En su intervención, narró su experiencia desde la perspectiva de juez instructor de causas de corrupción política en el ámbito local, concretamente en el municipio de Castro Urdiales, conocido como «la Marbella del Norte» por los numerosos casos de especulación urbanística ligados a delitos de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos, entre otros, que se dieron en los años de la burbuja inmobiliaria.

Alcaldes y concejales en la cárcel, funcionarios, promotores inmobiliarios y constructores imputados y enredados en una maraña judicial que todavía sigue sin resolver en muchos casos, y con los que este magistrado canario tuvo que lidiar desde su llegada al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad en el año 2007. 

El juez comenzó su relato subrayando que, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hay un centenar de políticos implicados en casos de corrupción en Cantabria, una diferencia mínima con comunidades como Madrid. «Posiblemente en Cantabria haya hipertrofia administrativa y normalmente la corrupción se genera alrededor de la administración, que es donde realmente se pueden obtener tantos beneficios», explicó, señalando que «alrededor de la administración se genera una red clientelar que puede ser muy potente».

«Me tocó instruir unas 20 causas de corrupción, entendí que en seis o siete no había indicios suficientes para continuar, y en 12 sí consideré que los había», relató. «Hay siete que ya han sido juzgadas con quince condenas y quedan las más importantes, los juicios más grandes y el número total de imputados supera el medio centenar». «No todos son de Castro Urdiales, pero sí una parte importante», puntualizó Acayro para contextualizar su ponencia.

A continuación, haciendo un guiño a una compañera en la instrucción en Castro, aseguró que a pesar de que «la politización de la justicia no ayuda a que haya una Fiscalía independiente, hay fiscales que hay que poner en valor porque son muy valientes, hacen su trabajo y lo hacen francamente bien».

También recordó un titular de la Memoria de la Fiscalía del año 2013 que decía lo siguiente: «La Fiscalía cántabra advierte un estado delictivo generalizado en Castro Urdiales desde 1999». Sobre esta afirmación, Acayro sostuvo que «no es que tengamos un problema, es que el sistema ha fallado, no quedan ni garantías para nadie». Esto se traduce en las causas de corrupción que se han instruido y en términos económicos, «en decenas de millones de euros solo en Castro Urdiales».

Ante este escenario, Acayro invitó a los presentes «a la cocina de un juzgado» e hizo hincapié en que «generalmente la vinculación de los jueces con el territorio en el que ejercen es cero», como ha sido su caso. «No conocía a nadie y quizá eso me hizo seguir adelante con las investigaciones con normalidad», reconoció.

Escasez de medios

Según su criterio, el primer problema con el que uno se encuentra en un juzgado es la escasez de medios. Casi ningún juzgado está preparado para el día a día y cuando entra una macrocausa el juez se ve desbordado «porque los expedientes se transportan en furgonetas», explicó.

Acayro recordó que una inspección del CGPJ en 2010 determinó que el juzgado de Castro debía ser reforzado, pero no se cumplió. «Se reiteró ocho veces, era como predicar en el desierto». «Decían que no hay dinero, la excusa que ponen siempre», lamentó. De esta forma, «las causas no se impulsan, se quedan ahí por falta de personal».

Posteriormente, en el 2013, coincidiendo con los movimientos de indignación ciudadana –que «han  tenido una repercusión más elevada de lo que el ciudadano piensa»– provocaron la reacción del CGPJ, que insistió en que se reforzaran todos los juzgados con causas de corrupción. «Nuestro TSJ y el Gobierno de Cantabria pidieron informes, ¿y qué pasó? Pues que no nos reforzaron», criticó el juez.

Sin embargo, en 2015, «gracias a la insistencia de los movimientos sociales», se creó la unidad de auxilio para las causas de corrupción. Contó como el CGPJ «volvió a informar positivamente y decidió que había que nombrar a un juez de refuerzo y aotro funcionario con dedicación exclusiva para ello». A pesar de ello, en esa ocasión «fue el propio TSJC el que se negó».

«El presidente del TSJC que tenía que tomar esa decisión había sido previamente cargo de un partido político». Así pues, «esa medida quedó sin efecto y esa causa sigue empantanada pendiente de que se señale», señaló, causa que «no cabía en el juzgado» por lo que «la almacenábamos en la biblioteca, 360.000 folios».

En su charla, Acayro Sánchez aseguró que está terminada una instrucción a la que dedicaron cuatro años. «Desde 2015, procesalmente está pendiente de que se presente el escrito de defensa, un trámite que normalmente son diez días, y dos años y medio después ahí sigue», subrayó el magistrado durante su intervención.

También relató que recientemente se encontró con un abogado que lleva varias causas de acusación, y que le dijo que desde el 2007 ya se le habían muerto varios clientes. «Estaba afectado. Esto lleva así diez años y ha habido perjudicados que no han tenido justicia y que pasan auténticos calvarios», criticó. «De los 140 perjudicados, algunos han fallecido y su ilusión era ver justicia». 

