Plagió artículos de jueces y fiscales; plagió argumentos de sentencias; plagió textos oficiales, incluso del BOE, y plagió a profesores universitarios. La juez María Núñez Bolaños se une a la larga lista de servidores públicos que han obtenido un doctorado irregular. Su tesis no pasa el más mínimo de los cortes de la exigencia académica, ni en el fondo ni en la forma, para obtener el mayor grado universitario, el título de doctora.
Así lo demuestra el análisis que ABC ha realizado de la tesis doctoral que el 24 de julio de 2017 leyó la instructora del caso ERE y de otras macrocausas de corrupción que afectan a la anterior cúpula socialista de la Junta de Andalucía. La tesis defendida en la universidad sevillana Pablo de Olavide lleva por título «La mediación intrajudicial como mecanismo para alcanzar una solución jurídica de calidad; en particular, contra la recidiva del conflicto a través de la modificación de medidas y los procesos de ejecución judicial por incumplimiento de la sentencia».
El cuerpo de la tesis apenas tiene 135 páginas que son, en una gran parte, plagios evidentes. El resto de la tesis, hasta sumar un total de 257 páginas, es un relleno de anexos en formas de autos, providencias y datos estadísticos del Juzgado de Familia número 17 de Sevilla, que dirigió durante diez años, antes de sustituir a Mercedes Alaya como titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en junio de 2015. Núñez se sacó el doctorado mientras instruía el caso ERE y se acumulaban las demoras, exclusiones de ex altos cargos, archivos, algunos de ellos por prescripción de los delitos.
La juez Núñez Bolaños plagió artículos y ponencias de colegas suyos, como el juez de Familia de Málaga José Luis Utrera Gutiérrez. Copia de varios artículos de este magistrado, pero especialmente de una ponencia que estaba subida en abierto a distintos servidores de internet desde al menos enero de 2015, dos años y medio antes de la lectura de su tesis.
Es el documento titulado «La mediación familiar», un artículo de 18 páginas que la juez fusiló diseminándolo en distintas partes de sus tesis. Son párrafos enteros, calcados, con las reflexiones y experiencias del juez de Familia que va copiando y pegando sin cita alguna, como si fuera de cosecha propia. No cita el artículo ni cuando lo plagia ni en ningún otro lugar de la tesis. El juez Utrera aparece una vez, pero por un procedimiento que se llevó en su juzgado y que Núñez Bolaños comenta.
La juez hace un puzle intercalando otros materiales igualmente plagiados, como el artículo «La mediación intrajudicial. Una forma de participación del ciudadano en la justicia», que los fiscales de Jaén Cristóbal Francisco Fábrega y Mercedes Heredia publicaron en 2010 en «Bajo Estrados», la revista del Colegio de Abogados de Jaén. La instructora de los ERE plagia este texto en las páginas 25 y 26 de su tesis.
Otros plagios que comete la doctora Núñez son aún más llamativos, pues se apropia de los razonamientos jurídicos de sentencias dictadas por otros jueces. En vez de entrecomillar y citar la parte que le interesa, se limita a copiar y pegar párrafos enteros como si fueran sus propias palabras sobre el hecho juzgado. Es el caso de la sentencia 502/2016 de la Sala Civil del Tribunal Supremo, cuyo ponente fue el magistrado Francisco Javier Orduña. Núñez Bolaños hace suyas hasta las apreciaciones del ponente, del tipo «como acertadamente valora la sentencia de primera instancia” u “obsérvese, como se ha señalado, que el curso negocial…».
De hecho –y aquí hay un paralelismo claro con la tesis plagiada de Pedro Sánchez–, hay decenas de páginas en las que si hubiera cumplido con la normativa académica de entrecomillar textos ajenos, toda habrían sido comillas, pues el material propio brilla por su ausencia.
Los plagios, como los de Sánchez, se hacen extensivos al Boletín Oficial del Estado (BOE). En la página 77 de la tesis, la juez comenta la Ley 1/2001 de mediación familiar de Cataluña. Eso parece, pero en realidad es un corta y pega del preámbulo de la ley como se publicó en el BOE. Suele hacer lo mismo con otras normas legales. Parecen textos suyos, porque no hay citas ni comillas, comentarios sobre esas leyes, pero en realidad son un reguero de textos legales copiados y pegados. El pasado viernes, ABC intentó recabar la versión de la juez sobre su tesis doctoral a través de su juzgado pero no recibió respuesta.
