HUELVA: CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD HAN DESTRUÍDO DOÑANA. Nada se investiga; nada se sanciona. Todo por la Fresa. Todo por la Pasta
[1] HUELVA: CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD HAN DESTRUÍDO DOÑANA. El alcalde de Lucena pedirá a Parralo que incumpla la orden del TSJA y paralice el sellado de los 77 pozos ilegales que beben de Doñana
«La situación es muy grave», dice Ecologistas en Acción, que apoya a la CHG y pide el «cumplimiento de la legislación».
El alcalde de Lucena del Puerto (Huelva), el independiente Manuel Mora, pedirá este viernes a la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, que paralice el cumplimiento del mandato del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordena la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) el cierre y sellado definitivo de los 77 pozos ilegales que extraen agua del acuífero de Doñana para el riego de las fincas de frutos rojos.
Manuela Parralo, Subdelegada del Gobierno en Huelva
Mora reclamará de Parralo una solución que pase por atender las exigencias de los agricultores, que se niegan a dejar de usar el agua del parque nacional sin antes no se garantiza el suministro a través de un trasvase, y planteará que cumplir la sentencia supondrá grandes pérdidas de dinero los productores.
El primer edil defiende que es posible dotar de agua de riego a los agricultores de la zona a través del trasvase de ocho hectómetros cúbicos de agua desde la comunidad de regantes de El Fresno con las infraestructuras actuales. Mora considera que el cumplimento o no de la sentencia es una cuestión de «voluntad política», puesto que la «solución», es decir, seguir permitiendo que se extraiga agua del acuífero de Doñana hasta que articule una «alternativa real», centrada en el bombeo de agua «durante las 24 horas».
Además, el alcalde lucenero advertirá a la Subdelegada del Gobierno de que la «calma tensa» que viven los vecinos de la localidad podría verse alterada si la Guardia Civil interviene contra el bloqueo que impide a los técnicos de la CHG acceder a los campos y cerrar los pozos ilegales. Mora ha destacado este jueves, en declaraciones a Europa Press «que hay personas mayores y niños presentes en la zona», y que teme que pueda «ocurrirles algo» si se producen «momentos de tensión».
Mora ha asegurado que «los primeros interesados en cuidar Doñana son los que viven en el entorno», y aboga por una convivencia entre el parque y la agricultura en la que quepan el cuidado al medioambiente y la agricultura, y no un entorno en el que «la población se vaya» para poder vivir, por lo que «no se puede poner entre la espada y la pared» a vecinos e instituciones.
Ecologistas en Acción: ‘la situación es muy grave’
La organización Ecologistas en Acción ha expresado este miércoles su «apoyo» a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y al colectivo WWF, tras los hechos ocurridos el pasado lunes, cuando «las movilizaciones de agricultores y ciudadanos de Lucena del Puerto (Huelva) impidieron ejecutar el cierre de pozos ilegales declarados por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)», y ha exigido «el cumplimiento de la legislación, lo que conllevaría el cierre de pozos y fincas declarados ilegales».
Ecologistas en Acción ha expresado en un comunicado su apoyo a WWF y a la CHG «por las amenazas sufridas, señalándolas como responsables del cierre de los pozos ilegales que riegan sus explotaciones de frutos rojos». Para Ecologistas, «es inaceptable, en un Estado de derecho, donde las leyes están para cumplirlas y las sentencias firmes para hacerlas ejecutar, que quienes han estado -y siguen extrayendo- aguas de forma ilegal, sean quienes determinen si las sentencias deben o no aplicarse según sus propios intereses».
«La situación es muy grave», asegura la organización de defensa del Medio Ambiente, que lamenta «los años de dejadez de las administraciones con competencia en el espacio natural. Ni los ayuntamientos, ni la Junta, ni el Ministerio, han podido o querido atajar el problema de la expansión del riego ilegal en la Comarca Norte de Doñana» y, «es más, en algunos casos lo han alentado de manera irresponsable».
La organización tacha además de «muy peligroso» el «discurso que el Partido Popular y Ciudadanos están trasladando a los regantes ilegales, prometiéndoles en campaña electoral, y tras la formación del Gobierno andaluz -sustentado por ambos partidos precisamente-, que para otorgarles seguridad jurídica tienen el compromiso del presidente de modificar el Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte Forestal de Doñana».
«Pretenden dar agua a todos los agricultores, legales e ilegales, esquilmando las aguas que nutren al espacio natural más importante de Europa y compitiendo de forma desleal con los agricultores legales», critica Ecologistas en Acción, organización que cree además que «las administraciones locales, autonómicas y estatales deben trabajar con el compromiso de hacer cumplir las sentencias, evitando la sobreexplotación del agua y el deterioro de las masas de agua subterráneas, así como no gobernar bajo la política de hechos consumados».
De igual modo, Ecologistas en Acción «rechaza las propuestas que se plantean para solucionar el problema, como los trasvases desde la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras, no sólo porque no van a acabar con el problema de la extracción ilegal, sino que encima pretenden utilizar fondos públicos para lograr satisfacer intereses privados, algo que no puede ser entendido por la sociedad cuando se siguen recortando servicios sociales básicos cada día».
La organización agrega que «estas actuaciones contra natura desencadenan complejos e inesperados desequilibrios naturales», y «son además obras costosas y rígidas -irreversibles- que generan nuevas apetencias que no tienen límite de satisfacción posible, y llevan asociado un inimaginable mundo de intereses económicos y políticos». «Ecológicamente son un atentado a los ecosistemas fluviales, tanto a los cedentes como a los receptores», enfatiza la organización.
Así las cosas, Ecologistas en Acción «exige el cumplimiento de la legislación, lo que conllevaría el cierre de pozos y fincas declarados ilegales, por poner en serio riesgo los acuíferos, a la propia agricultura y a los espacios naturales que dependen directa o indirectamente del recurso agua», y desde el movimiento ecologista hacen «un llamamiento a la responsabilidad política y a la recuperación del bosque mediterráneo, sostén de actividades agrícolas y ganaderas respetuosas con el entorno natural y base de un mundo rural en riesgo de desaparición ante el continuo acoso de la especulación en el campo».
Imagen de la concentración contra el cierre de pozos ilegales publicada este lunes por el digital HuelvaHoy.com
Empresarios, vecinos de varias localidades y decenas de jornaleros bloquean el camino hasta las explotaciones de frutos rojos.
Consideran que la riqueza y el empleo que generan sus campos debe prevalecer sobre la reserva natural.
EQUO reclama al Gobierno andaluz contundencia en el cierre de pozos ilegales
Los agricultores «afectados» se manifiestan dispuestos a seguir extrayendo ilegalmente agua del acuífero de Doñana para sus campos hasta que el Estado ejecute el trasvase y traiga agua para riego en superficie.
Por segunda vez en nueves meses, los productores de frutos rojos que riegan sus tierras con agua extraída ilegalmente del acuífero de Doñana, han conseguido impedir este lunes que personal técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (esta vez acompañados por agentes de la Guardia Civil) acceda a sus fincas para proceder al sellado definitivo de sus pozos.
