«Sin una total y plenaria resolución de este gran tema de la justicia administrativa, el Estado de Derecho es literalmente nada»
Eduardo García de Enterría. La lucha contra las inmunidades del poder
En esta semana, que Stravinsky no hubiera firmado como primaveral, hemos conocido diversos hechos que consagran por un lado a Sofía Marchena como fiscal y a Carlos Lesmes como el Poder Sol. Puedo decirles ya que no hay en España nadie con más poder que Lesmes y sus siete acólitos de la Comisión Permanente del CGPJ. Nadie tiene más poder que ellos porque no hay nadie más en este Estado de Derecho cuyos actos no puedan ser controlados o fiscalizados por nadie. Y ése es el verdadero poder. Hoy voy a explicarles cómo estas ocho personas han conseguido no responder sino ante sus conciencias, si es que las tienen o están activas. Un poder sin control no es un poder democrático. Y, como en los buenos relatos, todo está relacionado y al final les va a dar la impresión de que encajan todas las piezas que durante meses hemos ido atesorando.
Es obligación, ya les dije, de buen periodista seguir las historias y, en la era del relato más que nunca, el lector tiene derecho a saber en qué desembocan aquellas que iniciamos. Por eso quería contarles que Sofía Marchena ya es la fiscal 35+1 de su promoción y que el Rey le ha hecho entrega esta semana de su flamante despacho para comenzar su singladura, tras todo este culebrón que conocemos, transformada inéditamente de la juez que no fue en la fiscal que ya es. Me cuentan que, a pesar de ser la última a elegir, dadas las extrañas conformaciones de su plaza, ha podido escoger aún entre dos destinos y de ellos se ha quedado con Ibiza, desdeñando el de Olot que también le fue ofrecido. Sofía Marchena ya es fiscal ibicenca y, además, estos mismos días ha tenido la tranquilidad de ver como la Sala Tercera del Tribunal Supremo archivaba la demanda contencioso-administrativa interpuesta por la anómala forma en que consiguió cambiarse desde la carrera judicial. ¡Llevaba razón ella!, me dirán. ¡Todo era limpio y legal como proclamaban los tiralevitas de papá Marchena! No lo sabemos, les respondo. Y no lo sabemos porque el Tribunal Supremo se ha negado a estudiar el fondo de la cuestión. Lo ha hecho en una resolución muy curiosa en la que la tradicional asepsia del órgano se traiciona con un párrafo final que dice: «La inadmisión por falta de legitimación no está pensada para evitar el examen de asuntos feos o comprometidos, ni para mirar para otro lado, sino para impedir el uso del procedimiento para fines distintos de los que le son propios. Como bien dice el recurrente, no todo vale», escriben los magistrados airados antes de clavarle el puñal de las costas a la asociación de juristas que presentó la demanda. No es que estos no supieran que este iba a ser el final, ni que no tengan preparados los dineros, pero que los señores magistrados se han picado es obvio. Y el que se pica…
Lo cierto es que ni la asociación de juristas catalanes que les irrita ni las asociaciones judiciales, que lo hubieran hecho, ni nadie que no sean las personas directamente perjudicadas pueden recurrir estos actos de nombramiento. Simplemente con disuadir a los perjudicados o hacer que no se enteren en plazo ya basta para consagrar la santa voluntad de un nombramiento y esto es lo que se hizo en la operación Sofía Marchena, ya que como rezaba la demanda y yo les he ido contando «se diseñó una operación jurídica para posibilitar que la Sra. Marchena tuviera la oportunidad de optar de nuevo entre la carrera judicial y la fiscal». Por eso se publicó la resolución mollar el día de Nochebuena y por eso cuando tras el escándalo de la publicación de estos hechos se hicieron ofrecimientos a las perjudicadas, que figuran en el expediente, estos se hicieron en fechas en las que ya había vencido el plazo de recurso y por vías y de forma anómala, tal y como hemos visto en el expediente. Todo eso ha quedado sepultado por un «no procede». Por eso a una de las perjudicadas, la que me destapó la noticia diciendo en uno de mis buzones: «Me llamo X (…) Nadie me ha dicho QUE QUEDA VACANTE UNA PLAZA DE JUEZ QUE DEBERÍA SER PARA MI. Quiero hacerlo público para evitar futuras irregularidades como esta». A esa perjudicada ya hubo quien se ocupó de convencerla de que era un lío seguir por ese camino. Borró hasta las cuentas de correo que usó para enviarme información. No hay perjudicados o estos han sido convenientemente aplacados. A otra cosa mariposa. Como si no le importara a nadie más o no tuviera que ver con la carrera judicial o con la sociedad o con los principios democráticos que pasen cosas así.
