitales de todo el país se ha carecido y se carece de elementos esenciales en el servicio, como puedan ser ropa de cama o hasta las humildes tiritas, y los recortes en Sanidad superaban los diez mil millones de euros en un solo año – en el ejercicio anterior al compromiso con los laboratorios).
ii) el Real Decreto Ley 10/2010, de 16 de junio, mediante el cual se procedió a grantizar una mayor flexibilidad al empresario para decidir la movilidad interna de puestos de trabajo y consiguiente modificación de las condiciones de trabajo en los contratos individuales, así como la posibilidad del despido por causas económicas y técnicas.
iii) el Real Decreto Ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, el Ejecutivo precisamente no se cansa de utilizar la palabra “flexibilidad”. Y en ese camino hacia la flexibilidad sin seguridad, introducen profundas modificaciones en la normativa sobre negociación colectiva por las que, entre otras tantas, se minimiza el carácter imperativo de la Ley en pos del acuerdo concreto; se fomenta y confiere prioridad aplicativa al convenio de empresa –o de grupo de empresas, como novedad- en detrimento de otros de ámbito superior en determinadas materias relevantes, alterándose incluso las normas hasta ahora conocidas de concurrencia de convenios, esto es, qué convenio se aplica a una determinada relación laboral cuando existen varios posibles de distinto ámbito (sectorial, provincial, autonómico, estatal, empresarial, etc); o, sin ánimo de exhaustividad, finalmente, se eleva a categoría de previsión legal la posibilidad de acuerdo de inaplicación salarial de lo pactado en convenio colectivo de ámbito superior a la empresa, al propiciar que se pueda dar el acuerdo entre empresario y representantes de los trabajadores cuando la situación económica de la empresa lo requiera, sin necesidad de que tales convenios colectivos de ámbito superior lo contemplen –como hasta en ese momento sucedía.
iv) el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (que da lugar a otros RDLey, tanto ese mismo año 2012, como en 2013 e incluso 2014), y en el que, entre otras medidas, se reduce la indemnización legal por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado, con el límite de 24 mensualidades, y se eliminan los salarios de tramitación, que solo deberán satisfacerse por el empleador si el despido es nulo o si éste opta por la readmisión (opción que se debilita claramente con ello desde la perspectiva del empresario); se consolida el despido por pérdidas, y la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el de sector (camino ya iniciado, como veíamos), o se compatibiliza la realización de horas extraordinarias en los contratos de carácter temporal.
A poco que pensemos, observamos que todas estas medidas legales conducen a la pérdida de garantías laborales y a un lento, pero seguro, debilitamiento de las estructuras sindicales y, por extensión y como efecto buscado, el del propio trabajador. Pues sucumbir por la necesidad de conservar el puesto de trabajo, ahora en una posición más débil, será el «leitmotiv» de cualesquiera acuerdos que se alcancen, y cuanto más “pequeño” (inferior) sea el ámbito de negociación, mayor será la debilidad de los trabajadores.
v) la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y el Indice de revalorización del Sistema de pensiones de la Seguridad Social, en el que se opta por asegurar la suficiencia del sistema de pensiones a costa de reducir el importe de las pensiones y de su actualización, vinculándolo no ya al IPC sino a otro tipo indicadores, lo que ha supuesto un empobrecimiento de nuestros pensionistas, cuando se trata de un derecho consolidado, ganado por el esfuerzo del trabajador a lo largo de toda su vida, no regalado (y la generación que ha venido disfrutando en los últimos tiempos de pensión contributiva la han generado con periodos de cotización que en un gran numero superaban los cuarenta años de cotización). Y que confronta con el texto del articulo 50 de la Constitución que preceptúa que “los poderes públicos garantizarán … la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.
