Sumario:
[1] La segunda huida de las «Temporeras contra la Esclavitud»
[2] Denuncia contra el SAT, José Blanco y otros
[3] Diez temporeras de Huelva denuncian al sindicato que las acogió, Por María Martín
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[1] La segunda huida de las «Temporeras contra la Esclavitud».
Además del contenido de la denuncia formulada el 29 de septiembre de 2018 por las 10 “Temporeras contra la esclavitud” ante la Guardia Civil, con copia íntegra de los documentos que a la misma se adjuntan, y dado que ayer fue dictado y notificado el Auto de 2 de octubre de 2018 del Juzgado Central de Instrucción num. 1 (Audiencia Nacional), recaído en las Diligencias Previas 56/2018, que resuelve no ser el asunto competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción, por lo que en principio la tramitación del asunto correspondería a los Juzgados que ya están instruyendo actualmente (Juzgados de Instrucción 1 y 3 de Palma del Condado –Huelva), quienes habrán de ser, en su caso, quienes se inhibiesen en favor de los Juzgados Centrales de Instrucción.
Evidentemente, no compartimos los criterios que el Ministerio Fiscal y el propio Juez Instructor vierten, respectivamente, en su Informe y Auto, por lo que anunciamos desde este momento que procederemos a su impugnación.
Sin embargo, con carácter previo, se formulará solicitud de aclaración, subsanación y, en su caso, complemento del meritado Auto, solicitud que trae necesidad de dos circunstancias: en primer lugar, pese a que el Juez Instructor formuló requerimiento a la Guardia Civil de Almonte al efecto de que, con el fin de poder decidir acerca de la competencia judicial, remitiere todas las Diligencias practicadas en relación a los hechos denunciados por las 10 «Temporeras contra la Esclavitud», sin que la Guardia Civil de Almonte hubere entregado al Juzgado copia de la contradenuncia que tan falsa como fraudulentamente (delictivamente en nuestra opinión) han formulado las alcahuetas al servicio de la empresa “Doñana 1998” contra nuestras representadas; por lo demás, las “Temporeras contra la esclavitud” no han podido acceder a dicha denuncia, publicitada por la propia Guardia Civil de Almonte en aquél lejano mes de junio, de la que, sin embargo, dieron cumplida noticia todos los medios, evitando todos ellos darnos la oportunidad de emitir nuestra opinión al respecto. O bien dicha denuncia nunca fue elevada al Juzgado, o bien ha sido archivada sin más trámite, pero en cualquier caso el atestado policial debe existir, ya que fue incluso reproducido por diversos medios de comunicación. De la misma manera, el propio Auto señala no haber recibido las actuaciones del Juzgado de Instrucción num. 3 de los de la Palma del Condado, que también había solicitado el Juzgado Central de Instrucción (AN).
Y, en segundo lugar, nos interesa dejar claro si existe alguna razón por la que el proceso de captación y reclutamiento de las víctimas de trata, entre ellas las “Temporeras contra la Esclavitud “, queda fuera de los hechos objeto de estas actuaciones, pues por una parte, en la selección del grupo vulnerable que va a ser sometido a esclavitud, que tiene lugar en Marruecos, intervienen representantes de la patronal onubense y de la propia Administración española, cumpliéndose por tanto el criterio de aforamiento ante los Juzgados Centrales de Instrucción consistente en haber sido cometidos los hechos por ciudadano español en territorio extranjero; y, por otra parte, el concepto mismo de “grupo social determinado”, sujeto pasivo del delito de lesa humanidad (esclavitud), entendemos que se cumple los requisitos del tipo penal, en base a criterios que el Instructor olvida, tales como las razones económicas, culturales y de género que confluyen para determinar un grupo social compuesto por mujeres del medio rural, sin estudios, preferentemente analfabetas, con hijos pequeños a su cargo y cargas familiares que no pueden sostener. Este es el grupo que se capta en Marruecos y se capta por españoles y marroquíes.
Les dejamos con el texto íntegro del Auto.
[2] Denuncia a Jose Blanco y otros
A LA GUARDIA CIVIL
DOÑA ….
COMPARECEN Y DICEN:
Que por medio del presente escrito formulamos, en ejercicio de acción penal y aparejada civil, DENUNCIA contra don JOSE BLANCO BURGOS, mayor de edad, vecino de XXXXXXXXXXXXXX con domicilio en calle xxxxxxxxxxxxxx ; doña CARMEN BENITEZ ARIZA, mayor de edad, vecina de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx), con domicilio en xxxxxxxxxxxxxx, don VICENTE CERVANTES, mayor de edad, vecino de Totana (Murcia), de quien se desconocen más datos, salvo su número de teléfono xxxxxxxxx; SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES (SAT), con domicilio en xxxxxx, calle xxxxxxx, y BANCO UNICAJA, sucursal xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sita en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; así como contra cuantas personas, físicas y jurídicas, puedan ser responsables penales o civiles por los hechos que a continuación se relatan y que se irán determinando a lo largo del procedimiento, mostrándonos a su vez parte en las diligencias que se incoen como consecuencia de esta denuncia, y ello con base en los siguientes
HECHOS
PREVIA.- La presente denuncia toma pie de la situación, conocida como hecho público y notorio, por haber sido objeto de abundantes informaciones en distintos medios masivos de comunicación, objeto de las D.P. 56/2018 del Juzgado Central de Instrucción num. 1 de Audiencia Nacional, relativo a la presunta situación de esclavitud sexual y laboral que denuncian las diez temporeras marroquíes que hoy comparecen, denuncias que por copia se adjuntan como Documento num. 1; igualmente aportamos copia del Auto de incoación de 6 de agosto de 2018 de Audiencia Nacional, que como Documento num. 2 se acompaña.
Lo curioso es que la denuncia formulada ante Audiencia Nacional y la que hoy se presenta tienen una clara coincidencia: la cosificación de las temporeras. Si en la denuncia de Audiencia Nacional, entre otras situaciones, se denunciaba la falta de libertad de las mujeres, que se las dejaba en medio de la nada, sin saber a dónde ir, que se les había hecho pasar hambre y sufrido explotación o que no se había atendido su situación médica; hoy, salvadas las distancias, vamos a narrar unos hechos que se identifican hasta la náusea con lo padecido por las diez denunciantes en la finca de la que tuvieron que huir.
A estos efectos recordaremos el tipo penal de trata contemplado en el articulo 177 bis CP:
«Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes:
a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad.
b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía.
c) La explotación para realizar actividades delictivas.
d) La extracción de sus órganos corporales.
e) La celebración de matrimonios forzados.
Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso«.
(…)
- «El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando se haya recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero de este artículo«.
