INDICE- Esclavitud en la España del Siglo XXI
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LA ESCLAVITUD EN HUELVA, EL GUANTÁNAMO ESPAÑOL: Un lugar dónde la Ley no existe. Una zona oscura, alejada del escrutinio de la prensa y de la acción del derecho, dónde los Derechos Humanos han sido derogados de hecho, en favor de la acumulación de Capital. De la pobreza a la esclavitud; un camino ya iniciado.
LA MAR DE ONUBA, PERIODISMO Y ESCLAVITUD
Sumario:
- La Audiencia Provincial tumba el sobreseimiento y ordena al juez Serrano de La Palma del Condado escuchar el testimonio de las ‘Temporeras contra la esclavitud’
- Solas en la oscuridad: denuncias, vídeos inquietantes, archivos provisionales y la condición humana
- Pesadilla en Las Posadillas: una denuncia de cuatro temporeras por explotación y acoso sexual cuestiona los protocolos acordados tras el escándalo del año pasado
- Tres temporeras aseguran que las obligaban a «beber en pleno Ramadán para aguantar jornadas de sol a sol»
- La federación estatal de CCOO pide a la Fiscalía General del Estado que investigue las nuevas denuncias por acoso sexual, explotación y trato denigrante en la campaña de frutos rojos
- Temporeras contra la esclavitud: los testimonios que la Audiencia Provincial obliga a escuchar al juez Serrano
- Las autoridades marroquíes avalan «las buenas prácticas del sector de los frutos rojos»
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La Audiencia Provincial tumba el sobreseimiento y ordena al juez Serrano de La Palma del Condado escuchar el testimonio de las ‘Temporeras contra la esclavitud’
En un Auto fechado el pasado 13 de mayo y notificado a las partes este lunes 20 de mayo -al que ha tenido acceso en exclusiva La Mar de Onuba-, los magistrados Florentino Gregorio Ruiz Yamuza (ponente), Alejandro Tascón García y Esteban Brito López (que firma como presidente) de la Sección tercera de la Audiencia Provincial de Huelva han tumbado el sobreseimiento provisional del caso por acoso sexual denunciado por cuatro de las diez trabajadoras marroquíes conocidas como Temporeras contra esclavitud, que el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 juez Carlos Serrano había decidido tras entender que “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito”.
Serrano había dictado un Auto en diciembre del pasado año que atendía con el sobreseimiento provisional la petición del letrado del empresario investigado, el famoso abogado Francisco Baena Bocanegra, que calificó la denuncia de las temporeras de “maniobra para evitar su vuelta a Marruecos una vez terminada la temporada de la fresa». El juez nunca escuchó el relato de las cuatro temporeras, y dio por buenas las explicaciones del denunciado, el empresario Antonio Matos, propietario de la finca almonteña Doñana 1998, y del letrado que negó los delitos contra la libertad sexual que imputan a su cliente las Temporeras contra la esclavitud. Serrano no admitió los medios de prueba (testimonios, y material audiovisual) aportados por la representación legal de las trabajadoras.
En junio del año pasado, estas había declarado ante la Guardia Civil que el acoso por parte de su empleador «fue habitual durante su estancia en la finca» donde trabajaban, y que el empresario «las importunaba en su habitación». Una de las trabajadoras aseguró que el denunciado tocó «sus genitales y su pecho» en contra de su voluntad. El agente de Policía que tomo la declaración se negó a describir los hechos como acoso o agresión sexual, e hizo constar en el atestado que lo que se denunciaba era un delito de «insinuaciones sexuales», a pesar de las quejas de la abogada de las mujeres. Ese atestado es el único testimonio directo de las denunciantes en manos del juez Serrano.
Este había intentado una primera toma de declaración el pasado 14 de junio, cuando las temporeras se encontraban en una localidad de Málaga acogidas por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). Según cuenta la abogada de las trabajadoras, que reside en Albacete, la citación se hizo «de forma telefónica y precipitada y resultaba materialmente imposible organizar la logística para estar todas en Huelva con solo unas horas antelación». Hubo una segunda citación, esta para el 7 de diciembre, en pleno puente de la Constitución y, lo que es más llamativo, 129 días después de que el permiso de estancia en España de las temporeras hubiera caducado. El juez conocía esa circunstancia.