Desde luego, el desequilibrio estructural del Sistema, con una descompensación entre ingresos y gastos y un agujero de endeudamiento de más de 28.000 millones de euros, convierte en quimera, en ficción contable, las Cajas separadas de la Seguridad Social y del resto de la Administración Pública. Hay que recordar que la llamada hucha de las pensiones (Fondo de Reserva de la Seguridad Social) está al 100% invertida en deuda española y que ha sido salvajemente reducida en los últimos años, contando en el año 2011, en plena crisis inmobiliaria, con algo más de 66.000 millones de euros; de los que quedan poco más de 8 mil millones en la actualidad.
vi) otras reformas, en otros ámbitos, como la nueva Ley de Seguridad ciudadana (LO 4/2015) y la reforma del Código Penal de 2015 que amplian el alcance de las infracciones administrativas y delitos contra el orden publico, con el objeto de restrigir el alcance de los Derechos fundamentales involucrados en la protesta social; el Real Decreto Ley 14/2012 , de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo o el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que entre otras novedades supuso la quiebra del principio de universalidad de la prestación sanitaria, garantizándose sólo a aquellas personas que tuvieran la condición de asegurado.
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Una relación exhaustiva de todas las reformas habidas, que suponen el desmantelamiento del Estado Social y de Derecho, excede en mucho el propósito de este articulo, pero sí insistiremos en que afectan a las más variadas áreas económicas, jurídicas y sociales; volveremos sobre ello otro día. En realidad, en esta última década, entre los gobiernos del PSOE y del Partido Popular, especialmente los de este último, han llevado a cabo tal número de reformas y de tan hondo calado, que han significado un claro retroceso legislativo en la preservación de los Derechos fundamentales, civiles, sociales y públicos (todos ellos en sus más amplias acepciones), fulminando y destruyendo la jurisprudencia consolidada durante largas décadas. No cabe hacer lectura garantista alguna de la labor legislativa.
Tampoco el Tribunal Constitucional ha apoyado la preservación del Derecho Fundamental. Como ejemplo, y en relación al derecho a la Seguridad Social, ha llegado a decir -STC 128/2009-, que “el derecho que los ciudadanos puedan ostentar en materia de Seguridad Social es un derecho de estricta configuración legal, disponiendo el legislador de libertad para modular la acción protectora del sistema en atención a circunstancias económicas y sociales que son imperativas para la propia viabilidad y eficacia de aquél”. Lo que contrasta con el posicionamiento de, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Portugal, que en 2012 y 2013, ha presentado mayores resistencias a la desprotección de los derechos sociales, declarando inconstitucional la suspensión de la pagas extraordinarias de vacaciones y navidad de empleados del sector publico y a los pensionistas, con el argumento de que la decisión vulneraba el derecho a no ser discriminado, al ponerse el peso de los recortes sobre unos determinados colectivos, los más desfavorecidos.
Hoy, en cualquier caso, lo que queremos someter a su reflexión y consideración es la línea de conexión existente entre precariedad laboral, austeridad y mala gestión de lo público: precariedad laboral (pérdida de empleo o la disminución de garantías y condiciones de trabajo, hacen que una ingente cantidad de personas queden excluidas de los sistemas de garantía de carácter contributivo; recordemos que estamos en un país en el que más del 25 por ciento de los contratos de trabajo firmados presenta un tiempo medio de vida igual o inferior a los siete días según las estadísticas de los últimos años), austeridad indebidamente impuesta, con afectación y recortes de las garantías básicas esenciales (salud, educación, protección laboral y social) y mala gestión de los servicios públicos en particular, y de lo “publico” en general, en el que se “malvende” el bien o servicio, con externalizaciones y privatizaciones innecesarias y con un sistema de contratación del servicio, concesión o adjudicación, plagados de corrupción; ya no sólo “corruptelas”, sino Corrupción en su sentido más vil.
Y esa conexión nos lleva, entre otros males, a que nos impongan, a que nos conduzcan, hacia un sistema de previsión privada en detrimento del Sistema público de pensiones, sobre el que intentan atemorizarnos constantemente con la difícil solución a su problema de sostenibilidad y perdurabilidad (nos atemorizan jugando con los números y con conceptos ininteligibles para la mayoría de la población, aprovechándose de que una de las mayores desprotecciones que puede sufrir un trabajador por cuenta ajena, su mayor desvalimiento psicológico, inseguridad e incertidumbre, es que el Sistema de pensiones se perciba en peligro de subsistencia).
