[0] Vampiros
El pecado y la perdición tienen un poder de atracción mayor que el del bien
Por Pedro García CuartangoEl sábado pasado visité la exposición de CaixaForum sobre los vampiros, que incide fundamentalmente en las versiones cinematográficas de «Drácula», la novela de Bram Stoker, publicada en 1897.
La obra es magnífica, pero el mérito de Stoker, que era irlandés, es haber creado una figura tan enigmática como atractiva como es la de un aristócrata que habita en un remoto castillo de Transilvania y que se alimenta de la sangre de sus víctimas.
Descubrí las películas de Drácula en mi adolescencia cuando la Hammer contrató a Christopher Lee y Peter Cushing para encarnar los personajes del conde rumano y Van Helsing, que clava una estaca en el corazón del monstruo. Eran los años 60 y aquellas películas británicas tuvieron un enorme éxito.
Yo no había visto entonces las versiones de Tod Browning, de 1931, con el gran Bela Lugosi en el papel del anacoreta transilvano y tampoco la anterior de Murnau en los años 20, titulada «Nosferatu», una obra maestra del cine mudo. Ninguna de ambas ha perdido el poder de seducir al espectador, envuelto en un halo de terror y misterio.
Coppola también hizo un «Drácula» en los años 90, pero peca a mi juicio de histrionismo. En cambio, el realizador alemán Werner Herzog estrenó otra versión en 1979, que me parece que incluso supera a las de Browning y Murnau. Se titulaba «Nosferatu, el vampiro de la noche».
Bruno Ganz protagonizaba el papel de Jonathan Harker, mientras que el genial Klaus Kinski hacía una de las mejores interpretaciones de Drácula. El ascenso de Harker a través del paso del Borgo para llegar al castillo y la cena con el conde son sencillamente antológicos.
Herzog recurre a la música de Wagner para crear una atmósfera onírica y surrealista, que realza los bellísimos paisajes del film, rodado en la ciudad de Delft con la estética del gran pintor Vermeer. Sencillamente, una maravilla.
El director alemán acierta a profundizar en el enigma de Drácula con sus dos caras: la del monstruo que asesina y extiende la peste por la ciudad y la del ser débil y enamoradizo que se destruye ante los encantos de la mujer de Harker. Esa ambigüedad del personaje es lo que le hace tan atractivo.
Stoker muestra en su novela como cualquiera puede sucumbir ante el mal, ya que el pecado y la perdición tienen en ocasiones un poder de atracción mayor que el del bien. Hay en nuestro corazón un fondo turbio que no podemos controlar y que puede ser manipulado por fuerzas tenebrosas, como le sucede a un Harker fascinado por el conde.
En última instancia, la figura del vampiro y de Drácula poseen connotaciones claramente sexuales en la medida en la que existe un juego de seducción de la víctima que se entrega al verdugo, que extrae su sangre y la somete a su voluntad en un ejercicio de sadomasoquismo.
Drácula seguirá fascinando la imaginación de los seres humanos durante generaciones porque nadie mejor que él representa ese carácter contagioso del mal que tan poco nos cuesta reconocer en nuestro mundo.
 El vampiro te chupa la sangre porque tú le abres la puerta.
Solo se escucha la voz del totalitarismo.
Totalitarismo de izquierdas o totalitarismo de derechas.
Es la única oferta electoral.
En el medio estamos todos.
Lo que está en juego son nuestros derechos.
Los Derechos Humanos.
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[1] PULP- «Cocaine Socialism»
NOTA: En ‘Cocaine socialism’, Cocker habla de cómo fue tentado para acercarse a las filas del Nuevo Laborismo antes de las elecciones de 1997 (que Blair ganó) y prestar su imagen a la por entonces oposición. «El socialismo cocainómano parecía ser el paso lógico después del socialismo de champán«, escribe Cocker.
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SUMARIO:
[0] Vampiros, por Pedro García Cuartango
[2] Delgado recuerda al CGPJ que su trabajo se limita «estrictamente» a comprobar que tiene 15 años como jurista
[3] Cuando Podemos criticaba «nombrar a dedo» al fiscal general del Estado, por Gregoria Caro
[4] Nuevos audios de Delgado: confidencias a Villarejo y alusión homófoba a Marlaska, por Roberto R. Ballesteros
[5] La justicia está politizada, quién la despolitizará, por Javier Gallego
[6] Pedro Sánchez, qué animal, por Aníbal Malvar
[7] Dolores Delgado, fiscal general del Estado, por Juan Carlos Monedero
[8] La independencia de la Fiscalía: una garantía constitucional, por Edmundo Ball
[9] La Fiscalía al servicio del Faraón, por Iñaki Garay
[10] Dolores Delgado, el peón de Sánchez en la Fiscalía para afrontar la crisis en Cataluña, por Nati Villanueva
[11] La ministra Dolores Delgado, reprobada por tercera vez
[12] Cloacas del Estado: caso abierto, por Gorka Castillo
[13] El ESTADO PROFUNDO: «De Cenyt para Dico», por Patricia López
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[2] Delgado recuerda al CGPJ que su trabajo se limita «estrictamente» a comprobar que tiene 15 años como jurista
La recién nombrada fiscal general del Estado comparece en el Congreso como paso previo a formalizar su cargo. Dolores Delgado defiende su designación tras haber dirigido Justicia: «Haber sido ministra no es una debilidad, sino una fortaleza»
Por Alexis Romero
La recién nombrada fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha querido comenzar su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso recordándole al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sus limitaciones respecto al nombramiento del máximo responsable de la Fiscalía General.
Siete jueces del órgano se posicionaron en contra de su nombramiento al entender que el hecho de que viniera directamente de ser ministra de Justicia podría poner en duda la imparcialidad de la Fiscalía en determinados asuntos de cierta relevancia política y mediática.
«El Estatuto del Ministerio Fiscal establece los requisitos y la forma en la que se debe producir el nombramiento. La designación se realiza entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 15 años de carrera, unos requisitos estrictamente objetivos. El órgano de gobierno de los jueces se limita a constatar si concurren o no estos requisitos«, ha explicado Delgado
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[3] Cuando Podemos criticaba «nombrar a dedo» al fiscal general del Estado
El partido morada proponía hace dos años que el CGPJ propusiera tres a candidatos que fueran validados por el Congreso para que en última instancia el Gobierno eligiera entre uno de ellos
Por Gregoria Caro
En Unidas Podemos no han hecho una sola manifestación sobre cómo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto a la ministra de Justicia saliente, Dolores Delgado, para ser la nueva fiscal general del Estado. La selección de Delgado, que sustituirá a María José Segarra, quien ocupaba el cargo desde junio de 2018, ha encolerizado a las asociaciones de fiscales por su marcado carácter político.
Ninguno de los dirigentes de Unidas Podemos se ha pronunciado este lunes al respecto, a pesar de que son movimientos que sí han cuestionado en años anteriores o cuando correspondían al Partido Popular. Por ejemplo, en 2015, un mes antes de las elecciones del 20-D, el hoy vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, expresó lo siguiente: «Garantizaremos que la elección del Fiscal General del Estado lo elija la ciudadanía no el presidente del Gobierno de turno».
Además, tan solo tres días antes de las elecciones generales del 10-N, y cinco de firmar el acuerdo del Gobierno de coalición, Iglesias manifestó durante un mitin que Iván Redondo, el gurú de Sánchez, «ya no sabe dónde meter la cabeza» después de las declaraciones del presidente donde decía que la Fiscalía depende del Gobierno. «¿De quién depende la Fiscalía?», espetó Iglesias imitando la frase y caricaturizando la voz de Sánchez.
