El otro lado del terror y una sugerencia de voto

Jesús Prieto
Cádiz Rebelde

El Plan ZEN

ZEN son las iniciales de Zona Especial Norte, una región represiva diseñada y definida por el ministerio del Interior del Gobierno de Felipe González -en los tiempos en que el ministerio y el cuartel general de los GAL compartían sede, jefes y personal- que coincidía y coincide con las comunidades autónomas vasca y navarra; es decir, lo que en la lingua navarrorum se conoce como Hego Euskal Herria, el sur del País Vasco. Las siglas ZEN escondían, pues, eufemísticamente, una unidad territorial, humana, cultural y lingüística -o sea, nacional- que era y es negada oficialmente. 

Los dirigentes del PSOE, que ya habían renunciado a los contenidos de la S y de la O de sus siglas a cambio del plato de lentejas con chorizo de participar eternamente de la hegemonía bipartidista, no tuvieron mayores problemas en mantener la tradición franquista y apostar por la solución puramente represiva de la «cuestión vasca» demostrando una descomunal cobardía y una gran falta de imaginación.

Así, a poco más de 48 horas de ganar las elecciones de octubre de 1.982, Felipe González dio a conocer su fórmula mágica para liquidar definitivamente a ETA: un decálogo efecticida que evitaba abordar la causalidad plenamente vigente del «problema» y que incluía ideas tales como desarrollar la manipulación psicológica sobre la población vasca, crear la figura del «arrepentido» o premiar a los chivatos y soplones.

Evidentemente, los diez ignominiosos mandamientos no se elaboraron en aquellos dos días triunfales. El decálogo respondía a un esquema de acción táctico-estratégica pactado bastante antes con la UCD como respuesta a un casus belli nacional, a una razón de Estado.

Dicen que existe un efecto entre óptico y psicológico que hace que las cosas se perciban diferentes cuando se observan desde un trono. Algo de esto le debió suceder a Felipe González. Porque, a la semana de ostentar la jefatura del Gobierno, ya se había convencido de que su decálogo antiterrorista no era suficiente. Así, encomendó al siniestro general de la Guardia Civil y jefe de su Estado Mayor, Andrés Cassinello, experto en información y contrainsurgencia, que «mejorara» su contenido en aras de una mayor eficacia.

El franquista Cassinello, ahora a las órdenes de un presidente «socialista» y «obrero», pero, ante todo, español, no dudó en confeccionar un nuevo código de actuación antiterrorista que recogía, efectivamente, la esencia del famoso decálogo, pero que incluía también muchos puntos de anteriores manuales de los servicios secretos de Carrero Blanco, inspirados en los métodos aplicados por la CIA en su particular «guerra fría» contra cualquiera que oliera, aunque fuera ligeramente, a comunista.

Fue en enero de 1.983 cuando el ministro de la Porra -hoy terrorista convicto, José Barrionuevo Peña- compareció ante unos medios de comunicación previamente «educados», en una histórica conferencia de prensa, para presentar con bombo y platillos ante la sociedad española el Plan ZEN. Curiosamente, esta especie de Plan Ponds para acabar con ETA en siete días no había pasado por trámite parlamentario alguno, pero, al venir de «los socialistas», se presupuso su carácter democrático. Al menos, nadie fuera de Euskadi lo cuestionó. Sin embargo, cualquier observador imparcial no hubiera dudado en calificarlo de fascista y de conculcador de los derechos humanos individuales y colectivos. 

Entre otras virtudes, el Plan ZEN recomendaba expresamente utilizar la propaganda, el rumor, la mentira y la manipulación de la información para sembrar la duda y la confusión entre los vascos y, de paso, quitar apoyo a los independentistas en el resto del Estado. Por ejemplo, dice literalmente: «Atribuir en los éxitos policiales que se obtengan, parte del mérito a la colaboración ciudadana» y también, «dar informaciones periódicas, a través de terceros, que difundan enfrentamientos y discrepancias entre terroristas, sus ideologías foráneas, sus negocios sucios, sus costumbres criticables, etc. Basta que la información sea creíble para explotarla«. Basta que sea creíble, para explotarla y legitimar la represión.

El Estado terrorista

Cuentan que un día los árboles del bosque, viendo llegar al leñador portando su hacha al hombro, se dijeron: «Tranquilos, el mango es de los nuestros». Al poco, troceados, esperaban la muerte en la leñera. Con el PSOE sucedió algo parecido. Nadie podía creer que fuese capaz de acentuar la represión, pero nunca se vivieron en el País Vasco tiempos tan duros. Al menos, hasta hoy.

Los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que había sido mayoritariamente rechazada por la población vasca, se conculcaron a modo por parte del Estado: Tribunales especiales como la Audiencia Nacional, clónica del Tribunal de Orden Público de la dictadura; leyes de excepción como la Antiterrorista, que daba plenos poderes a unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sin depurar y permitía la incomunicación e indefensión de los detenidos durante diez días; sistematización de la tortura en comisarías y cuartelillos, asegurando la impunidad de los policías y guardias civiles delincuentes; creación de prisiones de máxima seguridad; política ilegal de dispersión de los presos políticos; fondos reservados para financiar tropelías sin necesidad de rendir cuentas, que sirvieron, entre otras cosas, para pagar al cuerpo de periodistas mercenarios dedicados a fondo a la intoxicación; y, como colofón, la continuación de la guerra sucia empleada por el franquismo (ATE) y por la UCD (Batallón Vasco Español), con el infinito agravante que supuso la creación de los GAL por el propio Gobierno del PSOE presidido por Felipe González.