…………………
Que las aquí denunciantes, como decíamos, son diez jornaleras que han sido sometidas a una situación de esclavitud y explotación de toda índole en la provincia de Huelva, venidas a España en diferentes días del mes de abril de 2018 a través del Régimen de contingente de contratación de trabajadores extranjeros. La situación delictiva que han padecido ha sido denunciada ante diversas instancias, siendo de destacar a los efectos que nos ocupan, la denuncia formulada por la comisión de presuntos delitos de trata de personas y de lesa humanidad ante Audiencia Nacional, habiéndose dictado Auto de incoación por el Juzgado Central de Instrucción num. 1 en fecha 6 de agosto de 2018, Diligencias Previas 65/2018.
Así, el pasado mes de abril saltó a la luz pública a través de la prensa alemana el caso de las cientos de temporeras de la fresa en Huelva que habían sido objeto de abusos y agresiones, tanto laborales como sexuales. Cuando el 31 de mayo de 2018 dos de los abogados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ), don Jesús Diaz Formoso y doña Belén Luján Sáez, llegaron a una de las fincas explotadoras, de las más de 100 jornaleras que inicialmente querían haber denunciado, sólo alrededor de 30 de ellas consiguieron evitar la expulsión del país de forma violenta, intimidatoria e ilegal por parte de los empresarios que las tenían retenidas contra su voluntad, teniendo contrato y visados en vigor. Y de este número, únicamente 10 se atrevieron a denunciar el caso.
Estas 10 jornaleras de Huelva, las hoy denunciantes, se encuentran en una situación muy complicada: no saben hablar español, no tienen recursos, no han cobrado nada de la empresa de los tres mil seiscientos euros de salario que inicialmente, como mínimo, deberían haber cobrado cada una; se encuentran atrapadas en España pues tampoco pueden regresar a su país sino es, como ellas dicen, “con la cabeza bien alta”; y la cabeza bien alta, en los países musulmanes, significa sin mancha, significa acreditar que todos sus sufrimientos son ciertos y que ellas nunca han sido, ni deseado ser, prostitutas. Se han defendido de las agresiones hasta límites inauditos, pero el hecho mismo de haber sido abusadas, en el mundo rural musulmán, constituye causa de exclusión social; transforma a la mujer en algo “sucio”. Hay una responsabilidad ajena a cualquier culpabilidad.
PRIMERO.- Que en este contexto, como vemos, las denunciantes precisan permanecer en España en tanto en cuanto no se resuelven los diferentes procesos judiciales de todo orden que se encuentran en curso. Con independencia de las solicitudes ante la Subdelegación del gobierno correspondiente en orden a la activación del Protocolo de trata (que tiene su trasunto en el articulo 59 bis de la LO 4/2000), con todas sus consecuencias legales, y resto de peticiones que en ese sentido se han efectuado, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) asumió el compromiso de alojarlas y mantenerlas mientras se resolvía la tramitación de los procedimientos judiciales penales y laborales habidos a instancia de las jornaleras. Ese compromiso escrito fue incorporado a los diez expedientes administrativos de extranjería respectivos que se encuentran en trámite.
Se acompaña como Documento num. 3 copia del compromiso escrito del Sindicato, dejándose designados los archivos originales.
Se dirá desde este momento que la situación padecida por las hoy denunciantes se ha producido porque los poderes públicos han obviado sus propias obligaciones: ni Fiscalía, ni los Juzgados, ni la Guardia Civil de Huelva, ni la Administración estatal ni autonómica, ni la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF, tanto Brigada Central como las Brigadas Provinciales de Huelva y Málaga) han hecho nada -a pesar de los intentos de las denunciantes-, por activar el Protocolo Marco en materia de trata o cualquier otro acto de protección hacia las denunciantes. Desprotegidas, han sido presas de la manipulación y la coacción de los denunciados, que solo han buscado el propio interés, la promoción pública de una forma falaz y la utilización de las mujeres para sus propios fines; si las autoridades hubieran cumplido con sus obligaciones, las denunciantes no se hubieran visto en la situación que se expone a lo largo de este escrito.
Parece que todo el mundo está interesado en que las denunciantes se agoten, se cansen en su lucha por acabar con la esclavitud, en defender sus derechos.
Revelador de la inacción imperante resulta a estos efectos señalar que incluso una institución como el Defensor del Pueblo andaluz haya retrasado más allá de lo comprensible su intervención o preocupación en el asunto. Así, se ha publicado recientemente (25 de septiembre de 2018), que el Defensor andaluz ha iniciado de oficio su actuación “tras conocer por los medios de comunicación los abusos contra las temporeras”. Esto es incierto por cuanto desde el mes de junio la Institución conoce en profundidad la situación de las temporeras en Huelva, ya que en concreto el día 26 de junio de este año a las 10´30 horas el letrado de AUSAJ, Jesús Diaz Formoso, se entrevistó largamente con Vanesa Medrano y Manolo Martinez, pertenecientes al equipo del Defensor del Pueblo Andaluz, en la sede de la Institución sita en calle Reyes Católicos, 21, de Sevilla. A pesar de las lágrimas vertidas por doña Vanesa en esa reunión al conocer con detalle la situación de las jornaleras, ninguna actuación se ha producido en estos meses.
SEGUNDO.- Que desde un primer momento las relaciones entre el SAT y AUSAJ han sido cuanto menos difíciles, debido a la actuación mantenida por el Sindicato, a los que sólo les ha preocupado aparecer en los medios de comunicación, no para visibilizar y resolver el problema de esclavitud en los campos de Huelva sino para su propia promoción (quejas se han producido por los miembros del Sindicato cada vez que han considerado que sus apariciones en prensa no eran las esperadas). Así, el día 3 de junio, recién escapadas de la finca en la que trabajaban seis de las hoy denunciantes (…) su única preocupación, a pesar del más que frágil estado psicológico de las hoy denunciantes –siendo que incluso una de ellas sufrió desmayo, debiendo ser llevada a Urgencias- fue la prensa, llamando al efecto a varios medios de comunicación, los cuales, sin el consentimiento de las jornaleras, mostraron incluso sus rostros, generando un grave perjuicio a las mismas, habiendo sido denunciados los medios que han hecho esta utilización ilegítima de la imagen de las jornaleras. No contentos con esto, miembros del Sindicato y el Diputado a Cortes Diego Cañamero colgaron en sus redes sociales fotos con las imágenes de las mujeres y a pesar de ser requeridos constantemente para que eliminaran tales imágenes, tardaron más de mes y medio en proceder a su eliminación.
El día 4 de junio de 2018, al día siguiente de haber escapado las denunciantes, prepararon una rueda de prensa ante la puerta de la Inspección de trabajo en Huelva, donde convocaron a todos los medios y llevaron a las denunciantes (a nueve de ellas), sin decirles en ningún momento dónde las llevaban ni para qué, ni, por supuesto, preocuparse en modo alguno de que su intimidad quedara a salvo. Esa rueda de prensa se convocó sin el conocimiento siquiera de los abogados de AUSAJ, quienes se enteraron de casualidad de su existencia, gracias a la llamada de un periodista que decía llamar de parte de Diego Cañamero para preguntar a los abogados “si iban a acompañar a las jornaleras en el autobús al día siguiente en su vuelta a Marruecos”. La sorpresa fue mayúscula. Comparecida la letrada doña Belén Luján Sáez en el lugar donde se iba a celebrar la rueda de prensa, no pudo evitar el acto y solo pudo preocuparse y advertir a los medios que no podían sacar imágenes de los rostros de las mujeres (advertencia que fue desoída por alguno de ellos). En ese momento, se tuvo que presionar al Sindicato para que se comprometiera a dar cobijo a las mujeres, que en un principio a lo máximo que estaba dispuesto a llegar era a entregar a las mujeres a la Junta de Andalucía, lo que hubiera favorecido su deportación.