Acayro consideró «brutal» que haya personas a las que no les llegue la justicia por falta de medios. «Los medios los ponen los políticos y se da el absurdo de que tenemos que decirles: ‘¿Por favor, nos dais medios para investigaros mejor?’ Y dicen: ‘Es que no hay dinero'», explica. «Como juez te afecta a tu orgullo profesional, porque te das cuenta de que hay gente que necesita una decisión definitiva sobre su asunto y que no se puede prolongar diez años».

Las presiones

El segundo problema que destaca este juez son «las presiones». «Yo he sufrido presiones brutales», reconoció. «Lo compartía con mis amigos y familiares y me decían que esto no es normal». A pesar de ello, quiso dejar claro que «no he dejado de hacer lo que en conciencia y con la ley en la mano debía de hacer».

Para explicar esta situación que tuvo que vivir, señaló que en Castro Urdiales tramitó 24.000 asuntos en cuatro años, de los que «en el 99,9 por ciento de los asuntos no tuve ningún problema». «Pero las 20 causas de corrupción me supusieron que perdí la cuenta cuando llegaron a 30 expedientes disciplinarios y diligencias informativas, y cinco querellas», afirmó. «Fui condenado en primera instancia y el Tribunal Supremo me absolvió«, destacó, resaltando que le llegaban expedientes disciplinarios «absolutamente por todo».

«Considero que nosotros estamos sometidos a la ley y, por tanto, si un ciudadano está enfadado con un juez o considera que un juez hace las cosas mal, lo puede denunciar», dijo Acayro. «Lo que uno espera de la ley es que se aplique de manera recíproca; lo mismo que ampara al ciudadano tiene que amparar al juez», por lo que «si un ciudadano denuncia en falso a un juez, yo esperaba que el sistema reaccionara», sostuvo.

«Cuando desmontas treinta y tantos expedientes y cinco querellas, que muchas de ellas se demuestra que eran falsas, se supone que el sistema me tiene que proteger». «Yo llegué a sentir que mi independencia judicial no estaba garantizada», sentenció con rotundidad.

Instrumentalización de la prensa

Acayro opinió en su conferencia en la Universidad Complutense que las presiones de las que habla se consiguen «instrumentalizando la prensa» y resaltó que él no ha salido a hablar de este tema públicamente hasta la fecha. «Si alguien me quería denunciar, iba a un medio de comunicación con una denuncia falsa» aseguró, haciendo hincapié en que grababa todo y no hablaba con nadie sobre el tema: «Solo en mi oficina y delante de testigos».

Durante su reflexión ante el público, señaló que en Cantabria hay un medio de comunicación «dominante» presidido por un abogado, que «es el abogado de los investigados por corrupción en Castro Urdiales», por lo que «se da un conflicto de intereses».

Puso el ejemplo de uno de los exconcejales de Castro Urdiales, José Miguel Rodríguez López, conocido como ‘KyK’ -acusado y condenado por corrupción-, quien en 2011 dirigió una carta al abogado citado anteriormente en la que le cuestionaba  «si podrían influir el entonces consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa, en el juez [en referencia a Acayro] para no verse perjudicado en las elecciones municipales de ese año».

La carta la publicó el diario El Mundo en 2014. «Cuando lo leí me quedé de piedra, porque no es normal que se pida por escrito que presionen a un juez», manifestó el magistrado. «¿Cuál fue la reacción del sistema que tenía que proteger a los jueces? Ninguna».

Ante este panorama, Acayro incidió en que «no todo son denuncias ni querellas, también está el fango». «Hay que desprestigiarlo, ir a por él, cuestionar su trabajo, hay que transmitir ‘este es raro’, esa es la clave». «Ellos se saben muy fuertes», aseguró.

Vigilancia social, vigilancia legal y vigilancia judicial

El juez Acayro concluyó su intervención afirmando que «hay un porcentaje de personas que si tienen sensación de impunidad van a delinquir, y por eso ha habido tanta corrupción». Para él, la impunidad se combate por tres vías: «La vigilancia social, la vigilancia legal y la vigilancia judicial».

Según expuso, en la justicia «no somos plenamente independientes» porque existe una «legalización de la politización». «Hay un sistema de nombramientos de las cúpulas judiciales que favorece en gran medida la simpatía», admitió. Puso como ejemplo que en Cantabria el presidente del TSJ «fue cargo de confianza de un partido político», algo que «no es ilegal».

Actualmente, Acayro se encuentra en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander ejerciendo su labor tras su absolución y reconoció que se fue de Castro Urdiales «por salud». «En parte, uno dice que tampoco se puede vivir enfrentándose al sistema porque pasa su factura».

El Tribunal Supremo ha anulado la condena de un año y tres meses de prisión además de tres años de inhabilitación absoluta impuesta al que fuera titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Castro Urdiales Luis Acayro Sánchez Lázaro por un delito de revelación de secretos tras remitir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el certificado de antecedentes penales de una persona que le había denunciado ante ese órgano.

