Sumario:
[1] ¿Prisión permanente revisable para los delitos de corrupción cometidos por las autoridades públicas?, por AUSAJ
[2] Manifiesto contra la cadena perpetua, por Grupo de Estudios de Política Criminal
[3] Por qué la cadena perpetua es demagógica, innecesaria y cruel, por Ignacio Escolar
[4] Cadena perpetua: un castigo inhumano y degradante, por Mercedes Gallizo
[5] Cuncta ferit, dum cuncta timet, por Elisa Beni
[6] Rajoy y el indulto Iceta, por Fernando López Agudín
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[1] ¿Prisión permanente revisable para los delitos de corrupción cometidos por las autoridades públicas?
Por AUSAJ
El contenido del presente post se ve fuertemente influido por la reciente Sentencia del TEDH, que acaba de condenar al Estado español por trato inhumano y degradante a detenidos (siendo esta la novena Sentencia condenatoria del Tribunal Europeo por malos tratos y torturas al Reino de España), lo que habría tenido lugar en los días siguientes al 6 de enero de 2008, en que fueron detenidos por los hechos por los que finalmente resultarían condenados, el atentado en la T-4 del Aeropuerto Madrid-Barajas, el día 30 de diciembre de 2006. Y ello en cuanto a que los dos condenados, Igor Portu y Mattin Sarasola, lo fueron por la prueba consistente en la declaración de uno de ellos, obtenida, precisamente, durante los días siguientes a su detención, en que sufrieron los malos tratos objeto de la reciente condena a España, siendo el Ministro del Interior del Gobierno de Rodríguez Zapatero a la sazón, el actual Consejero de PRISA, Alfredo Pérez Rubalcaba; la condena, esto es importante, es superior a los mil años de cárcel para cada uno, lo que equivale a una condena de cadena perpetua. ¿Una cadena perpetua fundamentada en una confesión obtenida bajo tortura?
Dos asuntos, aparentemente sin relación, como es la pretensión de los partidos PP y Ciudadanos (en cuanto a la posición del PSOE, no sería descabellado que terminara apoyándolo, después de su refrendo del consabido articulo 155) de retomar la institución abolida por Primo de Rivera de la prisión perpetua, bajo el nombre de prisión permanente revisable, que ya había sido introducida en el Código Penal por el propio partido Popular en 2015, a la vez que la pretensión de impedir el indulto para los condenados por delito de rebelión, modificando a tal fin la Ley reguladora del derecho de gracia de 1870, que en realidad se dirige expresamente contra el independentismo catalán, algunos de cuyos dirigentes se encuentran actualmente en prisión o huidos de España por sus ideas políticas.
La conjunción de ambas medidas supone una amenaza absolutamente inaceptable en cualquier Estado definido como democrático y de derecho, para aquellos que profesen la ideología de un partido sustentado por siete millones novecientos mil votos, que gobierna con mano de hierro un país con cuarenta y siete millones y medio de habitantes, y que junto a la otra pata del bipartidismo de estos “otros” cuarenta años, el PSOE, ha colonizado de corrupción todos los órganos judiciales o de control que deberían garantizar la separación de poderes en que se fundamenta nuestro texto constitucional.
Esto nos lleva a un régimen en el que no podamos ni pensar.
Pese a que en AUSAJ estamos absolutamente en contra de la cadena perpetua, o de cualquier pena que no se base en la reinserción del delincuente, teniendo en cuenta el aspecto preventivo general de los hechos tipificados como delitos y sus correspondientes penas, entendemos, que, en primer lugar, la comisión de un crimen horrible no constituye un peligro social de gravedad extrema para la convivencia sino un hecho absolutamente trágico y desgraciado, cuyas víctimas cuentan con toda la comprensión y el apoyo de la entera sociedad, y, en segundo lugar, que el problema esencial que la convivencia social sufre en España es el de la corrupción de las autoridades públicas, que invade todas nuestras Instituciones, que nos ha llevado a la bancarrota financiera, que ha ocasionado el expolio ilegal –como la constante Jurisprudencia del TJUE afirma- de mas de quinientas mil viviendas, con un nivel de suicidio aterrador -que incluso motivó que durante los años más crudos de este expolio que llamamos crisis, no se publicasen las estadísticas, siendo que las publicadas nos daban cantidades superiores a doce suicidios diarios-, mientras se pierden decenas y decenas de miles de millones de euros de los rescates bancarios, mientras nuestra Sanidad y Educación colapsan por falta de financiación, mientras el oligopolio que controla servicios esenciales como el Sistema Electrico nacional extraen mensualmente unas cantidades sin justificación de ningún tipo a todos y cada uno de los españoles a través de los recibos de la luz, mientras se producen los rescates de autopistas por cantidades exorbitantes -autopistas evidentemente innecesarias que sin embargo llenaron en su momento los bolsillos de los concesionarios, todos pertenecientes a familias directamente relacionadas con el Régimen franquista-, mientras existen aeropuertos sin aviones, estaciones de tren sin pasajeros, o toda la dosis diaria de corrupción con las que nos desayunamos constantemente, todo ello, nos lleva a aceptar LA PRISION PERPETUA como pena para los delitos de corrupción cometidos por las autoridades públicas. Desde luego, los efectos enormemente beneficiosos para nuestra convivencia de tal medida, entendemos que justifican darle al enfermo la medicina que quiere darnos a nosotros.
