Al amparo de la Ley se han cometido a lo largo de la historia los mayores disparates y atrocidades, desde la muerte de Sócrates por oponerse a la tiranía de Critias en Atenas a las guerras geopolíticas que en la actualidad se extienden a lo largo y ancho del mundo;  es la posicion de poder del más fuerte consagrada con el manto de la Ley. 

Sostenía Ulpiano y se retoma en el Digesto, que el Derecho Natural es aquel que se manifiesta en todos los animales (ius naturale est quod natura omnia animalia docuit), este Derecho Natural “no es especial solo del linaje humano, sino común a todos los animales que nacen en el cielo, en la tierra y en el mar”. Y se remarca “todos los pueblos regidos por leyes o por costumbres tienen un derecho, que en parte les es propio  y en parte es común a todos los hombres” (como está escrito en el Titulo II sobre el Derecho Natural en las Instituciones de Justitiano –año 529).

Ese Derecho natural debe ser concretado en el Derecho positivo. Es decir, el Derecho positivo ha de ser la concreción de esa norma que tiende a lo socialmente justo. Sin embargo, ese contenido y finalidad de lo justo, muchas veces es olvidado en las normas que regulan los diferentes aspectos de nuestra vida. Las Constituciones intentan ser la plasmación de esos derechos inalienables; sin embargo, los Derechos Humanos se encuentran en los tiempos que corren en peligro, pues su efectividad es cada vez menor, convirtiéndose sus Declaraciones en mero papel mojado, carente de realidad material.

Como señaló el profesor Zaffaroni, «nos hallamos en un mundo en que un tercio consume lo que no necesita y los dos tercios restantes no tienen lo que necesitan para vivir dignamente y hasta para sobrevivir. Cada día se inventan más necesidades para el tercio que no las necesita, a costa de la contaminación del medio ambiente total, con riesgo para nuestra supervivencia como especie sobre el planeta. Los dos tercios se vuelven peligrosos, molestos, cruzan mares y desiertos, invaden los jardines ordenados del tercio consumidor». Ese consumismo despiadado forma parte de los ciclos económicos y nos lleva a no ser capaces de administrar las profundas crisis económicas que periódicamente atravesamos, incapaces de superar el sistema y paradigma implantados -completamente antinaturales-. En esta última crisis, cuyas perniciosas consecuencias todavía padecemos, se ha producido en los últimos años en nuestro país la expansión de los procedimientos concursales, ejemplo de esa norma sin alma, de esa Ley formal que olvida su finalidad de búsqueda de la Justicia.

Hoy, en el aniversario de nuestra Constitución, nos parece más que oportuno recordar esa idea esencial de Justicia y seguir adentrándonos en el análisis de las perversiones, desviaciones e injusticias, la mayoría con relevancia penal, que se producen en torno a los concursos de acreedores, consecuencia de los cuales se dan enriquecimientos desorbitados de los administradores concursales y demás profesionales que intervienen intra y extra procesalmente y consiguientes empobrecimientos de los patrimonios empresariales y de personas físicas, cuyos intereses se ven envueltos en tal clase de procesos.

Las gentes pierden sus vidas, sus trabajos, sus empresas, sus patrimonios, sus herencias…., muchas de las veces de manera indebida (el concurso nunca debería haber sido planteado o no en la forma en que se hace) y los pierden, además, en indefensión. Pues nos encontramos con una Ley que se preocupa del acreedor y de los formalismos, pero olvida sobremanera la Justicia y la proporcionalidad.

Esta problemática presenta muchas aristas. Una de ellas desde luego es el régimen de control y remuneración de los administradores concursales.

Las administraciones concursales deben actuar con toda diligencia y rigor, diligencia que permita la satisfacción del acreedor, pero que no deje de lado la salvaguarda del patrimonio en concurso. Sin embargo, esta última idea se olvida. Frente a estas desviaciones, los interesados, en teoría, pueden oponerse a la rendición de cuentas de los administradores y exigirles responsabilidad tanto en el seno del concurso como fuera de él.

La desaprobación de las cuentas rendidas por los administradores dentro del propio concurso presenta además la consecuencia legal de que tales administradores concursales son inhabilitados temporalmente para dicho cargo por un período variable que va de seis meses a dos años (articulo 181 y concordantes de la Ley Concursal). En cualquier caso, que se produzca la aprobación o desaprobación de las cuentas dentro del concurso  no prejuzga el proceso posterior, sin embargo en otro proceso no se podrá obtener la inhabilitación del administrador, ese apartamiento del circuito concursal –al menos temporal-, salvo que se consiga su condena en la via penal. La diferencia de régimen es importante, y creemos explica el hecho de que la reprobación de las cuentas de los administradores dentro del propio concurso se produce con una incidencia bajísima.