La intervención proyectada para primera de este lunes por la CHG se filtró durante el pasado fin de semana a través de diversos grupos de WhatsApp que convocaron a la multitudinaria concentración de este lunes e invitaban a los comercios y empresas de la zona a “cerrar sus puertas” en apoyo a los agricultores e infractores.
Es la segunda vez en menos de un año que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se ve obligada a aplazar el sellado estos sondeos ilegales, después de la semana pasada reiniciara en el término municipal de Almonte la clausura de los pozos localizados. La primera fue en septiembre del pasado año. En aquella ocasión el acceso de la CHG fue impedido de forma violenta, y el personal técnico tuvo que ser atenido hospitalariamente por lesiones.
Este lunes, la convocatoria por WhatsApp ha resultado ser un éxito, la CHG y la Guardia Civil, que había desplazado hasta 50 agentes a petición del propio organismo gestor tras los violentos incidentes del año pasado, han optado por evitar altercados, y no intentar siquiera el acceso a las fincas. Queda aplazada, de nuevo, la clausura de los pozos ilegales.
Los agricultores infractores alegan que «sin agua Lucena se muere y se arruina el sector», y recuerdan que el Estado o se comprometió con ellos a regularizar sus tierras convertidas al regadío trayendo agua en superficie a través de trasvases de cuencas fluviales gestionadas por la CHG. aseguran no estar en contra del sellado de los pozos ilegales, pero se muestran a seguir extrayendo -ilegalmente- hasta que llegue el trasvase. «Está aprobado pero no hacen la obra y no hay agua», se quejaba hoy uno de ellos a Europa Press. «Sin agua no se puede trabajar y sería una ruina para un sector que da entre 140.000 y 150.000 puestos de trabajo».
Los empresarios que han convocado la concentración que este lunes ha impedido a la CHG dar cumplimiento a una orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, consideran que esta «ha sido pacífica en todo momento» y que ha cumplido con el objetivo de impedir el paso del personal técnico de la confederación hidrográfica. Dicen saber que mañana se volverá a intentar que su cumpla la sentencia del TSJA, como sabían que iba a hacer este lunes. Por eso motivo, entre todos los vecinos «van a hacer turnos en la zona para seguir impidiendo el cierre de estos pozos».
Habrá que esperar para saber si la Subdelegación del Gobierno tolera este nuevo desafío a la legalidad de los empresarios infractores De momento, ganan ellos. Pierden Doñana y el Estado de Derecho.
EQUO: ‘Pasan los años y las amenazas sobre Doñana ya adquieren tintes peligrosos’
La formación ecologista reclama al Gobierno andaluz «contundencia» en el cierre de pozos ilegales.
«El debate del agua está secuestrado por un grupo de presión de regantes que por la fuerza quieren seguir saqueando el acuífero”.
Isabel Brito, coportavoz de Equo Huelva
Desde EQUO Huelva se ha instado este lunes al Gobierno andaluz de PP y Cs a que desde las instituciones “se deje de utilizar el agua como moneda de cambio electoral”, reclamándole que “respete y haga cumplir los acuerdos alcanzados con el Plan de la Corona Norte, dejen de prometer falsos vergeles y de engordar una burbuja de frutos rojos insostenible”.
“Pasan los años y las amenazas sobre Doñana ya adquieren tintes peligrosos”, ha señalado al respecto la coportavoz onubense de la formación, Isabel Brito, que ha considerado que “el debate del agua está secuestrado por un grupo de presión de regantes que a base de amenazas y por la fuerza quieren seguir saqueando el agua del acuífero”.
Así se ha expresado Brito tras conocer la acción que han llevado a cabo agricultores y gente de su entorno hoy en Lucena del Puerto para impedir la clausura prevista. “Reclamamos contundencia en el cierre de pozos ilegales y una política seria desde el Gobierno andaluz que dé una solución definitiva al ciclo integral del agua que tenga en cuenta el bien común y las necesidades de la ciudadanía, y no atienda sólo un tipo de actividad, la agricultura superintensiva que tiene los días contados”, concluyen desde EQUO.
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[3]Un guarda fluvial es agredido por un grupo de personas convocadas por WhatsApp
El pasado viernes, un guarda fluvial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir fue hospitalizado tras ser acosado y agredido por un numeroso grupo de personas cuando trataba de inspeccionar una finca agrícola del entorno de Doñana.
Como consecuencia de este ataque, el guarda realizó una llamada de auxilio al 112 y la Guardia Civil tuvo que intervenir y el guarda fue hospitalizado durante varios días debido a múltiples contusiones.
Un ataque organizado
Investigaciones de la Guardia Civil han descubierto que este numeroso grupo de personas estaba perfectamente organizado y que fueron convocadas por WhatsApp a las 12 de la mañana del pasado viernes. Una vez en la zona, bloquearon los caminos para intimidar y coaccionar a este agente de la autoridad que cumplía con su deber de denunciar el uso ilegal del agua en esta zona de Doñana.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha activado el Protocolo de Agresiones y ha denunciado los hechos.
Pozos y explotaciones de agua ilegales
Es conocido por muchos que en esta zona de Los Pinares de Lucena del Puerto, en Huelva, se ha generalizado el uso ilegal del agua en Doñana. Se ha contabilizado un gran número de pozos y explotaciones ilegales. La misma CHG ha pedido la colaboración institucional de la Subdelegación del Gobierno en Huelva y del Ayuntamiento de Lucena del Puerto para el cierre de 77 pozos ilegales del municipio.
La Guardia Civil reforzará las inspecciones
En este sentido, el delegado del Gobierno de Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómes, anunció ayer que las inspecciones que realizan los guardias fluviales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre pozos ilegales en Doñana van a estar, a partir de ahora, reforzadas por la Guardia Civil. Estos agentes actuarán si se produce cualquier acto violento contra cualquier funcionario público.
Preguntada la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, han condenado este ataque contra el guardia fluvial, manifestando que «este ataque enturbia y empeora el trabajo realizado por la plataforma». También, sus portavoces han querido enviar un mensaje de calma a los agricultores, aunque han subrayado que entienden las tensiones que ha provocado el «retraso de las plantaciones y la tardanza de las transferencias de agua».
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[4] Inspectores del acuífero de Doñana, agredidos por 200 agricultores
Realizaban su labor de inspección en una finca agrícola del entorno del parque natural en Lucena del Puerto (Huelva) cuando sucedieron los hechos
Parque Nacional de Doñana (Propias)
Tres agentes fluviales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir fueron amenazados y agredidos ayer por más de 200 personas mientras realizaban su labor de inspección en una finca agrícola del entorno de Doñana, en Lucena del Puerto (Huelva).
La organización WWF condena estos «intolerables hechos» y muestra su solidaridad y apoyo a los agentes fluviales de Doñana, que realizan un trabajo vital para el control de las extracciones ilegales de agua en el entorno del humedal más emblemático de España.