El PSOE consideró en 2016 que un magistrado del TS no garantizaba la independencia requerida para la FiscalíaNati Villanueva / Madrid El nombramiento también resulta llamativo cuando se recuerda que en 2016 los socialistas se opusieron a que un magistrado del Tribunal Supremo, José Manuel Maza, fuera designado para el mismo cargo porque no garantizaba «en absoluto el perfil independiente que requiere la figura de fiscal general». Era difícil de prever que el partido mayoritario en el Gobierno, el PSOE, pusiera al frente del Ministerio Público a un comisario político cuando consideraba que el nombramiento de un magistrado del Supremo de la talla del fallecido Maza no iba a garantizar la independencia de la Fiscalía. En un comunicado que todavía puede leerse en su página web, el PSOE calificó el nombramiento de Maza como «un mal comienzo de legislatura» porque «su trayectoria como magistrado no garantiza en absoluto el perfil independiente que requiere la figura de fiscal general». «La trayectoria conservadora de Maza puede dejar en una posición de subordinación al Ministerio Fiscal frente al Gobierno y no parece la persona indicada para trabajar en favor del consenso requerido en una legislatura sin mayorías absolutas», insistían |
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[4] Nuevos audios de Delgado: confidencias a Villarejo y alusión homófoba a Marlaska
Las grabaciones muestran que la ministra de Justicia y el comisario —presunto autor de los pinchazos— intercambiaron opiniones sobre la justicia y sus compañeros con total confianza
Por Roberto R. Ballesteros
Las grabaciones de la reunión entre la ministra Dolores Delgado, el comisario José Manuel Villarejo, hoy encarcelado, Baltasar Garzón, separado en este momento de la judicatura por prevaricación, y el también imputado en la operación Tándem Enrique García Castaño demuestran una complicidad que está muy lejos de un encuentro que la ministra primero negó para luego admitir como algo casual. Los nuevos audios difundidos por el diario ‘moncloa.com‘ revelan que en la mesa, mientras algunos de los comensales terminan las varias horas de celebración con «orujo blanco en vaso bien frío», la entonces fiscal y el comisario compartieron confidencias sobre la condición sexual del hoy ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y las preferencias de la ministra por los «tribunales de hombres» porque son «transparentes».
La comida se produjo en octubre de 2009 en el restaurante Rianxo. Según las grabaciones, la hoy ministra Delgado fue recibida por el comisario García Castaño, alias ‘el Gordo’: «Lola, a esta mariscadita y estas cositas [risas] nos invita el señor Villarejo porque le han dado una medalla…». La excusa del encuentro era celebrar que Villarejo había sido condecorado por segunda vez por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, pero el comisario reconocía ante la entonces fiscal y el todavía magistrado que se la iban a dar «a escondidas». El grado de confianza entre los presentes hizo a Garzón recordar «como cuando me la dieron a mí, la de plata, que no se atrevieron a dármela en público [Villarejo se ríe a carcajadas]», ante lo que una sorprendida Dolores Delgado pregunta a Garzón: «¿A ti te la dieron a escondidas?». El hoy exjuez respondió entonces que «el amigo Mayor Oreja me decía, en el despacho: ‘No, mejor dentro, que va a haber mucho follón…».
Los hombres «sois transparentes»
La reunión, en la que estaban presentes cinco mandos judiciales —Fernández Chico, Gabriel Fuentes y Pedro Díaz Pintado, además de García Castaño y Villarejo—, se extendió durante cuatro horas. Los audios demuestran cómo la confianza entre Delgado y el comisario —autor presuntamente de la grabación— va en aumento, hasta el punto de hablar sobre la justicia y sus compañeros.
Villarejo: No hay igualdad entre el hombre y la mujer.
Delgado: No, no la hay. Tengo una ventaja indiscutible. Mira, yo sé perfectamente por dónde vais. Sois transparentes.
Alguien: Te queremos todos.
Delgado: Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí que me den un tribunal de tíos. Y no me llevo mal con las tías. Pero de tíos, que justamente sé por dónde van. En cada gesto, en cada cosa. Sé por dónde van.
Villarejo: Sí, sí. Simples como el mecanismo de un chupete.
Tanto por el lenguaje como por hacia dónde deriva la conversación, no es un encuentro en el que, precisamente, no haya confianza. En un momento dado, Villarejo asegura que «la vida qué vueltas da, eh. Qué destinos (…) Cómo me equivoqué de bando en aquella ocasión. Y además se lo dije a este cabrón [en referencia a Garzón]. Hace muchos años que yo (…) me voy a juntar con la gente con cojones y en esa ocasión me equivoqué. Pero, bueno, afortunadamente cambié». A lo que el exjuez suelta un lacónico «la vida es así» que, sin embargo, no frena a Villarejo: «Absolutamente. Te lo podrá decir este maricón que tienes al lado, que yo siempre (…) como creo que intuyes (…) Lo que haga falta…» y Garzón concluye con un solícito: «Aquí estamos».
«Marlaska, un maricón»
Es en ese momento cuando, en el audio, Dolores Delgado interrumpe la conversación y se dirige a Garzón para ‘soltar’ otra de sus confidencias, en esta ocasión, sobre el que entonces era juez de la Audiencia Nacional y hoy se sienta con ella en el Consejo de Ministros como titular de la cartera de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Una conversación que acaba con comentarios sobre la condición sexual del hoy ministro:
Delgado: ¿Puedo contar lo de este?
Garzón: Sí.
Delgado: Un maricón.
Villarejo: ¿Quién es maricón? ¿Quién?
Delgado: Marlaska
(…)
Garzón: Es una tontería, pero te demuestra dónde está cada uno.
El tercer encuentro, hace solo 15 meses
Ayer, tras haber negado que se hubiera visto con Villarejo cuando El Confidencial desveló que una pieza secreta de Tandem investigaba una supuesta cita con el excomisario y a la luz de los audios de la comida en Rianxo publicados por ‘moncloa.com’, la ministra volvía a rectificar y aseguraba recordar «al menos» tres encuentros. La Cadena SER detalló horas después cuáles fueron esos encuentros oficialmente reconocidos ahora por Delgado: el primero, en el que Garzón le presentó a Villarejo y apenas intercambiaron unos saludos protocolarios; el segundo, la comida en Rianxo —según la ministra, acudió invitada por Garzón— en la que se celebraba la segunda medalla para el comisario, y la tercera habría tenido lugar «hace unos 15 meses».
En ese tercer encuentro, la entonces fiscal Delgado se reunió en un restaurante para hablar con el responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) para coordinar la lucha contra el yihadismo radical, según asegura la Cadena SER citando fuentes de Justicia. La fiscal llegó a los postres y habló en un aparte con el responsable antiterrorista. En esa mesa también estaba el comisario Villarejo. Ese encuentro se habría producido en pleno proceso de extradición del naviero Ángel Pérez-Maura a Guatemala, y la pieza secreta Pit, como desveló este diario, investiga el papel de Villarejo y si hubo una cita con la fiscal para intentar tener influencia en el proceso de extradición.
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[5] La justicia está politizada, quién la despolitizará
El presidente podía haber encontrado otro fiscal cualificado que no pusiese en duda la independencia del cargo. Si no lo ha hecho es porque también quiere afinar la orquesta y ha colocado a una directora que mueva la batuta a su compás
Tanto Sánchez como gran parte de la izquierda han comprendido que les atacarán hagan lo que hagan, así que mejor combatir a los conservadores con el mismo pragmatismo con el que ellos controla la magistratura
Hace falta una reforma radical que impida que partidos y jueces partidistas muevan los hilos judiciales. Se trata de cambiar la partitura, no de afinar en el tono que gusta al gobierno de turno
Por Javier Gallego
El Gobierno ha empezado metiendo los dos pies en el charco de la justicia. Primero, Pedro Sánchez nombrando fiscal general a la ministra saliente, Dolores Delgado. Después, Pablo Iglesias diciendo que los tribunales europeos han humillado a los españoles en el proceso judicial catalán. La derecha encuentra nueva munición, jueces y fiscales sacan el mazo y ya la tenemos liada otra vez. Ni el PP ni los jueces pueden dar lecciones de independencia. Tampoco el PSOE. Llevan 40 años politizando la justicia, sobre todo los conservadores. No parece que vaya a cambiar. Bipartidismo style.
El nombramiento de Sánchez no es sólo legítimo, es el procedimiento constitucional. Es sonrojante que lo cuestionen lo que se llaman constitucionalistas y han utilizado la fiscalía para «afinar» sus asuntos. Pero seguro que el presidente podía haber encontrado alguien igualmente cualificado que no pusiese en duda la independencia del cargo. Si no lo ha hecho es porque también quiere afinar la orquesta y ha colocado a una directora que mueva la batuta a su compás.
Le envía un mensaje de fuerza al enemigo y otro de tranquilidad a los aliados. El nombramiento gusta a ERC: no hay más preguntas, señoría. Lo curioso del caso es que la sobreactuación de la derecha ha conseguido lo contrario de lo que pretende. Cohesionan al progresismo en torno al Gobierno de coalición incluso en sus errores. Tanto Sánchez como gran parte de la izquierda han comprendido que les atacarán hagan lo que hagan, así que mejor combatir a los conservadores con el mismo pragmatismo con el que ellos controlan la magistratura.
