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En esta segunda parte de nuestro análisis del fraudulento mundo de los concursos en España y todas las perversiones que a su alrededor se producen (siendo una perversión en si misma su concepción legal, al margen de las desviaciones y delitos que con ocasión de la aplicación concreta de la Ley se producen), les ofrecemos diversos artículos de prensa que se ocupan de delitos y delincuentes descubiertos, ilícitos con relevancia penal que se producen con mucha mayor frecuencia de lo que realmente se persiguen y ya no digamos de lo que sale en los medios de comunicación. Aunque algunos de los artículos estén datados en años anteriores, desgraciadamente mantienen toda su actualidad, pues la realidad que se desprende de todos ellos se mantiene vigente, perpetuada, a día de hoy. Piensen en lo lucrativo de un ámbito de negocio que, como nos cuentan las tablas que reproducimos a continuación, ha aumentado exponencialmente en los últimos años, generándose un mal irreparable a nuestro tejido empresarial.   

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[1]LA POLICÍA INVESTIGA UNA TRAMA CORRUPTA DE JUECES Y ADMINISTRADORES CONCURSALES

 

Por JOSÉ L. LOBO 

Artículo publicado el 21 de julio de 2014 en EL CONFIDENCIAL: 

https://www.elconfidencial.com/espana/2014-07-21/la-policia-investiga-una-trama-corrupta-de-jueces-y-administradores-concursales_164136/

 

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), un cuerpo policial especializado en la lucha contra el fraude y el blanqueo, investiga desde hace nueve meses una red corrupta que opera en concursos de acreedores

 

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), un cuerpo policial adscrito a la Comisaría General de Policía Judicial y especializado en la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales, investiga desde hace varios meses una red corrupta que opera en concursos de acreedores de empresas en quiebra, la mayoría en el sector de la construcción. La trama, de la que presuntamente forman parte abogados, economistas, peritos y administradores concursales, actúa en supuesta connivencia con jueces de lo mercantil, según han revelado a El Confidencial fuentes de la investigación.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia presentada el pasado mes de octubre por el empresario Antonio García, presidente del Grupo Inmobiliario Luxender S. L., que a finales de 2008, ahogado por la crisis del ladrillo, solicitó la declaración de concurso voluntario de acreedores. En su denuncia ante la UDEF, a la que ha tenido acceso este diario, García señala, entre otros, al economista José Luis Ramos Fortea y el abogado Abraham García Gascón, que fueron designados administradores concursales de Luxender por el entonces titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante, Luis SellerRoca de Togores.

Este último forma parte del restringido circuito de jueces mercantiles que participan en conferencias y congresos, todos remunerados, organizados por los principales despachos de derecho concursal, a los que acuden con todos los gastos pagados y en días laborables. Esos mismos jueces adjudican luego a dedo algunos de los procedimientos concursales más codiciados a los patrocinadores de esos foros. Además de Seller Roca de Togores, también nutren ese exclusivo círculo Andrés Sánchez Magro, del Juzgado Mercantil 2 de Madrid; Santiago Senent, del 7 de Madrid; Juan Manuel de Castro, del 10 de Madrid; José María Tapia, del 1 de Burgos, o Víctor Fernández, del 1 de Palma, entre otros.

Liquidación «fraudulenta»

En su documentada denuncia ante la UDEF, García sostiene que Ramos Fortea y García Gascón, «valiéndose de la colaboración de otras personas externas al concurso», entre las que cita a abogados, economistas y ejecutivos bancarios,»han defraudado» a Luxender y la han llevado «al límite de la liquidación». Una liquidación que el tercer administrador concursal de la mercantil, Desiderio Soler, ajeno a la presunta trama y designado por los acreedores de la compañía, ha calificado de «fraudulenta» en diversos informes entregados a la Agencia Tributaria y al actual titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante, Salvador Calero.

