«OPERACIÓN UROFORT». La Esclavitud en Huelva se investiga desde Jaén: Operación Policial contra la Esclavitud en la agricultura española. ¡¡Todavía hay jueces en Jaén!!
[1] UGT «informó» de sus derechos a las temporeras marroquíes con un falso folleto editado en un árabe ininteligible y subvencionado por el Fondo Social Europeo
EXCLUSIVA: La Mar de Onuba advierte que el texto del tríptico elaborado por el sindicato es una sucesión de «grafismos árabes ininteligibles».
UGT FICA federal admite que el fallo había pasado desapercibido, y lo achaca a un «error de imprenta ajeno al sindicato».
FICA UGT asegura haber estado distribuyendo durante los últimos meses miles de ejemplares de un falso «tríptico explicativo» editado en un supuesto idioma árabe con información sobre los derechos laborales y sociales que asisten a las mujeres marroquíes contratadas en origen, durante la campaña de recogida de frutos rojos que se desarrolla entre los meses de enero y junio y acaba de darse por finalizada.
El tríptico, editado también es castellano y financiado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Fondo Social Europeo, responde a una iniciativa del sindicato ugetista que fue presentada el pasado mes de enero por el secretario general de FICA UGT Huelva, Luciano Gómez, tras una reunión mantenida con el Cónsul General de Marrueco en Andalucía, Farid Aoulouhaj. Gómez también anunció la puesta en marcha de una “oficina móvil”, y trasladó al representante del rey de Marruecos la disposición del sindicato a velar por sus derechos laborales y condiciones sociales durante la estancia en España de las mujeres temporera contratadas en origen en el país vecino, así como a facilitar asistencia y asesoramiento legal a las que pudieran necesitarlo. Con este fin, en el folleto se incluye un teléfono al que las jornalera deben llamar para ser atendidas.
El problema es que el folleto, pretendidamente editado en árabe, idioma de las temporeras, no dice nada. Se trata de una sucesión de grafismos árabes que no conforman palabras legibles, y mucho menos frases con una mínima coherencia lingüística. La única información entendible es, si acaso, la expresada en números, y ello gracias a que el castellano y el árabe conservan el uso de guarismos comunes.
Así, con un poco de imaginación, del tríptico puede inferirse -básicamente- que la jornada laboral es de 39 horas semanales (repartidas en 6,30 diarias), y que el salario, según el folleto, es de 45,98 € (7,075 € /día). El propio sindicato advierte en el correo electrónico que acompaña a los trípticos reenviados a esta redacción, que las cantidades «las cantidades especificadas en el folleto en español [42,26 € por jornada] fueron editadas antes de la actualización del SMI», que sí figura en el tríptico impreso en falso árabe.
Según esta apreciación, el sindicato habría estado induciendo a las trabajadoras marroquíes a esperar un salario de 45,08 euros, y no de 42,06 € (tres euros menos), que es el recogido en el convenio firmado por la propia UGT, y el que realmente están pagando la mayoría de los empresarios agrícolas. De hecho, la pasada semana, el secretario general de UGT FICA Huelva, Luciano Gómez, dio una rueda de prensa al respecto en la puerta de Palacio de Justicia de Huelva, donde acabada de registrar una demanda de conflicto colectivo para obligar a los agricultores a implantar ya el Salario Mínimo, y dejar de aferrase a un convenio firmado antes de la entrada en vigor del Real Decreto que lo fija en 900 euros mensuales.
Por último, del tríptico editado en «árabe» se puede deducir el teléfono de la “Oficina de Atención” a las temporeras, el 959244211, que se corresponde con el de la centralita de la sede provincial de UGT en Huelva.
“UN ERROR DE IMPRENTA”
Tras detectar tan garrafal “error”, la redacción de La Mar de Onuba se ha puesto en contacto con el sindicato. Primero en Huelva, donde se ha asegurado a esta redacción que se conoce el folleto, pero se desconoce el número de ejemplares impresos, y las fechas, zonas o criterios de distribución seguidos por UGT para garantizar que la información llega a las temporeras. Tampoco disponen de ejemplares “a mano”, ya que la campaña informativa ha sido, dicen, impulsada por la dirección regional de FICA UGT, a la que se remite a esta revista.