Se puede ganar la batalla a la derecha pero perder la guerra por regenerar la política porque esto se parece bastante al manejo habitual. Bien lo sabe Iglesias que lo ha padecido pero ahora tiene que acatarlo por lealtad. Me preocupa que este ejercicio de realismo acabe en cinismo y este Gobierno sea más o menos lo de siempre. No obstante, me reconcilia que Iglesias le haya repartido cera a la cúpula judicial española por su ridículo en Europa a cuenta del procés.
Precisamente, los primeros que tienen que regenerarse y renovarse son altos magistrados que han saltado al cuello de Iglesias por opinar. Callan cuando la derecha mete mano, pero saltan cuando les roza uno que no es de los suyos. Hay que mandar a hacer puñetas a esa judicatura reaccionaria que controla el poder judicial desde hace más de 40 años.
Hace falta una reforma radical que impida que partidos y jueces partidistas muevan los hilos judiciales. Se trata de cambiar la partitura, no de afinar en el tono que gusta al gobierno de turno. Eso sería mucho más valiente que enfrentarse a la derecha con sus mismas artimañas. Y no es tan difícil. Lean a Montesquieu, miren a otros sistemas de éxito en nuestro entorno y repitan conmigo:
La justicia está politizada, quién la despolitizará, el buen Gobierno que la despolitice, buen despolitizador (y mejor gobierno) será.
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[6] Pedro Sánchez, qué animal
Por Aníbal Malvar
Hasta mis colegas más malotes andan en un sinvivir en sí con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general, como si la ex ministra se fuera a pasear por las audiencias y juzgados con la toga bien abierta y un piercing no se sabe dónde, que lo va a hacer. Consideran la designación un ataque frontal a esa entelequia bautizada como división de poderes, una injuria a la sacrosanta pureza de la izquierda, una morcilla mojada en el colacao de un niño. Y lo es. Y, quizá por eso, me gusta tanto.
Acostumbrados como estamos a la impudicia de la derecha guernikera de este país, conocedores de las amenazas explícitas de Pablo Casado de convertir la legislatura en un ir y venir de leyes orgánicas por los tribunales afines, preparados como estamos para el boicot permanente a los deseos de la mayoría popular, lo que ha hecho Pedro Sánchez es echarle dos cojones y dos ovarios, con perdón, para advertir a la mafia de que no se la va a combatir esta vez con bonitos e indignados discursos, con un sinfín de otras mejillas ni con florcitas en el cañón de los fusiles. Y a ver si es verdad.
Que es una barbaridad de bárbaro poner a tu ex ministra al frente de la fiscalía es algo incontestable. Pero con los precedentes de un ministro meapilas como Jorge Fernández Díaz afinando fiscalías en fehacientes grabaciones, de un presidente madrileño como el corruptísimo Ignacio González apalabrando jueces sobornables para sus delictivos intereses, y de todo un PP bloqueando renovaciones del poder judicial durante lustros porque yo lo valgo; con la Audiencia Nacional encarcelando a raperos, tuiteros y titiriteros para asustar al personal; con una policía bestializada contra las más inocentes protestas callejeras, era necesario un toque abrupto de atención. Y Pedro Sánchez lo ha dado. Yo creo que hasta Montesquieu lo aplaudiría.
En países predemocráticos como el nuestro –como todos; la democracia solo es si es perfecta, y eso roza lo imposible– las togas siempre son susceptibles de ser utilizadas y sobornadas por los antidemócratas, por las oligarquías pateadoras. Se ha visto en años recientes con los golpes no militares contra procesos democratizadores como el de Kirchner en Argentina o el de Lula da Silva en Brasil, por poner solo dos de los más evidentes ejemplos.
Este Pedro Sánchez de las mil caras, ahora que se ha puesto la de Buanaventura Durruti y no la de Tony Blair, se ha debido de dar cuenta y sabe que solo sobrevivirá si antepone la espada a la pluma. Mejor morir como Garcilaso que como Manuel Machado. Lo saben todos los poetas.
Nuestra derecha ultramontana no hubiera sentido pudor en nombrar ministra de universidades o consumo a Cristina Cifuentes. Ni de colocar al primo de M. Rajoy al frente del cambio climático. ¿Un insulto a la democracia lo de Delgado? Sin duda. Pero yo ya iba estando un poco harto de que siempre sea la democracia la que nos insulte a nosotros. O hacemos bastante el borrico o acabaremos gimoteando fardos como acémilas. Viva la democracia animal.
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[7] Dolores Delgado, fiscal general del Estado
Por Juan Carlos Monedero
No nos engañemos. Al PP no le molesta que el Gobierno nombre a la Fiscal General del Estado. Es una competencia constitucional que todos los gobiernos desde la Constitución del 78 han ejercido. Y ya sabemos que el PP es muy constitucionalista. Al PP lo que le molesta es que se le tuerza su control de la judicatura. Pablo Casado dirige un partido que siempre ha querido controlar la justicia, por delante o por detrás.
Hay muchas cosas que aún arrastramos del régimen del 78. Entre otras, que sea el Presidente del Gobierno el que nombre a la Fiscalía General. Eso habrá que solventarlo, porque pone en cuestión, siempre de manera estética y, sobre todo cuando gobierna el PP, de manera ética, el papel del Fiscal General. No nos olvidemos que el fallecido Maza nombró al Fiscal Anticorrupción, Moix, que demostró de manera evidente cómo la fiscalía puede trabajar para un partido. Otro Fiscal General, Torres-Dulce, dimitió por culpa de las presiones del partido que le nombró para ese cargo, esto es, el PP. Fue el PP el que presionó para poner en cuestión en el Tribunal Constitucional a Pérez Tremps por hacer un estudio para el gobierno del PSOE y, al tiempo, nombrar para el Constitucional a hooligans del PP como el motorista alegre Enrique López o a Francisco Pérez de los Cobos, que pagaba cuotas de militante del PP, vibraba como militante del PP y hacía justicia como militante del PP, al que hizo Presidente del Tribunal Constitucional.
Y ahí empiezan los verdaderos problemas. Porque el PP está obstruyendo la renovación del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y de la Defensoría del Pueblo. Para los nombramientos pendientes, que llevan varios meses dando patadas a la Constitución, hace falta una mayoría cualificada que la derecha puede impedir simplemente por inacción. Porque la actual mayoría parlamentaria permitiría nombrar magistrados y jueces progresistas, algo que a la derecha no le gusta y, por eso, prefiere pasarse la Constitución y la ley por el arco del triunfo.
Ese es el verdadero PP y la verdadera derecha: la que quiebra la Constitución si ve que le hace perder poder. Aún retumban en mis oídos las advertencias del que fuera portavoz de Justicia del grupo popular y comisionado ante el Tribunal Constitucional, Enrique Trillo: ¡El que lance una acusación sobre el PP por el caso Gürtel sabrá lo que significa que el peso del Estado caiga sobre sus espaldas! Podríamos haberla escuchado en un capítulo de Los Soprano.
Hace bien el PSOE en no ser ingenuo en cuestiones judiciales con el PP. Sería pegarse un tiro en el pie entregarle bazas a la derecha mientras la derecha lleva dos décadas infiltrando el poder judicial. ¿Podrían hacerse mejor las cosas? Qué duda cabe. En una democracia más sensata. El partido fundado por Manuel Fraga, si puede, meterá a todo el Gobierno en la cárcel. Aunque sea haciendo trampas. De hecho, ya han amenazado Teodoro García Ejea y Pablo Casado con hacer «todo lo posible» para tumbar a este Gobierno. El PP ha declarado la guerra al gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Hay que contestarles con la ley, la Constitución y, llegado el caso, la calle, con toda contundencia. Cambiando los problemas profundos que arrastramos desde la Transición -como el nombramiento por el Gobierno de la Fiscalía General del Estado-, pero defendiendo el principal compromiso democrático: hacer cumplir el resultado de las urnas.
Los problemas vinculados a la justicia reclaman en España un pacto de Estado -que es una expresión que cuando la usa el PP significa hacerse lo que le beneficia-. Y un pacto de Estado exige lealtad democrática por todas las partes. En ese pacto de Estado, ningún gobierno nombrará a nadie vinculado a ningún partido en la Fiscalía General, y tampoco en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo o en el Tribunal de Cuentas.