Fueron casi catorce años de delincuencia gubernamental, amparada por la Internacional Socialista -con la honrosa excepción del suizo Jean Ziegler, que llegó a presidir el Comité Internacional que organizó los actos del 50 aniversario del bombardeo y destrucción de Gernika-, en los que se detuvo a más de diez mil personas, se torturó a miles y se asesinó a más de treinta, entre ellos al dirigente de Herri Batasuna y prestigioso médico pediatra Santiago Brouard y al periodista Xabier Galdeano. Por el horripilante e inhumano sadismo empleado por los guardias civiles que les secuestraron y torturaron hasta la muerte, merecen mención aparte los casos de José Ignacio Zabala Artano, José Antonio Lasa Arostegi y Mikel Zabalza Garate. Entretanto, como si fuera un acto de macabro recochineo, el 4 de febrero de 1.985, el Estado español firmó la Convención Internacional contra las Torturas. 

El asesinato del diputado electo Josu Muguruza Guarrotxena a manos del policía Ángel Duce y del cabecilla fascista Ricardo Sáenz de Ynestrillas, fue otro de los episodios a inventariar en este apartado. El «marrón» fue asumido íntegramente por Duce, que, curiosamente, murió pocos años después en un sospechoso accidente de circulación ocurrido en un oportuno permiso carcelario. Así quedó cerrado oficialmente uno de los casos más sangrantes y menos recordados de la reciente historia negra del reino borbónico.

ETA no, vascos depende

El 5 de noviembre de 1.987, la práctica totalidad de los partidos políticos del Estado español firmaron un documento conjunto contra ETA que bautizaron como «Pacto de Madrid». Los conjurados fueron concretamente PSOE, AP (hoy PP), CiU, PNV, PDP, PL (hoy PP), PCE y EE (hoy PSOE). En el texto se pueden leer medidas tan actuales como las expresadas en su apartado 1.7: «Pedimos a los responsables de los medios de comunicación que -desde el respeto a la libertad de expresión -nótese que no se cita la libertad de información- colaboren con las instituciones representativas de la voluntad popular y a través de los medios a su alcance trabajen en desarrollar el ambiente social necesario para la generalización de los valores del respeto mutuo, la tolerancia y el rechazo de la violencia y el terrorismo«. 

El Pacto de Madrid tuvo continuidad meses después en los de Ajuria Enea e Iruña, en los que ya se apreciaron ciertas reservas en el PNV y EA. En el firmado en Vitoria el 12 de enero de 1.988, Eusko Alkartasuna puso condiciones. Y en el firmado en Pamplona el 7 de octubre del mismo año, EA votó en contra y el PNV no participó.

Pero el acuerdo de Estado estaba consumado. Ahora tocaba implicar al mayor número posible de países en la guerra contra ETA -como se verá, se trataba y se trata realmente de terminar con el independentismo, sea violento o no lo sea- y así internacionalizar el conflicto. Para ello, el Estado español -concepto que abarca mucho más que el mero Gobierno- contaba con la inestimable ayuda de los EEUU, cuya CIA hacía muchos años que tenía en nómina a una cuarentena de periodistas españoles que redactaban sus «informaciones» y «opinaban» al gusto de la Casa Blanca. Así se creó el fantasma del «euroterrorismo» que justificaría el nacimiento de los grupos de Schengen y Trevi, siempre en el camino hacia la Europa de la tolerancia cero hacia los enemigos del Sistema.

Poco a poco, amparándose en la excusa de la lucha antiterrorista, fue aflorando la que siempre fue la madre del cordero, la verdadera preocupación del Estado: la conservación de la unidad territorial de España, seriamente amenazada por los nacionalistas, sobre todo por los vascos que cada vez gozaban de más respaldo social. Para esa empresa histórica heredada del más rancio macizo de la raza -aunque con Franco se habían independizado las «provincias españolas» de Guinea Ecuatorial y de Ifni, el Sahara había sido abandonado a su suerte y se había renunciado al protectorado sobre el norte de Marruecos- todo servía y todo sigue sirviendo. Como siempre, todo por la Patria, el fin justifica los medios.

El papel fundamental de Falsimedia

No me cansaré de insistir en que vivimos en una oligarquía de partidos, no en una democracia. Y dentro de esta partitocracia, la injusticia de las fórmulas electorales -listas cerradas y ley d’Hont- condena a la ciudadanía al bipartidismo, que se convierte en partido único ante las cuestiones de Estado.

Así, no es de extrañar que, a la primera oportunidad, el ínclito Jaime Mayor Oreja, ya sin ambages, propusiera oficial y públicamente superar el Pacto de Madrid y «reformar las leyes para combatir al conjunto de la Izquierda Abertzale» (14 de julio de 1.997).

Por esas fechas, con un José María Aznar todavía bisoño al frente del Gobierno y necesitado de refuerzos externos para consolidar su liderazgo de laboratorio, aún había que cuidar las formas. Pero, con la visión global que dan los altos cargos, se fue preparando el terreno para el asalto final a ETA, sí, pero sobre todo para apuntillar al independentismo y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, a los grupos antisistema nacidos y por nacer. Y el Estado recurrió, como siempre, a su cuarto poder en la sombra: los medios de comunicación que aquí llamamos Falsimedia.