En una escena impropia del siglo XXI, los tres agentes fluviales de la Confederación Hidrógrafica del Guadalquivir fueron amenazados y agredidos en una finca de cultivo de fresa de Lucena del Puerto (Huelva), situada en un monte público propiedad del ayuntamiento, mientras realizaban su trabajo de protección del medio ambiente, denuncia WWF.
Cuando se encontraban en la finca, aparecieron de pronto más de 200 personas –agricultores y trabajadores de fincas cercanas, supuestamente convocados a través de WhatsApp- que comenzaron a insultar y amenazar a los agentes. Al tratar de abandonar la finca, el vehículo oficial de los agentes fue obstaculizado.
WWF emarca esta agresión «intoerable» en la situación cada vez más alarmante en el entorno de Doñana, en donde continúa l crecimiento imparable de la agricultura de regadío ilegal. «Con el ataque de ayer a unos agentes de la autoridad pública que estaban ejerciendo su trabajo, velando por los recursos naturales públicos de todos los ciudadanos, la situación ha tocado techo», explica esta entidad.
WWF pide que se investiguen los hechos, se identifique a los asistentes y se depuren responsabilidades, pues las infracciones cometidas podrían constituir delito al perpetrarse contra funcionarios en ejercicio de sus competencias.
“La guardería fluvial hace un trabajo fundamental velando por el agua, un bien público y un recurso natural vital para el mantenimiento de los ecosistemas, la población y la propia agricultura”, ha declarado el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo. “Desde WWF queremos trasmitir todo el apoyo y afecto a los guardas fluviales del entorno de Doñana en estos momentos difíciles”, ha concluido.
El conflicto del agua en Doñana continúa enquistado como uno de los problemas más graves para el futuro del humedal más emblemático de España, reconocido por diversas figuras de protección como Parque Nacional o Patrimonio de la Humanidad. Los organismos internacionales que vigilan la situación de Doñana, como la UNESCO, han mostrado en reiteradas ocasiones su preocupación por el uso ilegal de agua para la agricultura en el entorno del espacio protegido.
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[5] El guarda fluvial atacado el viernes recibe el apoyo de las instituciones
El delegado del Gobierno en Andalucía anuncia que las inspecciones serán reforzadas por la Guardia Civil y advierte de la gravedad de atentar contra un funcionario público
El agente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que el pasado viernes fue presuntamente retenido e increpado por un grupo de personas en el término municipal de Lucena del Puerto mientras realizaba su labor de supervisión y control de pozos ilegales en el entorno de Doñana, ha recibido en las últimas horas numerosas muestras de apoyo y solidaridad de distintos representantes de las distintas administraciones públicas y de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, además de transmitir «todo el apoyo y solidaridad» del Gobierno central al guardia, ha anunciado que, a partir de ahora, los agentes destinados a esta actividad de inspección contarán con el apoyo de la Benemérita. Así, el delegado indicó que se va a establecer «un sistema específico de colaboración entre la CHG y la Guardia Civil, de forma que esas inspecciones irán reforzadas por miembros del Instituto Armado».
En este sentido, Gómez de Celis explicó que «estos agentes actuarán en la detención inmediata de cualquier acto violento contra cualquier funcionario público», al tiempo que advirtió que «el atentado contra cualquiera de ellos tiene penalidades mayores» por suponer un delito contra la autoridad.
Lo ocurrido al agente fluvial es «completamente intolerable en cualquier circunstancia y con respecto a cualquiera» y pone de manifiesto la importancia de fortalecer la vigilancia ambiental y clausurar los pozos ilegales cuanto antes», publicaba la ministra en una red social.
Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez de Haro, realizaba un llamamiento a «la colaboración de todos» para «conservar los recursos naturales» en el entorno del Espacio Natural de Doñana y recordaba la necesidad de que el sector agrícola desarrolle «una agricultura sostenible».
«Tenemos que colaborar todos y por supuesto los agricultores también», advertía el consejero, quien destacó la importancia de que «se agilice el trasvase de 15 hm3 por las necesidades hídricas que tiene la provincia» de Huelva.
En cuanto a la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, su presidente, Cristóbal Picón, condenaba el ataque sufrido por el agente fluvial, una acción que «enturbia y empeora» las reivindicaciones de la plataforma que se encuentra inmersa en «negociaciones para arreglar las cosas». «Estos actos se cargan el trabajo de la plataforma y la credibilidad de los agricultores» por lo que Picón insistió en censurar «cualquier acto que se salga del margen legal y que no haya sido convocado» por la misma.
Por otro lado, la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (AAMAA) ha pedido a la Fiscalía que investigue de oficio una serie de mensajes que fueron difundidos a través de un grupo de WhatsApp el día de los hechos. En los mensajes se daban indicaciones sobre la posición del agente hostigado y se animaba a acudir a su encuentro.
El guarda fluvial, que el pasado viernes fue presuntamente rodeado y retenido por un grupo de vecinos de Lucena cuando se encontraba cumpliendo con sus labores de inspección de pozos en este término municipal, tuvo que ser asistido por la Guardia Civil. Después del suceso, ha permanecido ingresado en un hospital durante cuatro días y en este momento continúa bajo tratamiento médico en su domicilio.
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[6] La Guardia Civil estará presente en las inspecciones de pozos
Tras el ataque, el pasado viernes, a un guarda fluvial en Lucena del Puerto mientras realizaba su labor
El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha anunciado este miércoles que las inspecciones que realizan los guardia fluviales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sobre pozos ilegales en el entorno de Doñana van a estar, a partir de ahora, reforzadas por la Guardia Civil.
De Celis ha trasladado “todo el apoyo y solidaridad” del Gobierno al guarda fluvial de la CHG objeto el pasado viernes de un ataque, presuntamente, a manos de unos vecinos de Lucena, con el que ha mantenido contacto directo para interesarse por lo sucedido.
Un apoyo al que se ha sumado también la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a través de su cuenta de Twitter, donde ha expresado su “cariño, solidaridad y apoyo” con el guarda y ha defendido la importancia de “fortalecer la vigilancia ambiental y, entre otras actuaciones, clausurar los pozos ilegales cuanto antes”.
En la misma línea, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ha condenado “con toda la energía posible” la agresión y ha afirmado que “seguiremos aplicando la ley, la agricultura ilegal no tiene sitio en el entorno de Doñana”.
Igualmente, el delegado del Gobierno ha dejado claro que “vamos a perseguir de manera inexorable y contundente a todo el que de manera ilegal esté cogiendo agua” en el entorno de Doñana.
“Nosotros hemos puesto todo el empeño, y lo ha hecho CHG, en resolver el problema de los regantes legales, pero todo el ilegal que consuma agua y lo haga dañando drásticamente una zona como la del espacio natural, van a continuar siendo perseguidos”, ha dicho.
En este punto, ha indicado que, a partir de ahora, se va a establecer “un sistema específico de colaboración entre la CHG y la Guardia Civil, de forma que esas inspecciones irán reforzadas por miembros del Instituto Armado”.
Estos agentes “actuarán en la detención inmediata de cualquier acto violento contra cualquier funcionario publico”, ha explicado, remarcando que “el atentado contra cualquiera de ellos tiene penalidades mayores por atentar contra la autoridad”.