A veces Lesmes y sus siete vocales colocan a los que quieren, pero sí hay perjudicados que le echan redaños. Eso es lo que ha sucedido con los nombramientos de Enrique López y Eloy Velasco, para la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. La Sala Tercera ha anulado este apaño y le ha dado la razón a los recurrentes que fueron perjudicados, pero Carlos Sol y sus chicos se han pasado por la toga en la ejecución de la sentencia ese control, dado que han decidido darle sus plazas a los que eran justamente sus dueños y, además, dejar a los otros dos adscritos a esa Sala, que no les pertenece, hasta que las ranas críen pelo. El control de sus actos ha quedado invalidado así. Su voluntad prima sobre todas las cosas y todas las instancias.
No es el único caso. En la Audiencia de Cádiz sacaron una plaza y nombraron por escalafón a un magistrado, pero resultó incorrecto y el TS anuló la convocatoria ¿Qué han hecho? Dársela al propietario y dejar igualmente a Juan Sebastián Coloma, nombrado indebidamente, adscrito a la Audiencia.
Todo esto solo viene a demostrar que en una sociedad democrática hay un poder, el Poder Judicial, cuya cúpula se escapa a cualquier control y que está haciendo y deshaciendo, poniendo a los amigos, copando los tribunales, alterando sus disposiciones, sin que nadie pueda revisar sus actos ya que, por vía de ejecución, ignoran a la Sala Tercera. Y viene a demostrar también que mientras en la jurisdicción penal, en la que se juegan cosas mucho más graves como la libertad, existe la legitimación de la sociedad para actuar, a través de la acusación popular, en la contencioso-administrativa no cabe de ninguna manera la denuncia de las arbitrariedades sino por aquel que haya sido directamente perjudicado por ella. Si éste no existe o desiste, la arbitrariedad se consagra. No tiene sentido en una cuestión tan esencial para la democracia como es la conformación de los órganos jurisdiccionales que impartirán justicia para el pueblo. Ni siquiera las asociaciones judiciales, al no tener reconocida la representación, pueden jugar el papel que juegan los sindicatos en otros ámbitos de la Administración.
Por eso, tengo que decirles que Carlos Lesmes, Rafael Mozo, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Jose Ballesteros, Alvaro Cuesta, José María Mazas y Pilar Sepúlveda son ahora mismo los nombres del poder en España. Forman parte de una Permanente caducada, pero están dejando unos tribunales a su antojo, con filias y nepotismos incluidos, sin que absolutamente nadie pueda controlar en algunos casos sus actos. Ya saben que el Cuarto Poder solo lo es de nombre y que un pobre escribidor a veces grita y se desgañita sin lograr nada, allí donde nadie más poderoso lo ha logrado. Aun así es nuestro debe señalar y el de otros acabar con el atropello.
Contundente, brillante y crítico en sus planteamientos. Así acostumbra a hablar y escribir el Magistrado Joaquín Navarro Estevan. Un día pensó que la mejor manera de contribuir a crear esa justicia de todos y para todos era hablando de la injusticia, la dependencia, la parcialidad y la mordaza que, asegura, se vive en el seno de la Justicia. Su voz y su pluma son hoy objeto de críticas y amenazas desde distintos frentes.
En la calle es conocido como Juez Navarro. Es buen conversador, y cuenta las cosas con la gracia y el desparpajo que aporta el acento andaluz. Sus inquietantes crónicas llegaron a ser muy populares. Participó en tertulias radiofónicas, colaboró en periódicos y revistas nacionales, es autor de numerosos ensayos jurídicos, y en los últimos años ha publicado varios libros analizando la situación de la justicia en nuestro país, un tema que conoce bien, ya que lleva en la carrera judicial desde 1970. En la actualidad es Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Sin esperanza y sin miedo, como asegura en su libro «Palacio de Injusticia», el Juez Navarro analiza los casos más populares de los últimos tiempos, intentando «desvelar quién es quién dentro de esta guerra de poderes cuyas víctimas siempre son los mismos: los ciudadanos». Hoy, tan sólo un periódico de tirada nacional se atreve a publicar sus opiniones.