La juez, investigada y de baja
La juez, que se encuentra de baja médica desde el 3 de septiembre pasado, está siendo investigada por una delegación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de la denuncia que presentó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
En un ilustrativo informe firmado por los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla, detallan «abrumadoras muestras de conductas irregulares» en sus instrucciones y una «inequívoca actuación dilatoria» que consideran como una falta «grave» o «muy grave». La instructora se enfrenta a sanciones van desde los 501 euros hasta el traslado a otro juzgado o su separación de la carrera judicial.
«Se muestra pasiva o se limita a dar una apariencia de tramitación» ante conductas de corrupción «de suma gravedad», afirma el fiscal Luzón.
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Un experto en derechos de autor dirigió la tesis plagiada de la juez del caso ERE, María Núñez Bolaños
La magistrada leyó un proyecto «trabajado», según defendió su director, Eugenio Pizarro, al que luego fichó Susana Díaz y fue relevado por robar joyas a su suegra
La juez que investiga el caso ERE, María Núñez Bolaños, se doctoró el 24 de julio de 2017 en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla con una tesis que contenía párrafos completos copiados y pegados de otras obras sin citar a los autores originales ni entrecomillar los textos. Tanto el director de la tesis como un miembro del tribunal que valoró su trabajo doctoral han publicado distintas investigaciones sobre la propiedad intelectual.
La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que está de baja médica desde el 3 de septiembre, se doctoró en Ciencias Jurídicas y Políticas con un trabajo que versaba sobre la mediación intrajudicial de apenas 135 páginas que son, en gran parte, plagios, y un compendio de anexos hasta completar los 257 folios.
Su tesis la dirigió el profesor de Derecho Civil de la UPO, Eugenio Pizarro Moreno, licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz y doctor en Disciplina Constitucional de la Propiedad Intelectual por la Universidad Hispalense. En febrero de 2012, publicó el libro «La disciplina constitucional de la propiedad intelectual», en el que profundizaba en la protección del derecho de autor, «sometida a un debate político-social y jurídico de actualidad», según expone la sinopsis del texto. También cuenta con numerosos estudios sobre la resolución de conflictos mediante la mediación y el arbitraje.
Cinco meses después de que la juez Núñez Bolaños defendiera su proyecto, el anterior Gobierno de Susana Díaz, fichó a Pizarro Moreno como secretario general para la Justicia de la Junta de Andalucía. Apenas duró medio año como alto cargo del Ejecutivo socialista. Dimitió el 3 de julio de 2018 tras conocerse que el Juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz lo había condenado a un año de cárcel por robar joyas a la que fuera su suegra en su propio domicilio. Tuvo que indemnizarla, además, con 4.904 euros, incluido el precio de las alhajas. Consiguió una rebaja de la pena al reconocer los hechos durante el juicio. Contratado desde 2009 como docente de la UPO, defendió el trabajo realizado por la juez instructora del caso ERE para obtener el título académico.
Eugenio Pizarro declaró el 18 de septiembre pasado a ABC que «el proyecto ya lo tiene trabajado completamente» cuando Núñez Bolaños lo defendió ante el tribunal el 24 de julio de 2017, dos años después de sustituir a Mercedes Alaya al frente del juzgado de las macrocausas. Esgrimió que desde 2013, siendo juez de Familia número 17 de Sevilla, empieza a prepararlo y «cuando se inscribe el proyecto y se defiende, que es el último acto, es cuando ya se ha trabajado». En aquel momento no había trascendido que la tesis pudiera contener multitud de plagios.
La magistrada está siendo investigada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que la Fiscalía Anticorrupción denunciara que ha «paralizado» la investigación de tres causas de corrupción que afectan a la Junta de Andalucía en la etapa socialista, entre ellas el sumario de los ERE.
Cuando dirigió su tesis, Pizarro no había dado aún el salto a la política institucional, que llegaría cinco meses después. Tras su paso efímero por el Gobierno andaluz, como «número tres» de la anterior consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, el profesor regresó a la Universidad, «sitio del que nunca debí salir», confesó a ABC.
Un tío exdirigente del PSOE
Este ex alto cargo está emparentado con una saga familiar muy influyente en el PSOE andaluz. Es sobrino de Luis Pizarro, que fue secretario de Organización del partido durante 17 años y mano derecha de Manuel Chaves.Un hermano de Eugenio Pizarro fue jefe en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, la Faffe, una entidad creada por la Junta en 2003 para formar a parados andaluces que funcionó como una «agencia de colocación» del PSOE-A, según un atestado de la Guardia Civil que describe un cúmulo de irregularidades recogidas en el sumario del caso Faffe, que investiga precisamente Núñez Bolaños.