La investigación de la UDEF se centró, inicialmente, en la supuesta red corrupta urdida en torno al concurso de Luxender, de la que presuntamente formarían parte, además de Ramos Fortea y García Gascón, los administradores concursales Iván Cristóbal, José Antonio Doménech, Fernando Polanco, Jorge Pastor y José Luis Silvestre, junto al perito Pablo García Llorens y los abogados Javier Oñate y Enrique Naveros, según las fuentes consultadas. Todos ellos mantienen entre sí estrechos vínculos profesionales dentro del circuito de los concursos de acreedores en casi todo el territorio nacional, como puede verse en el cuadro anexo, y cuentan con despachos en Madrid, Valencia, Alicante y Murcia.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de una denuncia en la que un empresario acusaba a dos administradores concursales -un economista y un abogado- de haber vaciado su empresa

La UDEF, sin embargo, ha ampliado el radio de sus pesquisas a decenas de concursos de acreedores en los que han intervenido los mismos administradores concursales de Luxender, al sospechar que la presunta red corrupta podría haber seguido idéntico modus operandi en empresas quebradas de toda España, según las fuentes de la investigación consultadas. La Fiscalía Anticorrupción ha encargado un informe a la UDEF, que estará listo a finales de agosto o primeros de septiembre, antes de decidir si remite las actuaciones a la Audiencia Nacional, aseguran las citadas fuentes. 

Créditos ocultos

Ramos Fortea y García Gascón, dos de los administradores concursales de Luxender, ocultaron supuestamente de forma deliberada, en el informe concursal que entregaron al juez, derechos de cobro a favor de la inmobiliaria por valor de 23,6 millones de euros de Banco Guipuzcoano, Caixa Galicia, Banco Popular y CAM. Así, pese a que esta última adeudaba a Luxender 2,98 millones de euros en concepto de certificaciones de obra ejecutada y no pagada, Ramos Fortea, García Gascón e Iván Cristóbal negociaron directamente con directivos de la entidad –hoy Banco Sabadell– y detrajeron esa cantidad de la masa del concurso, beneficiando a la CAM en detrimento del conjunto de acreedores.

El tercer administrador concursal, Desiderio Soler, denunció repetidamente al juez Calero desde 2011 los «hechos irregulares ocurridos en el concurso, que pueden provocar un perjuicio aún mayor [a Luxender] del que ya han causado [los administradores concursales] si no se adoptan medidas cautelares al respecto por parte del juez». Y añadía: «El caso paradigmático es el de la CAM, que pretende ejecutar un préstamo hipotecario garantizado con 25 viviendas sobre las que existe un contrato de compra por esa entidad que fue aprobado por el Juzgado de lo Mercantil número 2. Es decir, que la CAM pretende ejecutar sus propias viviendas compradas».

En cuanto a Caixa Galicia, Soler apunta: «Esta entidad ha obrado de forma muy irregular, no sólo por autorizar el cobro de un cheque a sabiendas de que los perceptores no estaban autorizados y que las firmas no eran las legítimas, sino además por no hacer frente al pago de sus obligaciones, conociendo la situación de la mercantil, y aprovecharse de esto para ejecutar inmuebles. Se puede decir que el expolio causado por esta entidad ha sido espectacular», y que «ha realizado maniobras engañosas que han perjudicado enormemente a la concursada». La deuda de Caixa Galicia con Luxender ascendía a 5,25 millones de euros. Sin embargo, los administradores la ocultaron en su informe al juez.

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF ya emitió un informe en el que consta el pago por Caixa Galicia de un cheque de Luxender por importe de 294.212 euros a los abogados Naveros y Oñate, que cobraron fraudulentamente tras falsificar las firmas autorizadas de la inmobiliaria, con la connivencia de Ramos Fortea y García Gascón. Estos también falsearon supuestamente el informe concursal para aumentar a 116.000 euros los honorarios del perito García Llorens, que el juez había fijado en 60.000 euros; manipularon ese mismo informe para atribuir un salario de 222.919 euros a otro presunto miembro de la trama, Iván Cristóbal, por unas auditorías que jamás realizó, y ocultaron una deuda tributaria de Luxender de 6,39 millones de euros.

‘Cortejar’ a los jueces    

La retribución de los administradores concursales está en función de los activos de la empresa en quiebra: a mayores activos, mayores honorarios. De ahí que muchos abogados y economistas cortejen a jueces mercantiles ofreciéndoles impartir conferencias y ponencias generosamente remuneradas en congresos y foros sobre derecho concursal, que generalmente se celebran en hoteles de lujo y en régimen de gratis total. A cambio de esos pagos en especie, los despachos profesionales confían en que los jueces les adjudiquen los concursos más jugosos.