Tampoco es cuestión baladí el hecho de que el viernes dia 1 de junio, encontrándose varios miembros del Sindicato, entre ellos el Secretario General de la organización, y el abogado Jesús Diaz Formoso en la puerta de la finca donde trabajaban las jornaleras, se produjo una conversación entre el Secretario General y uno de los hermanos Matos, propietarios de la explotación agrícola denunciada ante Audiencia Nacional, en el que el propietario afirmó “haber sido en sus tiempos cofundador del Sindicato”. Este extraño dato fue corroborado en ese momento al abogado Diaz Formoso por parte del propio Secretario General (“parece ser que sí”). Este dato unido al hecho de que el domingo día 3 de junio, Diego Cañamero, dirigente histórico del Sindicato, mantuvo en el mismo lugar en que se encontraban las jornaleras una reunión de incomprensible duración con miembros de la empresa denunciada y una cuarta persona de la cual se desconoce su identidad (reunión que puso muy nerviosas a las jornaleras, que a través de una persona de la comunidad musulmana de la zona que habla español, pedían la presencia de los abogados) y el dato facilitado pro el periodista que llamó a doña Belén Luján en la mañana del día 4 informándola de que estaba prevista la marcha de las mujeres para el día siguiente en el autobús de la empresa, preocupó en sumo grado a los abogados, siendo objeto de numeras peticiones de explicación al Sindicato, que se ha limitado a negar.
TERCERO.- Que tampoco en sus apariciones en prensa el Sindicato ha sido claro en sus manifestaciones, cayendo en graves omisiones y contradicciones con los hechos acaecidos y el propio relato de las jornaleras, en especial en relación a la intervención en los hechos denunciados de la Guardia Civil, silenciando a los abogados de AUSAJ y propiciando la falsa apariencia de que la letrado interviniente es doña Pastora Filigrana, la cual en realidad no ha tenido ninguna intervención en este complejo asunto judicial.
Como ejemplos de las apariciones en prensa a las que aludimos señalamos, entre otros, los siguientes enlaces:
http://laotraandalucia.org/?p=22630
https://www.emartv.es/2018/06/12/mujer-acoso-temporera-huelva/#.W4kFoOgzZPY
https://www.diariosur.es/andalucia/personas-manifiestan-situacion-20180618002021-ntvo.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/07/mujeres/1528396330_755399.html
Las denunciantes no entienden la razón para que el Sindicato actúe de este modo, silenciando a sus propios abogados y ofreciendo un relato que no es veraz, cuando claramente en privado los miembros del Sindicato reconocen abiertamente cuál es la realidad de los hechos.
La cuestión es que el Sindicato ha incumplido de todo punto su compromiso de alojar y mantener a las jornaleras hasta en tanto no se resolviera su situación, pero sí que no ha tenido problema en convertir a las mismas en objetos de publicidad para su mayor gloria, sin preocuparles que el asunto judicial prosperase o no, sólo su propaganda, usando a las mujeres.
La pregunta es cuál sería el coste de la aparición en los medios que a nivel publicitario el Sindicato ha logrado con este asunto, ¿hasta dónde podría haber llegado esta utilización si los abogados de AUSAJ no hubieran estado de por medio? Esto es relevante desde que por el Sindicato, destapada la situación de fraude, se reconoce que no tienen medios económicos.
¿Y por qué ese empeño de todos en silenciar la realidad y alcance completo de la denuncia formulada y de silenciar a los propios abogados intervinientes?
CUARTO.- Que la persona designada por el Sindicato para dar efectividad a su compromiso con las jornaleras fue uno de los representantes del Sindicato en Málaga, el aquí denunciado, José Blanco Burgos, trasladándose las denunciantes a Cuevas de San Marcos (Málaga), lugar de residencia del denunciado y el decidido por el Sindicato para dar cumplimiento a su compromiso.
Que el denunciado Blanco Burgos se encargó de las gestiones necesarias para el alquiler de una vivienda que sirviera de residencia para las denunciantes en la localidad de Cuevas de San Marcos (Málaga). El inmueble escogido fue el situado en Carretera de Cuevas Bajas s/n, piso primero derecha, de la mencionada localidad, propiedad de doña Carmen Benitez Ariza. Se ha de señalar a los efectos que nos ocupan que esta persona es íntima amiga de la madre del denunciado José Blanco Burgos. El contrato de arrendamiento original, a pesar de ser firmado por varias de las denunciantes, nunca ha estado a disposición de las mismas, siendo que solo se facilitó mera fotocopia para su aportación a los expedientes de extranjería, dejándose a estos efectos designados los archivos originales. El Sindicato se comprometió a abonar el alquiler de la vivienda.
Se adjunta como Documento num. 4 copia del susodicho contrato del inmueble situado en Carretera Cuevas Bajas s/n.
QUINTO.- Que de la misma manera, el denunciado se encargó algunas semanas después de la gestión de alquiler de otro inmueble en la localidad, inmueble a la que se trasladaron cuatro de las jornaleras denunciantes. La vivienda se encuentra sita en calle Campillos 33, piso 2º-izq., de Cuevas de San Marcos. De esta vivienda las jornaleras denunciantes nunca tuvieron ni original ni mera fotocopia del contrato de arrendamiento, siendo que en cualquier caso se desconoce si efectivamente se pagaba renta o no por ese inmueble, pues las afirmaciones siempre del denunciado, Blanco Burgos, fueron en el sentido de que por ese piso no había que pagar renta alguna.
A los efectos que nos ocupan se dirá que las denunciantes que residían en ese inmueble, …, en las últimas semanas ni siquiera disponían de llaves de la vivienda, estando dependientes de quien sí tenia llaves, una persona puesta allí por el denunciado Blanco Burgos, de nombre Feliciana, desconociéndose más datos. Esta persona actuaba ejerciendo un férreo control de la vida entera de las denunciantes por indicaciones del denunciado, estableciendo una suerte de régimen de CIE, en el que las mujeres tenían que cumplir horarios y dar explicaciones constantes de sus actos que daban lugar a reproches a las denunciantes, lo que ha perjudicado claramente el frágil estado psicológico de las mismas.
SEXTO.- Que así las cosas, comenzaron a producirse una serie de acontecimientos, con, a nuestro juicio, relevancia penal y que desembocaron en la necesidad de que las denunciantes abandonaran precipitadamente el lugar, por temor a que los hechos alcanzaran mayor gravedad de la que ya presentan.