La magistrada defendió su trabajo ante un tribunal integrado por el profesor emérito de la Universidad de Sevilla Antonio Merchán Álvarez, como presidente; la profesora de la Universidad de Málaga Paloma Saborido Sánchez, como secretaria, y el profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide Ignacio Flores Prada. Este último, que actuaba como vocal de la comisión evaluadora, ha publicado trabajos de investigación relacionados con la llamada «delincuencia informática», aparte de estudios que abordan aspectos orgánicos y constitucionales de la Justicia.
Ignacio Flores Prada, que se doctoró en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, sacó a la venta en 2012 el libro titulado «Criminalidad informática. Aspectos sustantivos y procesales», editado por Tirant lo Blanch, en el que este profesor, que lleva 18 años dando clases en la UPO, analizaba «la vulnerabilidad de determinados bienes jurídicos como la intimidad, la seguridad comercial o la propiedad intelectual» en Internet.
La Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide estipula que el tribunal estará compuesto por tres integrantes y excepcionalmente por cinco, «todos ellos con la titulación de doctor o doctora y con experiencia investigadora acreditada en la materia a que se refiere la tesis o en otra que guarde afinidad con la misma, siempre y cuando le sea de aplicación este criterio».
El resto del tribunal
El tribunal que valoró la tesis lo presidió Antonio Merchán Álvarez, profesor emérito de la Universidad hispalense desde 2016 como colofón a una dilatada carrera académica que empezó en la Transición. Obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado por la Facultad de Derecho y en 1983 la cátedra de Historia del Derecho, donde es un erudito.
La profesora de Derecho Civil de la Universidad de Málaga Paloma Saborido Sánchez, que ejerció de secretaria en el tribunal que calificó la tesis, cuenta con más de 20 años de experiencia como docente e investigadora. Saborido fue la pregonera de la Semana Santa pasada de Málaga y ha publicado diversos trabajos de investigación en el ámbito jurídico sobre el mundo cofrade, donde ha destacado por su preocupación hacia «la ficticia igualdad entre hombres y mujeres».
SIN VERGÜENZA
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Núñez Bolaños, doctora en plagios
Investigada por el Consejo General del Poder Judicial y actualmente de baja, la juez encargada de instruir la macrocausa del fraude de los ERE de la Junta de Andalucía también plagió su tesis doctoral. ABC publica hoy las pruebas documentales que ponen de manifiesto el burdo trabajo de apropiación académica que María Ángeles Núñez Bolaños realizó para completar su trabajo de doctorado, un simple refrito de sentencias judiciales, ponencias y artículos ajenos e incluso textos del Boletín Oficial del Estado, sin entrecomillar ni anotar su procedencia. Son tan groseros los recortables con los que Núñez Bolaños confeccionó su tesis que resulta inconcebible que pasara el corte del tribunal que la juzgó en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, presuntamente capacitado para valorar y en su caso aprobar un trabajo de investigación que, si no marcado por la excelencia, debía ser inédito. Para más inri, la juez redactó su tesis mientras instruía el caso de los ERE y en su despacho se acumulaban las demoras y las prescripciones que provocaron la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y la posterior investigación del CGPJ.
No es Núñez Bolaños la primera servidora pública que ha querido adornar su currículum profesional con un título que no merecía. Ahí está el caso, desvelado por ABC hace más de un año, de Pedro Sánchez, o más recientemente el del presidente del Senado, cuya obra ensayística y universitaria representa un fraude académico. Pedir ética y coherencia a la clase política es como predicar en un desierto en el que germina la mentira, pero los jueces españoles están sujetos y sometidos a un Consejo General del Poder Judicial que de manera inmediata debe tomar cartas en este asunto. Quien administra Justicia no puede hacer de la mentira su herramienta de trabajo.
O los tribunales tienen de sí mismos y de su capacidad de adivinación o lo tienen muy pobre de lo que es ser juez y del alcance de la tarea jurisdiccional
Se trata de un sistema que debe ser ya revisado y que, cuando menos, requiere de radicales y urgentes reformas porque todo en él falla
El pasado mes de junio asistí con un compañero, magistrado barcelonés, a una sesión del último ejercicio (oral) de las oposiciones para acceso a la Carrera Judicial que tenían lugar en el Tribunal Supremo. A las puertas de la sala donde se desarrollaban los ejercicios, dos jóvenes y angustiadas opositoras esperaban su turno. Entablamos conversación con ellas tratando de tranquilizarlas, dándoles ánimos, en un intento –inútil, lo sé– de aplacar sus nervios ante una prueba decisiva en sus vidas. Al fin, la primera de ellas es llamada por el tribunal; entramos y escuchamos pacientemente todo el ejercicio. La joven aprobó. Podríamos describirlo así: entró como opositora y salió como juez. Lo único que hizo ante el tribunal fue exponer, durante una hora, unos temas escogidos al azar, cuyo contenido había memorizado previamente a lo largo de unos años de machaconas repeticiones. Aquello fue como lo que Gómez Román, hace muchos años, calificaba de «acto fugaz y falaz». Lo mismo había ocurrido en el ejercicio anterior: la opositora entra, declama y sale.