¿Creen Vds. que nuestros políticos y autoridades aceptaran este debate?
Seguidamente les ofrecemos varios articulos que analizan desde diversas ópticas la problemática de la más que rechazable y eufemística «prisión permanente revisable», estando entre ellos el Manifiesto contra la cadena perpetua, cuyo promotor es el Grupo de Estudios de Política criminal, al que se han unido asociaciones como Jueces para la Democracia, Asociación Progresista de Fiscales y Asociación de Juezas y Jueces Agora Judicial, y al que AUSAJ se adhiere en su integridad.
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[2] Manifiesto contra la cadena perpetua
Por Grupo de Estudios de Política Criminal
No es honesto introducir en el debate público ideas incompatibles con el sistema de valores propio de un Estado que se pretende constitucional
Tampoco lo es hacerlo con ocultación de datos relevantes para el análisis racional y al amparo de situaciones de dolor de personas concretas que no se merecen ser instrumentos de políticas ajenas
Consulta aquí el listado completo de firmantes de este manifiesto (en PDF)
En el año 2015 se reintrodujo la cadena perpetua, una institución desaparecida de nuestra legislación penal desde el año 1928, durante la dictadura de Primo de Rivera, y a la que se denominó eufemísticamente “prisión permanente revisable”. Esta decisión se pretendió justificar en la “extrema gravedad” de algunos delitos. Con el argumento de que cabía la revisión judicial de la pena se defendió su adecuación tanto al artículo 25.2 de la Constitución de 1978, que impone que las penas privativas de libertad se orienten a la reeducación y la reinserción social, como a la legislación de otros Estados del Consejo de Europa y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sin embargo, se ocultó a la opinión pública que:
a. El Código Penal, tras la reforma de 2003 ya permitía el cumplimiento efectivo de hasta 40 años de prisióny había endurecido notablemente el acceso a los beneficios penitenciarios, por lo que, de facto, ya existía la posibilidad de una pena con un régimen similar a la cadena perpetua para determinados supuestos excepcionales. La reforma aparecía así como innecesaria.
b. En los países de nuestro entorno cultural y jurídico donde hay cadena perpetua, no existe al mismo tiempo un régimen de cumplimiento efectivo tan duro como el introducido en el año 2003.
c. Se trata de una pena contraria a la Constitución, pues se contrapone a principios básicos del Derecho penal civilizado como son, entre otros, los de legalidad y temporalidad de las penas y prohibición de las penas inhumanas y degradantes.
d. La regulación vulnera el mandato constitucional de orientación de las penas a la reinserción, dados los plazos legales establecidos para la revisión, excepcionalmente largos, y el tiempo de cumplimiento impuesto para el acceso a determinados beneficios penitenciarios. Además, se prevé que tras el cumplimiento, en caso de revisión, el penado será sometido a medidas de seguridad que vienen a alargar la pena de por vida, con lo que nunca deja de ser perpetua.
e. Los centros penitenciarios en España se encuentran saturados pese a las bajas tasas de delincuencia. No se produce inversión real en medios personales y materiales. En esas circunstancias el tratamiento penitenciario se vuelve harto complicado. Con mayor motivo en quien sufre penas de tan larga duración. La revisión de la pena, pasados muchos años de su inicio, se supedita al resultado de un tratamiento dificultado por la propia desidia de la Administración. Así la esperanza razonable de alcanzar la libertad a través de la revisión de la pena es ficticia, lo que vulnera frontalmente el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
A finales de 2017 por algunos grupos parlamentarios se propuso la derogación de la cadena perpetua abriendo una puerta a la posibilidad de racionalizar el sistema de penas. Sin embargo, hemos recibido con sorpresa la contrapropuesta del Gobierno: no sólo el mantenimiento, sino la extensión de la pena a otros supuestos, sin ningún estudio criminológico previosobre su necesidad ni sobre la eficacia de la reforma de 2015. Es la respuesta mediática a un problema mediático. Es evidente la ausencia de política criminal, entendida como conjunto de medidas racionales de los poderes públicos dirigidas a prevenir y dar respuesta a la delincuencia, y su sustitución por la propaganda populista.
