Las Temporeras contra la Esclavitud “huyen” del SAT

Por Perico Echevarría

Cabe recordar que las 10 temporeras denunciantes formaron parte del contingente de trabajadoras marroquíes “contratadas en origen”, al amparo de los acuerdos suscritos entre España y el Reino de Marruecos, y que fueron adjudicadas a la empresa Doñana 1998, propiedad de los hermanos Mato. Son las que decidieron quedarse en España para reclamar los que entienden que son sus derechos laborales y salariales. Primero, ante la Inspección de Trabajo, en nombre de 101 empleadas de la finca, y, posteriormente, ante la jurisdicción social, por las 10 temporeras contra la esclavitud. Cuatro de ellas han denunciado también amenazas, abusos y acoso sexual por parte de los propietarios de Doñana 1998, que se instruyen en los Juzgados de La Palma del Condado. Y el juez Pedraz ha incoado diligencias por un presunto delito de trata de personas en la Audiencia Nacional.

Así, las diez denuncian que el pasado 25 de julio el sindicato organizó en Cádiz un “acto público de apoyo”, y que se había comprometido a destinar el importe obtenido “a sufragar los gastos de las jornaleras”. La actividad respondía al compromiso adquirido por el SAT, que les ofreció públicamente alojamiento y manutención para “permanecer en España y poder defender sus derechos ante los tribunales”. Una imagen que ya es representativa de las de las Temporeras contra la esclavitud se utilizó en el cartel de promoción del evento de Cádiz, pero “el dinero no ha llegado a las jornaleras”. Así lo aseguran en su declaración firmada ante la Guardia Civil.

Y es que la gestión económica de la permanencia en España de las diez mujeres marroquíes no está exenta de cierta polémica. En la denuncia presentada ante la Comandancia de Albacete, explican que desde que llegaron a España para recoger fresas, no han recibido salario alguno por el trabajo realizado en la finca de Almonte (Huelva) a la que fueron asignadas por la organización patronal a la que están afiliados los hermanos Mato.

Como informaba La Mar de Onuba el pasado 8 de junio, 101 mujeres de la finca iban a denunciar el lunes 3 de junio ante la Inspección a la empresa Doñana 1998, operación que fue abortada por los dueños, que ese mismo fin de semana pretendieron devolverlas a Marruecos en contra de su voluntad, tras haber tenido conocimiento del listado de las denunciantes, que el viernes 1 ya habían prestado testimonio ante la Guardia Civil.

Fue cuando las diez Temporeras contra la esclavitud decidieron quedarse en España, ya que el SAT se había comprometido a correr con los gatos de sus estancias. Por ello, dejaron la provincia de Huelva y fijaron su residencia temporal en la localidad malagueña de Cuevas de San Marcos, donde el sindicato les ofreció alojamiento. Ante la Subdelegación del Gobierno de la provincia andaluza han iniciado gestiones para obtener permiso de residencia y trabajo, hasta que se resuelvan judicialmente las demandas presentadas, cuatro de ellas por abuso y acoso sexual.

Además, está en marcha desde el 11 de agosto la cuestación Temporeras contra la Esclavitud, una iniciativa de AUSAJ (la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia, que representa a las temporeras) suscrita por la abogada Belen Luján. El crowdfunding se abrió, inicialmente, con el objetivo de recaudar 15.000 euros para enviar a sus familiares en Marruecos, que están a cargo, además, de sus hijos, menores de 15 años.

Ese es, al fin y al cabo, el objetivo que las trajo a España a recoger fresas. No se pedía más dinero, según aseguran fuentes de AUSAJ, porque las temporeras daban por hecho que el coste de su permanencia en España para poder reivindicar sus derechos, su lucha, estaba garantizado por el sindicato que las había llevado hasta Málaga. Tras los acontecimientos denunciados el 29 de septiembre, y después de que las temporeras “huyeran” del amparo del SAT en Cuevas de San Marcos, el crowdfundingç -que alcanzó su objetivo en las tres primeras semanas- se ha reconvertido en “caja de resistencia”, al no contar ya con el soporte ofrecido por el sindicato fundado por el alcalde de Marinaleda, Sánchez Gordillo, y el diputado de Podemos Diego Cañamero.

Hasta ese momento, la única ayuda económica que habían recibido son 3.000 euros aportados por una colaboradora de AUSAJ que ejercía funciones de intérprete entre los letrados de la Asociación y las diez trabajadoras. Era un dinero destinado a ser enviado a sus familias en Marruecos, donde entre el 20 y el 24 de agosto se celebraba la Fiesta del Cordero, el AID kebir. La cantidad fue transferida a una cartilla de ahorros abierta a nombre de una de ellas el pasado 8 de agosto en la oficina local de Unicaja.