No obstante, las temporeras estaban localizadas, pero nuevamente resultaba imposible organizar el desplazamiento, esta vez desde Albacete, de las cuatro mujeres y la abogada, por lo que se sugirió la posibilidad de declarar mediante videotransferencia, algo que no fue contemplado por el magistrado, a pesar de que así se lo había ordenado la Sección Primera de la Audiencia Provincial el 18 de enero de este año. Serrano desoyó la orden y ratificó el sobreseimiento de la causa.
Ahora es la Sección Tercera de la Audiencia Provincial la que vuelve a ordenar reabrir el caso, escuchar a las Temporeras contra la esclavitud y aceptar valorar el resto de pruebas propuestas por sus abogados: «Procede recibir las declaraciones, practicándose igualmente cualquier otra diligencia que de las mismas se derive o se repute necesaria, y luego adoptar la decisión oportuna en orden a la continuación o sobreseimiento de las actuaciones».
Ver auto Número 209/2019 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva
Reacción del empresario
Tras conocer la decisión de la Audiencia provincial, el empresario denunciado ha señalado al diario ABC que la decisión de la Audiencia de reabrir la causa se enmarca dentro de «la normalidad en en proceso jurídico» y «no varía las pruebas aportadas en la misma».
La causa de las Temporeras contra la esclavitud que la Audiencia Provincial ha ordenado reabrir en el auto notificado este mismo lunes a las partes, no es la única que estaba en situación de sobreseimiento provisional en el Juzgado de La Palma. del Condado También la jueza de Primera Instancia e Instrucción del número 1, Virginia Sesma Mauleón dictó recientemente un auto en ese sentido para la causa por delitos contra los Derechos de los Trabajadores, también sin haber escuchado escuchado el testimonio de las mujeres denunciantes ni valorado otras pruebas aportadas.
Sesma si que comenzó un interrogatorio -mediante videconferencia- a una de las diez mujeres, quien hizo referencia al incumplimiento de unas condiciones de trabajo de las cuales no tenía justificación documental alguna, al no haberle sido entregado en origen copia del contrato que firmó, manifestando no haber firmado un nuevo contrato en España. Igualmente refirió un trato vejatorio por parte de “Juan”, indicando que «aunque no sabe español pensaba que eran insultos porque esta persona gesticulaba mucho con las manos». Que Juan «los trataba como esclavos, sin permitirles ningún tipo de descanso».
Además relató unos hechos «que no habían sido presenciados por ella pero que le habían explicado otras trabajadoras de su nacionalidad». Hechos ocurridos a varias trabajadoras en la finca, donde «la Policía no dejaba salir a ningún trabajador; que las querían subir en autobuses para llevarlas a Marruecos; que «la Policía y los dueños de la empresa las perseguían, pero lograron escaparse unas diez personas». La declaración no pudo continuar «por problemas técnicos derivados de la utilización del sistema de videoconferencia», como explica la propia jueza en su auto de sobreseimiento provisional.
Las otra nueve mujeres no han sido escuchadas por Sesma. La magistrada sí ha admitido los testimonios propuestos por la empresa. También ha dictado el “sobreseimiento provisional” de la causa. Y las Temporeras contra la esclavitud también van a recurrir esa decisión ante la Audiencia Provincial
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Solas en la oscuridad: denuncias, vídeos inquietantes, archivos provisionales y la condición humana
¿Hay abusos en los campos de frutos rojos? ¿Acoso? ¿Prostitución? Acusaciones de “insinuaciones” o coacciones para ejercerla son ya un clásico en las historias y ¿leyendas? que rodean cada año la campaña de recolecta de fresas, moras y arándanos. También ha habido denuncias por violación.
En otras versiones, algunas mujeres han referido amenazas y chantajes de hacer llegar a sus familias en Marruecos información sobre sus actividades fuera del horario laboral. Esto último sí que quedó acreditado en, al menos, uno de los muchos vídeos y audios (algunos de ellos publicados por La Mar de Onuba) que están en posesión de los tribunales de La Palma del Condado. Fue grabado durante la recolecta de 2018, y en él se ve y escucha a un empresario afirmar que dispone de grabaciones de hombres entrando y saliendo, cuando no haciendo otras cosas, de los módulos prefabricados donde aloja a las temporeras contratadas en su finca.