En efecto, en sus previsiones y predicciones a medio y largo plazo, nos machacan constantemente con que asimilemos la idea de que es irreversible que la edad de jubilación se posponga cada vez más. Ya no discutimos sobre esa necesidad, sino sobre a qué edad nos permitirán dejar de trabajar. Y esto va indisolublemente unido a los sistemas de Seguridad Social, en los que se intenta implantar un régimen privado, auspiciado por la Comisión Europea, que favorece sólo a la Banca, al Poder Financiero. Así, mediante el manido, falaz y pseudocientífico argumento de la evolución demográfica y el envejecimiento de la población, se nos intenta conducir por una senda de reformas “urgentes” (con abuso constante, por parte del Gobierno, de la técnica legislativa del Real Decreto Ley), que vuelven a castigar a la clase más desfavorecida, incentivándose los “productos de previsión voluntaria” (según propia terminología de la Comisión Europea), en especial, los fondos de pensiones en su modalidad de empleo. Según recomendaciones del propio Banco Mundial, allá por 1994, los sistemas de pensiones de los Estados han de ser complejos, basados en varios pilares; deben consistir en una pensión mínima garantizada por el Estado, complementada con fondos de empleo privados y obligatorios, y fondos privados -colectivos o individuales- voluntarios.
Las propuestas que en este sentido se hacen a la población son claras: trabajar más; hoy se necesita más tiempo de cotización para cobrar menos.
La preponderancia de los regímenes o fondos privados, cuando precisamente en los últimos años se ha producido una pérdida o desvalorización de, al menos, el veinte por cien de dichos fondos, no puede buscar sino alentar al mundo financiero –una vez más-, y trasmutar lo que viene a ser la esencia de la Seguridad Social, convirtiéndola en una suerte de asistencialismo: se escapa del principio de solidaridad y del fin redistributivo, niega la sociabilidad del riesgo de la vejez, que quedaría en manos de la responsabilidad o voluntad individual, y abre al mercado -al «negocio»- la garantía de la prestación.
Lo más triste es que muchas son las voces criticas. Pero ninguna expresa una propuesta concreta que no sea un mero “parche”, una salida del paso, una desviación de la atención de lo verdaderamente relevante. El expolio de la Seguridad Social (como el de tantos otros servicios, bienes o recursos públicos), es el objetivo largamente perseguido. A ello responden propuestas como la realizada en los últimos días por el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, que pretende gravar con un impuesto finalístico sobre la banca -su destino sería la dotación a la caja de la Seguridad Social-, pero olvida, por ejemplo, la petición de responsabilidad y de reintegro de las cantidades indebidamente retraídas de la Caja Única de la Seguridad Social por parte del Gobierno; o que esa imposición sobre la actividad económica bancaria y sus beneficios de explotación -que, en efecto, debería producirse-, se promueve en términos reduccionistas, absolutamente inadecuados para el logro de tal finalidad; como por desgracia hemos ya padecido en muchos otros ámbitos. No es que no confiemos mucho en la clase política; es que sabemos que no nos podemos fiar de «nuestros» representantes, que están al servicio del capital, no de las personas, no de sus electores.
De la misma manera, tampoco son tolerables manifestaciones como las de Celia Villalobos, actual Presidenta de la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, que hace escasos días, en el programa de TVE matinal del pasado 16 de enero, ha desatado la polémica con sus declaraciones sobre la situación de la hucha de las pensiones y los pensionistas. «Hay ya un número importante de pensionistas que están más tiempo en pasivo, es decir, cobrando la pensión, que en activo, trabajando». Villalobos ha hecho este comentario tras lanzar una advertencia «a los que hoy tienen 45 años», a quienes ha ‘recomendado’ preocuparse por el ahorro y optar por planes de pensión privados.
Como vemos, todas las medidas legales que se sugieren o que se aprueban, van encaminadas al favorecimiento único del Poder económico, de los responsables de la crisis –cíclica- en la que nos hemos visto, y todavía estamos, inmersos; favorecimiento frente al que no se ha opuesto por la ciudadanía la debida resistencia. Debemos permanecer alerta. Debemos oponernos a este desmantelamiento progresivo del Estado Social, democrático y de Derecho que se viene produciendo durante años. Oposición que solo cabe hacer defendiendo el valor absoluto de los Derechos Fundamentales, defendiendo «lo público».
Lo terrible, lo preocupante, lo perturbador, es que estas mismas o similares consideraciones las manteníamos desde AUSAJ, incluso con anterioridad a la diabólica y perniciosa reforma constitucional de 2011. Y aquí seguimos, en igual o peor situación que hace años.