-El Consejo General del Poder Judicial le abre un expediente disciplinario por unas declaraciones en la radio y dos artículos publicados en la prensa. La Policía encuentra su nombre y su fotografía entre varios documentos intervenidos a dos comandos etarras… Dígame, señor Navarro ¿uno llega a acostumbrarse a vivir así?.
-Pues mire usted, uno nunca llega a acostumbrarse. Este tipo de situaciones son especialmente incómodas porque tienen como objetivo amordazar la libertad de expresión. Cuando esto ocurre, uno llega a la conclusión de que no existe democracia. En España se está intentando neutralizar y limitar el ejercicio de la misma a través de la autocensura y el que no lo hace, pronto recibe consecuencias negativas por ello.
-Me imagino que este tipo de «atrevimientos», si además se producen en el seno de la judicatura, serán aún más imperdonables.
-En este país -aunque algunos aseguren lo contrario- el juez está considerado como un funcionario público. Todo funcionario público, por definición, es una persona dependiente que tiene la obligación de obedecer y plegarse a lo que sea su superior. Para mí el juez es algo diferente. Si la persona encargada de amparar los derechos humanos de todos los ciudadanos frente al Poder, es una persona eunuca -en el sentido de dependiente- precisamente del mismo poder frente al que tiene que luchar… apaga y vámonos.
-En sus libros y en sus críticas hay una idea común que se podría resumir con la frase de Sciacia que emplea en varias ocasiones: «El Poder sigue siendo ese gran delincuente impune». ¿Este es un problema actual o ha sido así siempre?
-Siempre ha sido así. Nosotros seguimos un modelo de justicia denominado continental que es una confusión -a mi entender- de los dos modelos peores que existen: el modelo prusiano y el modelo francés. En éstos, el juez es un apéndice del Ejecutivo y esa mentalidad está muy arraigada en nuestro país. La propia Constitución recoge la frase de que la Justicia se administra en nombre del Rey. Esto lo explica todo. Si en un sistema democrático la justicia emana del pueblo -como dice la Constitución- pero se administra en nombre del Rey… las cosas no coinciden. ¿Acaso el poder legislativo se administra en nombre del Rey? ¿Y el poder ejecutivo? Entonces, ¿por qué el poder judicial? Mire, aquí el Poder cree tener derecho a la impunidad y no tolera el control. Por ello siempre ha recurrido a los consensos.
«En España hablar claro sigue siendo una aventura, quizá demasiado peligrosa, pero sin duda necesaria.»
-¿A qué consensos se refiere?
-Son pactos entre oligarquías para impedir la democracia. Un primer consenso se produjo cuando media docena de personas establecieron unas reglas del juego e imponen una forma Monárquica de Estado sin contar con el pueblo. El segundo consenso fue el parlamentario, según el cual se marginó a las minorías y se estableció un pacto de descontrol del poder. El Parlamento no controla al Ejecutivo, luego no es un Parlamento democrático. El tercer consenso es gubernamental. Se consiguió hacer a la Oposición cómplice de la razón de Estado. El cuarto consenso es jurisdiccional: el poder judicial garantiza la impunidad al poder y los poderosos. Cuando a un juez se le ocurre entrar en alguna de estas materias, le puedo garantizar que le va muy pero que muy mal. Lo sancionan, le expulsan de la carrera judicial, etc. Por último está también el consenso mediático que excluye el debate en cualquiera de los temas anteriores. Por lo tanto aquí no hay quien hable de nada. Y el que lo hace, sabe a qué se arriesga.
-Usted abandona la carrera judicial durante un tiempo y se mete en la política -senador por Almería y diputado con el PSOE-. Dimite de su escaño y vuelve al seno de la Justicia. ¿Por qué regresa y por qué continúa?