Así, por un afán de protagonismo desmedido, por medrar en su posición dentro del Sindicato o como medio de alcanzar el triunfo por la lucha de poder que mantiene en la organización, o por otras razones que se nos escapan, el comportamiento del denunciado ha violado gravemente los derechos, intereses y garantías de las denunciantes de diversas formas y de forma continuada, pretendiendo en todo momento que las denunciantes hicieran cosas que no estaban en su voluntad o impedirles otras que sí lo estaban, violando gravemente la esfera de libertad personal de las mismas e incluso llegándose a apropiar de su dinero, actos que han perseguido un perjuicio directo de las denunciantes y de las acciones judiciales que vienen ejercitando, pretendiendo incluso “quitar de en medio” a los abogados que las defienden en todos los asuntos.
SEPTIMO.- Que como hitos más destacados en el devenir de acontecimientos que han provocado la necesidad de esta denuncia podemos mencionar los siguientes:
1) Blanco Burgos ha provocado y/o intentado provocar apariciones en prensa de las denunciantes en contra de la voluntad y de los intereses de las mismas, sin consultar a las denunciantes y sin comunicar nada a los letrados que defienden a las diez temporeras. En este sentido, varios son los medios de comunicación que han sido llevados por esta persona hasta la casa de las jornaleras para ver si, en contra de la recomendación dada de que las apariciones fueran limitadísimas o directamente no se produjeran dado el estado psicológico y de vulnerabilidad de las denunciantes, se producía la entrevista con la única finalidad reconocida de promoción del Sindicato al que el denunciado pertenece –y su propia figura.
En este orden de cosas, se señala que el 16 de agosto de 2018 el denunciado José Blanco Burgos propició e impuso a una de las denunciantes, …, una entrevista vía telefónica con el periodista Fermín Cabanillas, quien se había puesto en contacto con los abogados de parte de Diego Cañamero, y, arteramente, saltándose su conversación con los abogados en el que se le expuso la difícil situación de las mujeres, sorteó cualquier obstáculo y consiguió de la mano del denunciado la entrevista con la trabajadora, en la que tergiversó la situación hasta incluso dar a entender que la entrevistada estaba hablando como portavoz de tres de ellas y no del resto, generando la apariencia de una división entre las denunciantes que nunca ha existido.
A mayores se dirá que el periodista en cuestión había publicado varios artículos de prensa relativos a las jornaleras en el que no había contrastado la información, haciéndose eco de la contradenuncia falsa puesta contra las jornaleras, aquí denunciantes, en un intento de socavar su credibilidad.
Curioso es que el periodista usara la treta de presentarse ante los abogados como perteneciente a la agencia EFE, cuando al parecer es freelance, e igualmente curioso resulta que fuera precisamente el artículo publicado por Fermín Cabanillas el empleado para injuriar y calumniar a través de comentarios en la Plataforma Gofundme en la que se encuentra publicado el crowfunding abierto en nombre de las jornaleras (https://www.gofundme.com/temporeras-contra-la-esclavitud), a través del nick “Nina Fuentes”, comentarios que fueron eliminados por propia iniciativa de la plataforma, según la misma nos certifica.
Se aportan como Documentos num 5, Documentos num 6, Documentos num 7 y Documentos num 8, respectivamente, correos intercambiados con el periodista Fermin CAbanillas en el que se le reprochaba su acción y correo de la Plataforma Gofundme en el que se certifica la eliminación de los comentarios por su contenido ofensivo y el propio contenido de los mismos.
2) A pesar del compromiso adquirido por el Sindicato, el denunciado ha intentado sufragar esos gastos con el esfuerzo de las propias trabajadoras, hoy denunciantes, aprovechándose de su trabajo para cubrir sus necesidades, dando la apariencia pública de que esa cobertura la estaba dando el Sindicato, cuando no estaba siendo así. En este sentido:
* XX fue a trabajar durante varios días a la casa de Carmen Benitez Ariza, y sin que se le adviertiera a la trabajadora en modo alguno, no se intentó siquiera alta alguna y el dinero obtenido con el esfuerzo de la Sra. XX fue, sin consultarle a la misma ni advertirle con carácter previo, a parar al fondo común de las diez jornaleras. La cuestión es que con el producto del trabajo de la denunciante se permita la financiación de la obligación del Sindicato.
* ha utilizado sin autorización alguna y sin siquiera el conocimiento de las interesadas el dinero que el denunciado sabía estaba destinado para el envio a las familias de las denunciantes en Marruecos con anterioridad al AID (festividad nacional marroquí que trascurre los dias 21 y siguientes de cada mes de agosto). Se desconoce a día de hoy el destino de la indebida apropiación de dinero por parte del denunciado. Sobre estos hechos volveremos, por su relevancia, en apartado independiente más abajo.
* XY fue obligada a trabajar durante 9 días en el huerto de José Blanco, sin cumplir ningún requisito legal, y ello con el fin, afirmó el denunciado de recuperar el importe de un teléfono viejo que el denunciado había prestado a doña XY, siendo que el terminal se rompió por accidente. Cuando la trabajadora, con las manos heridas por el trabajo impuesto, se quejó al denunciado, éste, soltando una sonrisa irónica, espetó a la denunciante que continuase, a lo cual doña XY se vio obligada a obedecer. (“es para que aprenda el valor del dinero” dice el denunciado, al criterio de la denunciante tal clase de enseñanza a alguien que ha atravesado fronteras y pasado todo tipo de dificultades para poder dar de comer a sus hijos resulta verdaderamente irónico, siendo que tal finalidad resulta incompatible con el hecho de su propio beneficio: la enseñanza no cabe cuando el trabajo impuesto supone un beneficio directo al denunciado).
* el denunciado, por haberlo reconocido así, era conocedor y propiciador de que una de las uniones locales del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), la correspondiente a Cádiz, iba a realizar un acto de apoyo a las jornaleras, aquí denunciantes, comprometiéndose a destinar el importe obtenido a sufragar los gastos de las jornaleras. En el cartel de promoción del evento organizado en Cádiz se utilizó la imagen de las jornaleras aquí denunciantes. El dinero no ha llegado a las jornaleras.
Se desconoce si lo acontecido en Cádiz haya podido ocurrir en otras localidades.
Se aporta como Documento num. 9 cartel del evento organizado por el Sindicato en Cádiz.
3) Se les ha restringido la comida, sometiéndolas a padecer hambre, si no hubiera habido intervención por parte de AUSAJ. Lo lamentable es que mientras se les contaban los plátanos, los huevos o las patatas, y no es hipérbole sino realidad, y se le facilitaba a las denunciantes comida podrida se estaba utilizando el dinero de las trabajadoras de forma fraudulenta.
En este sentido, se destaca la fotografía remitida desde el teléfono de una de las denunciantes, XX, con toda la angustia del mundo, en la que se muestra la compra efectuada por el denunciado, Blanco Burgos, o por la persona por él designada, correspondiente para siete personas para toda una semana.
Se acompaña la fotografía como Documento num. 10.