En Sevilla, efectivamente, sí disponen de ambos trípticos, el editado en español y el que está “en árabe”, y se ofrecen a remitirlos de nuevo, ya que –explicamos- el otro no “podemos leerlo bien”. A los pocos minutos volvemos a recibir los dos folletos, cogidos del montón que el sindicato tiene allí a disposición del público , y «recién escaneados» expresamente para La Mar de Onuba.
Al comprobar que el tríptico vuelve a ser el mismo,(“una sucesión de caracteres sin sentido, como si dejas a un bebé jugar con el teclado del ordenador”, según una de las intérpretes consultadas por esta revista), volvemos a contactar con UGT FICA Andalucía, y preguntamos si, desde que comenzó la campaña, nadie se había dado cuenta de semejante “error”. Al final, admiten no tener conocimiento de cómo se ha podido desarrollar la campaña informativa Fresa y Frutos Rojos 2019, o de posibles «incidencias» durante la misma. Lo suyo, sugieren, es ponerse en contacto con la sede central del sindicato en Madrid.
Este mismo lunes, un portavoz de la poderosa Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT confirmaba a La Mar de Onuba que, efectivamente, el folleto editado en árabe es ilegible e inservible, y ha agradecido a esta revista haber advertido el monumental fallo cometido. Un error que, empero, el sindicato ha atribuido a la imprenta encargada de su elaboración, cuyo “software de edición ha resultado incompatible con él árabe”. UGT FICA va exigir -pues- a la imprenta que vuelva a imprimir los miles de folletos; esta vez sin errores, y, «por supuesto, sin coste alguno para el sindicato».
Preguntado, igualmente, si tiene conocimiento de alguna persona que haya advertido el “error de imprenta” antes que La Mar de Onuba, el portavoz ha asegurado no tener constancia, pero asegura, con rotundidad, que los trípticos han sido “impresos y repartidos”. Cuántos, cuándo, dónde y a quién, es algo que desde Madrid piden que consultemos con la dirección del Sindicato en Huelva. En la imprenta ya esperan el original corregido y con información fidedigna. Servirá para informar a las temporeras que vengan la próxima temporada.
Un folleto ‘imprescindible para evitar abusos en los campos de frutos rojos
El falso (o fallido) «tríptico informativo» que UGT asegura haber estado distribuyendo entre las trabajadoras marroquíes que vienen a Huelva contratadas en origen durante la campaña de la fresa, fue una de las principales medidas acordadas el año pasado en una reunión convocada de urgencia por la entonces Consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, quien poco antes había informado en sede parlamentaria de una serie de irregularidades detectadas por la Junta de Andalucía en el sector de los frutos rojos onubenses, que la Consejera consideró necesario abordar sin demora con sus protagonistas.
Tras aquella reunión, en la que Aguilar sentó a la mesa a empresarios, sindicatos y ONG, todos ellos concluyeron que, efectivamente, se hacía necesario implementar más y mejores medidas para garantizar dignas condiciones laborales y de alojamiento para las trabajadoras marroquíes, así como protocolos de actuación inmediata para socorrer a posibles víctimas de abuso, explotación y/o acoso laboral, y sexual. Los últimos casos denunciados y/o desvelados por jueces y medios de comunicación revelan que, a pesar de las medidas del sector de los frutos rojos para fomentar «buenas prácticas empresariales», las malas -y execrables- no han sido aún del todo erradicadas.