En ocasiones, hechos concretos terribles deforman la percepción social del riesgo real derivado de la delincuencia. Casos puntuales aparentan ser problemas generalizados. En esas circunstancias es reprobable la puesta en circulación, por personas que ejercen responsabilidades públicas, de la falsa idea de que el problema de la delincuencia tiene un origen legislativo (la supuesta debilidad de la respuesta penal) y una solución también legislativa (el endurecimiento de las penas). No es cierto que mayores penas vayan a evitar hechos tan excepcionales. Jugar con ese sentimiento es jugar con el legítimo dolor de las víctimas. Si algo pone de manifiesto la criminología es que numerosos casos de delincuencia grave están vinculados con problemas de seguridad pública preventiva así como de salud mental, marginalidad y exclusión social. Es desde ámbitos previos a la comisión del delito desde donde ha de arrancar la respuesta del Estado que debe empeñar el esfuerzo en evitar que se produzcan y no sólo en aparecer tras su producción con este tipo de anuncios. Como hemos dicho, la respuesta penal es ya suficientemente dura. Sobredimensionarla es un acto de crueldad adicional para las víctimas, pues al tiempo que se les dice falsamente que el problema es, en exclusiva, de insuficiencia normativa, se oculta la falta de respuesta en los ámbitos en los que es indispensable para intentar su prevención. Además, de este modo la respuesta penal que se dice excepcional acaba convirtiéndose en ordinaria, por lo que nada impedirá que en el futuro, al calor de otros asuntos mediáticos, vuelva a ampliarse el catálogo de supuestos para los que se contempla la cadena perpetua. Pero, sobre todo, hace cambiar la propia concepción de la Política Criminal, que descuida cualquier pretensión preventiva, y del Derecho Penal, al convertir las penas en un instrumento menos humano y más dirigido a la venganza.
No es honesto introducir en el debate público ideas incompatibles con el sistema de valores propio de un Estado que se pretende constitucional. Tampoco lo es hacerlo con ocultación de datos relevantes para el análisis racional y al amparo de situaciones de dolor de personas concretas que no se merecen ser instrumentos de políticas ajenas.
Por ello, los/as firmantes, catedráticos/as, profesores/as universitarios/as, jueces/as y fiscales comprometidos con la realidad y con los valores constitucionales exigimos rigor en el debate legislativo y mediático sobre la delincuencia y la prisión permanente revisable, y la inmediata derogación de una institución innecesaria, cruel e incompatible con un sistema de intervención penal basado en la razón y en los derechos fundamentales.
LISTADO COMPLETO DE FIRMANTES:
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[3]Por qué la cadena perpetua es demagógica, innecesaria y cruel
Por Ignacio Escolar
Articulo publicado el 8 de febrero de 2018 en:
http://www.eldiario.es/escolar/cadena-perpetua-demagogica-innecesaria-cruel_6_738136208.html
Que el Gobierno plantee ahora endurecer una cadena perpetua que ya está en vigor solo se explica por el oportunismo político de Mariano Rajoy. Busca tapar que el PP se la ha pegado en las catalanas, está cayendo en las encuestas y está podrido de corrupción.
1. No existe en España un problema de violencia criminal, por mucho que el gusto de algunos medios por la sangre y los sucesos pueda pintar otra realidad. La tasa española de homicidios está entre las más bajas del mundo. Es la segunda mejor de toda Europa: la mitad que en Francia, diez veces inferior a la de Estados Unidos y cien veces menos que en Honduras o Venezuela, por comparar. Es más fácil ganar el gordo de la Lotería –uno entre 100.000– que ser víctima de un asesinato en España –0,63 por cada 100.000–.
2. Hay pocos asesinatos porque también hay poco crimen en general. La tasa de criminalidad lleva años bajando y España está entre los países más seguros de Europa, como el propio Ministerio del Interior tiende siempre a resaltar.
El esfuerzo diario de las Fuerzas de Seguridad y vuestra esencial colaboración lo hacen posible GRACIAS #VivirSeguro pic.twitter.com/jOgLNiMaAP
— Ministerio Interior (@interiorgob) 20 de septiembre de 2015
3. Sin muchos asesinatos, sin muchos delitos graves, España sin embargo está entre los países con más presos por población de toda Europa occidental. ¿La razón? Que nuestro Código Penal es cualquier cosa menos laxo. Que las leyes son duras y, a iguales delitos, en España las condenas duran siempre mucho más. El tiempo medio de estancia en prisión se ha duplicado en las últimas dos décadas. Son 18 meses, casi el doble que la media de la UE.