Tras la correspondiente purga de trabajadores y colaboradores no afectos al nuevo régimen o sospechosos de ambigüedad, los entes públicos se pusieron a la tarea inmediatamente. Pregunten ustedes a los despedidos y jubilados precipitadamente de Televisión Española y de Radio Nacional. En cuanto a Antena 3, COPE, Onda Cero y las cadenas autonómicas en manos del PP -como Tele Madrid, a cuyo director cesó como del rayo Ruiz Gallardón por haber permitido la emisión de una información contrastada sobre el País Vasco-, ¿qué les voy a contar? Si en los medios públicos destacan los locutores Antonio Jiménez y Manuel Antonio Rico y su batallón de colaboradores (Carlos Dávila, Fernando Jáuregui, Justino Sinova, Curri Valenzuela y otros intoxicadores del mismo o parecido pelo), en los privados brillan por méritos propios Federico Jiménez Losantos, Luis del Olmo Marote, Luis Herrero-Tejedor y Carlos Herrera con sus alfiles José María Calleja, Isabel San Sebastián y tantos otros. 

No me he olvidado del grupo PRISA, pero con las contradicciones que dimanan del bipartidismo, anda ahora con piel de cordero y prefiero dedicarle un monográfico que publicaré próximamente.

Colaboradores necesarios

Pero, si pretendemos entender cómo nos engañan, debemos tener permanentemente presente la Teoría de Thomas: «Una mentira repetida hasta la saciedad es real en sus consecuencias«. Es la clave de la manipulación desde que el mundo es mundo.

Como son profesionales, no dan puntada sin hilo. Por eso son conscientes del enfangamiento ético en el que viven. Y por eso han buscado -y encontrado- expertos titulados en la materia que les bañen de la misma, cara a la galería. Los principales hallazgos son Fernando Fernández Savater y Gabriel Albiac, dos rojos en apuros que, convertidos a la noble causa del centralismo antidemocrático y del neoliberalismo redentor y remunerador, legitiman, cada uno a su manera, las tropelías cometidas. 

Como se veía venir, una vez controlados los medios de información había que eliminar del panorama a los poquísimos insobornables. Y aquí fue Troya: Egin (diario y emisora), Ardi Beltza y Egunkaria están durmiendo el sueño eterno por obra y gracia del juez campeador, ese de quien dicen que cuando falla, folla y cuando folla, falla. Y, en el ámbito telemático, no podemos olvidar lo sucedido con la web de la Asociación Contra la Tortura, multada y clausurada para los restos por hacerse eco del informe completo de Amnistía Internacional que le saca los colores un año sí y otro también al democrático Estado español.

Aunque, como nos enseñó el pesimista Murphy, todo puede empeorar. Pero no se preocupen, que no me voy a extender hablando del flamante Presidente del Tribunal Constitucional, señor Jiménez de Parga.

El Plan ZEN corregido y aumentado por el PP

Con todo a su favor, viento en popa y a toda vela, metido el PP ya en su segunda legislatura, con un caudillo asentado y con el apoyo de un Tío Sam más demente que nunca tras haber visto demasiado de cerca las barbas del Profeta, como dirían en mi pueblo: «¡Tira millas!».

En esta democracia cojonera, se hace lo que dice el presidente. ¡No faltaría más! Y, como Procusto, si alguna decisión no se ajusta a la ley, se estira o se encoge la ley hasta que encaje. O, si no, aún mejor, se promulgan nuevas leyes ad hoc, según se vayan necesitando, que para eso hay mayoría absoluta.

El Plan ZEN no estaba mal, pero tenía algunas lagunas insoportables para espíritus tan exquisitamente sensibles ante el Derecho. Así que toma Ley del Menor, Ley de Partidos, Ley de Internet y Ley de lo que haga falta. Vengan la cadena perpetua, las condenas más que desproporcionadas para los niños, la ilegalización de partidos políticos y de asociaciones sociales y ciudadanas. 

Tildar a las Herriko Tabernas de «sedes de ETA» es de locos. Es un acto de mala fe tan indignante y falso como decir que las Casas del Pueblo son «sedes de los GAL». Y condenar a un potencial de 250.000 personas a no poder elegir ni ser elegidas sin ser juzgadas individualmente, es un claro acto dictatorial.

Pucherazo típico de monarquía garbancera

Pero, sobre todo, es un flagrante pucherazo que deslegitima todo el proceso electoral. Y no vale mirar para otro lado. Como tampoco vale esgrimir el mezquino argumento de que son unos comicios locales y regionales. La Historia nos ha enseñado que cuando en unas elecciones municipales el pueblo se comporta dignamente, se puede, incluso, terminar con una monarquía.

Si quienes se autoproclaman de izquierdas -como, por ejemplo, Izquierda Unida- lo fueran de verdad o, al menos, retuviesen algo de pudor, ya habrían denunciado internacionalmente lo que aquí sucede y, desde luego, habrían retirado sus candidaturas. Lo mismo deberían hacer el BNG, EA y el PNV. Pero no. Muy al contrario, el grupo municipal de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Granada ha apoyado la medida político-judicial.

Así las cosas, sólo nos queda el inalienable libre pensamiento para analizar, valorar y decidir por nosotros mismos la postura a tomar ante tanta canallada. Yo he llegado a la conclusión de que lo mejor es acudir el próximo 25 de mayo a las urnas con una papeleta propia, de fabricación casera, casi artesanal. En ella pondré lo que me parezca pertinente. No estaría mal que se disparase el voto nulo en el Estado. Si alguna vez lo conseguimos, estén ustedes seguros de que las cosas pueden comenzar a cambiar. Y ese cambio es urgente. Porque vivimos en el fascismo.