El secretario general de UGT-FICA en Huelva, Luciano Gómez junto al Cónsul General de Marruecos en Andalucía, Farid Aoulouhaj
Asimismo, los participantes en la cumbre de los frutos rojos convocada por la Junta de Andalucía en la figura de su Consejera de Interior y Justicia, convinieron la necesidad de garantizar, entre todos (Administraciones Públicas, empresarios, sindicatos y ONG), que todas las mujeres llegadas a Huelva desde Marruecos u otros países para ser una pieza esencial de la industria fresera, sean conocedoras (y pueda verificarse) de las obligaciones y derechos inherentes a sus contratos, así como de las leyes y recursos públicos sociosanitarios que les asisten por el mero hecho de ser Trabajadoras en España. Por último, la información debía contener los mecanismos y medios para acceder, en su idioma de origen, a los diferentes servicios de emergencia.
Es lo que, supuestamente, contiene el fallido folleto ilegible que el sindicato UGT asegura haber distribuido entre las trabajadoras marroquíes de los campos de frutos rojos onubenses. Finalizada la campaña, nadie parece haberse dado cuenta del enorme «error de imprenta» que ha invalidado por completo el ambicioso y necesario objeto del tríptico. Las dudas expresadas por La Mar de Onuba habrán facilitado que en próximas campañas la temporeras sean recibidas con información útil y real. Al menos, en el folleto de UGT.
[2] El sector fresero asume la necesidad de cambios y acuerda con la Junta medidas para que no vuelvan a repetirse casos de abuso y acoso sobre las temporeras
La consejera de Justicia, Rosa Aguilar, sentó al sector en la mesa y propuso normas de obligado cumplimiento que amortigüen las malas condiciones de miles de mujeres temporeras de la fresa.
La patronal accede a formar con perspectiva de género a sus capataces, a contratar mediadores interculturales propuestos por las ONGs y a un protocolo específico de apoyo a la mujeres víctimas.
Algo se mueve en el mundo de la fresa onubense tras el escándalo desatado por los casos de abuso y acoso sufridos por temporeras marroquíes durante las campañas de recogida. Tras un reunión mantenida este miércoles en Huelva con entre la consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y el sector fresero de la provincia, la consejera Rosa Aguilar ha anunciado la puesta en marcha, de cara a la próxima campaña, de un protocolo de actuación para evitar que se produzcan abusos a las mujeres temporeras.
Se trata de un importante punto de inflexión, ya que supone el reconocimiento de los empresarios de los frutos rojos de que resultaba necesario articular medidas que impidan situaciones como las que se han conocido recientemente.
Así, Aguilar, y el gerente de la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza (Interfresa), Pedro Marín, ha acordado los pilares de un protocolo que pasa por la formación en género para todas aquellas personas que tengan responsabilidad sobre las trabajadoras como capataces, manijeros o encargados.
También se facilitará, partir de ahora, información pormenorizada en los respectivos idiomas para las mujeres temporeras que acuden a la campaña, al objeto que conozcan sus derechos y los servicios a los que pueden acudir.
Y, además, se elaborará un manual de buenas prácticas para que el trabajo se desarrolle sin incidencias; y se incorporarán mediadores, a propuesta de las entidades sociales que trabajan en el terreno con este colectivo, para que se haga un seguimiento «desde la proximidad» de la situación de las mujeres.
La consejera ha recordado que su departamento en cuanto tuvo información sensible sobre posibles abusos remitió la documentación a la Fiscalía, al tiempo que ha remarcado el clima de colaboración y disposición del sector para tomar medidas porque en «su inmensa mayoría» cumplen la normativa pertinente y tienen «tolerancia cero» ante cualquier acción delictiva, como también ha reiterado Pedro Marín.
Se trata, como ha destacado la consejera, de «un paso muy importante» de un sector que «abre sus puertas de par en par», incidiendo en que «se van a seguir dando pasos para que se redacte el protocolo y se firme» con el fin de acabar con cualquier situación de violencia de género que «nadie deseamos porque la tolerancia es cero por parte de todas las partes».
Aguilar también ha destacado que ante cualquier situación de abuso «tiene que caer todo el peso de la ley contra quien la incumpla» y por tanto, ha valorado la disposición del sector para que en la campaña fresera no se den casos de abusos.