4. La cadena perpetua salió del Código Penal español en 1928, durante la dictadura de Primo Rivera. La recuperó en 2015 la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Es un mal eufemismo llamarla “prisión permanente revisable”. A diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, en España la prisión es permanente por defecto; tras los primeros 25 años de condena, el preso seguirá encarcelado como norma, no como excepción. Lo mismo que la cadena perpetua española de los tiempos de Fernando VII, que también permitía el indulto a partir de los 30 años de prisión.
5. Antes de que el PP aprobase la cadena perpetua, España ya contaba con algunas de las condenas más duras de la UE. Desde 2003, la pena máxima ya estaba en 40 años de cumplimiento efectivo en prisión. Si alguien cree que esto es poco, simplemente no sabe sumar. Alguien que entra en prisión con 20 años saldrá con 60, la salud destrozada y la vida perdida. Alguien que tenga más de 45, simplemente no saldrá.
6. Cuarenta años es una condena que duplica muchas cadenas perpetuas europeas. En Alemania, la cadena perpetua se revisa a los 15 años de prisión y dura de media 19 años. En Francia, 20 años. En Reino Unido, 14 años. En España, la primera revisión se hará a los 25 años. Será una cadena perpetua medieval.
7. La cadena perpetua es ineficaz, además de injusta. No hay relación entre condenas más duras y una mayor seguridad. El endurecimiento de las penas no sirve para prevenir los delitos más graves. No hay un solo asesinato que se vaya a evitar porque el criminal se enfrente a una sentencia mayor, como demuestran también las estadísticas de aquellos países que aplican la pena de muerte –y que no son, ni mucho menos, los más seguros donde vivir–.
8. “Es difícil imaginar un castigo más cruel que la cadena perpetua, que es condenar a alguien a vivir sin horizonte, sin esperanza, sin futuro. Para muchas personas es un castigo más despiadado que la muerte”. Lo explica la ex directora general de Instituciones Penitenciarias Mercedes Gallizo en un artículo de hace tres años que hoy sigue de plena actualidad. La cadena perpetua no hace la sociedad más segura, pero sin duda hace de nosotros una sociedad peor, donde la venganza y la justicia se confunden; la ley del Talión.
9. También hace aún más inseguras las cárceles. ¿Cómo tratar a unos presos que ya no tienen nada que perder? ¿Qué incentivos tendrá el Gobierno para cumplir con ese mandato constitucional que dice que el objetivo de la cárcel es la reinserción?
10. Que el Gobierno plantee ahora endurecer una cadena perpetua que ya está en vigor solo se explica por el oportunismo político de Mariano Rajoy, su debilidad parlamentaria y su rivalidad con Ciudadanos. Un cortoplacismo de hoy que legisla en caliente sobre lo que pasará como pronto en 2043, dentro de 25 años, cuando alguien que hoy cometa un crimen tal vez pueda salir en libertad. Todo ello para tapar que el PP se la ha pegado en las catalanas, está cayendo en las encuestas y está podrido de corrupción.
11. Es un falso dilema. No hay que elegir entre los derechos humanos y las víctimas. No es incompatible la reinserción con la seguridad. Una ley más dura no nos protegerá frente a la irracionalidad, el fanatismo o los trastornos de personalidad. La cadena perpetua, ya en vigor, no sirvió para evitar el asesinato de Diana Quer. Tampoco evitará el siguiente crimen que nos horrorizará.
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Por Mercedes Gallizo
Alguien ha pensado que la gente le va a apreciar más si promete más seguridad, aunque sepa que es una promesa falsa porque es obvio que la seguridad no depende de eso
30 o 40 años de prisión (como se aprobó en la reforma del Código del 2003) son ya algo muy próximo a una prisión de por vida. Esta nueva reforma da todavía un paso más allá. Obviamente, no se propone para revisarla a los 18 o 20 años de cumplimiento, como hacen algunos países. Para eso, resultarían más duras las larguísimas penas que ya existen de 30 o 40 años que –insisto– se cumplen íntegramente. Se propone para que sea una condena de por vida.
Dejémonos, pues, de bromas y llamemos a las cosas por su nombre.
Es difícil imaginar un castigo más cruel que la cadena perpetua, que es condenar a alguien a vivir sin horizonte, sin esperanza, sin futuro. Para muchas personas es un castigo más despiadado que la muerte. Y por eso tantas personas condenadas a perpetuidad acaban quitándose la vida. Esta es una siniestra realidad que viven algunos sistemas penitenciarios de algunos países.
