INDICE LA ESCLAVITUD EN EL SIGLO XXI
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Hemos convivido durante meses en nuestra casa con las 10 Temporeras contra la Esclavitud (así como con la hija recién nacida de una de ellas); aquí hay un par de fotos de casa tomadas durante esos meses:
Hemos llegado a conocernos muy bien; y desde ese conocimiento que sólo da la experiencia afirmo, sin ninguna duda, que es IMPOSIBLE que ninguna de ellas hubiese decidido abandonar a sus hijos.
Ya sabemos -así se expone en el propio Atestado de la Guardia Civil- que el día 1 de junio de 2018, un centenar de ellas consiguieron, gracias a nuestra ayuda, comunicar a la Guardia Civil su voluntad de Denunciar a los DUEÑOS de «DOÑANA 1989, S.L.».
Y sabemos -también por el propio Atestado de la Guardia Civil- que dos días después, con la ayuda de la misma Guardia Civil, teniendo contrato de trabajo y visado en vigor, las expulsaron violentamente de España; sin tomarles denuncia ni identificarlas (en abierta vulneración de todos los Tratados Internacionales vinculantes para España en la materia de TRATA, así como de la propia Ley española).
Diez lograron escapar; casi año y medio después, no han logrado ser escuchadas, ni por la Administración, ni por el Poder Judicial.
TODO APUNTA A QUE, DE SER CIERTA ESA CIFRA DE 30.000 TEMPORERAS MARROQUÍES QUE NO VOLVIERON CON SUS HIJOS MENORES DE EDAD, ESTAMOS ANTE UNO DE LOS MÁS GRAVES EPISODIOS DE DESAPARICIONES FORZADAS DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD.
Que la Justicia española lleva más de un año negándose a investigar.
Jesús Díaz Formoso
Abogado
Presidente de AUSAJ
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OPERACIÓN UROFORT CONTRA LA TRATA DE ESCLAVOS EN HUELVA; que se ha de tramitar desde Jaén.
Así ha de ser una investigación sobre la Trata de Seres Humanos; en este caso, recordemos, NO HA EXISTIDO DENUNCIA INICIAL, SINO UNA SIMPLE NOTITIA CRIMINIS, en base a la cual se inició la Investigación Judicial, localizando a las víctimas, identificándolas y tomándoles declaración con decenas de intérpretes. Están siendo investigadas las situaciones patrimoniales de los investigados, de conformidad con el «PROTOCOLO DE PALERMO» (cuyo Artículo 1, 1º: establece que «complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención»), del «Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos» (Varsovia, 16.V.2005), que «complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención» (Exposición de Motivos y Artículo 1, 1º), y de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011 , relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas.
A la vista de la actuación Judicial y Administrativa desarrollada por los Juzgados de La Palma del Condado (Huelva) en las diferentes actuaciones relativas a las ya conocidas como «TEMPORERAS CONTRA LA ESCLAVITUD«, conviene tener presente el Artículo 23 (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional): Penalización de la obstrucción de la justicia:
«Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:
a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a falso testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en un proceso en relación con la comisión de uno de los delitos comprendidos en la presente Convención;
b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención. Nada de lo previsto en el presente apartado menoscabará el derecho de los Estados Parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías de funcionarios públicos«.
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Desarticulada una red que explotaba a víctimas de Rumanía y Moldavia en campañas agrarias de recolección
Se encontraban totalmente hacinadas, sin que le fueran respetados sus derechos fundamentales y a las de nacionalidad moldava les retiraban su documentación original
EP – Albacete
La Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva dedicada a la captación de personas en el Este de Europa, de Rumanía y Moldavia principalmente, por explotar laboralmente a unas 600 víctimas de trata de seres humanos en las campañas de recolección de diferentes cultivos agrarios como aceituna, uva o fresa, con detenidos en las provincias de Jaén, Huelva, Córdoba, Badajoz y Albacete.
Se han detectado en España un total de 145 víctimas del delito de trata de seres humanos, habiendo sido identificadas y posteriormente liberadas 18 de ellas, de nacionalidades rumana y moldava. En la operación de la Unidad Central Operativa (UCO), han sido detenidas 16 personas y otras cinco están investigadas, a las que se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Entre los detenidos figuran miembros de la organización criminal y empresarios de distintas provincias españolas, que disponían de la mano de obra de estas personas ilegalmente utilizando para ello la fórmula del engaño, de forma que familias enteras visualizaran un futuro con importantes beneficios económicos en España.