Por su parte, el gerente de Interfresa, Pedro Marín, también ha incidido que el sector tiene «tolerancia cero» ante cualquier acción delictiva, incidiendo en que el sector acudió a la Fiscalía al tener conocimiento de estos posibles abusos e incluso ya puso en marcha todos los mecanismos que prevé la ley para presentarse como parte afectada como acusación particular.
La consejera, tras reunirse con representantes del sector fresero, lo ha hecho con los representantes sindicales de CCOO y UGT en la provincia, y posteriormente con las entidades sociales que trabajan con inmigrantes al objeto de informarles del encuentro con los empresarios y de conocer sus aportaciones ante este protocolo.
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[3] Operación Urofort, esclavitud moderna y un confuso comunicado del ugetista Luciano Gómez
¿Qué se sabe, a día de hoy, de la Operación Urofort? Veamos. Que se trata de un vasto operativo policial ordenado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén, para desmantelar una red de trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
Esta revista ha intentado recabar de Luciano Gómez algunas puntualizaciones al respecto de su confuso comunicado, pero el secretario general de FICA UGT Huelva nos ha colgado el teléfono durante la conversación.
Que en el transcurso de dicho operativo fueron detenidas 15 personas. 4 de ellas son de origen rumano y han entrado en prisión ante la gravedad del delito imputado y un claro y evidente riesgo de fuga. El resto, entre los que hay empresarios y dueños (o empleados) de gestorías laborales, son españoles y han quedado en libertad con cargos.
También se sabe que la trama consistía en la venta de mano de obra ilegal, de origen moldavo, principalmente. Sin papeles en situaciones de necesidad y desamparo, y de alta vulnerabilidad. La red falsificaba documentos que los hacían pasar por rumanos, ciudadanos de la Unión Europea que no necesitan de permiso de trabajo. Las empresas investigadas en cinco provincias compraban, presuntamente, lotes de trabajadores a los que podían realizar contratos “legales” cuyo precio pactaban directamente con la red de trata. Ha trascendido que las víctimas sólo percibían alrededor de 10 euros diarios por exhaustas jornadas de trabajo en explotaciones agrícolas de Jaén, Córdoba, Badajoz, Albacete… y Huelva.
El Uroforte es un medicamento para afecciones del aparato urinario elaborados a base de berries
Se sabe que el nombre de la operación, Urofort, viene de un medicamento muy popular en países del este europeo, el Uroforte, elaborado con extractos de frutos rojos (berries), y que la elección de dicho nombre responde a que el grueso de la macro redada se iba a desarrollar en Huelva, en concreto en Almonte y La Palma del Condado, localidades donde se ubican empresas dedicadas al oro rojo onubense.
Y se sabe que el dispositivo se ha preparado durante meses. Que gracias a él han sido liberadas “centenares de víctimas”, y que el Juzgado, la UCO de la Guardia Civil y Cruz Roja prepararon -con el mayor sigilo- un dispositivo especial de asistencia sociosanitaria para esas personas, cuyo alarmante número ya era intuido por las diligencias practicadas antes de ordenar el despliegue de la Benemérita.
Las empresas investigadas en cinco provincias compraban, presuntamente, lotes de trabajadores sin papeles a los que podían realizar contratos “legales”, cuyo precio pactaban directamente con la red de trata
Por último, y aunque todo lo anterior ha sido ratificado por fuentes del Juzgado jiennense, por el General de la Guardia Civil de Sevilla, Cádiz y Huelva, y por el Delegado del Gobierno en Andalucía, se sabe que la Operación Urofort permanece bajo secreto de sumario.