 

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El “Plan ZEN” y sus enanos: las escuchas ilegales del CESID y el caso GAL

 

 

Con el ascenso al gobierno del PSOE en 1981 y el nombramiento del coronel Emilio Alonso Manglano —mano derecha de Felipe González— al frente del CESID, Calderón debió abandonar ese organismo central de inteligencia, pasando a reintegrarse a la Guardia Civil, donde asumió la dirección de sus servicios de información.

Durante su segundo mandato gubernamental, el PSOE vio como estallaba en sus manos el llamado “Caso GAL”, una organización terrorista de Estado producto directo del famoso “Plan ZEN” (Zona Euskadi Norte), proyecto contrainsurgente destinado a combatir a ETA y, en general, a toda la izquierda abertzale. El mentor de este plan —adoptado e impulsado por el gobierno socialista— fue el general de la Guardia Civil Andrés Casinello, quien había diseñado los modernos servicios secretos de las FF.AA. del Estado español, incluida la Guardia Civil.

 

el Plan ZEN recomendaba expresamente utilizar la propaganda fundada en el rumor, la mentira y la manipulación de la información para sembrar la duda y la confusión

 

El Plan Zen fue la primera medida de alcance represivo sobre la sociedad civil que aprobó el PSOE nada más hacerse cargo del gobierno. Sus objetivos quedaron plasmados el 31 de octubre de 1982 en el secreto «Decálogo para acabar con ETA», cuya implementación político-militar comenzó a efectivizarse en enero de 1983; por supuesto, sin conocimiento ni aprobación de la Cortes Generales. En realidad, el “Plan Zen” estuvo inspirado en otro anterior concebido por expertos policías franquistas en la lucha contra ETA, según los manuales que la CIA repartió por toda Europa tras la Segunda Guerra mundial, titulado: “Nuevas dimensiones para la seguridad en Europa”, con el fin de combatir la influencia de los partidos comunistas en el viejo continente.

Su antecedente inmediato data de 1977 y fue elaborado por el Ministerio postfranquista de Defensa e Interior, según la línea trazada por un informe difundido entre los mandos del Ejército con el nombre de “Orientaciones para la Subversión y la contra subversión”, doctrina fundada en la creencia de que la izquierda radical estaba creando una situación prerrevolucionaria en Euskadi .

Uno de los aspectos más destacables del Plan Zen fue su énfasis sobre la «guerra psicológica» basada en el falseamiento de la información acerca de la represión al movimiento abertzale. Con ello se trató de que la opinión publica —en especial la mayoría residente fuera del país vasco— se creara ella sola una aureola de dignidad sobre los “cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”, que le indujera naturalmente a desacreditar toda fuente de información no proveniente de fuentes oficiales. Tal fue el núcleo central de una táctica que se planteó conseguir la derrota política de ETA como condición de su derrota militar.

En tal sentido, el Plan ZEN atribuyó decisiva importancia a la utilización de los medios de comunicación. Entre otras “virtudes”, el Plan ZEN recomendaba expresamente utilizar la propaganda fundada en el rumor, la mentira y la manipulación de la información para sembrar la duda y la confusión entre los vascos y, de paso, quitar apoyo a los independentistas en el resto del Estado. Por ejemplo, dice literalmente: «Atribuir parte del mérito en los éxitos policiales que se obtengan, a la colaboración ciudadana (….), cuando sufra un atentado un miembro de la policía, personalizarle inmediatamente y facilitar algunos datos de la esposa, madre e hijos preferentemente, (…) dar informaciones periódicas, a través de terceros, que difundan enfrentamientos y discrepancias entre terroristas, sus ideologías foráneas, sus negocios sucios, sus costumbres criticables, etc. Basta que la información (falsa) sea creíble  para explotarla.  (Op. Cit.) «.

Hasta ese momento, ETA había limitado su accionar armado a los efectivos de los tres ejércitos, a la guardia Civil , Policía Nacional y policías autonómicas, en este orden de importancia. [1] 

Fue en enero de 1.983, cuando el ministro de Interior del primer gobierno del PSOE, José Barrionuevo Peña —conocido por el ministro de la Porra— convocó a una histórica conferencia de prensa, para presentar el Plan ZEN con bombo y platillos ante la sociedad española.

Con la fundación y el accionar de los “Grupos antiterroristas de Liberación” (G.A.L.), entre 1983 y 1986, el PSOE pudo demostrar que la nueva forma de gobierno “democrática” con que apareció vestido el Estado español tras el proceso de transición política formal que sucedió a la muerte de Franco, no pudo ocultar que siguió y sigue conservando su misma naturaleza o esencia terrorista, atravesado por un hilo de sangre que, entre 1977 y 1981, fue trazado por el Terrorismo de Estado oficioso. Con Fraga como Ministro del Interior, en el Gobierno franquista de Arias-Navarro, y durante la época de UCD, con Rodolfo Martín Villa en el mismo puesto, actuaron el Batallón Vasco Español (BVE), la Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista) —un remedo de la famosa “Triple A” actuante por esas mismas fechas en Argentina (1974-75)—, ATE (Anti Terrorismo ETA), los “Comandos Antimarxistas”, los Grupos Armados Españoles (GAE) y los “Guerrilleros de Cristo Rey”. [2] 