El problema se agudiza cuando, además, el concepto que se tiene en la practica forense de qué sea esa rendición de cuentas a que se refiere la Ley concursal, es absolutamente formalista e impide cualquier profundización en cuál haya sido la gestión de los administradores, quedándose en una mera comprobación de balances y de destino de las cantidades general, máxime si se han producido las aprobaciones parciales anteriores que se prevén en el procedimiento. Así, esa rendición de cuentas intra concurso se queda casi vacía de contenido. Si no existe oposición a la rendición de cuentas o se retira la habida, la aprobación de la rendición de los administradores se produce de forma automática por propio imperativo legal, obligando al interesado, concursado la mayoría de las veces, a entablar un nuevo procedimiento donde puedan depurarse las responsabilidades civiles de los administradores, proceso que precisamente se ventilará ante el mismo Juez que conoció del concurso.

La exasperación se alcanza cuando llegado el caso del planteamiento de ese nuevo proceso, la actuación de los administradores queda convalidada porque la misma viene amparada en las propias resoluciones judiciales adoptadas en el concurso. Es decir, el Juez que ha de juzgar si existe o no responsabilidad del administrador se basará en sus propias resoluciones anteriores para determinar si existe aquella. ¿cómo cabe ese “autocuestionamiento”? ¿Dónde queda la objetividad? ¿Y si la resolución adoptada es válida formalmente, pero injusta en sus consecuencias? ¿Y si es prevaricadora?

Por encima de todo ello gravita la «Impunidad Enmascarada de la Judicatura» (Fassone); lo que significa que, ante un supuesto de Corrupción Judicial, todos los coautores y cómplices -entre ellos, señaladamente en el caso analizado, la Administración Concursal y sus millonarios ingresos- quedan cubiertos, precisamente, por la Impunidad de tal eventual Juez Corrupto; que, como las meigas, «haberlos, haylos«. Como, por desgracia, estamos comprobando en estos tiempos.

Esto puede suceder, pongamos el caso, con la reclamación que pueda llegar a efectuar un concursado, que se cree perjudicado con el resultado del concurso y la gestión de los administradores concursales, y considera que, dado dicho resultado, resultan improcedentes los honorarios cargados por los administradores, quienes se han enriquecido injustamente, ya que han cobrado durante un tiempo en que no han tenido actividad o exigencia alguna, pero formalmente el concurso estaba vivo. Sin embargo, es probable que en ese proceso de responsabilidad se le diga al reclamante que la actuación de los administradores y su consiguiente remuneración son acordes a derecho, ya que las mismas vienen amparadas en una decisión judicial que aprobó la remuneración y no la modificó. ¿Cuál es la alternativa que le queda al perjudicado por la actuación de la administración concursal? 

En abstracto, es posible que no terminen de ver la tragedia que les acabamos de exponer, sin embargo, si le ponemos cara, si dramatizamos el hecho convirtiéndolo en algo real, posiblemente se vea de otra forma y se identifiquen con la injusticia que sufre el sujeto de nuestro ejemplo. Y eso es lo que haremos en las siguientes entregas de este articulo, donde podrán comprobar no sólo la ignominia padecida sino cuáles son las soluciones u opciones que le quedan a quien es tan injustamente despojado de su patrimonio.

Pero, nos hemos parado a preguntarnos ¿cuantos puestos de trabajo cuesta cada millón de euros que se lleva una Administración Concursal, en base a las normas, ya no en base a su corrupción?

De la misma manera en que, pese a saber que desde 2008, en España 500.000 viviendas han sido violentamente expoliadas a sus propietarios, mediante procedimientos judiciales que, desde el año 2013, jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilícitos, ¿nos hemos parado a pensar que significan 500.000 viviendas? Pues una ciudad de más de 2.000.000 de habitantes. Lo que sumado a las decenas y decenas de miles de suicidios que lo acompañaron, ha ocasionado un daño tal que una guerra.

Sin comprender la causalidad de los problemas, difícilmente podremos darles solución. Es por ello que estamos viendo encarcelar Tiranos, pero no disminuir la Tiranía.

 

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[3]Un juzgado denuncia a dos administradores concursales por vender fincas a escondidas

Por José Antonio Martínez

El magistrado ve indicios de prevaricación y alzamiento de bienes en la actuación de ambos supervisores

 

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[4]Un juez aparta a los administradores concursales de una empresa de Alcoy por prácticas desleales

Por SANDRA LLINARES