El tercer administrador concursal de Luxender, Desiderio Soler, ajeno a la presunta trama y designado por los acreedores, ha calificado la liquidación de ‘fraudulenta’

De los 9.660 procedimientos concursales que hubo en España el pasado año, 395 correspondieron a sociedades con un activo superior a 10 millones de euros, las piezas más codiciadas por abogados, economistas y consultores. Pero, según datos del Colegio Notarial, casi el 90% de las empresas que se acogen al concurso de acreedores acaba echando el cierre. Empresas concursadas y sus acreedores acusan de forma generalizada a los administradores de alargar los procesos, preferir siempre la liquidación antes que reflotar las compañías y, sobre todo, ponerse los primeros en la lista a la hora de cobrar.

El Gobierno acaba de anunciar que suprimirá la potestad de los jueces mercantiles para nombrar discrecionalmente a los administradores concursales. Esa modificación se introducirá en una enmienda a la ley de refinanciación y reestructuración empresarial que actualmente se tramita en el Congreso. La intención de esa enmienda es crear un registro o colegio de administradores con unos requisitos específicos para acceder a la figura de administrador concursal, así como unos procedimientos claros para su selección por los jueces.

 

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[2] CÓMO HUNDIR UNA EMPRESA: UN JUEZ DESTAPA LA CORRUPCIÓN DE LOS CONCURSOS DE ACREEDORES

 

Por JOSÉ L. LOBO

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante ha destapado las prácticas corruptas de una supuesta red delictiva que opera en concursos de acreedores de empresas en quiebra. El auto, fechado el pasado día 3, aparta a los administradores concursales José Luis Ramos Fortea y Abraham García Gascón por «deslealtad» y «falta de imparcialidad» en el concurso del Grupo Inmobiliario Luxender, al que han arrastrado al límite de la liquidación por autorizar el pago de facturas falsas, consentir el cobro de cheques manipulados y fijar honorarios desorbitados para sus propios peritos.

La sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, ya está en poder de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que desde hace varios meses investiga una presunta trama corrupta formada por abogados, economistas, peritos y administradores concursales, que actúa supuestamente en connivencia con jueces de lo mercantil. Las pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia presentada en octubre de 2013 por Antonio García, presidente de la promotora Luxender, que a finales de 2008, ahogada por la crisis del ladrillo, solicitó la declaración de concurso voluntario de acreedores.

La investigación de la UDEF se centró, inicialmente, en la supuesta red corrupta urdida en torno al concurso de Luxender, de la que presuntamente forman parte, además de Ramos Fortea y García Gascón, los administradores concursales Iván Cristóbal, José Antonio Doménech, Fernando Polanco, Jorge Pastor y José Luis Silvestre, junto al perito Pablo García Llorens y los abogados Javier Oñate y Enrique Naveros. Todos ellos mantienen entre sí estrechos vínculos profesionales dentro del corporativo circuito de los concursos de acreedores, y cuentan con despachos en Madrid, Valencia, Alicante y Murcia.

La UDEF, sin embargo, ha ampliado el radio de sus pesquisas a decenas de concursos de acreedores en los que han intervenido los mismos administradores concursales de Luxender, al sospechar que la presunta red corrupta podría haber seguido idéntico modus operandi en empresas quebradas de toda España, según fuentes cercanas a la investigación consultadas por este diario.

De los cerca de 10.000 procedimientos concursales que hubo en España en 2013, 395 correspondieron a sociedades con un activo superior a 10 millones de euros. Éstas son las piezas más codiciadas del circuito, ya que la retribución de los administradores concursales está en función de los activos de la empresa en quiebra: a mayores activos, mayores honorarios. De ahí que aquéllos cortejen habitualmente a jueces de lo mercantil con conferencias muy bien remuneradas en congresos sobre derecho concursal, que generalmente se celebran en hoteles de lujo y en régimen de gratis total, a cambio de la adjudicación de los concursos más jugosos.

De los cerca de 10.000 procedimientos concursales que hubo en España en 2013, 395 correspondieron a sociedades con un activo superior a 10 millones de euros. Éstas son las piezas más codiciadas del circuitoLa sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante repasa de forma detallada las corruptelas e irregularidades presuntamente cometidas por Ramos Fortea y García Gascón, dos de los administradores concursales más activos del circuito. Ambos autorizaron pagos de 222.919 euros a su socio Iván Cristóbal por unos supuestos trabajos de auditoría nunca realizados; falsearon el informe concursal al afirmar que Cristóbal realizó la auditoría contable de Luxender correspondiente a los ejercicios de 2008 y 2009, y maniobraron para incrementar de forma irregular los honorarios de su socio a 381.401 euros.