Es por eso que llama poderosamente la atención la confusa nota de prensa emitida ayer por la influyente Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Huelva. Una nota firmada por el secretario general de la misma, Luciano Gómez, en la que se relata una “Asamblea con los trabajadores de la empresa de Rumanía que está siendo investigada en la operación UROFORT”. Cuenta Gómez que “tras la detención de sus empresarios”, los trabajadores de la empresahan quedado en una “situación de desamparo total”. sin poder trabajar “y sin cobrar los salarios del mes de mayo”, La nota añade que los trabajadores ni pueden marcharse a su país, ni tienen recursos para comprar alimentos, con lo que “la situación se vuelve más dramática a cada día que pasa”.
La nota no revela el nombre de la empresa, su objeto social, o la localidad en la que se ubica. Pero viene ilustrada con una imagen del propio Luciano Gómez dirigiéndose a la “asamblea” en el patio de una nave de hormigón sin identificar, y cifra en más de cuatrocientos trabajadores y trabajadoras «de Rumanía” los afectados por la detención de sus empresarios.
Luciano Gómez se dirige a los trabajadores de «la empresa de Rumanía investigada» en la Operación Urofort
Ante la situación, la nota firmada por Gómez propone implementar un «plan de actuación urgente», al objeto de cubrir lo perentorio y solucionar “las consecuencias del impago que sufren dichos trabajadores/as”.
Una de las medidas es cubrir sus necesidades alimentarias. Gómez asegura que “se realizó en el día de ayer, con la participación de la Subdelegación de Gobierno y Cruz Roja, con un reparto extraordinario de alimentos para los trabajadores/as afectados”. Como se explica más arriba, y fue confirmado por fuentes de la institución humanitaria a La Mar de Onuba el pasado 30 de mayo, Cruz Roja ha estado asistiendo a las víctimas de la Operación Urofort desde el mismo instante en que esta fue iniciada, como bien recoge la nota de FICA UGT, el pasado 28 de mayo.
Sorprende que a un sector puntero como el de las berries, con más de 800 millones de euros de facturación cada año, y que acaba de estrenar los llamados Consultores de Integración, le hayan colado cientos de trabajadores irregulares sin que hayan detectado la situación personal de vulnerabilidad y dependencia en la que llegaban a sus tajos
El comunicado asegura también estar realizando gestiones para “ofrecer alternativas de empleo, dar ocupación profesional y poder generar recursos económicos”. En ese sentido Gómez afirma que se ha hablado con Freshuelva y otros empresarios, que estarían «dispuestos a estudiar la recolocación de dichos trabajadores/as de manera inmediata”.
Y por último, y posiblemente sea lo más llamativo de la nota de prensa, Gómez se ofrece para “gestionar sindicalmente ante quien proceda”, que -atentos- “las empresas contratantes donde se realizaron los trabajos, adelanten el pago de los salarios y se detraiga de la facturación definitiva” si se alargase la situación procesal de los “empresarios rumanos afectados”. Es llamativo porque Luciano Gómez pide que los salarios de trabajos ya realizados se “adelanten” sobre una facturación «pendiente» con la trama desmantelada que está siendo investigada. Gómez revela “la favorable disposición de las empresas del sector afectadas” para adelantar esos pagos. El juzgado ha intervenido 19 cuentas bancarias a los «empresarios afectados» encarcelados.
Las empresas que han estado contratando la mano de obra de los detenidos por trata de seres humanos parecen no haber detectado ninguna irregularidad. Una lectura que sitúa a los empresarios que contrataban a los trabajadores explotados como una suerte de víctimas colaterales de la red a la que alquilaban cientos de personas. Sorprende que a un sector puntero como el de las berries, con más de 800 millones de euros de facturación cada año, y que acaba de estrenar los llamados consultores de integración, le hayan colado cientos de trabajadores irregulares sin que hayan detectado la situación personal de vulnerabilidad y dependencia en la que llegaban a sus tajos, máxime ahora que se sabe que entre los detenidos ha habido responsables de gestorías que se dedicaban a blanquear los papeles de las víctimas para hacerlas pasar por rumanas. Sobre este aspecto la nota de UGT tampoco dice nada. La nota arroja más sombras que luces sobre la Operación Urofort.