¿Por qué como sociedad no somos capaces de exigir lo verdaderamente importante?
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[2] LA GRAN MENTIRA SOBRE EL ENDEUDAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Por VICTORIA PORTAS
Portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones
Todos los principios de añonos enfrentamos – escribe Victoria Portas, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones – a estadísticas, estudios y análisis sobre el envejecimiento de la población española, el imparable aumento –efectivo o previsible– de las pensiones y los pocos ingresos que recibe el Sistema Público de Seguridad Social (…).
Todos los principios de año, desde 2011, nos enfrentamos a estadísticas, estudios y análisis sobre el envejecimiento de la población española, el imparable aumento –efectivo o previsible– de las pensiones y los pocos ingresos que recibe el Sistema Público de Seguridad Social. Es una técnica utilizada por los diferentes gobiernos para generar una inquietud social imprecisa y persuadir a la opinión pública de que las pensiones no son sostenibles, recomendando a los pensionistas actuales que se conformen con la subida del 0.25% –en vez de adecuar esta subida al IPC– y a las nuevas generaciones que complementen con planes privados sus futuras prestaciones, para así poder generar una pensión digna.
Además, se nos sigue asustando con que el Tesoro Público nuevamente en este año 2018 tiene que hacer un préstamo de 15.000 millones de euros a la Seguridad Social, para hacer frente a las pagas extra (como hizo otro de 10.100 millones en 2017), pues en el Fondo de Reserva únicamente quedan 8.000 millones de euros.
Todo esto es humo, una cortina de humo creada por el capitalismo y los despropósitos e incapacidad del Gobierno del PP para cambiar sus políticas, que siguen el camino marcado en 1994 por el Banco Mundial, haciéndonos creer que el sistema de pensiones públicas no es sostenible y que la causa de que la Seguridad Social se encuentre en números rojos es debida únicamente al desempleo de los últimos años y a la consiguiente bajada de las cotizaciones.
Nuestro sistema público de pensiones se caracteriza por la solidaridad intergeneracional, de manera que los trabajadores activos contribuyen a abonar con sus cotizaciones las prestaciones de los actuales pensionistas, y lo que sobra “teóricamente” pasa a engrosar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Según lo acordado por el Pacto de Toledo en 1995, el Sistema de Seguridad Social solo tenía que abonar las pensiones contributivas, estando las pensiones asistenciales o no contributivas y los complementos a mínimos a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Pero esto no ha sido así; un Informe de la Intervención General de la Seguridad Social (órgano gestor contable del organismo) ha cuantificado que de 1990 a 2012 las arcas de la Seguridad Social financiaron con 72.371,5 millones de euros los complementos a mínimos, responsabilidad de los PGE. Nunca se ha compensado a la Seguridad Social por este gasto que no le correspondía.
Por otra parte, todos los gastos corrientes de bienes, servicios y nóminas que se generan en una Administración corren a cargo siempre de los PGE, a “excepción” de los derivados de la Seguridad Social.
En el año 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desvió 14.000 millones de euros de cotizaciones sociales para otros compromisos. Esta cantidad no se ha devuelto al Fondo de Reserva.
Además, aunque nunca se mencione, la Seguridad Social ha sido desde 2008 un “ente financiero” de empresas en crisis, mediante aplazamientos de recaudación de las cuotas sociales que han contribuido a mantener la liquidez de dichas empresas, amortiguando las dificultades económicas de buena parte de las mismas; lo que se ha dado tanto con gobiernos del PSOE como del PP.
A partir de 2012 el Partido Popular, no solo no corrigió esas políticas, sino que las incrementó de manera indiscriminada, bonificando las cotizaciones empresariales como medida de estímulo a la contratación laboral. En 2016 la Seguridad Social dejó de ingresar 2.100 millones de euros por estas reducciones directas de cotización, cantidad que superó en 500 millones a la que se dejó de percibir en 2015. El Estado no ha compensado tampoco esta pérdida de ingresos, que ni siquiera sirvió para conseguir el objetivo de incentivar la creación de empleo. Como se ha comprobado, la tasa de paro no se modificó sustancialmente esos años, pero, eso sí, los ingresos de la Seguridad Social sufrieron una notable reducción.