Ramos Fortea y García Gascón avalaron, además, el pago de 220.820 euros al perito García Llorens, también presuntamente vinculado a la trama, que éste trató de justificar mediante facturas falsas emitidas por sociedades fantasma. Los dos administradores concursales también se apropiaron, presuntamente, de un cheque de 294.212 euros contra una cuenta de Luxender en Caixa Galicia, cantidad que fue sustraída de la masa activa del concurso. El talón, cuyas firmas fueron falsificadas, se ingresó en una cuenta del despacho de abogados Orfila Cinco, cuya conexión con la red corrupta investiga la UDEF.

Los tres magistrados que firman la sentencia -Enrique García Chamón, Luis Antonio Soler y María Teresa Serra- resaltan que Ramos Fortea y García Gascón actuaron de forma «absolutamente reprochable», vulneraron repetidamente «el deber de lealtad del administradior concursal para con el interés del concurso» y quebrantaron el artículo 37 de la Ley Concursal, que «se constituye en la cláusula general anticorrupción de nuestra legislación concursal». 

 

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[3]ABOGADOS Y JUECES QUE HACEN NEGOCIO CON LAS QUIEBRAS DE EMPRESAS

 

Por MARISA RECUERO

 

Siete hombres y una mujer se erigen como los administradores concursales de la crisis. Sueldos de hasta cuatro millones y negocios en torno a las quiebras.

 

Síndico de la quiebra. Dícese de la persona que se encarga de administrar y liquidar una empresa, representando tanto al quebrado como a los acreedores. He aquí la definición que la Enciclopedia Jurídica dio a esta expresión, acuñada antes de que la crisis económica pusiera sobre la mesa la figura del administrador concursal y diera a los síndicos la opción de enriquecerse con las quiebras de empresas.

En siete años, la administración concursal pasó de ser un negocio a erigirse en el negocio. «Media España se arruinó y otra media se enriqueció», en palabras de un abogado especializado en Derecho Mercantil que prefiere mantenerse en el anonimato. La crisis convirtió a abogados en síndicos de quiebras metidos a empresarios, propietarios de grupos empresariales dedicados, en exclusiva, a este negocio.

En cifras, 40.273 concursos de acreedores repartidos entre 9.118 abogados y sociedades especializadas, tomando como referencia el baremo concursal de PricewaterhouseCoopers comprendido entre los años 2007 y 2014, y el primer ranking de administradores concursales elaborado por Infocif.

En España, hay ocho personas que dejaron de ser meros abogados mercantiles para convertirse en los empresarios de los concursos de acreedores por excelencia. Empresarios con rostro que, además de beneficiarse de los concursos que les asignaban los jueces de turno, también ingresaban a través de empresas propias dedicadas al negocio de la administración concursal.

Concursos de acreedores

Entre estos ocho abogados se reparten el 1,6% del total de los concursos de acreedores declarados en los siete años de crisis, siendo las liquidaciones de grandes sociedades sus principales clientes. Esto es, las que permiten obtener mayores retribuciones, ya que los honorarios de un administrador concursal están establecidos en función del pasivo y del activo de la empresa en concurso. Entre 2007 y 2014, estas ocho personas han administrado 671 empresas. Sólo uno superó el centenar, llegando a liquidar 175 sociedades en tres años.

Se trata de Pedro Martín Molina, uno de los administradores concursales de Banco Madrid -procedimiento abierto- y administrador único de ocho empresas vinculadas al ámbito legal, consultoría y auditoría, según los datos que constan en el Registro Mercantil. Su primer concurso lo consiguió en 2009, convirtiéndose el año pasado en la persona con más concursos de acreedores en su currículo. De hecho, encabeza la lista de administradores -143 concursos-, sólo por detrás de la sociedad Interconcursal (285).

Martín Molina es propietario de la empresa Legal y Económico Abogados,Economistas y Auditores, que en el mismo periodo dirigió la liquidación de 32 empresas. Las cuentas de esta sociedad arrojaron un beneficio de 1,4 millones de euros en 2012 y 754.882 euros en 2013, atendiendo a los documentos depositados en el Registro.