Que aunque el denunciado apareció después en la vivienda en la que residían las denunciantes con dos pollos –matados conforme al rito islámico-, con los que, dadas las quejas recibidas, intentó paliar la situación, esto resultaba insuficiente, siendo que aun así, en la siguiente visita de los miembros de AUSAJ a la localidad de Cuevas de San Marcos se tuvieron que hacer varias compras de comida, ante la carestía de víveres que se desprendía de la despensa y nevera de las aquí denunciantes.
4) La asistencia médica también ha sido defectuosa. En ese proceder encaminado a que las hoy denunciantes se mantuvieran en una situación emocional inestable, que las dejara en manos de los dictados de los denunciados, éste ha entorpecido que las denunciantes tuvieran toda la asistencia que deberían haber tenido. En este sentido, se destaca:
* La desincentivación de XZ para ir al médico. Esta persona viene padeciendo una fuerte infección bucal y aprovechándose de que tiene alguna mella, amedrentó a la denunciante para que no fuera al médico o al dentista con el argumento de “si vas, te van a quitar todos los dientes”, quedando la denunciante sin ningún tratamiento a pesar de necesitarlo antibiótico.
* La falta de suministro del tratamiento prescrito a XT. Esta persona, que actúa como líder natural del grupo de denunciantes, en la que todas se apoyan, como consecuencia de lo sufrido en los campos, se encuentra afectada de un grave trastorno de ansiedad, que se ha agudizado por el entorno creado por el denunciado Blanco Burgos, que la ha llevado a tener que ser asistida en varias ocasiones de urgencia, sufriendo graves crisis. La última de las padecidas lo fue el pasado 13 de septiembre, teniendo que ser derivada de urgencia al Hospital Comarcal de Antequera; en esa ocasión, en la que afortunadamente estaban presentes varias personas acompañando a las denunciantes, entre ellas los dos abogados de AUSAJ que las defienden, se constató que en la crisis anterior, sufrida escasamente un par de semanas antes (no se dispone en estos momentos de la documentación médica emitida, ya que no se entregó en ningún momento a la denunciante), se había pautado a doña XT de forma continuada lorazepan, medicamento que no fue facilitado a la misma y provocó, junto con la falta de prestación de tratamiento psicológico debidamente, la grave crisis sufrida.
* A pesar de su compromiso personal en ello, el denunciado Blanco Burgos no se ha preocupado de que las denunciantes recibieran todo el tratamiento psicológico que precisan. Tampoco los recursos públicos han ayudado en modo alguno a ello, pero después de ofrecerle varias alternativas al denunciado y de hacerle las consideraciones oportunas en cuanto a la importancia de que dicho tratamiento se produjera, el denunciado aseguró que esto iba a ser así, incluso a través de recursos privados de los que era conocedor por su profesión (director de un Centro de Drogodependientes), siendo que finalmente solo se ha producido una primera valoración y nada más, habiendo tenido las denunciantes en estos tres meses y medio que han estado a cargo del denunciado solo dos sesiones –una de ellas no individualizada- con psicólogas pertenecientes al Instituto Andaluz de la Mujer, en concreto doña Angela París emite Certificado al efecto, que se aporta como Documento num. 11.
5) Ha desoído las instrucciones de los abogados en varios aspectos y ocasiones, siendo la más grave de todas, por la negativa repercusión que podría haber tenido tanto en el expediente administrativo de la directamente interesada como en el peor de los casos del resto de denunciantes el llevar a la Subdelegación del Gobierno a XE, sin previo aviso a los abogados y sin llevar nada de la documentación y alegaciones atinentes, de las que estaba a la espera (había quedado con la abogada Belén Luján en que se le remitía por agencia la documentación de esta persona, que había quedado pendiente de presentación al haber coincidido la cita asignada por la Subdelegación del Gobierno de Málaga con el ingreso hospitalario de esta persona para dar a luz, como se justificó ante la propia Subdelegación; para ello el denunciado había incluso facilitado su dirección exacta vía whatsapp). Compareció en la Subdelegación sin nada más que el pasaporte, cuando la documentación a presentar era de dieciséis documentos (uno de ellos subdividido en otros cuarenta y seis documentos), incluido un soporte CD y escrito de alegaciones de veinte páginas de extensión; afortunadamente, el hecho pasó sin incidencia, cuando en la Subdelegación no se le atendió por no estar el funcionario correspondiente, pero constituye un ejemplo de la cosificación de las denunciantes por parte del denunciado Blanco Burgos.
Se adjuntan como Documentos num. 12, 13, 14 y 15 los whatsapp atinentes.
6) Se las ha difamado ante los propios abogados de las temporeras, pretendiendo generar en ellos la duda de un mal comportamiento cívico por parte de las denunciantes, lo que se ha podido comprobar era un mero infundio, entendemos que buscando esa finalidad de debilitamiento y coactiva que ha presidido el proceder de los denunciados.
Igualmente pro el denunciado Blanco Burgos se les ha intentando separar, desunir como el grupo de mujeres valientes que conforman, fomentando la disputa entre las denunciantes y generando la desconfianza del grupo hacia una de sus integrantes, XE, con quien el denunciado Blanco Burgos y su familia habían estrechado lazos a raíz del embarazo de doña XE, aprovechándose de esos lazos para intentar utilizar a doña XE como fuente de información de lo que acontecía en las viviendas que habitaban las jornaleras, ocasionando fricciones y malestar en la convivencia, en un intento más de someter a control la vida de las denunciantes (se les cuestiona todo: si salen, si entran, a qué hora se levantan, a qué hora comen, cómo limpian,….todo).
OCTAVO.- Que los desencadenantes para que la salida precipitada de las denunciantes de Cuevas de San Marcos se produjera fueron dos: la primera, una reunión mantenida con el Sindicato Andaluz de Trabajadores el día 16 de septiembre pasado en el que no se quiso escuchar a las tres denunciantes asistentes, a pesar de haber sido invitadas junto con los abogados para exponer la situación que se había generado por el proceder de José Blanco Burgos, con el especial hecho de la disposición indebida de dinero, apoyándose inicialmente al compañero de Sindicato y, otra, el intento por parte de alguien del entorno del denunciado Blanco Burgos, su cuñada, de llevarse en contra de la voluntad de la madre a la bebé, casi recién nacida, hija de XE, con el fin de obligar a ésta a permanecer junto al denunciado, lo que provocó momentos de fuertes nervios y más que angustiosos que fueron puestos en conocimiento via telefónica a la Guardia Civil (puesto de Antequera) conforme se estaban produciendo (las jornaleras que acompañaban a los abogados en ese momento eran informados por la propia víctima de lo que sucedía). Este último grave hecho se ha de señalar no quiere ser denunciado por la madre en base a una creencia o superstición religiosa de la cultura musulmana de origen en el que se considera que “algo malo puede recaer sobre el bebé” si se denuncia a quien en un momento dado ha ayudado o contribuido en el nacimiento de ese bebé. Los abogados respetamos ese sentimiento, como no podía ser de otra manera, pero por su gravedad y en cuanto resulta necesario para que el relato sea enteramente comprensible, se expone sucintamente a sus efectos.