Ni en los momentos más duros por los que la sociedad española ha pasado, desde la aprobación de la Constitución, cuando el azote del terrorismo se cobraba cada año decenas de víctimas, se atrevió nadie a suscitar el debate de la cadena perpetua. Quizá porque en la conciencia de la joven democracia española y de los demócratas, las penas inhumanas parecían insoportables, incompatibles con la sociedad que se aspiraba a construir. Quizá también porque aún no se había desatado ese absurdo populismo punitivo que ha encontrado la respuesta más fácil y más inútil ante cada problema que conmueve o preocupa a nuestras sociedades: endurecer el código penal, hacer una nueva ley que castigue con más dureza que la anterior las conductas. Cómo si la promulgación de la ley actuase como escudo protector frente a la irracionalidad, el fanatismo, las distorsiones de la personalidad…
El castigo sobre una persona no disuade a otras de la comisión de delitos; mucho menos, en los casos más graves. Es una evidencia. Actúa sobre la persona que cometió el delito, después de cometerlo, aislándola de la sociedad, pero no evita que otras personas puedan hacer lo mismo que ella hizo. Creo que no hay que esforzarse mucho en explicar esto en el caso del terrorismo yihadista. Hay muchas cosas que podemos y debemos hacer y que sí son efectivas, para prevenir, para detectar, para evitar que el terror actúe. Instaurar la cadena perpetua no es una de ellas.
Sin embargo, a la sociedad se le traslada reiteradamente el falaz mensaje de que hay que sacrificar algunos de nuestros valores, de nuestros principios, para garantizar la seguridad de todos. Un mensaje que, en el caso del endurecimiento de las penas, no se sustenta en ninguna evidencia.
No esperen ustedes que estas propuestas se acompañen nunca de la opinión de los expertos; es un mensaje netamente político. Se apoya en un sentimiento real: el miedo. Y se nutre de los mismos valores, o contravalores, que alimentan a la extrema derecha en auge: la sociedad será más segura si las leyes son implacables, si se acaba con lo que llaman “la laxitud”, si rechazamos todo lo diferente.
Reconocer derechos, aunque se trate de derechos humanos básicos, a “los otros” es dejarles que se rían de nosotros. La extrema derecha siempre ha defendido la cadena perpetua y, casi siempre, la pena de muerte. Las personas no cambian –dicen– y solo nos protegeremos de los más peligrosos si los liquidamos, sea de una vez o lentamente. Hay quien pretende combatir el extremismo copiando su discurso. Qué paradoja…
Yo no voy a negar la evidencia. No es fácil que una persona adulta cambie su forma de ver la vida, su actitud, sobre todo si tiene una patología detrás o si está enferma de fanatismo. Pero las Constituciones más avanzadas (la española entre ellas) nos mandata a intentarlo, a poner todos los medios para que esa persona se reeduque, se reinserte. Es lo que debemos hacer porque es aquello en lo que creemos.
Si se trata a una persona como una alimaña, acabará comportándose como una alimaña. Si se la trata con el respeto que todo ser humano merece, quizá acabe aprendiendo a respetar. Parece mentira que, a estas alturas, todavía no se entienda que el rigor y el abuso producen siempre victimismo y que este alimenta odio y resentimiento, que casi siempre se traducen en violencia. Porque se trata de evitar la violencia y el daño y no de ver quién responde a ella con más agresividad.
Ojalá fuésemos capaces de hacer de este un debate no solo ideológico, sino también práctico. Si queremos construir una sociedad más segura, necesitamos sobreponernos a nuestro impulso a vengar algo que nos repugna, que nos hiere profundamente.
La espiral de responder a la crueldad con crueldad, al desprecio a los valores con la misma moneda, es un camino que no lleva a ningún sitio bueno. Esa es una constatación tan vieja como la humanidad. Se equivocará quien piense que las sociedades más cultas y más avanzadas han ido prescindiendo de las penas más inhumanas y degradantes solo por criterios éticos y morales. También lo han hecho porque estas penas se han revelado inútiles y, en muchas ocasiones, contraproducentes porque alimentan más odio, más rencor, más desprecio a la sociedad que castiga así.
España tiene uno de los sistemas penitenciarios mejores del mundo, aunque sea –como todo– mejorable. Basa su intervención con las personas condenadas a penas de privación de libertad en la preparación para la vuelta a la sociedad. Se esfuerza por animarles a que estudien, a que aprendan un oficio, a que asuman y practiquen el respeto a los demás y también a sí mismos. Los funcionarios públicos y muchos voluntarios intentan que las personas que estén en prisión dejen las drogas, recuperen su salud, aprendan a convivir sin violencia, cambien el rumbo de su vida, para que vuelvan mejores al mundo libre. Este es el mandato que la Constitución nos da.