Nuevos vídeos a los que ha podido acceder La Mar de Onuba esta misma semana abundan sobre este tipo de presuntas situaciones. El clip que acompaña este texto recoge tres de ellos, registrados en el interior de una finca de fresas de la zona de Moguer. En el primero se ve que delante de uno de los módulos de alojamiento, alguien ha dibujado un corazón en la arena. Según testimonios recogidos por esta revista, se trataría de una “marca” indicativa de que en ese módulo se ejerce la prostitución.
En el segundo puede observarse el tráfico de vehículos delante del módulo a alta horas de la madrugada. En el tercero, se ve y escucha a un hombre (presuntamente alguien que ha observado la marca y se ha acercado al módulo) advertir de la presencia de cámaras que apuntan al lugar. “Cámara aquí, cámara allí, lo miran todo”, se le oye decir al hombre, de acento extranjero.
Por último, el clip vuelve a reproducir la conversación registrada el año pasado en la finca Doñana 1998, en la que uno de los hermanos Mato amenaza con enviar vídeos que asegura poseer a los familiares de sus trabajadoras. “Ese es el problema, las que quieren las casas de prostitución”, se le escucha decir a Mato en la grabación (ver vídeo). “Ese el problema, que están las cámaras”, añade Mato. “Toda la noche friqui friqui friqui. Todo grabado. Esto va para Marruecos, a las familias”, finaliza, amenazando con hacer llegar a las familias de las trabajadoras supuestos vídeos que habrían grabado las cámaras de la empresa sin ellas saberlo.
El juzgado de la Palma ha declinado valorar ese último vídeo y otras propuestas de prueba a la hora de decidir el archivo de la denuncia presentada por 101 trabajadoras ante la Guardia Civil en junio del año pasado. Denuncia que no ha podido ser ratificada, a día de hoy, ya que ni el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número de La Palma del Condado, Carlos Serrano García, ni la jueza del número 1 Virginia Sesma Mauleón, han tomado declaración a las diez denunciantes que aún permanecen en España, las conocidas como Temporeras contra la esclavitud. Las otras 91 fueron devueltas a Marruecos dos meses antes de finalizar sus contratos, apenas 36 horas después de haber añadido sus nombres a la denuncia ante la Benemérita. Sí han escuchado los testimonios de las trabajadoras propuestas por la empresa. Ambos juzgados han decretado el “sobreseimiento provisional” de las causas. Las Temporeras contra la esclavitud van a recurrir la decisión del juez y la de la jueza.
No es lo habitual. La tónica generalizada es a la que se aferran con fuerza las organizaciones empresariales que representan a los productores onubenses de frutos rojos, que difunden con fruición a los medios de comunicación cada nuevo sobreseimiento provisional de una denuncia. “Si se archiva será que no era cierto”, repiten. La mayoría -por no decir todas o casi todas- las violaciones de derechos laborales y contra la libertad sexual (es decir, contra la dignidad humana) denunciadas a lo largo de los últimos años por mujeres temporeras marroquíes, terminan en situación de sobreseimiento provisional , sin que llegue a celebrarse juicio alguno. Tras una primera toma de declaraciones (cuando se producen) por la Guardia Civil, Policía Nacional y/o la Fiscalía, los juzgados suelen fijar vistas para escuchar a las denunciantes en fechas posteriores a la finalización de la campaña, cuando estas ya han abandonado España y regresado a Marruecos. Se da por perdido su paradero, a pesar de que la Justicia española conoce sus identidades y sus domicilios, pues estos figuran en los pasaportes aportados con sus denuncias. En consecuencia, la mayoría de las mujeres, de escaso poder adquisitivo, y que viven en muchos casos en situaciones de precariedad, no regresan a Huelva para acudir a las citas ante los jueces y juezas. Se decreta el archivo provisional de las diligencias abiertas. Las trabajadoras no vuelven a ser contratadas en posteriores campañas. Muchas ni lo intentan. Fin de la historia.
Fuentes de la Fiscalía me aseguraron el pasado año -en pleno fragor mediático por la difusión en La Mar de Onuba del reportaje Rape in the fields (firmado por las periodistas Pascale Muller y Stefania Prandi) y las posteriores informaciones aportadas por esta revista- que no les constaba que desde los juzgados españoles se hubiera solicitado alguna vez a Marruecos la toma de declaraciones, por vía teleconferencia o Skype, o facilitado el regreso a España de las mujeres para poder hacerlo en persona ante los magistrados.