La retribución de un administrador concursal puede superar los 1,5 millones. La vara de medir del arancel que cobra depende del tamaño del activo de la empresa en quiebra. Los baremos que establece el Real Decreto 1860/2004, que regula los honorarios de un administrador concursal, contempla niveles que van desde los 3.000 euros -en el caso de empresas con un volumen de activos de 500.000 euros-, a los 911.500 euros -para empresas con mil millones de euros en activos-.

Modificación de la Ley Concursal

A esto se suman los niveles establecidos en función del pasivo de la empresas, es decir, sus deudas. A 500.000 euros de pasivo le corresponde una retribución de 1.500 euros; a mil millones de euros, 122.000 euros de sueldo.

La última modificación de la Ley Concursal, aprobada el pasado mes de octubre, limita el honorario de un administrador concursal en 1,5 millones. No obstante, este nuevo marco precisa de su desarrollo en un reglamento, cuyo borrador -el Estatuto de la Administración Concursal- está aún por desarrollar.

El siguiente en la lista es Jesús María Verdes Lezana, con 71 concursos en su trayectoria profesional y vinculaciones con seis empresas. Dos de ellas han administrado concursos de acreedores. Se trata de Insol Gestión y 27Leco, donde Verdes Lezana es socio en ambas, además de administrador en la primera, según los datos que constan en el Registro Mercantil. Es la segunda persona que más quiebras ha administrado en lo que va de crisis.

El tercero en el ranking fue Fernando Gómez Martín, fallecido en abril de 2011 y fundador del Grupo FGM, una sociedad dedicada a la prestación de servicios jurídicos, además de consultoría empresarial y tecnológica. Gómez Martín llegó a administrar la quiebra de 69 sociedades, además de estar vinculado a 17 empresas, en algunas de las cuales ostentó el cargo de administrador único, según consta en el Registro Mercantil, además de presidente y consejero.

Carlos Álvarez Fernández es el siguiente con 68 concursos firmados. La nota de color la ponen los 23 que consiguió a través de tres empresas con las que está vinculado como administrador o socio. En concreto, se trata de Silchris Auditores, que ha llegado a sumar 15 concursos; Actividad Concursal y Pericial, con dos; Lexeco Abogados y Economistas, con dos; y Econolegal Abogados y Economistas, con cuatro concursos. Atendiendo a la información que consta en el Registro Mercantil, Álvarez Fernández llegó a ser presidente, consejero y apoderado de la sivac Urcuit.

La sorpresa la da un ex juez de lo mercantil de Bilbao. Su nombre es Edorta Etxarandio, que ocupó el juzgado número dos hasta 2008, año en el que fue fichado por el bufete de abogados Broseta. El ranking de administradores concursales adjudica a Etxarandio 68 concursos en cuatro años, entre 2009 y 2013. Es más, atendiendo a los datos que constan en el Registro Mercantil, este ex magistrado es el apoderado de la empresa que más quiebras ha administrado durante la crisis. Se trata de Interconcursal, cuyos administradores solidarios son otros cuatro síndicos de quiebras.

Etxarandio llegó a ser uno de los administradores concursales de Viajes Marsans, pero fue censurado por elegir como auxiliar a una directiva del despacho en el que trabajaba. En concreto, a Antonia Magdaleno, otra de las personas que aparece en en la lista de administradores concursales con más concursos en séptimo lugar, por detrás de José Andreu Llópez -54 concursos y otros nueve a través de las empresas Andreu Economistas y Abogados, y Andreu y Gómez Soler-.

53 empresas liquidadas

Magdaleno tiene un currículo concursal de 53 empresas liquidadas, además de las 26 cuya liquidación administró a través de la sociedad Magdaleno-Ramos y Asociados -empresa donde tiene por socio al administrador José Luis Ramos Fortea-. Es también administradora única de AMagdaleno Abogados. Antes de fundar su propia empresa, Magdaleno trabajó para el bufete Broseta, despacho con el que tiene un conflicto legal que la sentará en el banquillo de los acusados a finales de este año. Antonia Magdaleno está acusada por una juez de Valencia de un delito continuado de estafa a Broseta Abogados, llegando a defraudar a esta empresa 5,4 millones de euros, según consta en el auto de apertura del juicio oral.