Por su parte, las ONG ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han condenado “el acoso y agresión” al guarda y han reclamado a la ministra para la Transición Ecológica “medidas concretas en defensa de estos trabajadores y el cierre inmediato de estos pozos ilegales en el entorno de Doñana”.
Las organizaciones ecologistas han calificado de “deplorable e inaceptable” este nuevo ataque a un funcionario del Ministerio de Transición Ecológica que además provocó su hospitalización durante varios días, ha informado SEO/BirdLife en un comunicado.
También piden al Ministerio de Transición Ecológica que utilice todos los recursos legales para defender al funcionario agredido y para que sean identificados los culpables.
Así no
Por su parte, el presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, Cristóbal Picón, también ha condenado este miércoles el ataque al guarda fluvial y ha precisado que este tipo de acciones “enturbia y empeora” el trabajo realizado por la plataforma.
Por último, ha lanzado un mensaje de calma a los agricultores, aunque entiende las tensiones que han podido provocar “el retraso de las plantaciones y la tardanza de las transferencia de los 15 hm3”, pero ha incidido en que esta situación “no justifica este tipo de actos”.
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[7] La Confederación del Guadalquivir tiene solo dos guardas para controlar 1.700 Km2 de zonas agrícolas
Mal camino ha tomado el conflicto del agua en Doñana. La retención sufrida por uno de los guardas fluviales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) cuando ejercía sus funciones de control en el proceso de clausura de los cientos de pozos ilegales que asaetean el acuífero y secan la Reserva de la Biosfera ha sido solo el último capítulo de una escalada de tensión palpable. Aunque en este caso, la Guardia Civil se ha visto obligada a intervenir para salvaguardar la integridad de este guarda ante un grupo de vecinos que le increpaban y acosaban.
Los guardas fluviales de la Confederación son sólo dos para una distancia que abarca desde la desembocadura del Guadalquivir hasta el Tinto a su paso ya por Niebla y esta zona de El Condado, según viene advirtiendo la organización conservacionista WWF. Deben vigilar nada menos que las zonas freseras de Moguer, Lucena, Bonares, Rociana, Almonte, Bollullos, Hinojos, Villamanrique y las plantaciones han saltado ya el límite de la A-49 hacia La Palma. Casi 2.000 Km2 de superficie municipal. Así que la guardería de la CHG se siente indefensa y acosada en este ambiente de hostilidad creciente y palpable.
No es nuevo este comportamiento. En 2014, los guardas ya sufrieron persecución por el mismo motivo. En aquella ocasión, tres agentes de la Confederación fueron amenazados y agredidos por más de dos centenares de personas mientras realizaban su labor de inspección en fincas agrícolas del entorno de Doñana, también en Lucena del Puerto, recuerda la organización WWF. La finca estaba situada en monte público propiedad del Ayuntamiento de Lucena, apuntó WWF.
Después de este caso, el secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, y la delegada de Medio Ambiente, Rocío Jiménez, denunciaron en abril del pasado año un ataque con huevos a la vivienda del presidente de la Diputación y a la casa de los padres de la delegada. Y hace poco más de un mes, otro grupo de agricultores realizaron un escrache a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante una visita a San Juan del Puerto, municipio vecino a Lucena y a donde acudió la presidenta a un acto oficial organizado por el Ayuntamiento sanjuanero.
Así que el último ataque sufrido por la guardería fluvial ha hecho saltar todas las alarmas por la reiteración de los acosos y el aumento palpable de la escalada de tensión en esta zona del Condado de Huelva.
De hecho, la Subdelegación del Gobierno en Huelva ha decidido que sea la Guardia Civil la que actúe de manera “inmediata” deteniendo a cualquier persona que incurra en un acto violento contra un funcionario público, algo que, ha recordado el delegado del Gobierno en Andalucía, tiene mayor pena al ser considerado un atentado contra la autoridad.
Este refuerzo, ha explicado Alfonso Gómez de Celis en E. Press, se acometería con la propia plantilla de la Benemérita existente en la zona, algo que no supondría mayor problema en tanto que se trata de inspecciones “puntuales”.
El delegado del Gobierno en Andalucía ha querido dar “apoyo y solidaridad” a este funcionario público, con quien el Ejecutivo central se puso inmediatamente en contacto tras lo sucedido, así como con su familia. “Hemos estado siempre muy presentes en todo este caso”, asegura. “Vamos a perseguir de manera inexorable y contundente a todo el que de manera ilegal esté cogiendo agua: hemos puesto todo el empeño en resolver el problema de los regantes legales, pero todo ilegal que consuma agua y lo haga dañando drásticamente una zona como Doñana continuará siendo perseguido”, ha apostillado.
Ante esta escalada de tensión en la comarca, las ONG ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han condenado “el acoso y agresión” sufrida por un guarda de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) supuestamente a manos de un grupo organizado de agricultores de Lucena del Puerto y reclaman a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, medidas concretas en defensa de estos trabajadores y el cierre inmediato de estos pozos ilegales en el entorno de Doñana.
Las organizaciones conservacionistas condenan con toda rotundidad la actuación de “este grupo de agricultores ilegales que intentan intimidar a la guardería y a las Fuerzas de Seguridad para seguir expoliando con total impunidad los recursos naturales de Doñana”. Asimismo, han mostrado su total apoyo al guarda agredido, a sus compañeros en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a los agentes ambientales y al Seprona que “cada día trabajan en circunstancias muy difíciles para defender Doñana e intentar que se cumpla la legalidad”.
También piden al Ministerio de Transición Ecológica que utilice todos los recursos legales a su alcance para defender al funcionario agredido y para que sean identificados los culpables. Además de que este Ministerio y la Junta de Andalucía “intervengan de una vez por todas cerrando las innumerables fincas y pozos ilegales que están secando el acuífero de Doñana y cuya ubicación conocen sobradamente”.
Mientras tanto, el presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, Cristóbal Picón, ha condenado el ataque a un guarda fluvial adscrito a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y cree que este tipo de acciones “enturbia y empeora” el trabajo realizado por la plataforma. “La plataforma condena cualquier acto que se salga del margen legal y que no haya sido convocado por la plataforma”, ha dejado claro el presidente de la misma, quien lo denuncia y lo condena, ya que “hay negociaciones encima de la mesa para arreglar las cosas y con estos actos se cargan el trabajo de la plataforma y la credibilidad de los agricultores”.
Picón ha querido lanzar un mensaje de calma a los agricultores, aunque entiende las tensiones que han podido provocar “el retraso de las plantaciones y la tardanza de las transferencia de los 15 hm3″, pero ha incidido en que esta situación “no justifica este tipo de actos”.
La situación latente del trasvase se sigue enrareciendo y muchos agricultores se sienten utilizados por algunos políticos. Desde la Plataforma lamentan que PP y Cs hayan pedido por tercera vez una prórroga para presentar enmiendas a la transferencia de 15 hm3 al Condado. A su juicio, “sólo se trata de intereses políticos” y ha dejado claro que “el agricultor, el ciudadano, debe estar siempre por encima del interés político, de la lucha entre partidos políticos”.