-Pues mire, creo que soy un ejemplo vivo de que, pese a todo, es posible la libertad. En España hablar claro sigue siendo una aventura, quizá demasiado peligrosa, pero sin duda necesaria. Muchos han renunciado a esto y han aceptado las normas del sistema. Creo que la manera lícita de comportarse es mantenerse en contra de todos estos consensos -que antes mencionaba- que hacen que «el Poder siga siendo ese gran delincuente impune».
-Varias encuestas desvelan que el ciudadano no confía en la Justicia. Un 51% de los encuestados niegan la imparcialidad de los Tribunales; un 72% no cree que exista igualdad ante la ley penal; un 47% opina que los Tribunales no son coherentes y que resuelven casos iguales de distinta forma… Todo parece indicar que la justicia está por los suelos. ¿A qué achaca usted estos resultados?
-Al final el pueblo ha visto lo que tenía que ver después de tanto escándalo: la ley distingue, discrimina, margina. Luego, también está el hecho de que el poder judicial tampoco está protegido por el resto de los poderes. Así, cuando un fiscal se ha visto obligado a intervenir en casos donde estaba implicada gente poderosa, ha sido abandonado a su suerte y no ha tenido respaldo del poder público. Todo esto ha provocado hábitos, costumbres de sumisión, servidumbres. El pueblo español es muy poco suspicaz, porque si ve que la justicia no es igual para todos, la consecuencia es que tiene la culpa el poder judicial -que tiene gran parte de culpa- pero habría que escarbar para ver por qué es así, qué hay debajo de todo esto.
«En España existe un machismo tradicional muy arraigado, transmitido a hombres y mujeres, generación tras generación. Esto ha estado patente también entre los jueces.»
-En su artículo «Cuatro historias ejemplares» analiza cuatro sentencias bochornosas hacia la mujer. ¿Por qué en este momento el aumento de casos de agresión a mujeres y la falta de sensibilidad por parte de los jueces a la hora de dictar sentencias, son cuestiones que parecen ir a la par?
-Contra toda lógica, el tema de la familia se sigue considerando de ámbito privado. Lo que ocurre es que ante tanta barbarie no ha habido más opción que considerarlo tema público. Por otro lado no hay que olvidar que en España existe un machismo tradicional muy arraigado, transmitido a hombres y mujeres, generación tras generación. Esto ha estado patente también entre los jueces. Todo juez que se precie, por machista que sea -sea hombre o mujer-, atribuye a la mujer por regla general la guardia y custodia de sus hijos en caso de separación o divorcio. Lo cual no he entendido nunca, porque será como todo, depende de cada caso. Y la gran incongruencia es que en otros terrenos no se fían nada de la mujer y la machacan, atentan contra su dignidad a través de sentencias ejemplares. Así ocurre que un marido que ha agredido a su pareja en varias ocasiones, tenga derecho de visita al hijo o deba conocer con exactitud en qué centro de acogida se encuentra la mujer… para poder matarla mejor. Como esta situación no sea aceptada por la mujer, el juez le amenaza e incluso le puede enviar a la policía o guardia civil a casa para hacer cumplir la sentencia. La inmensa mayoría de los jueces españoles, en casos de malos tratos, piensan que algo haría ella, o que sobre el marido pesa -como se decía antiguamente- un derecho de corrección. Esto ha sido mantenido casi hasta anteayer.
«Aquí el poder cree tener derecho a la impunidad y no tolera el control. Por ello siempre ha recurrido a los consensos.»
-Usted que fue Senador y Diputado por Almería y conoció de cerca la problemática que allí se vive con los inmigrantes. ¿Qué piensa cuando ve hechos como los ocurridos en El Ejido?