En el caso de las conocidas como Temporeras contra la esclavitud, los Juzgados de lo Social han fijado para el próximo mes de junio los juicios laborales por incumplimiento de contrato, salarios no pagados y otras reclamaciones.
Lo cierto es que las Temporeras contra la esclavitud han pasado ya casi un año en España a la espera de que se resuelvan los diferentes contenciosos que las han obligado a permanecer en nuestro país. Para poder reclamar por vía judicial un salario que juran y perjuran no haber cobrado, así como otros derechos que consideran conculcados al no haberse cumplido las condiciones de trabajo y alojamiento que se les prometieron antes de embarcarse en una aventura con la que esperaban ganar dinero para sus familias. En estos largos meses, han visto cómo un juez, y también una jueza, han decidido archivar sus denuncias sin siquiera haberlas escuchado. Algunas de ellas refieren abusos sexuales. Una, la introducción por parte de uno sus jefes de los dedos en su vagina. El Guardia Civil que rellenó el atestado se negó a calificar los hechos de otra forma que no fuera “insinuaciones sexuales”. Es el único oído del Estado en este caso.
Las diez mujeres han asegurado al diario británico The Guardian que haber pedido amparo a la justicia española ha sido “el peor error de su vida”. Proceden de una cultura en la que una mujer acosada es culpable; han sido repudiadas por sus maridos en Marruecos, y han perdido el contacto con sus hijos. Siguen insistiendo en que quieren volver a su país, pero necesitan hacerlo “con la cabeza alta” y su honor intacto. Las mujeres marroquíes carecen de muchos derechos, pero el honor es algo que no entiende géneros. El “archivo provisional” les ha resultado un mazazo. Insisten en los hechos denunciados; estos revisten indicios de violencia de género, pero no se ha aplicado ninguno de los protocolos que el Estado español ha ido desarrollando, tarde y a trompicones, para empezar a acabar con la lacra social de la violencia machista. Cada varapalo judicial las señala como mentirosas, y sienten que eso las aleja de su país y de sus familias.
[NOTA DE LA REDACCIÓN (actualización): Según adelanta en exclusiva La Mar de Onuba, en la tarde de este mismo lunes, la Audiencia Provincial de Huelva ha notificado su decisión de desestimar el sobreseimiento de la causa por delitos contra la libertad sexual dictado por el juez Carlos Serrano. Tres magistrado de la Sección Tercera ordenan al Juzgado de La Palma continuar con la instrucción de la causa, tomando testimonio a las temporeras por videoconferencia, y admitiendo los medios de prueba (otros testimonios, fotografías y diverso material audiovisual)0 que las denunciantes han aportado para que se valore la veracidad de los hechos denunciados.]
Acabar con la vulnerabilidad
Al menos, estos nuevos sobreseimientos provisionales que se suman a la lista de casos no juzgados, no parecen que vayan a cambiar o frenar los compromisos adquiridos por el Gobierno, la Junta de Andalucía y las organizaciones empresariales e interprofesionales. Aunque es justo decir que sólo estas últimas han dado pasos visibles (al menos sobre el papel) para atajar una situación cuya realidad admiten implícitamente, y que deriva de la vulnerabilidad de las mujeres contratadas en origen. Ya no achacan las informaciones periodísticas a estrategias internacionales orquestadas por la competencia centroeuropea, o a “montajes” de una trama organizada. Han comenzado a desarrollar nuevos protocolos como el Plan de Responsabilidad Ética Laboral y Social (PRELSI) de Interfresa, que contempla un «procedimiento abreviado de urgencia” para atender problemas considerados graves en un plazo de 24 horas.
Este tipo de protocolos forma parte del acuerdoalcanzado en junio del año pasado entre los propios empresarios del sector agrícola onubense, los sindicatos, varias ONGs y la Junta de Andalucía, convocados de urgencia por la entonces Consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, a raíz de la polvareda mediática provocada por las informaciones de La Mar de Onuba. Deben establecer con claridad los pasos a seguir si se producen casos de abusos y acoso contra las trabajadoras. El acuerdo contempla además la formación en perspectiva de género para manijeros y capataces de las explotaciones agrícolas, algo inédito hasta la fecha, y la contratación de mediadores interculturales (o consultres de integración) para el seguimiento del cumplimiento estricto de las condiciones laborales y de acogida a las mujeres extranjeras contratadas en origen. Interfresa asegura haber contratado a 12 consultores para el seguimiento de más de 10.00 trabajadoras y de «500 mandos intermedios».