A mí, que además de oír su exposición, estuve hablando y cambiando impresiones con ella, me sería absolutamente imposible augurar si aquella mujer tenía o no condiciones para el ejercicio de la función judicial. En rigor, lo ignoraba todo acerca de su real preparación jurídica, si en verdad sabía derecho o era un simple loro recitador, como desconocía también si estaba dotada de capacidad analítica y dotes hermenéuticas o si, por el contrario, carecía de ellas. Nada sabía de su persona, ni de su percepción de la realidad social y económica del país en el que va a administrar justicia. En suma, no tenía conocimiento alguno acerca de las cualidades profesionales que han de esperarse de un juez. Pero lo cierto es que el tribunal tampoco. El tribunal, cuya única exploración de aptitudes de la aspirante se había limitado a escuchar una hora de recitado de unos temas, estaba en las mismas condiciones de inopia que yo. Y, sin embargo, pese a esa ceguera y con ese nivel de desconocimiento, concede su plácet a personas cuyas aptitudes para el ejercicio de la función judicial, en rigor, no le constan.
Me parece incontrovertible que con solo una hora (por cada ejercicio) de declamación memorística de unos temas tomados al azar, ese tribunal no podía estar en condiciones de llevar a buen fin un encargo de tanta trascendencia como es el de la selección de jueces. No puedo admitir que la fortuna coyuntural del «rapsoda jurídico» de unos textos comprimidos y enlatados –las consabidas «contestaciones al programa»– sirva para apreciar las aptitudes de un futuro juez, y que toda comprobación o indagación de las capacidades del aspirante al ejercicio de la función jurisdiccional se agote en ese tránsito efímero. No acierto a entender que con una prueba de esa índole el tribunal esté en condiciones de hacer una razonable prognosis acerca de la idoneidad y talentos de un opositor. O los tribunales tienen de sí mismos y de su capacidad de adivinación un excelente concepto o lo tienen muy pobre de lo que es ser juez y del alcance de la tarea jurisdiccional.
Terminado su ejercicio, y mientras la opositora siguiente velaba armas, abordo a dos miembros del tribunal –mujeres– que salieron de la sala. Hablo con ellas y les expongo las deficiencias de lo que está ocurriendo en unas oposiciones cuyo desarrollo seguía de cerca: criterios dispares en los tribunales a la hora de valorar los ejercicios, las desconcertantes, cuando no inadmisibles o arbitrarias, explicaciones con que algunos de sus componentes tratan de justificar y despachar sus veredictos negativos. Una de las integrantes del tribunal se envaró y, con mohín de ofendida, guardó silencio. La otra balbuceó excusas y terminó por decir que ellos valoraban los ejercicios «en conciencia». Pero ¿cómo que en conciencia? ¿Pero qué modo de valorar un examen es ese?
He discutido mucho sobre este tema de palabra y por escrito. Pero esta vez he querido reparar en la plasticidad y elocuencia de la imagen que acabo de expresar: una joven que entra en la sala como opositora y sale como juez, con una sola y exclusiva prueba de exposición esencialmente memorística de unos temas en tiempo tasado.
Se mire como se mire, se excuse como se excuse, no es sino la expresión de un sistema extravagante e irracional del que cansinamente se predica, a modo de justificación, una objetividad que lo hace inmune a nepotismos y enchufismos. Sin embargo, en mi opinión, se trata de un sistema que debe ser ya revisado y que, cuando menos, requiere de radicales y urgentes reformas porque todo en él falla: el método selectivo, la composición de los tribunales, el contenido de los programas, la preponderancia de lo memorístico que los propios tribunales fomentan. No se confunda el lector; no estoy abogando por sistemas de designación discrecional donde las afinidades de todo tipo puedan traducirse en acepción de personas, ni por másteres al uso. No; abogo por sistemas que no se reduzcan al simplismo del actual, y que en la medida de lo posible adecuen las pruebas a la finalidad que deben cumplir: la comprobación de las cualidades que habilitan para el ejercicio de la función judicial. E insistiré una vez más; para empezar, y mientras se mantenga este régimen, es preciso grabar los ejercicios orales en prevención de un eventual contraste cuando se haga realmente necesario. Mientras no sea así, los tribunales gozarán de una injustificada impunidad y los opositores estarán indefensos ante hipotéticos errores del tribunal. Porque, eso sí, haberlos haylos.
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