Si se instaura la cadena perpetua, habrá que formar a los funcionarios para que sepan cómo se debe trabajar con alguien que no tiene horizonte de salida; habrá que pensar en actividades no para prepararles para la vida en libertad, sino para que puedan afrontar la reclusión permanente; habrá que disponer de más psicólogos y psiquiatras para evitar o tratar la desesperanza que esa situación produce, para tratar de que no se traduzca en violencia hacia ellos mismos o hacia otros; habrá que habilitar los centros penitenciarios para que se conviertan en lugares permanentes de vida para algunas personas.
Y todo porque alguien ha pensado que la gente le va a apreciar más si les promete más seguridad, aunque sepa que es una promesa falsa porque es obvio que la seguridad no depende de eso. Aunque sea una promesa a 30 o 40 años vista, que es cuando tendrá efectos reales este cambio de la ley. Porque, aunque mucha gente lo olvide, las leyes penales no tienen efectos retroactivos. Y esta será de aplicación a quienes cometan sus delitos a partir de su vigencia.
Estos políticos que ahora explican tan convencidos que esto es imprescindible para la seguridad de hoy, tendrán que explicar a la opinión pública el mes que viene, el año que viene…, cada vez que salga de prisión alguien que ha cumplido su condena y que considera que es un riesgo, que esa supuesta seguridad está diferida a un tiempo muy lejano. Un tiempo en el que, con un poco de suerte, habremos encontrado la manera de revolver las cosas de forma más racional.
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[5] Cuncta ferit, dum cuncta timet
Por Elisa Beni
Articulo publicado el 10 de febrero de 2018 en:
http://www.eldiario.es/zonacritica/Cuncta-feritdum-cuncta-timet_6_738836120.html
No voy a pedir ningún tipo de disculpa, casi obligada en estos tiempos, para afirmar que las víctimas no están facultadas para marcar los designios en materia criminal de una sociedad democrática
Cuncta ferit, dum cuncta timet. “Todo lo golpea pues todo lo teme”, según dijo Claudiano. El miedo como organismo vivo que anima a una sociedad. Los que lo estimulan y lo utilizan. A eso asistimos. La venganza como castigo y el miedo como refuerzo. Van a golpearlo todo. Van a derruirlo todo. No en busca de un mundo mejor sino en busca de mantenerse en el poder. Vomitivo. Real. Peligroso. Masivo.
No voy a pedir ningún tipo de disculpa, casi obligada en estos tiempos, para afirmar que las víctimas no están facultadas para marcar los designios en materia criminal de una sociedad democrática. Más allá: son los menos facultados. Late en ellas un humano, lógico y normal sentimiento de resarcimiento que no queremos que anime nuestras decisiones. No lo queremos. La locura de los tiempos lleva a pensar que prestar oído a esos instintos, comprensibles pero superados, es una forma de empatía. No lo es. Es una forma de azuzar nuestros miedos más irracionales, más animales, más primarios.
Nadie puede ser juez y parte. Nadie puede ser víctima y juez. Tal posibilidad es un abismo de incivilidad en el que no queremos volver a caer. Los jueces están obligados a abstenerse de juzgar por 16 causas. Una de ellas, de las más claras, es su relación de pareja o cualquier otro parentesco por consaguiniedad o afinidad directa de hasta cuarto grado con cualquiera de las partes o el fiscal. ¿Por qué creen que hemos decidido que un juez está inhabilitado para serlo cuando tiene hasta un cuarto grado de proximidad con las partes en conflicto? ¿qué nos hace pensar que los parientes en primer grado de sufrimiento tienen la capacidad y el ánimo sereno para saber lo que debemos hacer? Ustedes mismos cuando toman partido pensando en la posibilidad de recibir tamaño sufrimiento, ven su juicio perturbado, carecen de imparcialidad y no deciden en torno a la razón sino al sentimiento. Todo lo temen y todo lo quieren golpear.
La postura más inane es la del gobernante que sabe que va a golpear los pilares que sustentan todo el sistema y aún así sigue adelante. Sí, ese sistema que les legitima para gobernar. Sin embargo, deciden pasar por encima. Esos son los más odiosos. Cuando el gobierno aprueba en Consejo de Ministros una reforma por la cual reforzaría el castigo -con una pena inhumana- para los procesados que no confiesen el lugar en el que escondieron el cadáver, sabe que está dinamitando principios tan sagrados que no quiere ni mencionar. Quiero pensar que en el fondo creen que esto les dará una tajada electoral pero que nunca será puesto en práctica.