NOVENO.- Que con esa situación, el domingo 16 de agosto de 2018 por la tarde se decide por las denunciantes, dado que los acontecimientos han ido en escalada, abandonar, al menos temporalmente, la localidad de Cuevas de San Marcos (decimos temporalmente, pues no se trata de que no existiera voluntad de salir de Cuevas de San Marcos por parte de las denunciantes, que la había toda; sino de ser conscientes de la falta de recursos de las temporeras y de los más que limitados de AUSAJ, desconociéndose si no habría en pocos días la necesidad de volver a residir en el inmueble arrendado), dejando en el inmueble la mayor parte de sus pertenencias.
Así se le advirtió a la arrendadora, doña Carmen Benitez Ariza, ahora también denunciada, en conversación en vivo mantenida con la misma en las inmediaciones del inmueble arrendado ese mismo domingo 16, a quien se le hizo la indicación expresa que nadie entrara en la vivienda, que las jornaleras se iban a ausentar al menos unos días, que no pasase nadie, reconociendo la denunciada que tan solo ella tenía llave de la vivienda. A pesar de la advertencia, dos días después había sido cambiada la cerradura, según informó con toda buena fe una persona del Sindicato Andaluz de los Trabajadores y se pudo comprobar in situ, teniendo intervención la Guardia Civil del Puesto de Cuevas de San Marcos. La propietaria efectivamente no solo había cambiado la cerradura sino que había pasado al inmueble sin autorización alguna de las arrendatarias y revuelto sus cosas. No contenta con eso, cuando se estaba ya abandonando la vivienda por las personas que se acercaron hasta la localidad para recoger los enseres de las hoy denunciantes, al intentar éstas registrar el estado del inmueble tal y como se dejaba, a fin de evitar reclamaciones injustificadas, Carmen Benitez se abalanzó hacia Javier Arcos Sáez, una de las cuatro personas que se desplazó para recoger las maletas y enseres de las denunciantes, intentando impedir la grabación tirándole el teléfono móvil al suelo y amenazándolo mientras portaba un cuchillo.
Cuando Javier y sus acompañantes se marchaban ya del inmueble, habiendo finalmente Carmen Benitez permitido grabar el estado del inmueble y sin querer darle mayor trascendencia al incidente, por la propia Carmen Benitez se llamó a una patrulla de la Guardia Civil que pasaba por allí en ruta con la falsa excusa de que no se quería abandonar el inmueble, siendo que en ese momento se tuvo que relatar al agente todo lo acontecido, levantándose atestado al efecto.
DECIMO.- Que especial trascendencia en los hechos tiene, como anticipábamos, los actos de disposición de dinero habidos por parte del denunciado Blanco Burgos, que suponen no solo un delito contra la esfera patrimonial de las denunciantes, sino un ejemplo más de la coacción ejercida y de la cosificación de las mujeres a que hemos hecho referencia a lo largo de este escrito. Los hechos no cabe considerarlos aisladamente, sino que todos responden a una misma voluntad criminal.
Así, se ha de recordar que como recoge en el relato del crowfunding aperturado en favor de las diez denunciantes en la Plataforma Gofundme:
“Estas 10 jornaleras de Huelva se encuentran en una situación muy complicada: no tienen recursos, no han cobrado nada de la empresa de los tres mil seiscientos euros de salario que inicialmente, como mínimo, deberían haber cobrado cada una; se encuentran atrapadas en España pues tampoco pueden regresar a su país sino es, como ellas dicen, “con la cabeza bien alta”; y la cabeza bien alta, en los países musulmanes, significa sin mancha, significa acreditar que todos sus sufrimientos son ciertos y que ellas nunca han sido, ni deseado ser, prostitutas. Se han defendido de las agresiones hasta límites inauditos, pero el hecho mismo de haber sido abusadas, en el mundo rural musulmán, constituye causa de exclusión social; transforma a la mujer en algo “sucio”. Hay una responsabilidad ajena a cualquier culpabilidad. Y, sobre todo, las jornaleras necesitan mandar a sus familias parte del dinero por el que tan duro han trabajado y tanto han sufrido; para mantener a sus hijos menores y familiares, que lo necesitan de una manera vital.
Por todo ello y porque una brizna de esperanza se ha abierto en este terrible asunto con la admisión a trámite de la denuncia de las jornaleras planteada ante Audiencia Nacional por presuntos delitos de trata de seres humanos y de lesa humanidad el pasado día 31 de julio, incoándose al efecto Diligencias Previas por el Juzgado Central de Instrucción num. 1, es por lo que necesitan permanecer en España por un tiempo, es por lo que hoy precisan vuestra ayuda, vuestro apoyo. Para poder sobrevivir en este tiempo y, principalmente, poder mandar dinero a sus hijos.
Así, la razón esencial por la que se ha abierto la campaña de crowfunding es para que las trabajadoras puedan mandar dinero a sus familias, a sus hijos. El alojamiento y manutención lo tienen garantizado por el momento, con el apoyo del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ), así como el resto de gastos, pero los recursos son limitados, quedando fuera de nuestro alcance que las trabajadoras además pudieran cumplir con esa necesidad añadida, con esa obligación ineludible dadas las circunstancias, que es poder mandarles dinero a sus hijos. Se ha de tener en cuenta que todas ellas vinieron a España a trabajar y conseguir dinero para sus familias, y se encuentran en una situación en la que han sido violentadas de muchas formas y sin haber percibido su salario; hace cinco meses que no ven a sus familias y no han sido capaces de aportar nada al sostenimiento de sus hijos en Marruecos. Esto unido a lo que dentro de la sociedad musulmana rural supone verse envueltas en una situación de abuso, ese sentirse «atrapadas» al que antes nos referíamos, hace que en este caso el envío de dinero a Marruecos se convirtiera en algo esencial para su permanencia en España mientras se tramitan los procesos y ellas pueden regresar «con la cabeza alta». Igual de importante resulta que las trabajadoras puedan mandar una parte, aunque sea pequeña, antes de la festividad del AID (del 21 al 23 de agosto). La cuestión es que si las trabajadoras no consiguen hacer ese envío, algunas de ellas pueden verse en riesgo de perder la custodia de sus hijos o tienen que regresar de inmediato a Marruecos, con un recibimiento ingrato.
En la Campaña aparece como promotora Belén Luján Sáez, como abogada de las temporeras denunciantes, firmante de la denuncia planteada ante las mismas ante Audiencia Nacional, denuncia admitida por el Juzgado Central de Instrucción num. 1, Diligencias Previas 56/2018. La abogada está integrada en AUSAJ, Asociación que les está prestando asistencia jurídica -y de todo tipo-, desde el primer momento, a las diez temporeras. Es la primera vez que en AUSAJ adoptamos una iniciativa de esta índole, pero la situación de las jornaleras es tan necesitada, que nos hemos visto por humanidad obligados moralmente a pedir la ayuda ciudadana a través de esta campaña de crowfunding”.