-Soy de Almería y conozco aquello. Asistí al nacimiento espectacular de El Ejido y le aseguro que se veía venir todo aquello. El boom económico que vivió la zona no se correspondía con el avance cultural. Mucho dinero circulando, tráfico de drogas, prostitución, auge de la banca usurera, suicidios. Una sociedad de crecimiento acelerado, donde se está a la defensiva para sobrevivir, donde se trabaja como mulos bajo los plásticos -con 60º de temperatura-, prepara todo para expulsar al extraño. El racismo allí es moneda común, son racistas profundos. Otra cosa distinta es que tengan la culpa o no de esto. Allí el moro es una persona absolutamente miserable y repudiable, y la mora es una señora con la que uno se puede acostar. A los moros se les paga una miseria y a cambio no se les da ni la Seguridad Social. Yo creo que esto se está convirtiendo en el gran problema de nuestro tiempo: la gran insurrección mundial va a ser la de los inmigrantes. El mantenimiento de organizaciones como la OTAN se debe fundamentalmente a la preparación de una guerra contra los inmigrantes. Estoy convencido. ¿Para qué se quiere una OTAN si no existe un Ejército Mundial que sirva como oponente? Porque hay que defenderse de la agresión de los países del Tercer y Cuarto Mundo, de los inmigrantes. Hoy el tema preocupa a todos los países y la respuesta está siendo -lo podemos ver en la UE- represión policial y legal. Y luego dicen que España necesitará en breve un millón y medio de inmigrantes como mano de obra porque aquí no nace nadie. Fíjese la que se puede preparar.
-En su libro «Palacio de Injusticia» comenta que en nuestro país se han vivido cuatro grandes conspiraciones. ¿Cuáles son y qué influencia tienen en nuestros días?
-En nuestro país todo circula entre conspiraciones y consensos. A mí me han acusado en muchas ocasiones de conspirador. Cuando me preguntan siempre les digo que yo acostumbro a decir lo que pienso en público: conferencias, libros, entrevistas. ¿Dónde está ahí la conspiración? No obstante me puse a pensar en el tema y llegué a la conclusión de que todas las conspiraciones habían sido organizadas por el poder. La primera fue el intento de golpe de Estado del 23-F, cuyos inquisidores siguen sin salir a la luz, ocupando alguno de ellos, puestos de alta responsabilidad en la trama institucional del sistema. No se arañó ni la superficie de todo aquello porque afectaba a los cimientos del Régimen. La segunda conspiración: Se organiza desde el Estado un grupo terrorista para matar, y mató. Los máximos conspiradores siguen ocultos bajo aquella inmensa X. La tercera: Se trazó un plan para robar desde el Estado y se robó (cohecho, corrupción, estafas, prevaricación). La cuarta conspiración es ante la que nos encontramos: El poder que había hecho las anteriores y que había perpetrado todo tipo de delitos contra la convivencia y la comunidad, decide que es necesario defenderse de aquellos jueces que metían las narices en esas conspiraciones. Necesitaban asegurar su inmunidad y para ello crucificaron a una serie de fiscales y jueces concretos.
«Los españoles estamos escasos de libertad. Estamos huérfanos de capacidad de lucha. El español es más que nunca gregario, está en las filas de la servidumbre voluntaria sin apenas protestar.»
-¿Cuándo y sobre qué es mejor guardar silencio?
-No se trata de guardar silencio, si no de ser más inteligente. Me atrae mucho la literatura y creo que va siendo hora de que escriba una novela. Es la mejor forma de decir lo que pienso sin meterme de bofetadas con las cosas. Quiero seguir probándome a mí mismo.
-Hágame una crítica. ¿De qué estamos escasos los españoles?
-De libertad. Estamos huérfanos de capacidad de lucha. El español es más que nunca gregario, está en las filas de la servidumbre voluntaria sin apenas protestar. Esto me llena de indignación.
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[3] La PCIJ califica las bases elaboradas por el CGPJ como «una burda tomadura de pelo a la carrera judicial»
SON LAS CONDICIONES PARA LA ELECCIÓN DE VARIAS PRESIDENCIAS DE AUDIENCIAS PROVINCIALES
«Las recomendaciones del Greco [Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa] han sido clamorosamente desoídas en la elaboración de las bases. Constituyen un fraude de ley y una burda tomadura de pelo a una carrera que se ha movilizado para pedir, entre otras cosas, que los nombramientos de los altos cargos sean objetivos».