El alcalde de Lucena, ante el riesgo de que la situación de nerviosismo se vaya de las manos también se ha pronunciado sobre el ataque al guarda fluvial. David Vivas ha lamentado el ataque y ha dejado claro que no comparte la forma de actuar de algunas personas sobre este asunto, incidiendo en que “no todos los agricultores actúan de esta manera”, por lo que ha pedido que no se generalice.
Vivas ha reconocido en una declaración recogida por E. Press, que el clima en Lucena del Puerto está “crispado” porque el sector “necesita agua”, ha reiterado que el Ayuntamiento como institución “va a velar por la legalidad y por buscar soluciones” a un tema “muy complicado”.
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[8] El Gobierno reforzará con Guardia Civil las inspecciones a pozos tras la agresión al guarda fluvial
El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, anunció este miércoles que las inspecciones que realizan los guardia fluviales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sobre pozos ilegales en el entorno de Doñana van a estar, a partir de ahora, reforzadas por la Guardia Civil.
Así, De Celis trasladó “todo el apoyo y solidaridad” del Gobierno al guardia fluvial de la CHG objeto el pasado viernes de un ataque, presuntamente, a manos de unos vecinos de Lucena, con el que ha mantenido contacto directo para interesarse por lo sucedido.
Asimismo, ha dejado claro que “vamos a perseguir de manera inexorable y contundente a todo el que de manera ilegal esté cogiendo agua” en el entorno de Doñana.
“Nosotros hemos puesto todo el empeño, y lo ha hecho CHG, en resolver el problema de los regantes legales, pero todo el ilegal que consuma agua y lo haga dañando drásticamente una zona como la del espacio natural, van a continuar siendo perseguidos”, ha dicho.
En este punto, ha indicado que, a partir de ahora, se va a establecer “un sistema específico de colaboración entre la CHG y la Guardia Civil, de forma que esas inspecciones irán reforzadas por miembros del Instituto Armado”.
Estos agentes “actuarán en la detención inmediata de cualquier acto violento contra cualquier funcionario publico”, ha explicado, remarcando que “el atentado contra cualquiera de ellos tiene penalidades mayores por atentar contra la autoridad”.
La CHG ha establecido un sistema específico de colaboración con la Guardia Civil para que miembros del Instituto Armado estén presentes como refuerzo a partir de ahora en las inspecciones que los funcionarios del órgano estatal lleven a cabo para prevenir las actividades de extracción ilegal de agua.
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha condenado “con toda la energía posible” la agresión a un guarda fluvial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Fiscal, que asegura haber tenido noticia del incidente a través de representantes del Ministerio de Transición Ecológica, ha indicado que la Junta defiende la agricultura en el entorno de Doñana, “pero la legal, que es la inmensa mayoría”.
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[9] Los agropiratas del agua imponen un régimen del miedo para mantener el expolio del acuífero de Doñana
La realidad es que -mientras se abrían cientos de pozos, se multiplicaba la superficie de explotación y la cifra de negocio- los apenas diez inspectores encargados de supervisar la regulación de aguas patrullan incluso escoltados ante el acoso de los agropiratas, que utilizan agua extraída ilegalmente para sus campos. El Gobierno declarará el acuífero sobreexplado en la Junta de Gobierno de Doñana el 21 de febrero. La Confederación ha incoado 943 expedientes en los dos últimos años. Casi la mitad, 480, solo en la provincia de Huelva.
El proceso de clausura de pozos es lento. En febrero de 2019, 77 captaciones ilegales perforadas en suelo público de Lucena del Puerto siguen abiertas a a pesar de haber sido localizadas, expedientadas y sancionadas en 2014. Muchas están operativas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hizo firme la resolución en mayo de 2017 tras el recurso del Ayuntamiento de la localidad. Cinco años de prórroga llevándose el agua sin permiso.
En septiembre de 2018, cuando un inspector de la Confederación fue a comprobar si el Ayuntamiento había cumplido la orden de cerrar estos pozos -cosa que no había hecho-, un grupo de agricultores lo rastrearon y cercaron hasta acorralarlo en su coche. El funcionario pasó cinco días ingresado en un hospital de la ciudad de Huelva tras el shock.
«Fui a comprobar la ejecución de una resolución. A ver si los pozos seguían en el mismo estado porque se tenía que restaurar el área a la situación anterior a la apertura», cuenta a eldiario.es el inspector agredido que prefiere que su nombre no aparezca. «Por la zona en la que estaba, en el parque natural, entre pinares, me extrañó el movimiento. Allí no suele haber nadie. Pero es que ya son como una organización. Tienen sus puntos de control, sus avisos». Conducía un coche anónimo, sin distintivos. «Aun así dieron el aviso».
Lo que sucedió después en los pinares de Doñana fue una suerte de acecho al inspector. «Una auténtica cacería», rememora. «Yo conozco la zona y los caminos. Trabajo aquí desde 1994. Según me iba moviendo iban cerrando pasos. Iban rastreándome y cercándome las salidas».
El grupo con el que acabó enfrentado se coordinó para ir acumulando gente junto al inspector. Gracias a diferentes avisos entre ellos, consiguieron bloquear el automóvil de la Confederación en un paraje sin escapatoria. «Me cerraron en un sitio sin salida con un barranco a un lado y el lecho del río por el otro. Le tenemos acorralado, decían. Allí pretendían volcarme el coche con un tractor. No podía ni salir del coche. Llamé al 112 y la Guardia Civil apareció a los 45 minutos». Tras no poder estabilizarle la presión arterial en el centro de salud de Almonte fue trasladado a un hospital de la ciudad de Huelva donde estuvo cinco días. Hoy sigue de baja.
Eso fue el 21 de septiembre de 2018. «No era la primera vez. Tuve un episodio parecido en 2014». El pasado martes, cuatro meses después, eldiario.es recorrió ese campo de pozos junto a la Inspección de la CHG. Las captaciones están numeradas para no confundirlas o contarlas varias veces. Cada tubo tiene su equipo para alimentar la bomba que extrae el agua. «¿Están operativos?». «Claro. Nosotros no los podemos tocar sin una orden», explica un inspector. La Confederación ha decidido asumir la clausura y su coste: 65.000 euros que luego pasará al Ayuntamiento.
«Yo pago mis impuestos»
El clima ha provocado que los funcionarios deban extremar las precauciones al recorrer los campos. «Intentamos no ir solos. Acudir con agentes de la Guardia Civil…», cuentan al borde de una balsa de riego ilegal a la que llega sin cesar agua sacada sin permiso.
Balsa de riego sin permiso en Lucena del Puerto (Huelva) / R.R.
La balsa es una gran alberca vallada, con equipo de bombeo para enviar el líquido a las fincas. En su perímetro hay instaladas diversas tuberías de las que no para de manar agua.