Y hay otros casos, por ejemplo, las compensaciones a los afectados por el terremoto de Lorca o a las víctimas de incendios u otras catástrofes naturales…; fines que nada han tenido que ver con el abono de las pensiones contributivas de la Seguridad Social.
Si los gobiernos de turno, no hubieran hecho un uso impropio del dinero de las cotizaciones sociales podríamos estar hablando de que el Fondo de Reservatendría en estos momentos alrededor de medio billón de euros y no los 8.095 millones actuales. El Estado, los PGE y el Ministerio de Hacienda no están haciendo préstamos a la Seguridad Social para hacer frente a las pensiones; están devolviéndole unas cuantías que ya pertenecían por derecho al propio Sistema.
Como Portavoz de la Coordinadora Estatal en Defensa de Sistema Público dePensiones sacaremos a la luz cada cifra, cada mentira, cada manipulación que el Gobierno y sus fieles lacayos pretendan hacer para amedrentar a la población e inducirle a creer que nuestro Sistema no es sostenible.
Porque la Seguridad Social Pública no solo es sostenible, sino que es el mayor pilar del Estado de Bienestar y reformas como las del 2011 (PSOE) y 2013 (PP) perjudican mayoritariamente a todas las generaciones que, en un futuro próximo o más lejano, tengan la necesidad y/o el derecho de acceder a alguna de las prestaciones del sistema.
Queda clara la obligación de mantener –gobierne quien gobierne– unas pensiones públicas que garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes a todas las personas que las necesiten.
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[3] BRUTAL PAQUETE DE CIEN DRÁSTICAS MEDIDAS DEL GOBIERNO TSIPRAS EN CONTRA DE LOS ASALARIADOS GRIEGOS
Por MÁXIMO RELTI
Las organizaciones sindicales y políticas griegas se han puesto en pie de guerra. Y no es para menos. Syriza aprobó el pasado lunes, con nocturnidad y alevosía, un conjunto de propuestas condensadas en una «ley de emergencia»con la que se pretende limitar los derechos sindicales y de huelga.
La respuesta por parte de los sindicatos helenos no se ha hecho esperar. Ha sido fulminante.
“Estos derechos se ganaron con sudor y sangre hace más de tres décadas”- señala Odysseus Trivalas, presidente del sindicato de trabajadores del sector público. “Los bancos, los empresarios de la industria y los inversores extranjeros nos los quieren negar. No se lo pondremos fácil. Saldremos a la calle”.
Amparado en la nueva normativa «de urgencia», el Ejecutivo del socialdemócrata Tsipras acordó imponer nuevos requisitos y cortapisas al derecho de los trabajadores a convocar huelgas.
El movimiento en la calle no ha sido remolón en esta oportunidad.
La pasada semana, miembros de los sindicatos de izquierda irrumpieron en el Ministerio de Trabajo, enfrentándose con la titular de ese Ministerio, Effie Achtsioglu, una syriza de tan solo treinta y pico años, que se encontraba en esos instantes en su despacho. Los trabajadores le espetaron un sonoro «¡caradura!»,coreando alrededor de ella con calificativos como «¡traidora!» y «¡vergüenza!, vergüenza!«. Una vez concluido el escrache los trabajadores colocaron una enorme pancarta en toda la fachada del Ministerio con la frase: ¡¡ no os atrevais ni a tocar el derecho laboral de la huelga!».
En el curso del último decenio han tenido lugar en Grecia alrededor de medio centenar de huelgas generales. La huelga sido el arma por excelencia de los asalariados, la única arma frente a los desmanes tanto de la troika europea como del propio gobierno heleno. En Grecia, el derecho a huelga no han sido capaces de tocarlo ni siquiera los gobiernos más derechistas de la historia política reciente del país. Ha tenido que ser Tsipras, el judas Tsipras, como lo llama la calle, aquella «esperanza blanca» de la socialdemocracia vergonzante española – Podemos e IU – quien primero ha osado atentar contra este derecho laboral, conseguido en Grecia después de un largo combate popular, que va desde una cruenta guerra civil, pasando por dictaduras militares, gobiernos derechistas hasta llegar a los neo socialdemócratas de Syriza.
Las prometidas «reformas sociales» de Tsipras, esgrimidas por Pablo Iglesias como la milagrosa panacea para los pueblos de la Europa mediterránea, no sólo han quedado en agua de borrajas, sino que, además, los compromisos suscritos por el Ejecutivo heleno con los Estados Unidos, Israel y la OTAN han arrastrado a Grecia a convertirse en un bochornoso apéndice de los poderes multinacionales y geopolíticos en el Sur de Europa.