Pero, sobre todo, destaca de ella que en ningún momento se mencione la gravedad de los delitos que se imputan a los detenidos: ¡trata de seres humanos con fines de explotación laboral! Una aberrante forma de esclavitud moderna, como también se define a la trata, cuyo análisis y/o condena no ha merecido una sola línea de preocupación por parte del sindicato fundado hace 131 años por el viejo Pablo Iglesias.
〈Esta revista ha intentado recabar de UGT algunas puntualizaciones al respecto de su confuso comunicado, y todos los contactos remiten al secretario general de FICA UGT Huelva, pero Luciano Gómez nos ha colgado el teléfono durante la conversación.〉
Habrá que esperar a que se levante el secreto de sumario para saber realmente la envergadura del caso Urofort, aunque cualquiera diría que no está pasando. Una trama con -presuntamente- cientos de víctimas explotadas, 15 detenidos y cuatro “empresarios rumanos afectados”, que han sido enviados a la cárcel por un juez de Jaén como «cabecillas» de esta trama tan terrible y tan poco comentada. Pero está pasando.
LA PRESUNTA CORRUPTA GUARDIA CIVIL DE HUELVA; LA DEL «A por ellos Oé»
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[4] La Operación Urofort se salda con la identificación de «centenares de víctimas» y 15 detenidos, cuatro de ellos enviados a prisión por un juez de Jaén
El grueso de la Operación se ha desarrollado en la provincia de Huelva, donde los jefes del grupo habían llevado sus cuadrillas para la recolección de la fresa.
Trabajadores que vivían en condiciones de “semiesclavitud”, hacinados en naves y con salarios muy por debajo de lo que marcan los diferentes convenios.
Entre los arrestados, estaban siete miembros de la organización y ocho empresarios que, según la investigación, sabían que las víctimas no podían trabajar en España.
Los empresarios han quedado en libertad con cargos.
El juez ha bloqueado 19 cuentas bancarias.
Cuatro personas, a las que se acusa de ser los “cabecillas” de una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral desmantelada por la Operación Urofort, han ingresado ya en prisión por orden del magistrado Miguel Sánchez-Gasca, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén.
El juez desplegó el pasado martes ayer un macro dispositivo policial en el que se practicaron 16 registros y 15 detenciones en empresas agrícolas de Huelva, provincia en la se ha desarrollado el grueso de la operación, Córdoba, Badajoz, Albacete y Jaén. También se identificaron a centenares de víctimas que vivían en condiciones de semiesclavitud, hacinados en naves y con salarios muy por debajo de lo que marcan los diferentes convenios. Las víctimas, como adelantaba el jueves La Mar de Onuba, han sido atendidas por un dispositivo especial puesto en marcha por Cruz Roja Española en colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuerpo que ha practicado los registros y las detenciones.
Según ha trascendido de las pesquisas iniciales y contaba este viernes Diario de Jaén, se trata de una organización criminal que captaba y comercializaba ilegalmente ciudadanos de origen moldavo como mano de obra para explotaciones agrícolas de las provincias en las que se ha desarrollado la Operación Urofort.
El veterano periódico jiennense asegura que se han identificado a un grupo de personas que falseaban la documentación de ciudadanos moldavos sin papeles y los “convertía” en ciudadanos rumanos (de la Unión Europea que no requieren de permiso de trabajo) con los que comerciaban como mano de obra. Los miembros de la red se quedaban, según se desprende de la investigación, con buena parte del jornal que debían percibir estos trabajadores, inmigrantes sin papeles y en estado de extrema necesidad. Se han detectado casos de temporeros que trabajaban por diez euros por día, una cuarta parte de salario fijado en el convenio colectivo de Huelva, o una quinta del de Jaén, mucho más generoso.