Las víctimas eran trasladadas en diferentes medios de transporte a distintas zonas de explotación laboral, donde eran obligadas a realizar estas actividades en condiciones de precariedad, residiendo en lugares en los que las víctimas se encontraban totalmente hacinadas y sin que le fueran respetados sus derechos fundamentales.
Cinco empresarios investigados
La operación se ha saldado con la detención de 16 personas, todos ellos integrantes de la organización criminal investigada, los cuales realizaban labores de captación, traslado y control de las víctimas, entre los que también se incluyen cinco empresarios que actuaban en connivencia con esta organización.
El ámbito geográfico de actuación abarcaba a distintas provincias españolas y a Portugal, dependiendo de los distintos tipos de cultivo de temporada. La investigación contó con la colaboración de miembros de Europol especializados en este tipo de ilícitos penales.
Los «captadores» de la organización aseguraban a las víctimas que, una vez en España, residirían en unas condiciones dignas, tanto laborales como de vida, algo que posteriormente se incumplía, «viviendo en condiciones de semiesclavitud y de precariedad extrema, llegando en alguno de los casos a pasar varios días sin poder comer», según ha informado la Guardia Civil.
A las víctimas de nacionalidad moldava les retiraban su documentación original y les proporcionaban pasaportes y documentación de ciudadanos de Rumanía, con el fin de simular una situación de estancia regular en el país.
Alto nivel de vida de los criminales
Los principales miembros de la organización disfrutaban de un alto nivel de vida, llegándose a acreditar a la largo de la investigación que este grupo criminal podía llegar a facturar mensualmente más de un millón de euros de las empresas en las que las víctimas se encontraban desarrollando su actividad laboral.
También han sido intervenidos cinco vehículos, con los que la red realizaba los traslados de las diferentes víctimas, así como otros 2 de alta gama, utilizados por los líderes de la organización para sus diferentes desplazamientos.
En la operación se han llevado a cabo 15 registros, cuatro de ellos en explotaciones agrarias en las que las víctimas estaban siendo explotadas laboralmente. Para estos registros se contó con la colaboración de personal del Ministerio de Trabajo, que apoyaron y complementaron el trabajo de los agentes actuantes en el dispositivo.
La operación ha sido llevada a cabo por un grupo conjunto de trabajo formado, entre otros, por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Jaén y la Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en colaboración con las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de Huelva, Albacete, Córdoba y Badajoz.
Se ha tomado declaración a 150 potenciales víctimas del delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, para lo que fue necesario contar con el apoyo de más de veinte traductores del idioma rumano/moldavo, dado que gran parte de las víctimas no entendían el idioma español.
Para la Guardia Civil, «uno de los mayores logros» de la investigación es que, gracias a las gestiones realizadas por el Equipo de Trabajo, actualmente algunas víctimas se encuentran trabajando y se han integrado plenamente en el ámbito laboral, gracias a la colaboración de ONGs y de un empresario del ámbito de la explotación de los frutos rojos en la provincia de Huelva.
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ESCLAVITUD EN LOS CAMPOS DE HUELVA
Freshuelva e Interfresa avalan la estrategia “matar al mensajero” contra los abogados de AUSAJ y el periodismo de La Mar de Onuba
Manuel Mato ha rechazado las invitaciones de esta redacción para expresar su versión de los hechos denunciados (publicada por esta revista incluyendo su propia declaración ante el Juzgado), y asegura que todo lo concerniente a su defensa se diseña y coordina en los gabinetes jurídicos de la patronal fresera y la interprofesional de los frutos rojos.
El propietario de Doñana 1998 acusó el pasado año al SAT de orquestar una trama contra su empresa, pero no ha cuestionado públicamente ni a AUSAJ ni a esta revista.
En una breve conversación telefónica mantenida este lunes, Manuel Mato, propietario de la empresa almonteña Doñana 1998, se ha desentendido de la operación matar al mensajero que señala a esta revista y a los letrados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ) como cómplices de un «montaje» organizado por el Sindicato Andaluz de Trabajadores para atacar al sector onubense de los frutos rojos, responde a una estrategia de defensa diseñada y dirigida por los gabinetes jurídicos de la patronal FresHuelva, a la que esta asociada la empresa de Mato, y la interprofesional Interfresa, que preside José Luis García Palacios. Mato ha asegurado no tener información directa de cómo se está enfocando este caso, y ha remitido a las dos entidades empresariales para cualquier consulta al respecto.