Así de rotunda se expresa la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) en su informe sobre las bases aprobadas por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del pasado 8 de mayo, que servirán como marco para la próxima elección de los futuros presidentes de las Audiencias Provinciales de Albacete, Lérida, Toledo y Zamora, así como la Presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
El estudio, titulado «Traje a medida», recuerda el Informe de la Cuarta Ronda de Evaluación de GRECO, que en su párrafo 38 subraya que las autoridades políticas no tomarán parte, en ninguna etapa, en el proceso de selección del turno judicial.
«Ninguna de las cuatro audiencias provinciales cuyas presidencias se ofertan, tiene más de dos secciones. La Sala de lo social de Aragón tiene tres Magistrados. Son plazas de carácter eminentemente jurisdiccional. Las bases, sin embargo, dan absoluta preferencia como criterio de adjudicación a la experiencia gubernativa de forma que los propios magistrados de la Audiencia o de la Sala que aspiren a presidirla pueden ser fácilmente relegados por magistrados de órganos unipersonales con mucha menor antigüedad pero alguna experiencia gubernativa», afirma la PCIJ.
La PCIJ a Lesmes: «Hay ‘amiguismo’ en los nombramientos discrecionales»
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial no se mordió la lengua ante el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes
LAS BASES TIENEN SU ORIGEN EN LA ÚLTIMA REFORMA DE LA LOPJ
Las fuertes críticas recibidas por el actual CGPJ –en funciones desde diciembre pasado–, por los nombramientos llevados a cabo a lo largo entre 2014 y 2019, propiciaron la reforma del artículo 362.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y su aprobación por el Parlamento el pasado mes de diciembre.
Dicho artículo establece que los nombramientos tienen que hacerse en función de unas bases aprobadas por el Pleno del CGPJ que «establecerán de forma clara y separada cada uno de los méritos que se vayan a tener en consideración, diferenciando las aptitudes de excelencia jurisdiccional de las gubernativas, y los méritos comunes de los específicos para determinado puesto».
Según las conclusiones del detallado informe de la PCIJ, «La experiencia en el ejercicio efectivo de la jurisdicción- único criterio objetivo e igualitario – se valora en tercer lugar. Los candidatos que hayan obtenido la antigüedad sin ejercer la jurisdicción, adelantarán a los que la hayan obtenido celebrando juicios y poniendo sentencias».
«Las aptitudes en el ejercicio de la jurisdicción de quien en toda su vida profesional no haya dictado una resolución novedosa o que tenga impacto doctrinal o científico,- la mayoría de los jueces– difícilmente se van a valorar», añade.
Y «La normativa solo exige explicitar la ponderación de los candidatos que van a la terna lo que impedirá el recurso y la revisión de las decisiones que se tomen».
Para la PCIJ, se relegan los criterios objetivos en beneficio de valoraciones subjetivas «obtenidas a través de una comparecencia de una hora (con una fase de diálogo de media hora en la que se puede interrogar al candidato sobre cuestiones de actualidad), o de un proyecto de actuación».
La falta de concreción establecida en la LOPJ y la ausencia de un desarrollo reglamentario adecuado del artículo 326.2 de la LOPJ, según la PCIJ, «convierte a la reforma operada a partir de la LO 4/2018 en un mero brindis al sol que no contribuirá ni una mayor objetividad ni a una mayor transparencia en los nombramientos judiciales sino más bien a tratar de revestir la opacidad que viene caracterizando a determinados nombramientos de carácter discrecional acordados por el CGPJ».
El Pleno del CGPJ aprueba las condiciones a cumplir por los aspirantes a las Presidencias de 8 importantes órganos judiciales
El Pleno del CGPJ aprueba los requisitos que deben cumplir los aspirantes a 8 Presidencias de importantes órganos judicales. Hasta ahora era discreccional
UN CGPJ FUERA DE SU TIEMPO
Para la Plataforma, sorprende que la elaboración de las bases para nombramientos judiciales haya sido llevada a cabo por «un CGPJ en funciones», elegido a través de un mero reparto político ausente de transparencia, «que se ha caracterizado por una falta de motivación de determinados nombramientos judiciales. Todo ello alegando urgencia y sin dar trámite de audiencia las asociaciones«.
La PCIJ se muestra a favor de que se modifique el Reglamento 1/2010 para establecer con precisión los criterios y baremación de los mismos que deberían ser objeto de aplicación en la cobertura de los nombramientos discrecionales.
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