Ese hilo de sangre fue dibujando la historia de la transición hacia la “democracia” desde el 23 de enero de 1977, con el asesinato del estudiante Arturo Ruiz García en Madrid, a manos de la A.A.A., hasta el 26 de junio de 1981, con el asesinato de Antonio Murillo Chacón perpetrado en Hernani sin atribución específica; pasando por la “matanza de Atocha”, con el asesinato de cinco abogados laboralistas militantes de CC.OO., reivindicada por la A.A.A.; el secuestro y asesinato en Irún de Martín Merkelanz —supuestamente vinculado a ETA— reivindicado por el B.V.E. el 6 de mayo de 1978; el secuestro y asesinato de José Ramón Ansa Echevarria, militante de ETA, en Andoain, reivindicado por la A.A.A. el 6 de mayo de 1979; el asesinato en la playa de Anglet (Francia), de Juan J. Lopetegui Carrasco, militante de ETA. Reivindicado por el BVE  el 2 de agosto de 1979; el asesinato en Madrid de Yolanda González Martín, del Partido socialista de los trabajadores (P.S.T.), el 2 de febrero de 1980, reivindicado por el B.V.E; asesinato en Hernani de Felipe Zagarna Ormazábal el 19 de abril de 1980, reivindicado por el B.V.E.; el asesinato en Madrid de Arturo Pajuelo Rubio. Atribuido al BVE.; el asesinato en San Sebastián de la estudiante Maria José Bravo del Valle, atribuido al BVE el 8 u 11 de mayo de 1980; el asesinato en Ondarroa de Ángel Etxaniz Olabarría, militante de Herri Batasuna. Atribuido al BVE. El 30 de agosto de 1980; el asesinato en Hernani de Miguel Mª Arbelaiz y Luis Mª Elizondo, militantes de Herri Batasuna atribuido al BVE el 7 de setiembre de 1980; el asesinato en Caracas (Venezuela), de los militantes de ETA Esperanza Arana y Joaquín Alfonso Etxeberría, atribuido al BVE el 14 de noviembre de 1980; el asesinato ese mismo día en Hernani del chatarrero Joaquín Antimasbere Escoz, sin vinculación política conocida, también atribuido al B.V.E; el ametrallamiento del Bar «Hendayais» de Hendaya, donde suelen reunirse simpatizantes de ETA. Fallecen el trabajador José Camio y el jubilado Jean Pierre Aramendi, ambos sin filiación política conocida. Diez personas más resultan heridas. Atribuido al BVE el 23 de noviembre de 1980; el asesinato en Biarritz del militante de ETA José Martín Sagardía Zaldua. Atribuido al BVE el 30 de diciembre de 1980; el asesinato en Andoain de Francisco Javier Ansa Cincunegui, militante de Herri Batasuna y hermano de un concejal del Partido Nacionalista Vasco, atribuido al BVE el 3 de marzo de 1981.

 

El 6 de julio, se elaboró en el CESID la llamada «acta fundacional» de los G.A.L., en la que se examinó la posibilidad de llevar a cabo acciones de «guerra sucia» en el sur de Francia

 

Como puede advertirse por esta crónica, entre 1977 y 1981, actuando impunemente desde las cloacas del postfranquismo, el terrorismo de Estado español vino marcando todos los pasos que en la superficie de la sociedad fue dando la burocracia partidocrática durante la transición pactada y los inicios de la “joven democracia española”. De acuerdo con la cronología publicada por “El Mundo”, el año 1983 nació con una propuesta del “Partido Nacionalista Vasco” al flamante gobierno del PSOE, para iniciar conversaciones de paz con ETA. Pero el día 28, esta negociación fracasó ante la negativa de los representantes del Estado a la exigencia etarra de que las conversaciones prosiguieran en presencia de los medios de prensa. Ese mismo mes, según el entonces número dos del CESID, Juan Alberto Perote, su Jefe, Emilio Alonso Manglano le encargó un informe sobre cómo combatir a ETA.

En medio de una fuerte ofensiva militar de ETA, en algún lugar de la Sierra de Guadarrama tuvo lugar una reunión en la que participaron El ministro del Interior, Barrionuevo, El Secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, Julián Sancristóbal, Director General de Seguridad del Estado, José María (Txiki) Benegas, Jáuregui y Damborenea, Secretario general de los socialistas de Vizcaya, entre otros, donde —según este último— allí se habló de empezar a actuar contra ETA en Francia. Entre abril y junio, la ofensiva de ETA recrudece. El 6 de julio, se elaboró en el CESID la llamada «acta fundacional» de los G.A.L., en la que se examinó la posibilidad de llevar a cabo acciones de «guerra sucia» en el sur de Francia, ante la falta de colaboración de ese país en la lucha antiterrorista. El 28 de setiembre, Juan Alberto Perote, del CESID, elaboró una «Nota de despacho» en la que se informó sobre el inicio de acciones en Francia por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado o a través de mercenarios contratados.

El 5 de octubre de 1983, en Bilbao, fue secuestrado por ETA el capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios. El 16 fueron secuestrados en Francia los etarras Lasa y Zabala. Ese día nacieron los G.A.L., aunque se atribuyeron la acción en enero de 1994. Sus cuerpos aparecieron en 1995. Como resultado de las investigaciones ordenadas por el juez de turno, fueron encarcelados tres agentes del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, acusados de secuestro, torturas y asesinato. El 18 de ese mismo mes fueron detenidos en Francia un inspector y tres miembros del “Grupo Especial de Operaciones” (G.E.O.) dependiente de la Policía Nacional, que iban a secuestrar al etarra Larretxea Goñi para lograr liberar a Martín Barrios. Barrionuevo reconoció haber ordenado esta operación. El 19 fue hallado cerca de Bilbao el cadáver de Martín Barrios con un disparo en la cabeza.