Como informó La Mar de Onuba el pasado domingo, el abogado que representa ante el Juzgado de lo Social a los propietarios de la empresa Doñana 1998, argumentó el pasado martes en defensa de sus representados que el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), la asociación AUSAJ, que presta asistencia letrada gratuita a las diez trabajadoras marroquíes, y el director de esta revista, Perico Echevarría, son cómplices en el diseño y ejecución de una trama delictiva que incluye falsas acusaciones contra sus clientes. En dicha trama, las diez mujeres que han denunciado a la empresa, serían peones de los tres compinches urdidores de una compleja operación contra el sector de los frutos rojos, en general, y contra los hermanos Mato, supuestas víctimas propiciatorias del complot.
No es la primera vez que Manuel Mato esboza la teoría de la conspiración. Lo que el empresario describe como una gran y malvada farsa organizada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, e interpretada a la perfección por diez mujeres marroquíes procedentes del mundo rural, casi analfabetas y que apenas conocen el idioma español. Todas ellas denunciaron, junto a otra 91 trabajadoras presuntos incumplimientos por parte de los hermanos Mato de las condiciones contempladas en la oferta de trabajo promovida por la Agencia Nacional de Promoción de Empleo (ANAPEC), el organismo oficial dependiente del gobierno marroquí que gestiona cada año la contratación en origen de mujeres que vienen a recoger frutos rojos en la provincia de Huelva. Los testimonios de estas diez mujeres, refieren además presuntos de delitos acosos y agresiones de índole laboral, y sexual en el caso de cuatro de ellas.
Mato contaba su versión de los hechos el 8 de junio del año pasado al periodista Carlos Herrera durante una intervención en el programa del periodista sevillano. El propietario de Doñana 1998 ya aseguró entonces que el SAT había ofrecido a las denunciantes «papeles para quedarse en España», y una cantidad de dinero equivalente al salario de tres meses. En la misma entrevista se le preguntó si había denunciado esa trama en los juzgados o la Policía, algo que dijo no haber hecho porque «no merece la pena»; aunque, tras ser advertido por el conductor del programa que sin denuncia sus palabras tienen poco recorrido, reculó y aseguró que «está todo querellado», y que el asunto lo llevaba «a través de la patronal FresHuelva y la interprofesional Interfresa». No consta, más de un año después, que los hermanos Mato hayan pedido la intervención de la Justicia para aclarar los graves hechos en los que sustenta su defensa.
Carlos Herrera, COPE
Freshuelva e Interfresa guardan silencio
La novedad en esta estrategia de defensa radica en que, por primera vez, además de al SAT, la defensa de los hermanos Mato ha señalado ante un juez a otros actores de la presunta trama contra el sector de las berries y contra la empresa Doñana 1998.
Tanto el lunes como el martes, La Mar de Onuba ha intentado por diferentes vía obtener declaraciones de la patronal Freshuelva y de la interprofesional Interfresa, a los que Mato achaca la extravagante acusación contra AUSAJ y el director de esta revista, Perico Echevarría.
«Me sorprende el silencio de Intefresa, porque he mantenido una relación fluida con el gerente, Pedro Marín (que como comenté ayer [por el lunes] siempre me ha manifestado un gran respeto por nuestra labor periodística), y con el abogado Juan Ángel Rivera. Ambos me dijeron ayer [por el lunes], en mensajes de WhatsApp, que me llamarían; pero no la han hecho ninguno de los dos», ha comentado este martes Echevarría. «No me sorprende, por contra, el silencio de Freshuelva», ha añadido el director de esta revista.
«Hace unos meses, y en presencia de abundante público, el presidente de la patronal fresera, Alberto Garrocho, me acusó en tono elevado de ser ‘un sinvergüenza’ y de que me estaba ‘forrando’ contando mentiras sobre el sector de los frutos rojos. Fue durante el cóctel posterior al Solemne Acto de Investidura, a modo póstumo, del añorado José Luis García Palacios padre (la primera persona que entendió y apoyó financieramente el nacimiento de La Mar de Onuba) como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Huelva. Garrocho estaba siendo muy agrio en sus palabras, y no me parecía el sitio adecuado para tan embarazosa situación, por lo que preferí no continuar la conversación; le dije no te entretengo más y abandoné la facultad donde se celebraba el acto. Por respeto al acto decidí no contar en la revista aquel incómodo e insultante incidente en la Universidad. En otra ocasión Garrocho me reprochó, también en público, haber llevado a titular un entrecomillado suyo en el que afirmaba que el sector de los frutos rojos estaba quitando a mucha gente de ‘mendigar en las calles‘; me decía que él no había dicho esas palabras, pero yo no fui el único periodista que grabó aquella multitudinaria rueda de prensa en la Casa Colón. Quiero decir que estas cosas de Garrocho me cuadran con esa estrambótica conjura en la que me implica la defensa de los Mato. A ver si contestan y salimos de dudas».