Un hombre se acerca mientras este periodista observaba la infraestructura y no tiene reparo en admitir que es suya: «El dueño soy yo». Dice llamarse Francisco. Al tiempo que el presidente de la Confederación informa de que se trata de una balsa sin autorización, este agricultor replica en voz baja: «A mí me ha dado permiso el Ayuntamiento. Yo pago mis impuestos». Y se aleja. Uno de los agentes, tras despedirse, dice: «Qué mansito viene hoy, coño».
El Ayuntamiento al que se refiere es el de Lucena del Puerto. Uno de los cinco municipios –junto a Almonte, Rociana, Bonares y Moguer– de la corona forestal norte de Doñana. Sus regadíos fueron regulados en diciembre de 2014 en un plan especial que admite 9.300 hectáreas de cultivos de las que ya se han regularizado unas 4.500. No ha detenido el expolio.
Los gobiernos locales ceden el uso del suelo público a particulares a cambio de un canon anual de entre 300 y 600 euros. Y, según se desprende de diversas sentencias judiciales, se desentienden. Los agricultores perforan y conducen el agua sin pedir permiso. Es algo extendido, no exclusivo de un municipio.
Los tribunales han constatado cómo, una vez impuesta la sanción por parte de la Confederación, los Ayuntamientos repiten la misma argumentación en sus recursos: ellos solo ceden el terreno, no abren pozos. En Almonte, en Moguer, en Lucena, el Tribunal Superior de Justicia insiste: «El titular es responsable» y añade la responsabilidad de «no ejercer la vigilancia necesaria».
«Se pueden tirar una semana abriendo el pozo» y conectándolo con las balsas donde se acumula el agua robada. Un directivo de la CHG cuenta a eldiario.es que «he seguido conducciones durante más de tres kilómetros y no he sido capaz de encontrar dónde terminaban. Y si llegan a una carretera, la cruzan por debajo». Toda esa obra, aunque se ejecute rápidamente, no puede pasar desapercibida a los vecinos, al resto de trabajadores… ¿Pueden trabajar a escondidas una semana? «¿Por qué escondidos?», replican los encargados de rastrearlas. Esta situación exige, al menos, cierta connivencia. «Totalmente», remata el directivo que también exige el anonimato al hablar.
El inspector agredido en septiembre es de la zona. Algunos de sus compañeros vienen de comarcas más alejadas porque no dan abasto y por seguridad. «No tienen miedo porque saben que no les va a pasar nada», reflexiona el funcionario. «La situación se ha ido dejando, dejando y se han envalentonado. No he visto yo fincas cerradas tras las sanciones. Al contrario, hay más superficie».
Los agricultores legales
Aparte del humedal más importante de Europa y Patrimonio de la Humanidad, los principales perjudicados por este clima son los agricultores 100% legales. La inversión para hacerse con suelo no baja de los 110.000 euros por hectárea, si tienen derechos de agua. Culpan a los piratas de «tirar para abajo de los precios». Y, sin embargo, no hay un movimiento para exponer a lo que pinchan el acuífero. Los técnicos explican que «muchos legales tienen también fincas irregulares». Y añaden que «donde plantó uno en una temporada, plantará otro a la siguiente». Se mantiene el silencio.
Cultivos bajo plástico en el Municipio de Lucena del Puerto
La agricultura de regadío a base de fresas, frambuesas o arándanos es un negocio de alta rentabilidad. Las exportaciones de estos tres frutos rojos pasaron de 522 millones de euros en 2011 a 1.067 millones en 2017. Más del 95% de la producción se concentra en Huelva. Toda esta situación podría pasar desapercibida, pero el agua que chupan los pozos es de la que vive el Parque Nacional de Doñana. Su entorno es el corazón del «oro rojo», como lo llaman.
Y esa agua es cada vez más escasa por el cambio climático. Las lluvias no reponen el acuífero al ritmo que se gasta. Esto ha hecho que la Comisión Europea haya llevado a España ante el Tribunal Europeo por el deterioro del parque. La próxima declaración de «en mal estado» del acuífero permitirá a la Confederación controlar más el agua que se saca. Reducir el volumen extraído a partir del máximo que permite la ley. Aún así, quedará pendiente lidiar con los agropiratas que han establecido ese régimen de temor. El inspector agredido remata: «Llevarme otra vez allí es llevarme al matadero».
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[10] WWF apoya a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para acabar con el uso ilegal del agua en Doñana
La organización considera inadmisible el apoyo del PP de Huelva a la manifestación en la que se ha pedido la dimisión del Presidente de la CHG
Ante la manifestación hoy en la puerta de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por parte de regantes ilegales de Doñana, secundada por el PP de Huelva, WWF muestra su apoyo al trabajo de la Confederación para que se cumpla la ley y para velar por la recuperación hidrológica en Doñana.
Un grupo de agricultores onubenses, mayoritariamente del municipio de Lucena del Puerto, se han manifestado hoy, con el apoyo del PP de Huelva, ante la puerta de la CHG para exigir la dimisión de su Presidente. Cabe destacar que este grupo representa fundamentalmente a fincas que son ilegales, y de imposible regularización, que intentan frenar o cambiar el Plan de la Corona Forestal.
Resulta clave recordar que dicho Plan, aprobado por el Parlamento de Andalucía en diciembre de 2014, supone la regularización de muchas fincas y la eliminación de otras manifiestamente ilegales. Con este Plan ciertos municipios, como el de Lucena del Puerto, verían asegurada la regularización de un gran porcentaje de sus fincas agrícolas y la eliminación solo de una pequeña parte.
La Junta de Andalucía tiene la obligación de implementar el Plan Especial, en coordinación con otras entidades, como la CHG y los Ayuntamientos locales. Así, desde WWF recuerdan a la nueva Junta de Andalucía la importancia de no ceder a las presiones y de poner en marcha dicho Plan íntegramente y sin modificaciones. Esto incluye el cierre de fincas y pozos ilegales, lo que garantizará el futuro de Doñana y de la agricultura legal en la zona. De esta forma, la Junta no solo cumpliría con su compromiso ante organismos internacionales, como UNESCO, sino también con los requisitos de los principales supermercados y consumidores europeos que permanecen atentos y puntualmente informados de cualquier intento de modificación del Plan de la Corona Forestal.
Para WWF los agricultores ilegales que se manifiestan y que, incluso, han llegado a agredir a las autoridades encargadas del control del uso del agua, tal y como ocurrió con la guardería fluvial hace escasos meses, ponen en riesgo a todo el sector fresero. Asimismo, provocan una enorme competencia desleal contra aquellos agricultores legales que ya están sufriendo las consecuencias por el deterioro internacional que está sufriendo la imagen de sus cultivos.
Para Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España: “es lamentable que determinados partidos políticos sigan politizando el uso ilegal del agua en Doñana y se trate de presionar al Ministerio de Transición Ecológica para que no haga cumplir la ley y cierre los pozos que roban el agua de Doñana” y añade: “si la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no trabajan de manera coordinada y urgente, se dañará irreversiblemente el acuífero y se verá perjudicada la imagen internacional de toda la agricultura de Doñana”.