Magdaleno fue miembro de este bufete durante 12 años, hasta que en 2011 creo su propia empresa. A lo largo de su trayectoria como administradora concursal, llegó a ser la encargada de liquidar concursos tales como los de la inmobiliaria levantina Llanera -con un pasivo de 700 millones-, Urazca -un pasivo superior a los 400 millones-, Martinsa-Fadesa o Viajes Marsans.

Esta abogada cobró cuatro millones de euros por administrar el concurso de Martinsa, cuyo pasivo era de 7.000 millones. En el caso de Marsans, cuyo pasivo ascendió a 552 millones, la Policía llegó a investigar el procedimiento concursal por un posible caso de soborno a los administradores. Estos presentaron al juez unos honorarios de 2,6 millones, más una mensualidad de 55.000 euros en concepto de comisión de gestión.

El último en la lista de estos ocho síndicos de quiebras es Armando Betancor, con 52 concursos. Este letrado es, además, administrador solidario de Reestructura Sociedad de Administración Concursal, empresa que tiene un concurso en su currículo. Los datos que constan en el Registro Mercantil advierten que Betancor está vinculado a 11 empresas con cargos de administrador único, socio y apoderado. Es también consejero delegado del bufete Alas Abogados Canarias.

La Ley Concursal data de 2003. Pese a las modificaciones realizadas -la última fue en octubre de 2014-, el proceso de elección de administradores concursales y las retribuciones de los mismos siguen estando reguladas bajo el mismo escenario. Hasta la fecha, la asignación del administrador estaba en manos del juez. La última modificación acota el nombramiento y la designación no dependerá, en exclusiva, de un magistrado, sino de un registro público de administradores al que se accederá si se cumplen ciertos requisitos y se deberá respetar un orden a la hora de elegir. No obstante, en el caso de los concursos de acreedores de empresas de mayor tamaño -son las que permiten cobrar mayores honorarios-, seguirá siendo el juez el que nombre al administrador concursal. «La nueva ley tiene barreras para que los nuevos puedan acceder a concursos grandes», reconocen, en este sentido, fuentes judiciales.

1,5 millones de euros de retribución

En cuanto al arancel que cobra el administrador concursal, la única modificación que impuso la nueva ley es un límite de 1,5 millones de euros de retribución, siguiendo el criterio de pasivo y activo de la empresa para establecer el sueldo del administrador. «La presión de los lobbys de jueces y administradores concursales ha hecho que no se altere la designación y la retribución en el nuevo Estatuto de la Administración Concursal», en palabras de un abogado especializado.

Una de las novedades del estatuto será la creación de un fondo para pagar a aquellos administradores que no puedan cobrar de la tesorería de la empresa en quiebra. En este caso, los administradores que ganen más de 5.000 euros por liquidar una sociedad tendrán que aportar un 10% al citado fondo. El estatuto también introduce una modificación en lo relativo a cuándo deben cobrar los administradores.

Hasta la fecha, y hasta que se apruebe el nuevo estatuto, el administrador recibe el 50% de sus honorarios cinco días después de ser aprobados por el juez. Cuando entre en vigor la nueva norma, el abogado en cuestión tendrá que esperar 15 días hábiles desde que le sea notificada su retribución hasta conocer la fecha en la que puede cobrar. Los sueldos pasarán a ser créditos contra la masa. Es decir, gastos que genera el concurso.

Dicho esto, no cabe duda de que los síndicos de las quiebras seguirán haciendo negocio.

 

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[4]UN EMPRESARIO GRABA UN CHANTAJE POR PARTE DE SU ADMINISTRADOR CONCURSAL

 

Por P. Candia

El titular del Juzgado de Instrucción 11 de Palma, Manuel Penalva, está investigando una supuesta red de corrupción en los concursos de acreedores de Balears que implica a un administrador concursal, J. S. O., abogado de profesión, y a dos empleados quienes, presuntamente, intentaron chantajear al propietario deuna empresa de instalación de aires acondicionados, al exigirle 300.000 euros «para que todo vaya bien», según confirmaron distinta fuentes judiciales.

La denuncia por extorsión fue presentada en la Jefatura de la Policía Nacional, que ha sido remitido a los juzgados de Vía Alemania. La principal prueba contra los imputados es una grabación realizada en el centro de trabajo, donde el administrador concursal y los dos empleados, al parecer, exigen al empresario dinero para que el procedimiento concursal instado en el Juzgado de lo Mercantil 2 de Palma desemboque en los términos más favorables para la empresa concursada.