Esta redacción mantiene permanente abierta la posibilidad de rebatir, cuestionar y expresar cualquier valoración u opinión de cualquier persona o entidad, pública o privada, que se mencione en sus páginas, así como a exigir la pertinente rectificación cuando puedan acreditar que una información publicada por La Mar de Onuba no es veraz o incumple la ética periodística. Manuel Mato, propietario de Doñana 1998 ha declinado, en varias ocasiones hacer cualquier declaración a este medio, y ha asegurado sentirse «muy dolido» por el tratamiento informativo que La Mar de Onuba viene dando a los hechos sucedidos en su finca en los primeros días de junio 2018.
Los trabajos de @lamardeonuba siempre han seguido criterios periodísticos. Nos hicimos eco de ellos por aportar informaciones documentadas sobre los abusos a temporeras. https://t.co/rYZe1p3mOz
— Tribuna Feminista (@TFeminista_) September 15, 2019
Desde que esta revista publicó el pasado domingo que la defensa de los Hermanos Mato había argumentado ante la jueza Mª Inmaculada Liñán que tanto los letrados de AUSAJ como La Mar de Onuba, y más concretamente, su director, Perico Echevarría, forman parte de una trama orquestada por el SAT para desprestigiar al sector onubense de los frutos rojos, son múltiples las muestras de apoyo recibidas por distintas vías en esta redacción.
Algunas de ellas se han expresado en las redes sociales La Mar… (Twitter y Facebook). A todas queremos expresarle nuestro agradecimiento por sus reconfortantes muestras de reconocimiento y apoyo a nuestra manera de entender el periodismo veraz e independiente. Nuestro compromiso es seguir haciéndolo.
Nuestro apoyo incondicional al periodista @PericoPan y a la @lamardeonuba, así como todo nuestro rechazo a las acusaciones que sólo pretenden desprestigiar un periodismo comprometido y veraz.
— CoordinadoraTPA Huelva (@puerto_huelva) September 16, 2019
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Migraciones sin respuestas
«El pasado verano ha sido pródigo en “sensaciones” y en “emociones” a causa de un barco de matrícula española fletado por una ONG autotitulada Open Arms (Brazos Abiertos). La Open Arms ha conseguido dividir a su favor las opiniones. De un lado, los partidarios del humanitarismo caritativo de la citada ONG y de otro los xenófobos y racistas contrarios a este buenismo salvador»
Por Joaquín Leguina
Un fantasma recorre Europa, pero esta vez no es aquél que anunció Karl Marx en el «Manifiesto comunista», sino que se trata de los movimientos migratorios irregulares que provienen de África o de Medio Oriente.
Sin embargo, las cifras reales y también las previsiones a medio plazo muestran que esos movimientos migratorios, aun siendo a veces trágicos, no son cuantitativamente preocupantes. En la actual «invasión» africana Europa sólo recibe entre el 3 y el 4% de los flujos migratorios que se mueven desde y dentro de África.
El problema en Europa no es la inmigración sino, en primer lugar, la sensación que de ella tiene una parte notable de la población, fácilmente manipulable por intereses políticos. No podía ser de otra forma cuando los medios enfatizan con imágenes y tragedias los rescates de esas personas. Por ejemplo, los italianos imaginan que los inmigrantes constituyen la cuarta parte de la población, cuando en realidad no llegan al 7%. Como es obvio, las sensaciones y las emociones conducen en el campo ideológico y político a la simplificación y como consecuencia de esta a la partición -generalmente en dos- de las opiniones. Pero el problema no es la cantidad de inmigrantes, sino su integración social. Problema que abarca desde el empleo a la religión, pasando por las costumbres.
El pasado verano ha sido pródigo en «sensaciones» y en «emociones» a causa de un barco de matrícula española fletado por una ONG autotitulada Open Arms (Brazos Abiertos). La Open Arms ha conseguido dividir a su favor las opiniones. De un lado, los partidarios del humanitarismo caritativo de la citada ONG y de otro los xenófobos y racistas contrarios a este buenismo salvador. Según la última encuesta de Sigma Dos, el 39,1% de los españoles consideraba que Open Arms lo había hecho bien o muy bien, mientras que sólo el 22% consideraba que lo había hecho mal o muy mal.