Pero es de caraduras, cuando no de sinvergüenzas, criticar el nombramiento de Dolores Delgado, que tiene una experiencia memorable a sus espaldas y, al menos, ha tenido la decencia de disculparse por sus errores (relacionarse con Villarejo a menos de diez metros siempre mancha), mientras se busca una judicatura que te perdone por robarte un máster, te anule decisiones que perjudican económicamente a los bancos, libere a la Casa Real, garantice a los diputados y senadores del PP trato de favor cuando tengan que rendir cuentas por casos de corrupción, castigue políticamente a los adversarios políticos (aunque luego te sancionen desde Europa), informe sobre la marcha de casos de corrupción o archive querellas contra cargos de la derecha que han robado a esa España a la que dicen querer tanto.
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[8] La independencia de la Fiscalía: una garantía constitucional
«El nombramiento de la exministra de Justicia sitúa a un político del PSOE al frente de la institución, en un inaceptable intento de politización»
Por Edmundo Bal
Abogado del Estado
La noticia de que Pedro Sánchez se propone nombrar a la exministra de Justicia, Dolores Delgado, fiscal General del Estado causa no solo estupor sino sonrojo, porque sin ningún pudor se nombra a una diputada electa por el PSOE al frente de una institución esencial del Estado como es la Fiscalía.
El Ministerio Fiscal es un órgano con relevancia constitucional integrado con autonomía funcional dentro del Poder Judicial, y atentar contra su independencia es atentar contra la del Poder Judicial. Según la Constitución y su estatuto, la institución debe guiarse en su actuación por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia técnica y absoluta despolitización. Tiene por misión, según el artículo 124 de nuestra Constitución, promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley. De ello se deduce la imposibilidad de que la Fiscalía pueda ser instrumentalizada al servicio de fines políticos, partidistas o sectarios: la Fiscalía General del Estado es la de todos los ciudadanos, no la del PSOE, no la de Sánchez, no la de ERC.
Así lo ha demostrado la Fiscalía en el juicio del «procés», donde ha sostenido su criterio técnico contra viento y marea y pese a los intentos de presión precisamente de la persona a la que ahora quieren nombrar Fiscal General del Estado. Y así debe ser en todos los casos, porque la Fiscalía es garante de los derechos fundamentales, de víctimas y de presuntos delincuentes.
El nombramiento de la exministra de Justicia sitúa a un político del PSOE al frente de la institución, en un inaceptable intento de politización. Pero los fiscales tienen instrumentos de protección de su independencia técnica frente a instrucciones o directrices que pudieran recibir de sus superiores: si creen que la orden es ilegal pueden someter su discrepancia ante el Consejo Fiscal –elegido por todos los fiscales– o ante la Junta de Fiscales. Finalmente, decide el jefe, pero arriesgándose a una querella por prevaricación, caso de ir contra lo decidido en el Consejo Fiscal o Junta de Fiscales.
Instrumentos de protección
Los fiscales-jefes, además, no pueden ser cesados arbitrariamente, y su mandato es por cinco años. Si se pretende en un asunto concreto sustituir a un fiscal por otro, existen instrumentos de protección. Resistirán, porque tienen instrumentos para ello. Pero ningún Estado de derecho debería exponer a sus fiscales al arbitrio de un jefe político puesto además a dedo por el Gobierno de turno. Por eso es el momento de afrontar una tarea pendiente desde hace años pero que se vuelve hoy más urgente que nunca, habida cuenta de las mencionadas presiones bajo el mandato de Delgado como titular de Justicia a instituciones como la Abogacía del Estado.
Hoy Ciudadanos ha registrado una proposición de ley para potenciar aún más estos órganos de la Fiscalía que protegen la independencia técnica de esos grandes profesionales, garantes del Estado de derecho. Con esta ley aprobada la señora Delgado no podría haber sido nombrada Fiscal General: establece que no puede serlo quien en los últimos diez años haya desempañado un cargo político. La reforma de Cs fue rechazada en febrero de 2018 por PP y PSOE. La «desjudicialización del conflicto» se va a convertir en la politización de la Justicia.
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[9] La Fiscalía al servicio del Faraón
Sánchez cede al chantaje de ERC y sitúa a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado para «desjudicializar» el conflicto catalán.
Por Iñaki Garay
Ni el de Pablo Iglesias, ni el de Alberto Garzón, ni el de Irene Montero ni… La propuesta de nombramiento más polémica y difícilmente presentable de Pedro Sánchez ha sido la de Dolores Delgado, la hasta ahora ministra de Justicia y todavía diputada del PSOE, al frente de la Fiscalía General del Estado. Una propuesta que pone de manifiesto el interés de Sánchez por poner a la Fiscalía a su servicio para que engrase su relación con los separatistas, a los que necesita para gobernar. Unos socios cuyos dirigentes se han saltado la ley y que amenazan insistentemente con volver a hacerlo. Sánchez necesita a estos incómodos compañeros de viaje para gobernar y aprobar los próximos presupuestos generales del Estado de la misma manera que los separatistas necesitan a alguien en el Gobierno de España que retuerza a los órganos del Estado hasta garantizarles una cierta impunidad o al menos abrirles las puertas de la cárcel. Ya advirtió no hace mucho el representante de ERC, Joan Tardá, de que no habría negociación con el Gobierno si éste no instaba a la Fiscalía a retirar las acusaciones contra los miembros del procés. Por mucho que la vicepresidenta Carmen Calvo salga a negar que el Gobierno pretenda controlar a la Fiscalía con el nombramiento de Dolores Delgado, el algodón no engaña. Sánchez la quiere a su servicio.
Todo Gobierno sitúa al frente de la Fiscalía a alguien «favorable», pero ese término siempre se interpreta como esa persona que, dentro de la legalidad y guardando la necesaria imparcialidad, en cuestiones que pueden resultar opinables puede tener un pequeño sesgo a favor del «cliente», o sea del Gobierno. Hasta ahí todo es admisible. La hasta ahora fiscal general del Estado, María Jesús Segarra, miembro de la Unión Progresista de Fiscales, podía entrar dentro de esta definición, pero nadie duda de que su labor al frente de la Fiscalía ha estado dominada por la profesionalidad y por un profundo respeto a los principios de legalidad e imparcialidad, fundamentales en cualquier estado moderno. Está claro que para Sánchez eso no ha sido suficiente. La figura de Dolores Delgado, también como su predecesora miembro de la Unión Progresista de Fiscales, excede con mucho la calificación de «favorable» para engrosar el terreno del sectarismo. Delgado es fiscal y ha crecido a la sombra del juez Baltasar Garzón y en todas y cada una de sus manifestaciones ha mostrado un carácter político que excedía su posición técnica. Un dato que hasta hace poco no era tenido en cuenta pero que ahora es muy relevante es que Delgado, nada más saber que iba a ser nombrada para este nuevo cargo, borró en su totalidad su cuenta de Twitter. En su haber reciente están las presiones que desde su Ministerio se han ejercido a la Abogacía del Estado para suavizar la causa del procés. Unas presiones que ya fueron denunciadas en su momento por Edmundo Bal cuando fue apartado por el Gobierno por no plegarse desde la Abogacía del Estado a rebajar la consideración del delito de rebelión para los acusados del golpe separatista. Con estos antecedentes es normal que muchos fiscales recelen de las intenciones de Sánchez al nombrar a Delgado, sobre todo cuando lo hace para suceder a una profesional intachable.
Muchos sospechan que la nueva fiscal general del Estado es capaz de hacer todo lo que sea necesario para que su «jefe» gobierne tranquilo, incluso presionar a la Fiscalía para que allane el camino a los separatistas en eso que se ha dado en llamar de desjudidicialización del conflicto político, un eufemismo para desarmar al Estado de Derecho ante los insurgentes.
Además de su marcado sesgo político, Delgado tiene otros antecedentes que en cualquier país serio la inhabilitarían para ocupar un cargo de esta naturaleza. Hace no mucho transcendió su relación con el comisario Villarejo, un personaje ahora en prisión vinculado a las cloacas del Estado, cuya participación en algunas de las tramas más mediáticas de los últimos tiempos ha manchado la reputación de políticos y empresarios. El propio Pablo Iglesias pidió la dimisión de la hasta ahora ministra por su cercanía a Villarejo, pero como diría Carmen Calvo, ese Pablo Iglesias no era vicepresidente del Gobierno.