Las temporeras denuncian que José Blanco Burgos, delegado del SAT en Málaga, aprovechando los trámites y el desconocimiento del idioma, (…) se puso de autorizado en la cuenta, “hecho que desconocían y al que se oponían”. Blanco admite haber figurado como autorizado, pero niega que las temporeras desconocieran o se opusieran a ello, y que lo hizo por “una exigencia de la entidad”.

En el texto presentado colectivamente ante la Guardia Civil, las 10 trabajadoras afirman que Blanco se hizo con la autorización “de forma fraudulenta”, y que una vez lograda, “cambió la clave de acceso, y dejó sin posibilidad de disposición a la propia titular , a la que nada comunicó”. La denuncia añade que “el día 22 de agosto y siguiente [Blanco] dispuso indebidamente en tres operaciones de un total de 1.380 euros, sin comunicarlo a nadie, desconociéndose cuál sea el destino final dado a este dinero”. Blanco también admite haber sacado ese dinero de la cuenta, pero asegura que el destino era pagar “gastos de alquiler” y “las cuentas de las chicas” en algunas tiendas de la localidad.

La cuestión es que ese dinero tenía una finalidad “clara y perfectamente conocida” por Blanco Burgos, según denuncian las trabajadoras. Era “para las familias en la fiesta del AID”. Las 10 denunciantes cuentan que cuando la titular de la cuenta, acompañada por otra compañera, fue a la oficina de Unicaja con la intención de sacar el dinero enviado por la traductora colaboradora de AUSAJ para su envío a Marruecos, “José Blanco apareció precipitadamente en la entidad para impedirles la operación. Diciéndoles que no se podía sacar el dinero. Que estaban ‘en huelga’”. A los abogados de AUSAJ les dijo “que no era posible la disponibilidad de la trasferencia hasta el día siguiente”, festividad del AID. Al final, siewmpre según el texto de la denuncia, fue necesario que la abogada Belén Luján aportara otros 3.000 euros para que se enviaran, a tiempo, 300 a cada una de las familias.

A día de hoy, según dice la denuncia, “no se ha producido ninguna respuesta respuesta por parte del SAT “en orden a la asunción de responsabilidades, ni al reintegración de las cantidades estafadas”. La denuncia asegura que “dado el tiempo trascurrido hace que la presente denuncia no tenga más espera. (…) AUSAJ ha intentado evitar tener que denunciar en los graves términos en que se efectúa, pero el comportamiento habido por el sindicato resulta absolutamente inasumible”.

PRESIONES, EXPLOTACIÓN LABORAL, RESTRICCIÓN DE COMIDA Y DESATENCIÓN MÉDICA POR PARTE DEL SAT

En la denuncia presentada el 29 de septiembre, y ratificada al día siguiente ante la Guardia Civil, se dice que Blanco Burgos ha provocado y/o intentado provocar “apariciones en prensa de las denunciantes en contra de la voluntad y de los intereses de las mismas”. Sin consultarles previamente y sin comunicar nada a los letrados que las defienden. En este sentido, varios son los medios de comunicación que han sido llevados por esta persona hasta la casa de las jornaleras para ver si, en contra de la recomendación dada de que las apariciones fueran “limitadísimas” o directamente no se produjeran, “se producían las entrevistas con la única finalidad de promoción del Sindicato” al  que José Blanco pertenece, “y a su propia figura”.

En otro apartado del testimonio presentado ante la Benemérita, las temporeras denuncian que Blanco Burgos “se ha aprovechado del esfuerzo de las propias trabajadoras“, para cubrir sus necesidades, “dando la apariencia pública de que esa cobertura la estaba dando el Sindicato, cuando no estaba siendo así”.

En este sentido, añaden que una de ellas fue a trabajar durante varios días a la casa de Carmen Benítez Ariza, también denunciada, sin que se intentara “siquiera” alta alguna, y que el dinero obtenido con su esfuerzo fue, “sin consultarle ni advertirle con carácter previo”, a parar al fondo común de las diez jornaleras.

Este extremo es admitido, según ha podido corroborar La Mar de Onuba, por el propio Blanco, si bien este asegura que la afectada sí estaba al tanto de las condiciones en que se desarrollaría el trabajo realizado. Que la trabajadora no sólo era conocedora de que el fruto de su trabajo iría a una caja común, sino que estaba de acuerdo con dicho trato. El fondo, asegura el sindicalista, estaría dedicado a sufragar los costes de alojamiento y manutención de las diez temporeras en Málaga, descritos como “las cuentas de las chicas en las tiendas”.

La denuncia cuestiona ese uso, ya que, según se aprecia en uno de los documentos aportados como prueba, hay un compromiso expreso y firmado por el SAT de hacerse cargo de los gastos de alquiler y otros derivados de la estancia en la localidad malagueña.