Prueba

El juez de instrucción debe decidir si admite la grabación como prueba decisiva en la causa, es decir, si fue obtenida de manera lícita y sin ser contraria a los derechos fundamentales.

Las fuentes consultadas por Ultima Hora explicaron que si esa grabación no ha sido objeto de manipulación «es perfectamente válida en un juicio».

Esta empresa, actualmente en fase de liquidación, empleaba a cincuenta trabajadores, se dedicaba a instalaciones de fontanería y climatización, y tenía su sede en la Gran Vía Asima.

Un conocido despacho de abogados de Palma se ha hecho cargo de la defensa de los denunciantes, en un caso que ha causado un gran revuelo en el sector de los concursos de acreedores.

Es la primera ocasión en que se judicializa una denuncia por chantaje contra un administrador concursal en Balears desde la entrada en vigor de la Ley Concursal, en 2004. Dos juzgados, Mercantil 1 y 2, con sede en sa Gerreria, son los encargados de atender a la demanda y son sus titulares los que designan a los administradores concursales siguiendo criterios muy rígidos en cuanto a la complejidad de cada uno de los asuntos.

En estos momentos, los jueces de lo Concursal pueden elegir administradores entre 400 profesionales habilitados para esa delicada función.

 

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 [5]LOS JUECES REPARTEN A DEDO EL NEGOCIO DE GESTIONAR EMPRESAS QUEBRADAS ENTRE CONSULTORAS

 

Por Juan Cruz Peña Pérez

 

Los juzgados de lo mercantil son los encargados de designar, discrecionalmente, qué gestores administran los concursos de acreedores.

Grandes empresas que han entrado en concurso de acreedores, como Martinsa-Fadesa o Pescanova, han reportado altos honorarios a los administradores designados por el juez.

Fuentes del sector aseguran que existen grupos de presión en los alrededores de los juzgados de lo mercantil en busca de los concursos más cotizados.

 

Los jueces de lo mercantil son los encargados de designar a los administradores de las empresas que se declaran en situación de insolvencia, un proceso conocido como concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos). Esta designación judicial en teoría se hace siguiendo un orden establecido pero en la práctica los jueces tienen discrecionalidad absoluta para elegir quién es el encargado de llevar a cabo la gestión de la empresa en apuros.

Fuentes judiciales consultadas por eldiario.es señalan que esta situación de arbitrariedad en la designación de los administradores lleva a que, durante los últimos años, se estén creando grupos de presión alrededor de los magistrados de los juzgados mercantiles para conseguir los concursos de acreedores más suculentos.

En 2011, el Consejo General del Poder Judicial obligó a abandonar su puesto al magistrado titular del juzgado de lo mercantil número 2 de Valencia, Francisco Presencia. El organismo abrió un expediente sancionador al juez tras comprobar que éste concedió la administración de varios concursos de acreedores a alumnos que pagaban 12.000 euros por un máster que él mismo codirigía y del cual cobraba.

En Andalucía se denunciaron casos en los que los jueces titulares de los juzgados de lo mercantil impartían ponencias altamente remuneradas en cursos organizados por consultoras que habían optado a la administración de concursos en sus salas. Unas conferencias que impartían a veces en horario de trabajo y por las que llegaban a cobrar hasta 1.200 euros.

Los últimos datos que arroja el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que hasta junio de 2013 han crecido sustancialmente el número de empresas insolventes que han tenido que declararse en concurso de acreedores. Casi 10.000 concursos nuevos, frente a los 8.000 del año anterior.

Para los administradores, no todos los concursos son igual de valiosos. Su remuneración aumenta a medida que el volumen de activos y pasivos de la empresa concursada crece. Así existen casos como el de Afinsa, en el que la administración concursal se embolsó 16 millones de euros. Se da el caso de que de entre todos los acreedores, el administrador se sitúa en el grupo de cabeza a la hora de cobrar.

Este año el caso más sonado es el de Pescanova que ha entrado en concurso de acreedores y cuenta con un pasivo de 3.000 millones de euros. En este caso, el juzgado de lo mercantil número 1 de Pontevedra designó a la auditora Deloitte. Otra gran empresa que ha declarado el concurso de acreedores en 2013 ha sido Blanco, en este caso el juzgado número 8 de lo mercantil de Madrid ha dado la gestión de todas las empresas del grupo a KPMG y BBVA.