¿Significa entonces que con el nombramiento de Dolores Delgado el presidente Sánchez quiere fabricar una Fiscalía sensible con el ‘conflicto catalán’? Por supuesto. Eso y mucho más. Hoy al conflicto catalán, mañana al traslado de presos etarras y pasado, a los casos de corrupción en la extrema derecha y así sucesivamente. Sánchez debe creer que si él se reúne con un Torra inhabilitado (lo está aunque no haya sentencia firme y el presidente lo sabe), ¿por qué no puede la Fiscalía prestarse a engrasar su Gobierno? La respuesta es sencilla: Esto es una democracia liberal y esas barbaridades todavía se le permiten a un faraón que está de paso. Cuando lo hace un órgano que debe garantizar nuestras libertades empezamos a ser un Estado fallido.
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[10] Dolores Delgado, el peón de Sánchez en la Fiscalía para afrontar la crisis en Cataluña
Durante su mandato al frente de Justicia, se vio envuelta en polémicas como las del caso Villarejo, la demanda civil de Puigdemont a Llarena o por poner a la Abogacía del Estado al servicio del «procés»
Por Nati Villanueva
La noticia bomba no era al final el Ministerio de Justicia, sino la Fiscalía General del Estado. Pocos aventuraban que Dolores Delgado, la polémica ministra marcada por el caso Villarejo, por negarse a defender al juez Llarena ante la demanda civil que le interpuso Carles Puigdemont o por poner a la Abogacía del Estado al servicio del «procés» iba a ser coronada como fiscal general del Estado.
Aunque sí es cierto que el Gobierno tenía claro que quería para este puesto a un jurista con un marcado carácter político, Delgado no estaba en las quinielas al ser considerada un personaje «amortizado» ya en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Como informó ABC uno de los nombres que estaba sobre la mesa del Gobierno era el del fiscal de Sala del Supremo Pedro Crespo, muy marcado políticamente por su relación con Conde-Pumpido, pero a la vez muy respetado entre sus compañeros por sus amplios conocimientos jurídicos y técnicos.
Y desde el punto de vista político, Delgado no va a fallar a la hora de colaborar en la «nueva» Fiscalía que quiere Sánchez para afrontar cuestiones judiciales relativas a Cataluña, tales como el posicionamiento del Ministerio Público ante los huidos Puigdemont o Comín, el futuro de Junqueras, la posible desobediencia del Parlament a las resoluciones judiciales o incluso los indultos.
Atizada por la carrera judicial y fiscal por haber ignorado sus necesidades durante el tiempo que ha estado en el Ministerio y haberse dedicado casi exclusivamente durante su mandato a la memoria histórica, Delgado se había ganado el rechazo de ambos colectivos, que este sábado recibían con los brazos abiertos al exsecretario de Estado y diputado socialista Juan Carlos Campo.
Ministra polémica
Delgado vuelve a la Fiscalía, en esta ocasión en su cúspide, de donde procedía antes de asumir la cartera de Justicia ya que era fiscal de la Audiencia Nacional, donde ejerció durante veinticinco años, gran parte de ellos al frente del área de coordinación de la lucha contra el yihadismo.
Adalid de la lucha contra los crímenes contra la humanidad acusó entre otros al exmilitar argentino Adolfo Scilingo, condenado a 640 años de cárcel, pena posteriormente elevada a 1.084 años por el Tribunal Supremo en julio de 2007.
El 7 de junio de 2018 prometía el cargo como ministra de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez surgido a resultas del triunfo de la moción de censura contra el entonces presidente del Ejecutivo del PP, Mariano Rajoy.
A finales de agosto de 2018 se vio cuestionada por la gestión de su departamento en relación a la defensa del magistrado del Tribunal Supremo, instructor de la causa por el proceso de independencia de Cataluña, Pablo Llarena, tras una demanda interpuesta en Bélgica contra él por el expresidente catalán Carles Puigdemont.
Poco después, se vio envuelta en un escándalo al negar una cita con el excomisario José Villarejo, en prisión por estar investigado por diversos delitos en la Audiencia Nacional. En uno de los audios desvelados por el digital Moncloa.com., Delgado llamaba presuntamente «maricón» al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Tras ello fue reprobada por el Senado y el Congreso pidió para ella su dimisión, que no se produjo.
En noviembre del 2018 también fue reprobada por el Congreso después de que la Abogacía del Estado sólo acusara de sedición a los procesados en el juicio del «procés», tras la destitución del abogado del Estado responsable de la acusación en la causa, Edmundo Bal -ahora en las filas de Ciudadanos-, que defendía, como la Fiscalía, el cargo de rebelión.
Su presencia como notaria mayor del Reino en los actos de exhumación de Francisco Franco el pasado 24 de octubre de 2019 ha sido uno de los últimos actos que le han ocupado durante esta legislatura.
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[11] La ministra Dolores Delgado, reprobada por tercera vez
Con los votos a favor de PP, Cs, UPN y Foro Asturias, y en contra de PSOE, Podemos, PDeCAT y Compromís
El Congreso la reprueba por segunda vez, con la abstención de ERC y Bildu, después de que el Senado ya lo hiciera en septiembre
22 de noviembre de 2018
El pleno del Congreso de los Diputados ha reprobado este jueves a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, al aprobar una moción presentada por el PP que ha sido respaldada por Ciudadanos, después de que en septiembre el Senado la reprobara también durante la polémica por los audios de las conversaciones con el excomisario de Policía José Villarejo.
La reprobación de la ministra ha salido adelante con los 167 votos a favor del PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, y las once abstenciones de ERC y EH Bildu, frente a los 162 votos en contra del PSOE, Podemos, PDeCAT y Compromís que no han sido suficientes para evitar la reprobación.
La iniciativa del PP no habría salido adelante sin la abstención de ERC, cuyos nueve votos han sido decisivos, un día después del tenso rifirrafe entre el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y el diputado de ERC, Gabriel Rufián, que terminó con la expulsión de este último, al que acompañaron todos los diputados de su grupo.
La Cámara Baja ya había pedido la dimisión de la ministra o que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la destituyera en una moción presentada también por el PP, que fue aprobada el pasado 9 de octubre.
Si en la primera reprobación el PP acusó a Delgado de haber intentado abandonar al juez instructor del caso del procés, Pablo Llarena, tras la demanda de los independentistas huidos y le recriminaron su relación con el excomisario José Manuel Villarejo; en este útimo caso, la responsabilizan de que la Abogacía del Estado sólo acusara de sedición a los procesados, tras la destitución del abogado del Estado responsable de la acusación del Gobierno en la causa del procés, Edmundo Bal, que defendía, como la Fiscalía, el cargo de rebelión.
Ciudadanos respalda la reprobación
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, ha exigido una vez más la dimisión de la ministra de Justicia y, a su entender, si no se marcha debe cesarla el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tal y como había pedido ya la Cámara Baja.
«Es una ministra que ha sido reprobada en el Congreso y en Senado, por tanto, tres veces por las Cortes Generales. Jamás en la historia de un ministro había sido tantas veces reprobado en tan poco tiempo. Por tanto pedimos la dimisión ya porque realmente el Gobierno Sánchez es un Gobierno indigno«, ha enfatizado Montserrat.
La votación se ha producido el día después del enfrentamiento en el pleno entre el diputado de ERC Gabriel Rufián y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y de la acusación de este al parlamentario del partido independentista Jordi Salvador de haberlo escupido.
Tampoco se habría aprobado sin el apoyo de Ciudadanos, que durante el debate de la moción la criticó con dureza y la ha tachado de «burla a los españoles», en palabras de la parlamentaria Patricia Reyes, que ha pedido al PP «un mínimo de dignidad» y le ha reprochado por pretender reprobar a sus «cómplices» en los acuerdos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Segunda reprobación
Pese a ello, en la votación final, los parlamentarios del partido de Albert Rivera han decidido reprobar a la ministra. Poco antes, ese mismo grupo ha pedido en el Congreso que Delgado explique el cese del abogado del Estado responsable de dirigir la acusación del Gobierno en la causa del proceso soberanista de Cataluña, Edmundo Bal.
A finales de septiembre, el Pleno del Senado reprobó a Delgado –a instancias del PP– por considerar que la titular de Justicia no había defendido al juez Pablo Llarena. Esa votación se produjo en plena polémica por la difusión de las grabaciones de Delgado con el comisario José Manuel Villarejo, un punto que los ‘populares’ también llevaron al debate parlamentario. En octubre, el PP también logró que el Congreso aprobara una moción que exigía la dimisión o cese de Delgado.
Cuando gobernaba el PP varios ministros fueron reprobados por el Congreso y uno de ellos, el titular de Exteriores, Alfonso Dastis, incluso dos veces. Sin embargo, esas reprobaciones no alteraron la composición del gabinete de Mariano Rajoy.