En un Estado democrático decente, el acusado tiene derecho en todo procedimiento penal a no ser forzado a ninguna actividad humana que pueda provocar su auto incriminación. Amenazar con agravarle el castigo si no localiza el cuerpo del delito es cargarse de un plumazo la presunción de inocencia -pues supone afirmar que él es el autor de crimen y además que él escondió el cuerpo- pero no sólo este derecho sino también el principio de igualdad de armas y el principio del indubio pro reo.
Es evidente que el descubrimiento del cadáver ha sido siempre una cuestión relevante puesto que clarifica la situación policial y jurídica del acusado, ayuda sobre manera a la investigación y consecución de pruebas y da cierta tranquilidad y reposo en el duelo a los alcanzados por el dolor del delito violento. Tal necesidad se ha dado siempre y, aún así, nadie se ha atrevido a vulnerar los principios citados por ninguna de las dos razones primeras. Sólo la tercera, la que afecta a las víctimas, es la esgrimida por el PP para cambiar las reglas de juego. Cuncta ferit…todo lo golpea.
Tampoco me extraña, puesto que fue el Partido Popular el primero que rebajó todos sus escrúpulos a la hora de confundir el obligado respeto y apoyo a las víctimas de delitos violentos con su sacralización y utilización política. Fue tras el atentado que sufrió Aznar en 1995 cuando la política del PP respecto a las víctimas varió. Su acercamiento a la AVT y el reforzamiento de ésta como lobby de presión política resulta históricamente evidente. De facto, sólo las víctimas asociadas en grupos de presión cuyos objetivos eran similares a los de los populares recibieron tan gran impulso económico y social.
Lo mismo sucedió tras el 11-M. Las diferencias entre las asociaciones de víctimas dispuestas a asumir el discurso de la conspiración que inspiraba al PP entonces y las que aceptaron el origen yihadista de los atentados fueron y siguen siendo claras. El trasvase político de víctimas a grupos de ultraderecha -como VOX- o a la proximidad de Partido Popular ha sido constante. Sólo el Partido Popular tomó una decisión tan controvertida como nombrar asesor para la reforma del Código Penal al padre de una víctima sin ningún conocimiento técnico, Juan José Cortés. No hay nada que rechine tanto como una víctima directa legislando.
Hemos pasado del abandono procesal de las víctimas de los delitos violentos y sangrientos a su sacralización. Hemos pasado de un sistema que las obviaba, las abandonaba en los pasillos y no tenía en cuenta ni mínimamente su sensibilidad y su dolor, a un sistema que permite que la víctima intervenga directamente en facetas en las que su interés particular no permite la intervención imparcial. El Estatuto de la Víctima de 2015, además de trasponer las directivas europeas de 2011 y 2012, introdujo una figura de víctima que es parte siempre en el proceso, incluso sin personarse, y que puede intervenir en la propia ejecución de la sentencia y en el proceso de reinserción de los delincuentes. No se me ocurre nada tan poco apropiado.
El día de julio en que terminó el juicio que condenó a la guillotina al penúltimo ejecutado en Francia, un joven que había secuestrado y matado a una niñita española de ocho años, bajo las ventanas abiertas por el calor, la muchedumbre gritaba: ¡A muerte!, ¡a muerte! Francia tiene miedo, abrían los informativos. Una de las jurados dejó escrito: “Esa idea de venganza no alivia nada el sufrimiento. Es un sufrimiento suplementario el que se crea. Otro drama que se añade”. Los depredadores sexuales no desaparecieron en Francia. Ni lo harán con las medidas del PP, que está usando el miedo y la angustia y la falsa sensación de que algo nos puede proteger totalmente para cosechar un puñado de votos que se le alejan de una forma evidente. No hay mejor definición de populismo: un gobernante promete lo que el pueblo demanda aun a sabiendas de que es injusto y contraproducente porque sabe que eso le ayudará a conservar el poder.
Las víctimas sufren como ninguno podemos ni imaginar, pero eso no les hace tener razón. La razón está en el universo opuesto de las emociones, los sentimientos y las tripas. El PP está legislando para los instintos más primarios pero eso no nos hará mejores sino que nos emputecerá.
Cuncta ferit… Todo lo golpean, si les beneficia.
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[6] Rajoy y el indulto Iceta
La enmienda que el Partido Popular registró in extremis el martes en el Congreso de los Diputados, para prohibir el indulto para condenas por rebelión o sedición, es un nuevo paso en dirección al Estado Penal con el que Rajoy plantea sustituir el Estado del Bienestar, desde que accedió a la Moncloa en aquel 2011. Con una finalidad social, entonces, con una finalidad política, ahora, y un claro objetivo, ayer y hoy, claramente electoral. Coloca a Rivera, con el que mantiene un pulso por la hegemonía de la derecha, bajo la batuta de la Moncloa, incomoda a Sánchez e Iglesias que han decidido apartar la cuestión nacional de su agenda, como si eso fuera posible, y enfrenta al Partido Socialista Catalán, que defendió los indultos a los soberanistas en plena campaña electoral, con el PSOE tentado de redoblar el respaldo al 155 con un nihil obstat a restringir el derecho al indulto.