Pero el proyecto de ley ahora implementado por Alexis Tsipras no se ha limitado a aplicar un fortísimo tijeretazo al derecho de huelga de los asalariados griegos. Prevé, igualmente, medidas tales como la posibilidad de subastaronline las propiedades pertenecientes a aquellos que se vean imposibilitados de poder pagar sus deudas. Como puede constatarse, la«creatividad» del «izquierdista» Tsipras ha superado con creces a las iniciativas reaccionarias de la francocracia española. A partir de ahora, los funcionarios gubernamentales griegos podrán proceder a una suerte de «desahucio internáutico».
¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LAS REFORMAS ANTIOBRERAS DE SYRIZA?
¿Qué es lo que empuja a Tsipras a poner en marcha medidas que ni sus predecesores mas conservadores llegaron ni por un momento a imaginar?
La respuesta a esta pregunta la dio la troika, integrada por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. Las tres instituciones «supranacionales» – en realidad, una superestrutrura internacional del imperialismo – no utilizaron ningún tipo de añagazas a la hora de transmitir su «trágala» al Gobierno de Tsipras. El Ejecutivo de Syriza debía pasar por las horcas caudinas de la triple orden de la troika «si se quería acabar con la morosidad de los préstamos bancarios morosos». De no ser así, amenazaban nuevamente con expulsar a Grecia del «paraíso» de la Unión. Quien un día dijera encarnar la rebelión de los pueblos del Sur contra la tirania deBruselas no necesitó más presiones para plegarse humildemente. Prefería desplegar a los antiditurbios contra los asalariados, pesionistas y deshuciados de su país, que atreverse a hacer frente a los poderosos del Norte. Tsipras sabe que un gesto de esas características resulta siempre muy peligroso, sobre todo para aquellos que tienen la convicción de que los asuntos relacionados con la soberanía nacional se resuelven en la mesa de negociaciones del enemigo, y no con las movilizaciones y la organización popular.
UN PAQUETE DE 100 DURAS MEDIDAS
La ley aprobada con nocturnidad y alevosía el pasado lunes contiene nada menos que 100 medidas drásticas, que causarán a los griegos nuevos sufrimientos. La «zanahoria» que Tsipras ha exhibido ahora se fundamenta en la promesa de que la troika liberará más fondos de emergencia antes de que finalice en agosto su tercer y presuntamente «último» programa de rescate. Pero, ¿qué quedará de los griegos y de su economía para entonces?
Los apoltronados diputados de Syriza dieron muestras plañideras ante los medios de comunicación de «su enfado» porque – según ellos- las drásticas medidas «lesionan gravemente su sensibilidad de izquierdas». Ni que decir tiene que esa solidaridad con el pueblo griego no fue acompañada – por lo menos hasta el momento en el que escribimos esta crónica – de ninguna dimisión.
Como hiciera aquí en el pasado Felipe González, Alexis Tsipras acudió también al viejo recurso del «consuelo», argumentando que de no haberse implementado estas reformas «hubiera sido mucho peor».
«Nos enfrentamos a las exigencias de los acreedores respecto a la liberalización de los despidos, el restablecimiento del cierre patronal y el cambio del quórum para las asambleas sindicales de primer grado. Solo cedimos en lo último», se atrevió a decir sin el más leve sonrojo, y esperando – encima – el agradecimiento de los griegos.
Por cierto, una reflexión final. Durante meses, tanto Pablo Iglesias comoAlberto Garzón nos dieron la perseverante tabarra de que con el gobierno deSyriza se abriría un período de «avances revolucionarios» en toda la Europa mediterránea. ¿Ha escuchado alguien una valoración crítica, – o, al menos, analítica- , a cargo de estos dos caballeros acerca de lo que sucede en Greciacon la «experiencia Syriza»? ¿Cómo debemos interpretar su mutismo? ¿Como una aceptación o como un rechazo? ¿Como un apoyo o como un distanciamiento? Ayudaría mucho a despejar el horizonte una respuesta política al respecto. Después de los entusiastas efluvios pro Syriza, nos la merecemos.
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