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[12] Cloacas del Estado: caso abierto
La llegada al Gobierno de UP, un partido en la diana del excomisario Villarejo, abre la incógnita de si ha llegado el momento de desmantelar una trama de corrupción que salpica a todos los estamentos del Estado. Los indicios no son esperanzadores
Por Gorka Castillo
“Necesito un hombre con amigos poderosos. Necesito a todos esos políticos que usted carga en el bolsillo como si fueran centavos”. Este requerimiento despachado a quemarropa a Vito Corleone en El Padrino también admite adaptaciones a la realidad. Una de las más claras podría representarla el excomisario José Manuel Villarejo, un sabueso adiestrado en las cloacas del Estado, cuyo ascenso recuerda a los mafiosos que aguardaban pacientemente la desaparición de sus capos para ocupar su puesto. “También él tuvo un padrino: Agustín Linares, subdirector general adjunto operativo de la Policía en tiempos de Felipe González y que acabó de jefe de seguridad en el Banco Central Hispano. Como muchos otros. No hay empresa del Ibex 35 que no haya tenido un director de seguridad procedente de la comisaría general de información de la Policía. Aquel que entraba en ese departamento sabía que su destino era acabar ganando 10 veces más como jefe de seguridad en una compañía”, recuerda la abogada y diputada de Unidas Podemos, Gloria Elizo, una de las personas que más ha combatido a esta trama, una intrincada madeja con tantas redes corruptas entrelazadas que lo fácil es perder el hilo.
No hay empresa del Ibex 35 que no haya tenido un director de seguridad procedente de la comisaría general de información de la Policía
Nueve piezas judiciales abiertas, dos investigaciones paralelas en curso y 27 personas imputadas jalonan un camino de espinas para una justicia que, pese a los intentos reiterados por sabotear sus pesquisas –renuncias sorprendentes de algún juez instructor, extraños traslados de magistrados perseverantes, disparidad de autos por parte de la Audiencia Nacional, clausuras de comisiones parlamentarias en momentos decisivos–, ha ido escalando peldaños en su intento de acercarse al corazón de esta truculenta historia. “La dificultad es que se trata de un negocio con una estructura de poder que trasciende a Villarejo y que si no se desmonta en su totalidad dejará tocada la democracia. Dará igual a quién se vote o quién gane las elecciones en el futuro”, avisa Pilar L. González de Lara, una experta en asuntos financieros que empezó a cooperar con periodistas como Patricia López y Javier Ayuso en el caso del Pequeño Nicolás, el joven megalomaniaco acusado de múltiples delitos, sin saber que aquel sucio asunto le conduciría a la Operación Tándem, una trama aún más bestial.
Encarcelado desde 2017 en Estremera, José Manuel Villarejo mantiene intacta esa parte visceral de los comisarios franquistas, lo que unido a su red de jefes de seguridad de empresas y a su paranoia por grabar todas las conversaciones que sostenía con sus clientes, le siguen convirtiendo en un enemigo temible. Para unos y para otros. ¿Qué ocurrió con el juez Fernando Andreu, que vio truncado su nombramiento como secretario de Estado de Justicia? ¿Cómo ha transcurrido la vida del magistrado Pablo Ruz desde que decidió hacerse cargo del Caso Gürtel? ¿Quién está destapando las maniobras orquestales en la oscuridad mantenidas durante años por la crema del poder económico español, como el expresidente del BBVA o el de Iberdrola, con un comisario enfangado en negocios exquisitamente arrabaleros? Las sombras de estos interrogantes dibujan intrigas palaciegas en el imaginario ciudadano. La hoguera crece.
La cofundadora de Podemos, Carolina Bescansa, tiene una espina clavada desde su etapa como portavoz del grupo en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP. “El trabajo que realizamos para desentrañar la trama de corrupción del PP, algo estructural e incalificable, nos deparó muchas sorpresas. Pero, sobre todo, abrió la vía para empezar a visibilizar las conexiones que políticos de ese partido tenían con todos los aparatos ocultos del Estado, las brigadas patrióticas, etc. Precisamente, en una de las últimas comparecencias surgió el escándalo del espionaje realizado a Luis Bárcenas por parte de su chófer que, como ha declarado ante el juez, fue captado por el policía Andrés Gómez Gordo cuando trabajaba para María Dolores de Cospedal. Y en el origen de todo ello, estaba la relación que mantenía su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, con Villarejo. Sin embargo, aquella comisión sobre las cloacas no tuvo mucho recorrido porque la liquidaron en tres meses”, recuerda Bescansa desde su puesto en la Universidad Complutense, alejada ya de la política.
De nuevo Villarejo aparece aquí como muñidor de una conspiración al más alto nivel, agarrado a su carpeta envenenada y camuflado tras unas gafas con cristales tamizados. “Es un tipo que provoca miedo, incluso en prisión”, afirma un funcionario. Hoy vive en Estremera, rodeado de una guardia pretoriana, casi todos agentes condenados por diferentes delitos, y recibe una atención reverencial por parte de los funcionarios. “Se dirigen a él como una persona distinguida. Don por aquí, Don por allá. ¿Cómo se encuentra hoy, Don? ¿Le falta algo, Don?”, revela uno de ellos. Con la llegada al Gobierno de la coalición PSOE-UP, con ministras y vicepresidentes como Pablo Iglesias convertidos en piezas de caza mayor por la extensa red de estafadores de Villarejo, se abre la incógnita de si ha llegado el momento de desmantelar ese mecano de corrupción que aún pulula por el subsuelo.
Villarejo vive hoy en la cárcel de Estremera, rodeado de una guardia pretoriana, casi todos agentes condenados por diferentes delitos, y recibe una atención reverencial por parte de los funcionarios
Todo indica que no va resultar sencillo. Uno de los letrados más tenaces en la causa contra las cloacas del Estado, Alejandro Gámez Selma, destaca las dificultades para destapar las ramificaciones criminales de una trama cuya envergadura no para de crecer. “El problema es que el sistema español no contempla la desclasificación de documentos secretos, como ocurre en otros países. Ni siquiera un juez puede hacerlo. Sólo el Consejo de Ministros. Esta falta de control judicial, especialmente de la Audiencia Nacional, que es una pieza clave en todo esto, facilita la impunidad y permite que haya agentes que vivan de los secretos de Estado para hacer operaciones que ningún país democrático puede reconocer abiertamente que se practican”, afirma. El abogado reconoce que la posibilidad de acabar con las cloacas de un tajo a lo largo de la actual legislatura también se ha visto mermada por algunos nombramientos inesperados.
El de Dolores Delgado es el más desalentador. Al menos, así lo expresan algunas voces de Unidas Podemos, el objetivo a abatir por el clan policial que engrasó Villarejo desde su fundación como partido. Su designación al frente de la Fiscalía General del Estado, una institución que puede resultar clave para limpiar con lejía el fondo de la trama, cayó como un jarro de agua fría sobre la euforia que desató la formación de un gobierno progresista decidido a acabar con algunos de los vicios heredados del franquismo. Y este es manifiesto. Sin embargo, hay recuerdos que todavía reverberan. Delgado aparece pringada en la larga lista de personalidades enredadas en la madeja del excomisario. El más llamativo, sin duda, la comida informal que ambos mantuvieron en 2009, junto a Baltasar Garzón y varios policías. Aquello no se borra de un plumazo. Ni siquiera con el tibio capote que le echó Pablo Iglesias en una de sus últimas entrevistas en televisión donde hizo gala de que, a partir del acuerdo suscrito con Pedro Sánchez, tiene asumido que la ropa sucia se limpia en casa.
Para terminar de desdibujar la figura de la fiscal general es inevitable referirse a la estrecha relación que mantiene con Baltasar Garzón, que desde su inhabilitación para ejercer la carrera judicial, dirige el despacho de abogados que hoy defiende a tres de los colaboradores de Villarejo con mayor peso en todas las causas judiciales abiertas: Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía (DAO), Enrique García Castaño El Gordo, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía (UCAO), y Carlos Salamanca, responsable policial del aeropuerto de Barajas hasta 2015.
Tampoco es que el trabajo de Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior concite la confianza que requiere la colosal tarea de embridar los malos hábitos que proliferan en el mundo secreto policial. Pese a su machacona insistencia en que la “brigada patriótica” de Jorge Fernández Díaz “ya no existe”, hay quien aporta pruebas de todo lo contrario. “A Andrés Gómez Gordo, imputado por su relación con la Operación PISA (el informe falso que construyeron para hundir a Iglesias), le han ascendido y hoy dirige una comisaría de Madrid. El inspector José Ángel Fuentes Gago, presunto integrante de aquel grupo y que está imputado por espiar a Luis Bárcenas, también continúa en activo dentro de la policía”, cuenta Patricia López, periodista del diario Público cuyo trabajo de investigación está sirviendo para arrancarle el antifaz a este intrincado clan.