Rajoy se apunta un nuevo tanto en su pugna punitiva con Rivera. Es el Partido Popular quien vuelve a adelantarse a Ciudadanos, como ya se adelantó en la no derogación de la prisíón permanente revisable, con una inciativa inserta en la estrategia de cerco, acoso y derribo del soberanismo por desafiar, desde las instituciones catalanas, la legalidad constitucional. Que pueda ser una propuesta oportunista, que lo es, no resta ninguna coherencia al Gobierno que prepara un macrojuicio, al modo del celebrado con los acusados por el golpe de Estado del 23-F, contra la cúpula soberanista encarcelada o exiliada. Si fuera votada esta reforma de la Ley de indulto, que no lo sería sin el apoyo de Ferraz, todos los dirigentes independentistas catalanes que fuesen condenados se verían privados del derecho al indulto. Una nueva vuelta de tuerca de indudable apoyo social en toda España, menos en Cataluña.
Dos errores consecutivos de Sánchez e Iceta sirven de percha a Rajoy. La reforma de la ley de indulto de 1870 fue un ingenuo compromiso electoral de Pedro Sánchez para prohibir esta medida de gracia para los condenados por corrupción o violencia de género, en una sociedad como la española tan marcada por las muy peculiares concepciones penales de la derecha más reaccionaria de Europa. La propuesta de indultar aquí y ahora a los líderes soberanistas presos fue una torpe propuesta de Miquel Iceta en la campaña electoral catalana, cuando no había como aún no hay condenas, en un más que probable intento de atraer el voto del electorado de Unió mediante la inútil inclusión de Ramón Espadaler en las listas de candidatos socialistas. La Moncloa solo se ha limitado a darle la vuelta a ambas proposiciones.
Es toda una trampa saducea para la oposición salvo Ciudadanos, que únicamente lamenta que el Partido Popular empiece hoy a adelantarles por su derecha. Oponerse a la reforma del PP sería presentado por la Brunete Mediática como una prueba inequívoca de querer indultar a todo el proceso independentista, votarla sería tanto como sumarse a la amplia cohorte del Cid Campeador que, en palabras del líder del PNV Andoni Ortúzar, galopa de nuevo por Madrid. Malo lo primero, peor lo segundo. Porque no es lo mismo defender el 155 ,o no criticarlo, que negar el derecho de indulto a quienes seguramente serán condenados. Con la agravante de que en este caso ni siquiera han sido consultados. Más aún ni han sido avisados. Su problema es que si tragaron, por acción u omisión, durante este último trimestre se ven abocados a tragar más so pena electoral.
¿Dónde queda hoy toda la tradición jurídica en favor de la redención de condenas? Pecata minuta para los leguleyos de la Moncloa. Si sortearon ayer el Consejo de Estado o el Tribunal Constitucional, no va a ser hoy una propuesta legislativa, que de ser aprobada lo sería por una clara mayoría del Congreso de los Diputados, la que remuerda la conciencia de la Moncloa. Con la inestimable ayuda de Ciudadanos, que marea la perdiz con una imprescindible reforma electoral que nunca llegará, ha iniciado una maniobra envolvente tendente a consolidar el Estado Penal en su dimensión política. El estado de la cuestión de la cuestión de Estado se resume hoy en ese Estado Penal. Quien no lo vote, es el chantaje del PP, será denunciado ante una muy mayoritaria opinión pública nacionalista española como indiferente o contrario a la unidad de España.
La ilegalización de partidos electos podría ser la siguiente medida. Si el 155 es una copia literal de la Constitución de la República Federal Alemana, también existe en Berlín una extraordinaria jurisprudencia relacionada con la prohibición de partidos políticos cuyo ideario se muestre radicalmente contrario a los valores y principios de la Constitución en vigor. En diarios muy cercanos a la Moncloa se recuerda de vez en cuando, cada vez con más insistencia, el ejemplo prusiano. Es, desde luego, el último recurso que Rajoy, hombre prudente, quiere evitar; pero no es casual que el reputado catedrático Francisco Sosa Wagner, muy próximo a Ciudadanos, terminara su reciente reflexión sobre la ilegalización de esos partidos electos con la clarificadora pregunta : ¿Podremos albergar los españoles la esperanza de que algún día dejen de burlarse de nosotros?
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