El 3 de noviembre, el presidente del gobierno, Felipe González compareció ante el Congreso para dar por agotadas las medidas políticas contra el terrorismo.

El 4 de diciembre, tres mercenarios secuestraron por error, en Hendaya, al empresario industrial Segundo Marey, cuando el objetivo de la operación era capturar al etarra Mikel Lujua. El secuestrado fue conducido a una cabaña de Cantabria. El día 6, los G.A.L. se atribuyeron anónimamente el secuestro de Marey en sendos comunicados a medios franceses y la Cruz Roja de San Sebastián, pidiendo a cambio la libertad de los «GEOs» detenidos en Francia. El día 8, el tribunal francés de Pau dejó libres a los cuatro policías detenidos por intentar secuestrar al etarra Larretxea Goñi. El día 14 fue Liberado en Francia Segundo Marey. Llevaba en el bolsillo un comunicado en el que, por primera vez, se utilizaron las siglas G.A.L. El día 28 es herido de gravedad en San Juan de Luz el etarra Mikel Andoni Goikoetxea, alias «Txapela». Este atentado también fue reivindicado por los G.A.L.

Los GAL actuaron principalmente en el País Vasco del Estado francés, aunque los atentados personales, secuestros, retención de personas, torturas y delitos económicos, se llevaron también a cabo en territorio bajo jurisdicción del Estado español. Atentaron contra militantes y simpatizantes de ETA y contra gente no relacionada con el terrorismo. Los GAL estuvieron activos entre 1983 y 1986, periodo en que cometieron 23 atentados mortales. Esta etapa supone una parte del periodo llamado «guerra sucia».

En 1991 se abrió el juicio sobre el GAL que, según la sentencia dictada en septiembre de ese mismo año, terminó únicamente con la condena de los policías José Amedo y Míchel Domínguez, cuya vista oral dejó flotando en el medio ambiente político, judicial y mediático, la identidad de la X como incógnita sobre la cabeza del responsable máximo en el aparato del Estado, que —según el periodista López Agudín— el magistrado Baltasar Garzón no ha podido “descifrar” a través de una “larga y penosa” instrucción (Ver abajo: «1991: ESTALLA EL GAL»).

Esa X fue la que Garzón despejó en el sumario que elevó en su momento al Tribunal Supremo pero González fue intangible y lo sigue siendo, en primer lugar, porque el PSOE compró el silencio de Amedo y Domínguez. En efecto, según las declaraciones que Rafael Álvarez Cascos hizo el 22 de abril de 1998 ante la Comisión del Senado, en su carácter de vicepresidente del gobierno de Aznar:

 

Es un hecho que a José Amedo y Michel Domínguez los gobiernos del ex presidente González Márquez abonaron mensualmente desde julio de 1988, fecha de ingreso en prisión, hasta mayo de 1994, concesión de tercer grado, cantidades variables entre 450.000 y 600.000 pesetas al mes, que excepcionalmente podían llegar a dos millones de pesetas, a través de Juan de Justo, secretario de Rafael Vera. Entregaron a sus esposas en Suiza un total  de 200 millones de pesetas en cuatro entregas, a través de Juan de Justo y otras personas. Prometieron el indulto reiteradamente, a través de Francisco Álvarez, de Julián Sancristóbal, de Rafael Vera, de Jorge Argote, de José Luis Corcuera, de Antonio Asunción, que les presentó, pizarra incluida, el plan completo de beneficios penitenciarios, de Eligio Hernández y de Narcís Serra al abogado Gonzalo Casado en este último caso. Todo ello siempre a cambio de su silencio y de que ni siquiera recurrieran en amparo la sentencia que les condenó ante el Tribunal Constitucional.

(Rafael Álvarez Cascos Fernández. Op. Cit. Cfr.:http://www.senado.es/boletines/CO0434.html )

 

En segundo lugar, porque Felipe González Márquez dispone de suficiente información como para poner patas arriba la Monarquía parlamentaria, y porque es una reserva de poder “democrático” que la burguesía no puede ni quiere desperdiciar.

https://www.nodo50.org/gpm/23f/12.htm

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NOTAS: 

[1] Si el Estado español a cargo del gobierno del PSOE  pudo sacar todos los réditos posibles de esta política informativa, fue gracias a la ingenua torpeza de ETA, entre otros episodios durante el atentado al “Hipercor”  de Barcelona el 19 de junio de 1987, cuando el gobierno desatendió el aviso de la colocación del explosivo que el comando etarra había trasmitido a los medios con suficiente antelación y no fue publicado. Resultado: el 26 de junio, 700.000 personas se pronunciaron en las calles de Barcelona contra el terrorismo nacionalista vasco ante la masacre  provocada por la detonación. No son pocos los analistas inclinados a pensar que aquél hecho marcó el punto de inflexión hacia el entierro político de la idea de ETA vinculada a la lucha contra la opresión nacional en la conciencia popular fuera de Euskadi. Pero también fue la señal hacia el cambio cualitativo de los objetivos militares de ETA, que acabó extendiendo sus ataques hacia los dirigentes del aparato político del Estado —especialmente a los representantes del Partido Popular y del PSOE — táctica que empezó a implementar desde el atentado en 1995 contra Gregorio Ordóñez,  presidente del PP en Guipúzcoa y concejal en el Ayuntamiento de San Sebastián.