Y esa necesidad del crowfunding trajo la necesidad de una cuenta bancaria, que en cualquier caso hubiera sido adecuado obtener, pero que la inminencia del crowfunding convertía en urgencia. La idea inicial es que fuera una cuenta a nombre de las diez jornaleras, siendo que a tal fin comparecieron en la entidad las diez mujeres, entregando la documentación requerida para ello, pero por trabas que todavía no terminamos de entender, se tramitó pro la entidad, sucursal de Unicaja en Cuevas de San Marcos, la apertura de una cuenta bancaria a nombre de una sola de las jornaleras, doña HH.
Aprovechando los trámites y el desconocimiento del idioma por doña HH, el denunciado Blanco Burgos, no sabemos si engañando a la entidad o de consuno con ella, que en cualquier caso no adoptó ninguna precaución de seguridad, se puso de autorizado en la cuenta, hecho que las denunciantes desconocían y a lo que se oponían; y a los abogados de las denunciantes les engañó igualmente diciendo que el hecho de que se pusiera como autorizado obedecía a una exigencia de la entidad. Conseguido fraudulentamente su posición como autorizado, cambió la clave de acceso y dejó sin posibilidad de disposición a la propia titular, a la que nada comunicó.
No bastándole con esto, el día 22 de agosto y siguiente dispuso indebidamente en tres operaciones de un total de 1.380 euros, sin comunicarlo a nadie, desconociéndose cuál sea el destino final dado a este dinero. La cuestión es que ese dinero tenía una finalidad clara: había sido adelantado por doña MEH, colaboradora de AUSAJ en el asunto, prestando labores de traducción, con la única finalidad de que las jornaleras pudieran mandar algo de dinero a sus familias en la fiesta del AID. Esa era la finalidad y era perfectamente conocida con anterioridad por el denunciado Blanco Burgos, a quien no sólo no le preocupó disponer indebidamente del dinero, sino que intentó frustrar el envío del dinero la víspera del AID. Así, el lunes 20 de agosto, en el momento en que HH y HY se encontraban en la oficina bancaria con la intención de sacar mediante reintegro el dinero enviado por la Sra. MEH, Jose Blanco apareció precipitadamente en la entidad (cuando el día anterior había dicho a las denunciantes que no podía acompañarlas al día siguiente), para impedirles la operación, diciéndoles que no se podía sacar el dinero que estaban “en huelga”. A los abogados puestos en contacto con él, les manifestó que no era posible la disponibilidad de la trasferencia de MEH hasta el día siguiente.
Sabedores de la importancia para las mujeres de ese envio de dinero el día 20 de agosto, aunque fuere en pequeño importe, la letrada que suscribe adelantó nuevamente la cantidad, remitiéndose a cada una de las diez familias el importe de trescientos euros por cabeza.
Los hechos acaecidos en relación con la cuenta bancaria se conocieron el día 10 de septiembre por visita efectuada por los abogados Jesús Diaz Formoso y Belén Luján Sáez, acompañados de la titular de la cuenta, en las oficinas de la entidad en Cuevas de San Marcos, entrevistándose con la interventora y director de la sucursal, procediéndose en ese momento a eliminar como autorizado de la cuenta al denunciado y a modificar las claves y documentación necesaria. A los efectos que nos ocupan se dirá que ninguna otra persona hubo que poner en la cuenta como autorizado.
Cuestión aparte es que a pesar de las afirmaciones del director de la Oficina de Cuevas de San Marcos de que todo estaba en orden en relación a la cuenta, se ha producido en los pasados días un bloqueo de la cuenta por falta de documentación complementaria que todavía está pendiente de esclarecerse, si verdaderamente obedece a una exigencia formal justificada o a un exceso ilicito de la entidad, que en este caso consideraríamos con relevancia penal dadas todas las circunstancias concurrentes.
Se aporta como Documento num. 16 copia del extracto de la cuenta bancaria.
UNDECIMO.- Que siendo que al día de la fecha no se ha producido ninguna respuesta por parte del Sindicato en orden a la asunción de responsabilidad en todo lo acontecido ni a la reintegración de las cantidades estafadas, dado el tiempo trascurrido hace que la presente denuncia no tenga más espera, máxime después de lo sucedido después de que las mujeres salieran de Cuevas de San Marcos. AUSAJ ha intentado evitar tener que denunciar en los graves términos en que se efectúa, pero el comportamiento habido por el Sindicato resulta absolutamente inasumible.
La salida de las mujeres de xxxxxxxxxx se produjo con la ayuda de los abogados de AUSAJ, que estaban en esos días en la zona. Para ayudar a salir a las mujeres del pueblo malagueño, dado el numero de las denunciantes y por solo disponer de un vehículo, pidieron ayuda a una de las personas colaboradora en redes sociales en la campaña de Temporeras contra la esclavitud, doña Marcela Crespo, quien brindó una parcela de su propiedad ubicada a unos 4 km de Totana para que las denunciantes pudieran permanecer provisionalmente mientras se encontraba un lugar definitivo. Doña Marcela apareció acompañada de don Vicente Cervantes, aquí denunciado, a quienes los abogados apenas conocían. Todo trascurrió con normalidad hasta que pasados unos días de estancia en la vivienda de doña Marcela, se produjo un grave desencuentro cuando los abogados desaconsejaron pagar por adelantado y en efectivo, sin factura, un año completo de renta más un mes de fianza (un total de 4550 euros, que saldrían del fondo del crowfunding existente) para una vivienda, de ochenta metros según Registro de la Propiedad, que esta persona había encontrado para las temporeras en Bullas. A partir de ahí esta persona junto con algunas otras del equipo colaborador de redes se han dedicado a calumniar a los abogados, cuestionando toda su actuación, en especial la gestión del crowfunding (llegando incluso a denunciar infundadamente ante la Plataforma, según se ha informado por ésta en la noche del día 28 de septiembre), con el único propósito de minar la confianza de las jornaleras en los abogados y conseguir separarlas y utilizarlas con fines políticos (la discusión con AUSAJ se produce también porque la Asociación se niega a anudar la lucha contra la esclavitud a ningún partido político, sea del color que sea; la lucha contra esa lacra no puede tener color político, pues afecta los Derechos Humanos más básicos). La presión y coacción sobre las jornaleras por esta persona y, especialmente, por Vicente Cervantes fue de tal intensidad, que las jornaleras pidieron nuevamente ayuda a los abogados, pidiendo que se las sacase de allí (ellas no tenían medios propios y se encontraban alejadas del casco urbano), lo que se efectuó el pasado jueves día 27 de septiembre, encontrándose las denunciantes a salvo en xxxxxxxxxxxx.
Se ha de añadir que Vicente Cervantes, a espaldas de los abogados, ha mantenido contacto con el SAT a fin de que el Sindicato fuera a por las mujeres, y en contra de su voluntad, se las llevaran nuevamente para Andalucia (al menos a parte de ellas), para así poder seguir siendo utilizadas mediáticamente al antojo del Sindicato.