Otra de las temporeras, fue “obligada” a trabajar durante 9 días en el huerto de José Blanco, sin cumplir ningún requisito legal (contrato, seguridad social…), con el fin, según admite también el denunciado, de “recuperar el importe de un teléfono viejo que había prestado a la trabajadora, siendo que el terminal se rompió por accidente”. Cuando la trabajadora, “con las manos heridas por el trabajo impuesto”, se quejó, Blanco “soltando una sonrisa irónica, espetó a la denunciante que continuase”, añadiendo, según consta en la denuncia, que “es para que aprenda el valor del dinero“. “Al criterio de la denunciante”, añade el texto, “tal clase de enseñanza a alguien que ha atravesado fronteras y pasado todo tipo de dificultades para poder dar de comer a sus hijos, resulta verdaderamente irónico, siendo que tal finalidad resulta incompatible con el hecho de su propio beneficio: la enseñanza no cabe cuando el trabajo impuesto supone un beneficio directo al denunciado”.

Las temporeras se quejan también de que se les ha restringido la comida, “sometiéndolas a pasar hambre“. Se les contaban los plátanos, los huevos o las patatas, “y no es hipérbole sino realidad“, dice el texto, “y se le acilitaba a las denunciantes comida podrida” mientras “se estaba utilizando el dinero de las trabajadoras de forma fraudulenta“. En este sentido, se destaca una fotografía remitida desde el teléfono de una de las mujeres, con toda la angustia del mundo“, en la que se muestra una compra efectuada por Blanco Burgos, “para siete personas y para toda una semana“. En la siguiente visita de los miembros de AUSAJ a la localidad de Cuevas de San Marcos, “se tuvieron que hacer varias compras de comida, ante la carestía de víveres que se desprendía de la despensa y nevera de las aquí denunciantes“.

Por último, las temporeras también denuncian falta de atención médica (una de ellas padece una fuerte infección bucal), y psicológica (a otra de ellas, afectada por “graves crisis de ansiedad”).

RUPTURA Y HUIDA

Una serie de desencuentros que alcanzan su máxima expresión cuando desde el entorno del SAT de Málaga “se ha pretendido generar” -ante los abogados se AUSAJ- “la duda de un mal comportamiento por parte de las denunciantes“, que los propios letrados consideran “un mero infundio“. Igualmente, acusan a Blanco Burgos de intentarlas “desunir como el grupo de mujeres valientes que conforman”, fomentando la disputa entre ellas y sembrando “desconfianza en el grupo”. “Se les cuestiona todo, sí salen, si entran, a qué hora se levantan, a qué hora comen, cómo limpian… Todo”.

Y se les ha presionado, aseguran, para que prescindan de los letrados de AUSAJ como representantes legales ante los diferentes tribunales. Entre ellos, la Audiencia Nacional.

En ese contexto, en el que se incluye la acusación contra José Blanco de haber intentado llevarse a la hija recién nacida de una de las temporeras, las diez deciden, el 16 de septiembre, huir de la tutela del SAT en Cuevas de San Marcos, y poner el relato de lo vivido en la localidad malagueña en conocimiento de la Guardia Civil.

La salida de las mujeres de Cuevas de San Marcos se produjo ese mismo día con la ayuda de los abogados de AUSAJ, y de una de las personas colaboradoras en redes sociales en la campaña Temporeras contra la esclavitud. Se organizó el traslado a “otra comunidad autónoma”, pero se equivocaban, tanto las trabajadoras como sus abogados, si creían que con el traslado terminaba su pesadilla.

A día de hoy, la Subdelegación del Gobierno en Málaga aún no ha resuelto su situación legal en España, por lo que carecen de tanto de permiso de residencia como de trabajo, lo que les inhabilita para encontrar un empleo y procurarse recursos para una estancia en nuestro país que se alargará, como mínimo, varios meses más. El juez que instruye en La Palma del Condado las agresiones de índole sexual que denunciaron haber sufrido en la finca Doñana 1998, no les ha citado hasta el próximo 7 de diciembre. Por su parte, el Juzgado de lo Social ha fijado las vistas de algunas reclamaciones de tipo laboral, como los salarios que las temporeras aseguran no haber cobrado, para el año 2019. [Este lunes, 1 de octubre, tuvo lugar en Huelva el procedente Acto de Conciliación, “sin avenencia”, en el que las temporeras estuvieron representadas por una procuradora de la capital designada por ellas].

Y tampoco se ha pronunciado aún la Audiencia Nacional sobre la competencia del Juez Pedraz para instruir la presunta comisión de delitos de trata de personas, en el contexto de la contratación en origen de mujeres marroquíes para la recogida de la fresa en los campos de Huelva. Si Pedraz continúa con el procedimiento que ha ordenado incoar, no es descartable que la necesidad de permanecer en España de las diez Temporeras contra la Esclavitud exija aún más de un calendario que les impide regresar, “con la cabeza bien alta“, a sus casas en Marruecos sin las resoluciones y sentencias judiciales por las que han iniciado su lucha. 

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