A esa dicotomía mentirosa contribuye de manera evidente la omnipresencia del fenómeno migratorio en los medios. Sin embargo, nada o casi nada se ha contestado a las preguntas que cualquier ciudadano tiene el derecho -y yo diría que la obligación- de hacerse sobre los actores del drama. Por ejemplo:
Migrantes: ¿quiénes son? ¿Por qué vienen? Se sabe que son jóvenes africanos, en su mayor parte nacidos al sur del Magreb. ¿Cómo se les ocurre ir a Libia, que es hoy un estado fallido donde pueden ser sometidos a todo tipo de sevicias: extorsión, detenciones o condiciones de esclavitud?
Se suele decir que huyen de persecuciones políticas, pero no es cierto, pues la mayor parte no alega esa razón. ¿Qué esperan, por ejemplo, de España, cuando de todos los embarcados en el famoso navío ni uno habla español y muy probablemente tampoco italiano?
Salvavidas. ¿Cómo se financia Open Arms? ¿Quién les informa del momento y el sitio en donde recoger a los emigrantes? No deja de ser llamativo que tras «tropecientas» entrevistas al «líder salvador» nadie le haya hecho tan elementales preguntas. Y en este caso concreto, ¿por qué se empeñan en desembarcar en territorio italiano, sabiendo que en aquel momento el Gobierno de allí tenía cerradas todas las puertas? Yo me pregunto, aunque esa pregunta nunca se la haría a ellos: ¿Cuáles son sus intenciones, especialmente las de carácter ideológico y político?
La dirección de la UE: ¿Piensan ustedes que este es un problema exclusivamente de los países de sur de Europa? No es cierto que la UE no haya hecho nada. Por ejemplo, en 2016 la UE alcanzó un acuerdo con Turquía para detener la oleada migratoria en Anatolia, pero ese acuerdo fue, en opinión de especialistas, «un éxito logístico y un desastre humanitario». Otra pregunta sin respuesta: señores de la UE, ¿no se han planteado ustedes sentarles la mano a las mafias in situ?
El Gobierno de Pedro Sánchez. En el verano de 2018 llegaron más inmigrantes irregulares a España que a cualquier otro país europeo (7.900 personas sólo en el mes de julio), con un aumento del 123% respecto al año anterior. Sin embargo, tras un acuerdo con el Gobierno de Marruecos, las cifras han caído muy significativamente. Ahora bien, hay una pregunta que sigue ahí: ¿Por qué dan ustedes tantos bandazos en este asunto? Un balanceo que va desde el «buenismo salvador» al realismo weberiano (la ética de las convicciones frente a la ética de la razón).
En fin, ¿cuál es la situación actual de los inmigrantes en España? En primer lugar, conviene saber que más del 75% de los nacidos en el extranjero y que residen en España son, bien americanos (un 40% y de ellos 92% son hispanoamericanos), bien europeos (37,5%). Los africanos son el 16% de los inmigrantes (de los cuales más de un 70% son marroquíes), y los asiáticos son un poco más del 6% (de los que más de un 40% son chinos).
En cuanto a refugiados político-económicos, hay en España una apreciable colonia de personas procedentes del exilio cubano y, más recientemente, venezolano. En cambio, hay muy pocos refugiados procedentes de Oriente Próximo y del norte de África.
Las tasas de delincuencia de la población extranjera son apreciablemente superiores a las de los españoles, un fenómeno común a casi todos los países de la Unión Europea, pero en igualdad de condiciones sociales, probablemente los extranjeros no sean más delincuentes que los españoles.
En enero de 2017, entre el 2,2% y el 2,6% de los habitantes de España eran musulmanes nacidos fuera de aquí, por lo tanto, nada de invasión islámica.
Se trata de una población apreciablemente más joven que la población española autóctona (8 años menos en media a comienzos de 2017, según el Padrón municipal), y dado que la ocupación hospitalaria y los gastos farmacéuticos crecen exponencialmente con la edad, no hay perjuicio sanitario alguno por causa de la inmigración.
Finalmente, los chinos residentes en España tienen tasas de afiliación a la Seguridad Social no solo superiores a las de casi todas las demás colonias extranjeras, sino también a las de los españoles.
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