La Guardia Civil de Jaén culminó la operación Urofort con la intervención en pasado martes de agentes de la UCO, que practicaron 16 registros simultáneos en las provincias de Huelva, Córdoba, Albacete, Badajoz y Jaén, y detuvieron a 15 personas. Entre los arrestados, estaban los siete miembros de la organización y ocho empresarios agrícolas de varias provincias que, presuntamente, estarían en connivencia con la trama, ya que sabían que los jornaleros moldavos no podían trabajar en España. Los patronos quedaron en libertad con cargos. El magistrado Miguel Sánchez-Gasca sí decidió enviar a prisión preventiva a cuatro de los siete componentes de la organización criminal, los considerados cabecillas.
Todos están acusados de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.
Sánchez-Gasca también ha ordenado bloquear 19 cuentas bancarias, vinculadas a los detenidos y por valor de 40.000 euros. Indiciariamente, se ha fijado esa cantidad como el posible perjuicio que han sufrido las víctimas, según han explicado las fuentes consultadas.
Los ciudadanos moldavos eran trasladados de una provincia agrícola a otra para trabajar en las distintas campañas agrícolas. De hecho, el grueso de la Operación Urofort se ha desarrollado en Huelva, donde los jefes del grupo habían llevado sus cuadrillas para la recolección de la fresa.
La investigación, desarrollada por la Guardia Civil de Jaén, arrancó el pasado mes de diciembre de una forma casi casual. Las pesquisas partieron tras la quema de una furgoneta en Fuerte del Rey. Sus propietarios dijeron ser jornaleros rumanos. Sin embargo, los agentes descubrieron que utilizaban nombres falsos y que, en realidad, eran moldavos. Tirando de ese hilo, los investigadores descubrieron que los ciudadanos de la antigua república soviética estaban “controlados” por una organización de ciudadanos rumanos que los llevaba de una a otra campaña agrícola y que se lucraba a su costa quedándose con parte de sus salarios. La Operación Urofort continúa abierta bajo secreto de sumario.
Una red descubierta por el incendio de una furgoneta
El suceso destapa las investigaciones de la operación Urofort, una investigación con trascendencia europea contra la trata se seres humanos.
Fue en Fuerte del Rey, Jaén. Efectivos del cuerpo de Bomberos de Jaén acudieron a la llamada del incendio de una furgoneta estacionada en un camino rural. Un episodio que dio mucho que hablar, según recordaba este viernes el digital lacontradejaén.com. Tanto que la Guardia Civil tomó testimonio a vecinos y a los propios afectados, parece ser que oriundos de Europa del Este que poco o nada sabían de lo que aquellas llamas podían desatar. Era la «punta del iceberg» para destapar una operación que, de momento, lleva quince detenidos en diferentes puntos de España y que tiene calado europeo.
Se trata de la Operación Urofort que esta semana desarrolla la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) con detenciones y registros en las provincias de Huelva (zonas de La Palma del Condado y Almonte entre otras), Jaén, Córdoba (Nueva Carteya), Badajoz y Albacete. Se investiga a una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. De la investigación se ha hecho cargo el Juzgado de Instrucción número tres de Jaén en el marco de las diligencias Previas número 459/2019 que las mantiene declaradas secretas.
Fuentes cercanas a la investigación precisan que a raíz de aquel incendio y de la toma de declaraciones, la Guardia Civil empezó a detectar incongruencias como que al parecer se utilizaban nombres falsos y que esperaban a recibir instrucciones para ir a trabajar a otros tajos, ya sea en Jaén o en otras provincias. Una organización que, supuestamente, falsifica identidades o las usurpa, en connivencia con gestorías, para que inmigrantes acudieran a Andalucía a trabajar en las diferentes campañas agrícolas como la fresa o la aceituna. Se trata, también, de un fraude por la cotización a la Seguridad Social de las personas a las que suplantaban.
Los principales damnificados son los trabajadores que recibían un salario por debajo del que fija el convenio del campo. El resto se lo llevaba este entramado que ahora se está investigando y que, de momento, se ha saldado con la detención de quince personas. Se desconocen cuántas de ellas son en Jaén.
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