Sánchez Lázaro fue condenado por obtener el certificado de penales del constructor Jon Loroño y adjuntarlo a unas alegaciones a una queja que el promotor presentó contra el magistrado ante el CGPJ. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria entendió que el magistrado cometió el delito de descubrimiento y revelación de secretos por «utilizar de forma injustificadas datos personales» de otra persona.

Sin embargo la Sala de lo Penal del alto tribunal estima en su sentencia el recurso de casación interpuesto por el juez Luis Acayro Sánchez y le absuelve al considerar que su conducta no incurrió en delito, frente a lo expuesto por el TSJC que le condenó, además, a pagar una multa de 4.050 euros, así como a indemnizar al constructor con 3.500 euros por el perjuicio moral causado.

La sentencia del TSJC señalaba que el acceso al certificado de penales se realizó «por autoridad, prevaliéndose de su condición de magistrado, sin que existiera ninguna clase de justificación, fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar -ya- causa por delito». Añade además que el magistrado lo hizo con el fin de «acreditar la supuesta animadversión que hacia él sentía el promotor».

Cesión de datos

Sin embargo el Tribunal Supremo alega que no se trata de un caso de acceso o utilización injustificada de datos, sino de un supuesto de cesión de datos obtenidos por el funcionario responsable del tratamiento, a petición del titular del órgano jurisdiccional, que luego fueron remitidos al CGPJ en el marco de unas diligencias de contenido disciplinario.

La sentencia indica que la Ley Orgánica del Poder Judicial admite la cesión de datos para fines jurisdiccionales o no; y en ambos casos su cesión al CGPJ «está autorizada» cuando este órgano actúa en el ejercicio de sus funciones de inspección y control o en el ámbito de las competencias que tenga legalmente atribuidas.

Los políticos implicados en la presunta trama de corrupción urbanística de Castro Urdiales intentaron por todos los medios detener la acción de la justicia en cuanto esta comenzó sus investigaciones.

Su principal obstáculo ha sido siempre el titular del juzgado número 2 de la localidad marinera, José Luis Acayro, contra quien han promovido todo tipo de campañas para intentar que dejara los diferentes casos abiertos.

Ahora se demuestra que los implicados lo intentaron todo, incluso la mediación del entonces consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa.

El juzgado de Castro Urdiales encargó una prueba pericial caligráfica de dos documentos manuscritos de José Miguel Rodríguez López, conocido como KyK. Uno es el que publicó ayer este periódico, el que se evidenciaba que el alquiler de una nave por parte del Ayuntamiento ya estaba acordado antes de que saliera el concurso, cuyo pliego de condiciones se hizo luego a medida.

El segundo documento es una comunicación de KyK con sus abogados, a través del fax. En él, Rodríguez López lanza una pregunta a sus letrados: «¿Podrían influir el Sr. Mediavilla o el Sr. Tolosa con el juez y así favorecerme? » A renglón seguido, KyK añade: «Indicadme el nombre del juez del caso Mioño».

En la comunicación con sus abogados, el político castreño hace comentarios posteriores a una reunión que había mantenido con ellos. Su principal preocupación es que le pueda perjudicar en sus procesos judiciales el hecho de presentarse a las elecciones. «Sigo dándole vueltas», explica, «a la posibilidad de que mi presentación a las elecciones pueda resultar perjudicial para los próximos juicios».

A continuación, comenta: «En la reunión mantenida ya me indicasteis que no, pero una duda me surge. Después es cuando pregunta si hay posibilidad de que Mediavilla y Tolosa influyan con el juez para favorcerle. La siguiente pregunta es sobre el nombre el juez del caso Mioño. Este caso fue instruido por el juez Acayro y juzgado por José Hoya Coromina. El resultado fue a inhabilitación durante siete años y medio para el exalcalde Fernando Muguraza y los en ese momento concejales Rodríguez López, Salvador Hierro y Concepción Carranza por prevaricación en la adjudicación de las obras de rehabilitación del túnel de Mioño.

También fueron condenados Jaime Díaz Muro, Santiago Vélez y César Saiz. El manuscrito de KyK a sus abogados concluye de la siguiente manera: «Perdonad mis dudas, no quiero ni pasar un momento por la cabeza que mi decisión pudiera resultar perjudicial en los procedimientos que deben ser absolutorios ». Rodríguez López subraya la
última palabra.

La misiva está fechada el 21 de marzo del año 2011. La condena por el caso Mioño se produjo dos meses después. Una prueba pericial encargada por el juzgado confirmó que la letra del documento corresponde a la de José Miguel Rodríguez López.

En esa prueba también se analizó el texto publicado ayer por EL MUNDO CANTABRIA y que también es de KyK. En él, el entonces concejal dice al responsable de contratación del Ayuntamiento de Castro Urdiales que ya está acordado el alquiler de una nave a Juanjo de los Arcos.

En el mismo, da indicaciones sobre las características del local y el precio pactado. Todavía no se había elaborado el pliego de condiciones para el concurso, que luego coincidiría con las características del local que ya se había acordado alquilar, a pesar de que ya se contaba con otro para el mismo uso.