Un eslabón más
Pero lo peor, en su opinión, no es que siga habiendo cuatro o cinco personajes enfangados en puestos relevantes de la Policía, sino que la oleada de causas abiertas en los tribunales empiezan a desvelar detalles sobre los enigmas inconfesables que podrían ocultarse en el corazón de la trama. “Villarejo es sólo un eslabón de una banda que se forma a instancias de una élite político-económica procedente de la dictadura con el objetivo de mantener impune su poder ante los posibles cambios que pudieran producirse en España. En este sentido, se parece un poco a El Padrino”, añade la periodista que, a pocos meses de cumplirse seis años del escándalo del Pequeño Nicolás, sigue aireando maniobras en la oscuridad con el voluntad de seguir por la senda trazada hasta las últimas consecuencias.
Villarejo, según Patricia López, es sólo un eslabón de una banda que se forma a instancias de una élite político-económica procedente de la dictadura con el objetivo de mantener impune su poder
Por si hubiera pocas sospechas, el abogado Alejandro Gómez Selma, admite que la red de policías corruptos actuó como “un aparato paralelo al Estado. Cuando no les bastaba con la impunidad, ponían en marcha un mecanismo de control de daños que, en su caso, fue intoxicar procedimientos judiciales y hacer chantajes. A los Pujol, por ejemplo, les ofreció acabar con la causa a cambio de una buena suma de dinero. Y nos tememos que hay un proceso de renovación generacional, de los cargos policiales imputados a sus delfines”, relata. Pero el de los Pujol fue, quizá, el menor de los delitos. En el turbio historial de servicios prestados por esta multidisciplinar trama comienzan a aparecer nombres de presidentes y altos cargos de multinacionales como Iberdrola, Repsol, la Constructora San José, el BBVA y una larga lista de ropa sucia que empieza a resultar inabordable. En uno de los infinitos audios que han salido a la luz, el excomisario llega a decir que Agustín Linares, su padrino en este negocio, le pidió datos privados de 70.000 ciudadanos rumanos residentes en España para una operación inmobiliaria que un amigo quería realizar en Rumanía.
El papel de la prensa
No deja de tener su gracia que el papel desempeñado por los medios de comunicación en el juego de este entramado haya planteado tantos problemas. Y es que, por lo visto, en el camino se han encontrado con personajes que es mejor no mentar, pistas que no conviene regar, investigaciones delicadas que había que cortar por lo sano en cuanto empezaban a dar sus frutos. Algunos se sumaron a la causa para obtener beneficios, o sencillamente para protegerse, cuando sabían que lo que recibían como exclusiva no era oro sino amañados informes sobre la vida de personas condenadas de antemano a hundirse hasta el fondo. “Es evidente que todo esto hubiera sido imposible que se produjera sin la existencia de una cobertura por parte de algunos medios de comunicación”, asegura la diputada de UP, Gloria Elizo. Hay quien apunta directamente a ciertos periódicos y programas de televisión. “Una de las claves de la estrategia de la trama, que unos y otros llevan adelante, se vierte sobre la mesa de Al Rojo Vivo. El relato se ha construido muchas veces en ese plató entre las 12.45 y las 14 horas”, añade un profesor universitario invitado varias veces al programa y que pide mantener su anonimato. O personajes como Eduardo Inda o Esteban Urreiztieta, los polos opuestos al verdadero periodismo de investigación que están realizando Patricia López o Pilar L. González de Lara.
El periodista de El País Javier Ayuso ha reconocido que sufrió amenazas para que pusiera fin a su trabajo de investigación. Lo mismo que la periodista de Público, Patricia López. De la mafia rusa, de algunos policías envilecidos. En una ocasión, la intentaron detener por escribir sobre el siniestro apuñalamiento sufrido por la dermatóloga Elisa Pinto y los favores que su presunto agresor, José Manuel Villarejo, realizaba al exconsejero delegado de OHL Javier López Madrid, investigado por esta causa. La reportera dice que en el camino ha visto de todo. “Desde aquellos compañeros que ya colaboraban con la trama y que les hubiera resultado muy fácil, desde luego más que a mí, destaparlo, hasta los que tuvieron que escoger bando y eligieron el que pensaban que iba a ganar, el más poderoso, que además te surte de noticias. Cuando te lo ponen así de crudo resulta fácil elegir”, sentencia. Es su manera de despejar la pregunta de si alberga esperanzas de que la verdad se abra paso en este interminable reguero de corrupción, y añade sin evasivas: “Aquí impera el instinto más que la racionalidad. Y, en mi caso, estoy segura de haber tomado las decisiones que tenía que tomar. Soy tan gilipollas que si me volviera a pasar, tomaría el mismo camino”.
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EL ESTADO PROFUNDO
[13] ‘De Cenyt para Dico’: el documento que prueba que Villarejo investigó para el PP en 2005 y por el que nadie pregunta
Un escrito de Podemos remitido al juez de la ‘causa Tándem’ pide que se investigue si la empresa de Villarejo y otros comisarios recibieron un encargo del ex número dos de la Policía Díaz Pintado, cuando trabajaba ya como responsable de Seguridad de la inmobiliaria Dico, imputada en ‘Púnica’, para investigar y frenar a los ‘concejales díscolos’ del PP, que entorpecían el camino de Esperanza Aguirre.
Por Patricia López
A Pedro Díaz Pintado le costó explicar el pasado 23 de enero ante el juez Manuel García Castellón si durante su etapa como número dos de la Policía -entre julio de 1996 y junio de 2004- era conocedor de la situación irregular de José Manuel Villarejo, empresario y policía a partes iguales. Primero aseguró, como su antecesor Agustín Linares, y su sucesor y mando de mayor grado imputado hasta el momento, Eugenio Pino, que aunque la compatibilidad no la tenía concedida, era sabido que estaba autorizado por los ministros y directores generales para tener su emporio privado.
Hasta el momento, esta ‘autorización gubernamental’ se circunscribía a importantes misiones del Estado, como las relatadas por Agustín Linares: Villarejo lo mismo servía para hacer de contacto con Al Kassar que para crearles unas empresas al servicio de la patria o venderles unos misiles rusos a ETA.
Sin embargo, Díaz Pintado acabó reconociendo que se le hacían encargos desde las grandes empresas de este país. Y que tanto sus antiguos jefes -el mismo Díaz Pintado, por ejemplo-, como los directores de Seguridad de Iberdrola (Antonio Asenjo), el BBVA (Julio Corrochano) o el Banco Santander (el propio Linares), han recurrido a Villarejo a lo largo de 30 años, pagando a su entramado empresarial a sabiendas de que no estaban contratando ningún servicio relacionado con la seguridad de España. Salvo que trabajar para una de estas compañías sea considerado un servicio a España, como le insinuó Villarejo al juez de ‘Tándem’ que le mantiene en prisión, cuando le dijo aquello de «Allá donde esté Repsol está España».
‘De Cenyt a Dico’, el sobre que delata a Díaz Pintado
Como acusación popular en las 25 piezas que ya existen de la ‘causa Tándem’, Podemos ha presentado un escrito ante el juez García Castellón donde recopila toda la información desperdigada por las diferentes causas del sumario y que, sumada a la declaración de Díaz Pintado en el juzgado, podría dar lugar a la apertura de otra pieza por el encargo de Grupo Dico a la sociedad propiedad del comisario encarcelado Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt).
Díaz Pintado se incorporó, por tanto, en 2004 a la que era entonces la novena inmobiliaria del país, tan solo tres meses después de abandonar su puesto como número dos de la Policía y cuando Villarejo estaba destinado en la Comisaría General de Policía Judicial, junto al comisario de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera. Ante el juez y con obligación de decir la verdad, Díaz Pintado explicó que, tras un apuro, «contactó con el Sr. Villarejo Pérez en el año 2005 a fin de que éste le recomendara un «detective privado» o «experto en seguridad» que pudiera investigar una serie de notas amenazantes que el presidente del consejo de administración de este grupo mercantil estaba recibiendo en aquel momento».