Pozo ilegal Doñana
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[11] La Junta condena la agresión al guarda fluvial de la CHG y se reafirma en que «se seguirá aplicando la ley»
La Junta condena la agresión al guarda fluvial de la CHG y se reafirma en que «se seguirá aplicando la ley»
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha condenado «con toda la energía posible» la agresión a un guarda fluvial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que realizaba la supervisión y control de los pozos ilegales del entorno de Doñana y que fue increpado en su coche oficial, sintiéndose acosado. Fiscal, que asegura haber tenido noticia del incidente a través de representantes del Ministerio de Transición Ecol …
Fotografía proporcionada por la organización ecologista WWF de un pozo ilegal
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha pedido colaboración institucional para el cierre de pozos ilegales en Lucena del Puerto (Huelva) después de que un agente ambiental haya sido retenido en un coche oficial por un grupo de vecinos mientras realizaba labores de inspección.
El incidente, según ha informado la CHG en un comunicado, tuvo lugar el pasado viernes sobre las 12:00 horas del mediodía, cuando este agente de la CHG, que realizaba la supervisión y control de los pozos ilegales del entorno de Doñana, en el término municipal de Lucena del Puerto, fue increpado en su coche oficial, sintiéndose acosado.
Tras la llamada de auxilio del trabajador al 112 y la Guardia Civil, ésta consiguió dar traslado al afectado, que estuvo retenido en el coche hasta su llegada; el agente ha tenido que recibir atención médica, mientras que la CHG ha activado el Protocolo de Agresiones, y ha denunciado los hechos.
Cierre de 77 pozos ilegales del municipio
Asimismo, ha solicitado, mediante oficio, la colaboración institucional de la Subdelegación del Gobierno en Huelva y del Ayuntamiento de Lucena del Puerto (Huelva) para el cierre de 77 pozos ilegales del municipio.
Al Consistorio se le ha pedido también que se disponga de los medios de apoyo que considere necesario para asegurar la realización de estos trabajos. Es preciso señalar que existe sobre este consistorio resolución sancionadora que les obliga a inutilizar estos pozos de inmediato y, en caso de incumplimiento, la aplicación de la ejecución forzosa de dicha resolución, con cargo a las arcas municipales.
Además, este Organismo de cuenca también ha solicitado a la Subdelegación de Gobierno el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para colaborar en la finalización de estas tareas.
El consejero de Agricultura pide colaboración
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, ha hecho hoy un llamamiento a “la colaboración de todos” para “conservar los recursos naturales” en zonas como el entorno del Espacio Natural de Doñana. Se ha pronunciado en este sentido tras ser cuestionado por los periodistas en Huelva por el ataque al guardia fluvial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
Sánchez Haro ha indicado que es necesario que el sector agrícola desarrolle “una agricultura sostenible” y sobre todo que “entre todos” se trabaje por conservar esos recursos. “Es una labor de todos y tenemos que colaborar todos y, por supuesto, los agricultores también”, ha remarcado el consejero quien ha destacado la importancia de que “se agilice el trasvase de 15 hm3 por las necesidades hídricas que tiene la provincia”.
La delegación de Gobierno refuerza las inspecciones
El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha anunciado que las inspecciones que realizan los guardia fluviales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sobre pozos ilegales en el entorno de Doñana van a estar, a partir de ahora, reforzadas por la Guardia Civil.
De Celis, en un audio remitido a Efe, ha trasladado “todo el apoyo y solidaridad” del Gobierno al guardia fluvial de la CHG objeto de un ataque, presuntamente, a manos de unos vecinos de Lucena, con el que ha mantenido contacto directo para interesarse por lo sucedido. Asimismo, ha dejado claro que “vamos a perseguir de manera inexorable y contundente a todo el que de manera ilegal esté cogiendo agua” en el entorno de Doñana.
“Nosotros hemos puesto todo el empeño, y lo ha hecho CHG, en resolver el problema de los regantes legales, pero todo el ilegal que consuma agua y lo haga dañando drásticamente una zona como la del espacio natural, van a continuar siendo perseguidos”, ha dicho.
En este punto, ha indicado que, a partir de ahora, se va a establecer “un sistema específico de colaboración entre la CHG y la Guardia Civil, de forma que esas inspecciones irán reforzadas por miembros del Instituto Armado”.
Estos agentes “actuarán en la detención inmediata de cualquier acto violento contra cualquier funcionario publico”, ha explicado, remarcando que “el atentado contra cualquiera de ellos tiene penalidades mayores por atentar contra la autoridad”.
WWF pide una actuación contundente
WWF ha calificado de “inaceptable” el “ataque” al guardia fluvial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y ha pedido una “actuación contundente” por parte de este organismo. El representante de la Oficina para Doñana de WWF España, Felipe Fuentelsaz, ha recordado a Efe que “no es la primera vez que se produce un ataque de estas características, ya que en 2014 este agente y otros dos compañeros fueron agredidos en la misma zona de pinares de Lucena”.
Desde WWF han exigido que “se lleven ante el juez de inmediato a los agricultores que han participado en la agresión y que el peso ley caiga sobre ellos porque provocan un daño terrible a Doñana y a todo el sector agrícola en su conjunto”.
Asimismo, Fuentelsaz ha pedido al resto de administraciones que “coordinen con urgencia un plan para llevar a cabo las acciones que dictamina el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana, entre ellas el cierre inmediato de pozos ilegales y de fincas que se riegan sin permiso”.
Por su parte, Juanjo Carmona, también representante de la Oficina para Doñana de WWF, ha incidido en que “la falta de contundencia en la respuesta ante los hechos que tuvieron lugar en 2014 ha servido para que se dé otro episodio para que manche el nombre de los agricultores legales y de la fresa de Doñana, lo cual es inaceptable”.
Asimismo, la CHG ha solicitado hoy, mediante oficio, la colaboración institucional de la Subdelegación del Gobierno en Huelva y del Ayuntamiento de Lucena del Puerto (Huelva) para el cierre de 77 pozos ilegales del municipio.
En un comunicado posterior, las ONG ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han condenado el acoso y agresión “a manos de un grupo organizado de agricultores ilegales en los pinares de Lucena del Puerto (Huelva) cuando cumplía con el mandato de inspeccionar una finca con numerosos pozos ilegales”, señalan .
También, piden al Ministerio de Transición Ecológica que utilice todos los recursos legales a su alcance para defender al funcionario agredido y para que sean identificados los culpables. Además exigen que este Ministerio y la Junta de Andalucía que intervengan de una vez por todas cerrando las innumerables fincas y pozos ilegales que están secando el acuífero de Doñana y cuya ubicación conocen sobradamente.
Por su parte el eurodiputado verde de Equo, Florent Marcellesi ha condenado enérgicamente la agresión y ha pedido al Gobierno y a la Junta de Andalucía que cierren definitivamente los pozos ilegales. Doñana debe ser un espacio de todos y el símbolo de la transición hacia un modelo agrícola y energético sostenibles ha apuntado en su cuenta en redes.