[2] En esta etapa del proceso, los que murieron a manos de estros grupos paraestatales nada tuvieron que ver con ETA ni con su entorno. Por ejemplo, en 1979, una bomba colocada en el bar Aldana de Baracaldo mató a cuatro clientes. Este atentado fue reivindicado por los GAE.

A partir de 1980, el BVE (Batallón Vasco-Español) fue el que reivindicaba los atentados. En Hendaya, el BVE ametralló a los clientes de un bar frecuentado por vascos, asesinando impunemente a dos súbditos franceses (hubo también nueve heridos). 

En aquella época, Martín Villa era el Ministro del Interior, quien ha estado también ocupando un puesto en la dirección del Partido Popular (PP) de Aznar.

 

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1991: ESTALLA EL GAL

El GAL, Filesa y una guerra interna en el PSOE

Por Fernando López Agudín

El Mundo

 

 

El asunto Juan Guerra, que ha sido la sombra constante del Gobierno socialista a lo largo del año anterior, inicia políticamente 1991 al anunciarse la dimisión de Alfonso Guerra como vicepresidente del Gobierno en los primeros días de enero. Los denominados renovadores del socialismo, que aglutinados en torno a Carlos Solchaga lo han instrumentalizado internamente contra los llamados guerristas, consiguen una doble victoria política al lograr el nombramiento de Narcís Serra como sustituto del dirigente dimitido. Con ello pretenden quedar al margen de las crecientes sospechas de corrupción y cargarlas exclusivamente sobre las espaldas del guerrismo. En la hora de su triunfo acuñan despectivamente el término «Socialismo de Puerto Hurraco» para calificar las posiciones del vicesecretario general del Partido Socialista. Algo clave se ha roto en el núcleo dirigente del grupo que retomó las arrinconadas siglas del PSOE, durante la transición, y las condujo y mantuvo en el palacio de la Moncloa mediante una triple y consecutiva mayoría absoluta. El tándem González-Guerra, artífice de este proceso, termina justo en el año que va a marcar el punto de declive del socialismo en medio de graves escándalos político-económicos y enormes convulsiones políticas. Pronto se verá que quienes en nombre de la ética habían conseguido la licencia de Alfonso Guerra tenían el tejado de vidrio y que el caso Juan Guerra, convertido por sus compañeros en chivo expiatorio, sólo era el primer caso en un sentido estrictamente cronológico.

Pese a que la celebración del juicio sobre el GAL termina únicamente con la condena de los policías José Amedo y Míchel Domínguez, según la sentencia dictada en septiembre de 1991, la vista oral ha sido realmente bochornosa y queda flotando en el medio ambiente político, judicial y mediático la identidad de la X que el magistrado Garzón no ha podido descifrar a través de una larga y penosa instrucción. Por mucho que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ampliara las investigaciones judiciales a las instituciones del Estado, en un auto fechado en la primavera de 1988, los tres años transcurridos desde entonces no han sido más que un patético escenario por el que han desfilado altos cargos de Interior y mandos policiales ciegos, sordos y mudos ante los múltiples datos que algunos periodistas y jueces exponían clara y abiertamente. Al asumir Amedo y Domínguez ser la cabeza de turco de este rompecabezas terrorista se completa el cortocircuitaje de la investigación judicial. Su silencio vale oro y, por lo tanto, evidencia que han sido condenados los que estaban pero ni siquiera han sido procesados los que más estaban. El Ejecutivo no se ha dejado investigar, con gestos y hechos que parecen confirmar su responsabilidad, y el Poder Judicial se ha visto obligado a sentenciar a quien podía sentenciar. El coste social y electoral para el Gobierno González es elevado, aunque se espera superarlo con la ayuda de los atentados de ETA. De cualquier modo, la principal interrogante tras la sentencia radica en saber si los cabezas de turco dejarán de serlo o no en el futuro.

Los problemas, sin embargo, se amontonan como los racimos de las uvas. A finales de mayo de 1991 revienta el escándalo Filesa. Los principales bancos y empresas del país habían pagado cientos de millones de pesetas a dos pequeñas empresas de Barcelona, propiedad de destacados dirigentes socialistas, a cuenta de una serie de estudios de consultoría de diversa índole que jamás se llegaron a realizar. El Partido Socialista había montado una extensa red de recaudación de comisiones, liderada por Filesa y Time Export, que trasvasaba a Ferraz. Con tan solo media docena de personas en plantilla, estas dos sociedades fueron capaces de asesorar al BBV sobre containers, al Banco Central sobre fusiones bancarias o a la constructora de las hermanas Koplowitz sobre cómo implantarse en Gran Bretaña. Cantidades utilizadas para sufragar los gastos de las elecciones generales de octubre de 1989. Entre los receptores aparecían una importante imprenta, Hauser y Menet, una de las agencias de publicidad que contrataba en nombre del partido, El Viso Publicidad, y la empresa de vídeos Mabuse. El cerebro gris de este auténtico impuesto del aparato a los grandes círculos económicos es el responsable de finanzas del grupo parlamentario socialista, Carlos Navarro. Una pequeña nota del Partido Socialista, posterior a esta noticia, reflejaba el desconcierto de Ferraz: «Al no existir ninguna relación entre las actividades del partido y la información reseñada, se ha remitido el contenido de la misma a los asesores jurídicos para las actuaciones que de su estudio puedan derivarse». Poco después, Carlos Navarro dimitía como tesorero del grupo parlamentario y Guillermo Galeote era separado de la secretaría de Finanzas del Partido Socialista.