Villarejo, según recoge el informe de Podemos, «le recomendó [a Díaz Pintado] contactar con la empresa Cenyt y su administrador, el Sr. Rafael Redondo, sin mencionarle el hecho de que él era el propietario de dicha empresa». Una afirmación sorprendente, puesto que el propio Díaz Pintado había explicado anteriormente la supuesta relevancia de Villarejo para ministros, directores generales y para su antecesor Agustín Linares, por lo que él mismo era consciente de esta situación extraordinaria de policía-empresario.
El ex número dos de la Policía con el presidente José María Aznar quiso desentenderse más aun si cabe del asunto y volvió a asegurar al juez, en calidad de testigo, que «pese a no volver a tener ninguna participación, el Sr. Díaz Pintado tuvo conocimiento posterior de que el Grupo Dico había contratado al Sr. Redondo para tal encargo, plasmándose éste en un informe por el que la mercantil Cenyt facturó unos 150.000 euros», según explica el escrito de Podemos.
Sin embargo, en el registro de uno de los inmuebles del comisario Villarejo se encontró un documento que es bastante explícito sobre el conocimiento de Díaz Pintado de la relación de Cenyt y Dico, ya que es él mismo a quien va dirigido. En el encabezado se puede leer, manuscrito: «Pedro Díaz Pintado. De Cenyt para Dico» . Este documento consta en la pieza principal del sumario de la ‘causa Tándem’ y sorprende que ni juez ni fiscalía le preguntaran por él al testigo a finales de enero.
Otro documento que cita Podemos en su escrito, y que Público ofrece ahora en exclusiva, es un email en el que el comisario José Luis Olivera deja claro que Villarejo nunca fue un agente encubierto ni hacía misiones para el Estado. Olivera, que ahora trabaja para Luis Rubiales en la Real Federación Española de Fútbol, ha sido acusado por varios compañeros de ser el encargado de tapar las investigaciones contra el PP mientras fue jefe de la UDEF y de iniciar la época de informes falsos cuando ascendió a Comisario General de Policía Judicial. Sin embargo el juez aún no le ha llamado a declarar.
El año 2005: los concejales de Majadahonda, la inmobiliaria Dico y la protección al PP de Madrid
Asentadas las bases de que el ex alto mando policial le mintió al juez, Podemos expone los indicios que se reparten en las diferentes piezas del sumario y que hemos ido desvelando en Público, entre otros medios de comunicación, sobre lo que podría denominarse la primera fase de la ‘Operación Kitchen’: el intento de desprestigio de los denunciantes de corrupción José Luis Peñas y Juan José Moreno, que en 2005 era concejales del PP de Majadahonda y comenzaron a grabar a los empresarios que pagaban mordidas al Partido Popular en municipios de Madrid, Valencia, Galicia o Castilla y León, o incluso en el mismo despacho de Luis Bárcenas.
A José Luis Peñas se le conoce por destapar la trama Gürtel tras haber grabado y llevado a la UDEF horas de conversaciones de Francisco Correa. Pero, como destapó Público en agosto de 2015, su compañero Juan José Moreno grababa a la par a Raúl Calvo, ejecutivo de Dico y jefe de Díaz Pintado, y este confesaba en dichas grabaciones las claves de lo que hoy conocemos como Operación Púnica: «Marjaliza es el tapado de Paco [Granados]» o «Esperanza Aguirre lo sabe».
Estas grabaciones de Moreno ocurrían en octubre de 2005 y tanto detalle había en ellas que incluso se habla de unas jornadas de caza que organizaba Dico y a las que el ejecutivo quería invitar al concejal. Los concejales, según ha sabido Público del propio José Luis Peñas, pecaron de ingenuos y pusieron en conocimiento de Esperanza Aguirre lo que estaba ocurriendo en el PP de Madrid. Ella les dijo que tomaría cartas en el asunto.
Peñas, Moreno y sus familias comenzaron entonces a sufrir amenazas -unos coches les intentaron sacar de la carretera, por ejemplo-, pero finalmente, pasado más de un año, acudieron finalmente a la UDEF a denunciar. Curiosamente, las diligencias que abrieron los hombres de José Luis Olivera no incluían ninguna de las grabaciones del ejecutivo de Dico y sólo figuraban las de Francisco Correa, con las que quedó bautizada la ‘Operación Gürtel’.
En noviembre de 2018, cuando Villarejo llevaba ya un año en la cárcel, el juzgado levantó parte del secreto de sumario, incluidas unas grabaciones del año 2005. En concreto, hay una de noviembre de 2005 (un mes después de que Moreno grabara al ejecutivo de Dico) en la que Villarejo y el comisario Enrique García Castaño citan un encargo realizado para la constructora Dico: «rastrear los teléfonos de los concejales de Majadahonda» –José Luis Peñas y Juan José Moreno–, justo después de que estos últimos denunciaran a Esperanza Aguirre la corrupción del PP, tal y como desveló Público en el artículo Los denunciantes de Gürtel fueron rastreados por Villarejo y Castaño tras alertar a Aguirre y en el que se pueden escuchar los audios de dicha conversación.
En esa tanda de audios de las que el juzgado levantó el secreto, quedaba perfectamente establecida la estrecha relación de negocios que había entre los comisarios Olivera, García Castaño y Carlos Salamanca, quienes a su vez mantenían estrechas relaciones con personas del Partido Popular.
Si Esperanza Aguirre ha sido la única política en reconocer que se reunió con Villarejo sin necesidad de que este haga aflorar ningún audio de una reunión con ella, Carlos Salamanca es el «compadre» de Francisco Granados -como se refleja en el sumario de Púnica, aunque también mantiene una estrecha relación con Villarejo- y Enrique García Castaño lo es a su vez de otro ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
No es la única referencia que Villarejo deja grabada haciendo alusión al Partido Popular en el año 2005. Por ejemplo, en la pieza Pintor, que investiga el encargo que le hacen el empresario Juan Muñoz y su hermano Fernando -marido y cuñado, respectivamente, de la presentadora Ana Rosa Quintana– Villarejo les cuenta que ya alertó al PP del ‘Peñitas’, al igual que a María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro.
Tanto es así que en la pieza del BBVA de la que se acaba de levantar el secreto de sumario se encuentra otra clave de esta posible nueva causa: «Una carpeta denominada «G» que a su vez contiene 100 archivos de audio con diferentes personas, principalmente mandos del CNP [Cuerpo Nacional de Policía], empresarios y periodistas (entre otros, Enrique GARCÍA CASTAÑO, José Luis OLIVERA SERRANO -Comisario Principal con carné profesional 17.561 2, en aquel momento con destino en la Comisaría General de Policía Judicial-, Carlos SALAMANCA VILCHES, Julio CORROCHANO PEÑA, Ignacio LÓPEZ DE HIERRO), cuyo contenido está pendiente de analizar en su totalidad». Todos esos archivos de audio están datados en el año 2005.
Y, por último, una curiosidad. Si alguna vez no debieran haber existido las causas Púnica y Lezo, porque con los audios de José Luis Peñas y Juan José Moreno hubiera sido suficiente para investigar a todo el PP de Madrid (y a todo el PP) bajo el paraguas de Gürtel, nadie mejor que el juez Manuel García Castellón para decidirlo. En el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional del que es titular se instruyen, por un lado, las dos causas citadas anteriormente y que llevaron a Granados e Ignacio González provisionalmente a prisión, y por otro, Tándem, por la que Villarejo lleva más de dos años en la cárcel.
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1 Comment
Parece que resulta irrelevante que los Jueces sean nombrados y promovidos por los corruptos nombrados por otro poder todavía más corrupto, el Político.
Y unos (Jueces carentes de Imparcialidad, el peor de los males de la judicatura) y otros (Políticos que deben su posición preeminente a la Corrupción informativa que cobra por publicar hagiografías de corruptos, que después, desinformados, elegimos, para finalmente, procesarlos -al menos intentarlo- para que sean los Jueces que ellos habían elegido, quienes los juzguen.
Y vuelta a empezar con la Desinformación:
LOS JUECES DEPENDIENTES DE LOS POLÍTICOS HAN HABLADO: ¡¡QUE SE CALLE LA RAZÓN!!
Y dando otra vuelta de tuerca al Dogal de los Siervos que nos creemos ciudadanos, pasamos a defender la Independencia judicial, para que continúen siendo parciales.
Todo se ha pervertido. Porque hoy, la Corrupción Judicial (o su falta de imparcialidad dicho de modo menos peyorativo) aparece no como mal menor, sino como bien mayor.
Porque «La Justicia nos importa un carajo. Lo que queremos es que nos den la razón, y a eso llamarle Justicia».
Saludos