Las grandes auditoras extranjeras conocidas como las Big Four (Deloitte, KPMG, PwC y Ernst & Young) han sido elegidas para llevar la administración de muchos concursos de acreedores en este año. Desde que comenzara la crisis, el número de compañías que tienen que realizar auditoría obligatoria ha descendido por lo que estos gigantes del examen financiero están aumentando su negocio.

Algunos bufetes de abogados consultados por este medio señalan que el juez normalmente nombra a estas grandes empresas porque cuentan con mayor capacidad y solvencia para reflotar a las quebradas. Sin embargo, ya existen asociaciones de empresarios en situación de concurso de acreedores que destacan que los gestores, en algunas ocasiones, tienen más interés en dilatar en el tiempo el concurso y seguir cobrando sus minutas que en reflotar la empresa. Según datos de los abogados concursalistas de Consursa, el 90% de las empresas que se acogen al concurso de acreedores terminan liquidando.

Un turno que no se respeta

Carlos Pavón, director del área de concursal de Iure abogados y miembro de la asociación por el derecho concursal ético Acorde, señala que “mientras los jueces no apliquen la norma de designación que existe, el turno, seguirán existiendo sospechas sobre su criterio”. En la Ley Concursal 22/2003 BOE número 164 la única directriz a seguir por parte del magistrado encargado de hacer la asignación del concurso de acreedores aparece en el artículo 27 2.4 y dice: “Los administradores concursales profesionales se nombrarán por el juez procurando una distribución equitativa de designaciones entre los incluidos en las listas que existan. No obstante, el juez podrá, apreciándolo razonadamente, designar a unos concretos administradores concursales cuando el previsible desarrollo del proceso exija una experiencia o unos conocimientos o formación especiales, como los vinculados a asegurar la continuidad de la actividad empresarial o que se puedan deducir de la complejidad del concurso”.

Inma Sallent, economista que lleva más de 10 años dedicada a la administración de concursos de acreedores, señala que ella «no ha percibido casos en que el juez haya designado a un administrador que no creyera oportuno pero sí que es cierto que algunos jueces pueden dar más concursos de acreedores a aquellos administradores en los que tienen más confianza”. 

El caso es que no todos los concursos son igual de apetecibles. Desde un pequeño despacho de Madrid que se dedica a los concursos de acreedores señalan que los procesos que implican a empresas donde la masa de activos es pequeña o nula, el administrador se arriesga a no cobrar nada. Por eso señala que “muchos jueces lo que hacen es compensar para que los administradores no siempre carguen con estos concursos que para ellos supone mayor riesgo”. La cosa cambia cuando el pasivo es muy alto, los honorarios que percibirá el administrador también son muy elevados.

Cómo y cuánto cobran los administradores concursales

Cuando una empresa con problemas de solvencia solicita el concurso de acreedores, un juez designa los abogados, auditores y economistas, normalmente agrupados en una sola firma, que tomen las riendas de la compañía e intenten reorganizar su negocio. Previamente estos administradores deben cumplir unos requisitos de experiencia y cualificación así como estar registrados en las listas para su designación. Los gestores cobran de la empresa que solicita el concurso de acreedores en función de un porcentaje sobre el pasivo y activo que declara la empresa concursada. Dentro del capital a gestionar, los administradores gozan por ley del derecho de ser los primeros en cobrar. En concursos de pequeño tamaño las cifras no llegan al 1% sobre los bienes y sobre la deuda de la empresa. En el caso de grandes concursos de acreedores las cifras se disparan aunque el porcentaje del total disminuye. En el proceso concursal de Martinsa Fadesa, el más grande de los últimos años, cada administrador concursal tenía una retribución de cuatro millones de euros en total. Este dinero puede ser directamente para el administrador o puede ir para la empresa para la que trabaje.

 

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[6]Administrador Concursal CONDENADO Cohecho – Sentencia AP Bizkaia 1 dic 2015

La Audiencia de Bizkaia condena a un administrador concursal por pedir 160.000 euros al abogado de una empresa a cambio de emitir un informe favorable. Deberá cumplir dos años de prisión y no podrá ejercer su cargo durante seis años. Además deberá pagar una multa de 15 meses con una cuota diaria de 10 euros.

 

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