Como ya ocurriera en el caso Juan Guerra, Filesa es cargada, rápidamente, en las cuentas corrientes del guerrismo por parte de los que ya eran calificados como renovadores de la nada. Para Carlos Solchaga y el clan de Chamartín, entre los que sobresale Joaquín Almunia, el impuesto del aparato es la herencia dejada por los que llevan mandando muchos años en el partido. Alfonso Guerra, como vicesecretario general, empieza a ser señalado como el verdadero responsable de una acción bochornosa e incalificable que presentan como el suma y sigue de los precedentes casos Selberg, Flick, la salida de Alonso Puerta como consecuencia de su denuncia sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Madrid o la dimisión de Hernández Ros de la presidencia del Gobierno de la comunidad de Murcia.

La ácida pugna que mantienen los dos sectores, concretada sobre todo en la política económica desarrollada sucesivamente por Miguel Boyer y Carlos Solchaga, se dobla con una aguda controversia de la moralidad de los acusados por el asunto Filesa y la ideología socialista de los acusadores. Pronto, sin embargo, la cuestionabilidad ética va a alcanzar a todos. La célebre afirmación de Carlos Solchaga de que «España es un buen país para hacer dinero, si lo tuviera invertiría en Bolsa», formulada en 1985, ha sido interpretada en su sentido estricto por los amigos y conocidos del ministro de Economía. El final de 1991 va a dar paso a los escándalos protagonizados por los renovadores que hasta entonces habían hecho de la bandera contra la corrupción la principal arma política contra el guerrismo.

Es ya una escalada interminable la que golpea al socialismo. Uno tras otro, tres amigos de Carlos Solchaga, son procesados por corrupción. Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, y Gabriel Urralburu con Javier Otano, dos sucesivos presidentes del gobierno autonómico de Navarra, son investigados y procesados por su participación en tráfico de influencia, comisiones ilegales y cuentas secretas en Suiza. El sucesor de Alfonso Guerra en la vicepresidencia del Gobierno, Narcís Serra, se ve envuelto en el escándalo de las escuchas ilegales y se ve obligado igualmente a presentar su dimisión. Julián García Valverde, implicado en el caso Renfe, tiene que abandonar el ministerio de Sanidad. La única diferencia, con los casos cargados sobre los guerristas, es la solidaridad inicial de González y Solchaga con los denunciados hasta que el peso abrumador de las pruebas aportadas les obliga a cambiar de actitud. Este rosario sistemático de escándalos viene a reflejar que en el aluvión de cuadros desembarcados en el Partido Socialista, tras su marcha triunfal en 1982, nadie se ha preocupado por filtrarlos y que, por lo tanto, quienes ingresaron por interés no habían encontrado ningún obstáculo para utilizar el Partido Socialista como medio de promoción social, de mejora de sus beneficios económicos y de acceso a las instituciones de poder. Era la consecuencia de un proceso ya señalado por González en el XXVIII Congreso celebrado en 1979 al recordar que «había más cargos públicos ocupados por miembros del PSOE que militantes registrados en diciembre de 1976».

De todo este polvo de 1991, el lodo de la derrota electoral de González en 1996. Cinco penosos años luchando contra la evidencia de los escándalos, tratando de remontar su repercusión social, terminaron en un abandono del palacio de la Moncloa, el retorno a una oposición tan gris como mortecina y en el estallido de una grave crisis interna aún no resuelta por la pareja infeliz que conforman Almunia y Borrell. En medio, la evolución judicial de los procesos abiertos o inconclusos junto con la reapertura de los que habían quedado mal cerrados por ausencia de pruebas. Dos, sobre todo, determinaron la agonía de los gobiernos socialistas. El desarrollo de la investigación judicial sobre Filesa, realizada a duras penas por el juez Marino Barbero, terminó con una condena de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en 1997. Antes, había exacerbado hasta tal punto la lucha interna entre guerristas y renovadores, que obligó a González a convocar elecciones generales anticipadas en junio de 1993 tras la semana de pasión que vivió, tanto cronológica como políticamente, la dirección socialista en abril del mismo año al perder el secretario general su primera votación en la ejecutiva del PSOE.

La súbita recuperación de la memoria de Amedo y Domínguez reabrió el caso GAL y marcó, junto con la reciente condena de Barrionuevo y Vera, el punto final de la larga experiencia socialista envuelta en crecientes revelaciones sobre episodios de la guerra sucia y el uso incontrolado de los fondos reservados. Lo que llevó a una nueva anticipación de las urnas legislativas.

El lastre de estas historias de 1991 aún se deja sentir sobre el presente y el porvenir del Partido Socialista. La impotencia de sus dirigentes para desmarcarse de los condenados y procesados, conduce a la práctica inexistencia de una oposición real al Gobierno de Aznar. Más aún. Anula incluso posibilidades abiertas, como la ya agotada de las elecciones primarias. Mientras no se cierre este capítulo, que ha centrado la vida del Partido Socialista a lo largo de la década de los noventa, no parece posible que sea capaz de construir una alternativa de izquierda al gobierno de centro derecha. Síntoma claro de esta crisis es que sus tres principales dirigentes actuales se encuentran cogidos, por distintas razones, por sus consecuencias políticas, sociales, judiciales y penales sin que ninguno de ellos pueda, por variados motivos, liberarse de sus ataduras.Todos, están atados y bien atados.

 

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El Plan ZEN en el País Vasco y Cataluña

Por José Martínez Díaz

 

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