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[13] Ecologistas critican la “impunidad” frente a los pozos ilegales en España
Ecologistas critican la «impunidad» frente a los pozos ilegales en España. EFE/Daniel Pérez
La «abundancia» de pozos ilegales en España cuenta con la «impunidad» de la Administración, que «ignora» este «gravísimo problema» a pesar de contar con una «buena regulación» en la materia, según han indicado a EFEverde diferentes organizaciones ecologistas.
El pasado domingo, un niño de dos años se precipitó a un pozo de más de cien metros de profundidad en una finca privada de la localidad malagueña de Totalán.
Más de un millón de pozos
En España se estiman más de un millón de pozos ilegales, según datos revelados en 2017 por el Ministerio de Agricultura y recordados hoy a EFEverde por el coordinador de la campaña de aguas de Greenpeace, Julio Barea.
Esta cifra duplicaría los 510.000 pozos ilegales reconocidos ya en 2006 por un documento oficial de la Dirección General de Aguas: un total de “3.600 hectómetros cúbicos anuales, suficientes para abastecer a una población de 40 millones de personas”, ha recordado sobre aquel informe el coordinador del área de Agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas.
Ley de Aguas
Si bien la actual Ley de Aguas es una “buena herramienta” para que la Administración confronte este asunto, a juicio de los ecologistas, ésta “decide mirar para otro lado” y “no aplicar la normativa”.
De hecho, según estimaciones de Greenpeace en los últimos cinco o seis años “solo se han cerrado cinco pozos”.
Política agraria
La mayoría de los pozos perforados en España se destinan a labores de regadío, ha reconocido Martín Barajas; se trata de socavones que no está permitido abrir, ya sea “por falta de agua o sobreexplotación del acuífero”, ha indicado.
El ecologista señala que parte del problema está también en una política agraria que fomenta la agricultura de regadío “a cualquier precio”.
En este sentido, Barea considera que las políticas en la materia deberían “promover la adaptación de la agricultura a la disponibilidad de agua”, algo que “nadie se está planteando aún”.
Localización de los pozos
Los pozos ilegales se extienden por todo el territorio, según Martín Barajas, con una de sus muestras más evidentes en el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, donde a pesar de las abundantes lluvias de la pasada primavera “estaba todo prácticamente seco”, ha indicado.
Otro punto rojo se encuentra en el Parque Nacional de Doñana, espacio natural donde se estiman “más de 1.000 pozos ilegales”, muchos de ellos “conocidos por la Administración” y sobre los que “no se actúa”, han señalado desde Greenpeace.
Daños medioambientales
Esta práctica ilegal supone “gravísimos” e “irreversibles” daños sobre las masas de agua españolas como la contaminación o sobreexplotación de los acuíferos y la disminución del caudal de los ríos, han señalado los expertos.
Además, los efectos del cambio climático como las sequías no harán sino “acrecentar este problema”.
En los últimos 25 años, de hecho, se ha reducido en un 20 por ciento el volumen de agua utilizable en los ríos de la península, ha recordado el portavoz de Ecologistas en Acción.
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[14] WWF pide a Teresa Ribera medidas para cerrar más de mil pozos ilegales en Doñana
Fotografía de archivo proporcionada por la organización ecologista WWF de un pozo ilegal en Doñana.
La organización WWF ha reclamado hoy a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que tome medidas «para salvar Doñana» y actúe con la Junta de Andalucía para cerrar los más de mil pozos y las fincas de cultivo ilegales que, a su juicio, existen en el espacio natural.
En un comunicado, los ecologistas recuerdan que el nivel del acuífero que da vida a Doñana “sigue bajando, pese a las históricas lluvias de esta primavera”, según los datos oficiales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
WWF entiende que “la situación del agua es crítica y es urgente tomar medidas para evitar daños irreversibles en la biodiversidad del espacio natural”.
El seguimiento que realiza la Estación Biológica de Doñana, perteneciente al CSIC, evidencia la “crítica” situación del espacio, con lagunas que se están secando dentro del propio Parque Nacional.
Para WWF, las medidas que se han tomado hasta ahora frente a la agricultura ilegal en Doñana han sido “escasas, lentas e ineficaces, como demuestran los datos sobre la situación del acuífero”.
“Aunque se han cerrado una pequeña parte de los pozos ilegales, muchos siguen robando el agua de Doñana, y no se ha eliminado prácticamente ni una sola hectárea de los cultivos de regadío ilegales en la zona”, han denunciado.
La organización pide a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, responsable de la gestión del agua, que actúe “con firmeza y contundencia para salvar Doñana en coordinación con la Junta de Andalucía”.
WWF ha lamentado que “en vez de hacer cumplir la ley en Doñana, cerrando las captaciones ilegales, hasta ahora la medida estrella de las administraciones ha sido promover un trasvase que se pagará con dinero público”. EFEverde
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[15] Se sigue robando agua en Doñana: Seprona encuentra 562 pozos
Seprona localiza 562 pozos sin documentación. EFE/Felipe Fuentelsaz/WWF
El Seprona de la Guardia Civil ha detectado en el entorno del Espacio Natural de Doñana un total de 562 pozos o captaciones de agua y 146 balsas carentes de documentación, una situación que se ha puesto en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Así lo reconoce el Gobierno central en la respuesta a una pregunta registrada por el diputado de EQUO, Juantxo López de Uralde, acerca de las actuaciones que desde el Gobierno se están llevando a cabo para evitar el robo de agua en Doñana y los efectivos destinados a evitarlo, después de que organizaciones ecologistas presentasen informes en los que se ponía de manifiesto que el mismo se seguía llevando a cabo.
Igualmente, se señala, según ha informado la formación verde en un comunicado, que actualmente el Seprona “mantiene abierta una operación, por la que se sigue trabajando en la zona de Doñana para el control de los pozos ilegales y comprobación de las medidas cautelares adoptadas por los Juzgados de Instrucción de La Palma del Condado y de Moguer, que llevan las causas iniciadas”.
También están abiertas varias diligencias que llevaron a investigar a un total de 44 personas, tras el esclarecimiento de 130 supuestos delitos de distracción de aguas y 146 delitos relativos a la ordenación del territorio.
“Insostenible” el expolio hídrico
Para EQUO, esta situación es “insostenible y se deberían redoblar los esfuerzos, con más efectivos y recursos, para asegurar que se cumple con la legalidad y con el plan de ordenación, evitando así un expolio de recursos naturales ante el que se ha hecho la vista gorda en demasiadas ocasiones y que amenaza con tener consecuencias irreversibles”. “No hay justificación alguna para permitir que la extracción ilegal de agua en Doñana continúe. Es urgente poner fin a dicho expolio hídrico que sufre el Parque Nacional” ha declarado López de Uralde. EFEverde
La organización Ecologistas en Acción ha expresado este miércoles su «apoyo» a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y al colectivo WWF, tras los hechos ocurridos el pasado lunes, cuando «las movilizaciones de agricultores y ciudadanos de Lucena del Puerto (Huelva) impidieron ejecutar el cierre de pozos ilegales declarados por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)», y ha exigido «el cumplimiento de la legislación, lo que conllevaría el cierre de pozos y fincas declarados ilegales».
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