Y por todo ello,
SUPLICO AL JUZGADO: Tenga por presentado este escrito junto con los documentos que se acompañan, y se sirva admitir la denuncia que en él se efectúa, acordando la incoación de las oportunas diligencias previas, tenerme por personada y parte a todos sus efectos, procediendo a practicar cuantas diligencias sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los culpables, con cuanto más proceda para la más pronta administración de Justicia.
[3] Diez temporeras de Huelva denuncian al sindicato que las acogió
Por María Martín
Diez jornaleras marroquíes, que han llevado a los tribunales episodios de acoso sexual y laboral durante la última campaña de la fresa en Huelva, han denunciado al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) por hacerlas trabajar de manera irregular, usarlas mediáticamente para promocionar el sindicato y apropiarse de parte del dinero que recibieron de una compatriota.
La denuncia, presentada ante la Guardia Civil el 29 de septiembre por dos abogados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (Ausaj) que las representan, destaca la “cosificación” que se ha hecho de las temporeras y argumenta que se trata de un caso de coacciones y delitos contra la esfera patrimonial de las mujeres. Los letrados subrayan que la situación se da porque ni juzgados, ni autoridades policiales, autonómicas o estatales «han hecho nada por activar el Protocolo Marco en materia de trata o cualquier otro acto de protección hacia las denunciantes”.
Las diez marroquíes llegaron a España en abril en el marco de un convenio de contratación en origen que mantienen España y Marruecos para la recogida anual de la cosecha de frutos rojos en Huelva. Ese mismo mes la publicación alemana Corrective.org, con la colaboración del medio digital BuzzFeed News, expuso los abusos sexuales y laborales a los que se sometía a algunas de estas mujeres, todas ellas de origen humilde y rural, con cargas familiares y, en buena parte, analfabetas.
Tras la publicación surgió un goteo de denuncias en cuarteles de la Guardia Civil, entre las que se encontraba la de estas diez mujeres, entrevistadas por EL PAÍS en junio. Una de ellas, madre de dos hijos, relató cómo uno de sus jefes intentó besarla a la fuerza y bajarle el pantalón, mientras ella chillaba y lloraba. En agosto, los abogados llevaron el caso por delitos de lesa humanidad y trata de seres humanos hasta la Audiencia Nacional que aún estudia si tiene competenciapara asumir la investigación en lugar de los juzgados de Instrucción 1 y 3 de Palma del Condado (Huelva).
El SAT abrazó la causa, se comprometió por escrito a asumir los gastos de manutención y alojamiento de las jornaleras “el tiempo que sea necesario” y escondió a las mujeres en una casa de un pueblo de Málaga mientras avanzaba el caso por la vía penal y laboral. Sin embargo, la denuncia acusa al representante del sindicato en este municipio, José Blanco Burgos, de aprovecharse de su imagen y de su trabajo y de gastarse parte del dinero del que disponían las mujeres para enviar a sus familias. El SAT, a través de su secretario general, Óscar Reina, reivindica que «ha dado apoyo en todo momento a las temporeras» y ha sido gracias a ellos que se ha podido garantizar su alojamiento y manutención.
Según los abogados de las temporeras, el sindicato sufragó parte de los gastos de las mujeres que se había comprometido a asumir con el trabajo irregular de las propias jornaleras en el pueblo (no fueron dadas de alta, ni su situación migratoria en España lo permitiría). Una de las marroquíes, detalla el escrito, fue a trabajar “varios días” a casa de la propietaria de la vivienda donde se hospedaban, también denunciada, sin que se le advirtiera de que el dinero que ganaría se destinaría a un fondo común para cubrir las necesidades de las diez mujeres.
Contactado por este periódico, Blanco reconoce que las temporeras trabajaron sin cobertura legal en diversas funciones en el pueblo, como el cuidado de ancianos o servicios de limpieza, pero mantiene que hubo una conversación previa con ellas, mediante intérprete, de la que se desprendió un acuerdo: el salario de las que trabajasen iría a un fondo conjunto para pagar gastos de todas, como las recargas telefónicas.
Pagar un móvil prestado
Otra de las denunciantes mantiene que fue obligada a trabajar nueve días en el huerto del sindicalista “sin cumplir ningún requisito legal” con el fin, dice la denuncia, de recuperar el importe de un teléfono viejo que Blanco le había prestado y que se rompió por accidente. Esta mujer, “con las manos heridas por el trabajo impuesto”, llegó a quejarse y relató a sus abogados que el denunciado, “con una sonrisa irónica”, le respondió que era para que “aprendiese el valor del dinero”. Blanco niega rotundamente que dijese esa frase y que fuesen nueve días de trabajo, pero sí reconoce que la retribución por el servicio se destinó a compensar el móvil roto. “Ella tenía que trabajar para pagar ese móvil. Es lógico, ¿no?”, cuestionó el sindicalista a este periódico.
La situación se complicó cuando, en agosto, la asociación de los abogados lanzó en Internet una campaña de apoyo a las temporeras con el objetivo de recaudar fondos. El dinero sería, esencialmente, para enviar remesas a sus familias. Para la recaudación era necesario abrir una cuenta bancaria y se hizo a nombre de una de las mujeres en representación del resto. Blanco, que no era promotor de la campaña, se puso como autorizado.
En esa cuenta en la que el sindicato participaba, una compatriota marroquí donó 3.000 euros para que las jornaleras enviasen una ayuda a sus familias la víspera del Eid al Adha, la principal festividad de los musulmanes. El dinero quedó bloqueado durante unos días por la ley contra el blanqueo de capitales que exige, a partir de esa cantidad, justificar el origen del dinero. Una vez desbloqueado, el 22 de agosto, el denunciado hizo tres reintegros de la cuenta por valor de 1.380 euros “sin comunicarlo a nadie y desconociéndose el destino del dinero”, afirma la denuncia. La abogada, Belén Luján, asegura que tuvo que poner dinero de su bolsillo para viabilizar el envío a las familias.
Enfrentados por estos hechos, los dos abogados, Belén Luján y Jesús Formoso, acabaron sacando a las jornaleras del pueblo de Málaga donde se mantenían escondidas y actualmente son ellos los que se encargan de su alojamiento y manutención.
El sindicalista confirma que retiró ese importe y que, aunque conocía el destino deseado de ese dinero, lo usó para pagar el alquiler de la vivienda de las mujeres, saldar deudas asumidas por ellas en los comercios locales y otros gastos de manutención porque el sindicato no contaba con más fondos. Blanco insiste en el “uso legítimo” de ese dinero y entiende que la manutención de las mujeres también estaba contemplaba en la campaña de recaudación, aunque su sindicato se hubiese comprometido a asumirla y el dinero tuviese un fin específico que no era el de los gastos corrientes. El sindicalista no ha mostrado a este periódico los recibos que afirmó que tenía para “acreditar hasta el último céntimo”.
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