El Prelsi, cuya adhesión es voluntaria, «lo que aporta aún más significado al gesto». explican en Interfresa, contiene «medidas de carácter preventivo y organizativo», y está estructurado en «tres pilares fundamentales: selección de puestos intermedios y superiores, formación profesional para cargos intermedios y la creación de la figura del consultor de integración, la más importante del plan».
El problema es que las trabajadoras desconocen el PRELSI y otros protocolos. Desconocen las leyes españolas. Por desconocer, desconocen qué es la Convención Europea de Derechos Humanos, cuyo articulado también las protege a ellas. Algunas no saben leer ni escribir. El Estado, a través de sus administraciones públicas -Gobierno y Junta de Andalucía, principalmente- se comprometió el año pasado, a garantizar que TODAS y CADA UNA de las mujeres marroquíes contratadas a partir de esta campaña conocerían -antes de instalarse a vivir en los módulos de los campos de fresas y comenzar la recolección- sus derechos, el significado de sus contratos, y sus obligaciones. También los teléfonos de ayuda, asistencia y asesoramiento para activar los protocolos específicos ante indicios de explotación laboral o coacciones sexuales. Ante ataques a la dignidad de los seres humanos.
No se ha hecho. En el caso de la denuncia presentada ante la Policía Nacional de la que informaba ayer La Mar de Onuba, ninguna de las trabajadoras afectadas dice haber oído hablar de folletos y vídeos explicativos en su idioma, o de los consultores, mediadores, asociaciones o teléfonos de emergencia a los que podían haber acudido en Huelva. Se han visto obligadas a investigar por su cuenta a quién pedir ayuda legal y asistencia social.
La denuncia de los hechos que relatan haber sufrido se interpuso en una comisaría de la Policía Nacional de Albacete el martes pasado, 14 de mayo. Desde allí se dio traslado a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF). Esta unidad de la Policía Nacional lo trasladó a su vez a sus homólogos en Huelva, y estos, que han confirmado a esta revista su recepción, informan de que han dado traslado a la comandancia provincial de la Guardia Civil “por ser el cuerpo competente”. Por su parte, la Benemérita ni confirma ni desmiente haber recibido la denuncia, o haber iniciado alguna actuación al respecto, ya que “cuando tenemos una investigación abierta no aportamos a los medios información, y mucho menos de casos relacionados con temas de abusos”. Ayer, domingo 19 de mayo, fuentes de la Fiscalía de Huelva me aseguraron no tener constancia de la denuncia (que han conocido a través de esta redacción), y me informaron de que corresponde a la Guardia Civil ponerla en conocimiento del “decanato que corresponda para que este proceda a su reparto e incoación”. Cabe esperar que esto ocurra este mismo lunes. Habrán pasado seis días desde que la denuncia fue interpuesta.
Las trabajadoras refieren graves episodios de explotación laboral, como haber sido forzadas a trabajar jornadas de “sol a sol” hasta alcanzar un objetivo de cajas fijado por la empresa. Ayer mismo, el presidente de Freshuelva aseguraba en una entrevista con Huelva Información que están tiendo problemas para la recolecta por falta de personal, y que se han visto obligados a «prolongar las jornadas de trabajo.
En un encuentro -registrado en vídeo- mantenido con La Mar de Onuba y representantes del colectivo Mujeres 24 Horas, tres de esas trabajadoras relatan que incluso se les privó de hacer la pausa de descanso contemplada en el convenio colectivo para una jornada de seis horas y media, la conocida como “media hora del bocadillo”, porque “estamos en Ramadán y no vais a comer nada”. Ramadan Mubarak. También dicen que han sido obligadas a vivir hacinadas con otras trece mujeres y dos hombres, compartiendo módulos, cocina y baños. Y afirman tener conocimiento de casos de “acoso sexual y coacciones para ejercer la prostitución” por parte de superiores de la empresa.
Las tres han abandonado la finca y han sido acogidas por la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ) en un lugar fuera de la provincia de Huelva, donde se les ha facilitado alojamiento, víveres y un abogado. Esperan poder prestar declaración ante la UCRIF de ese lugar, que la empresa les abone los días trabajados y no cobrados (pocos, ya que dos de ellas llegaron a Huelva este mes de mayo, y una tercera en abril), y regresar a Marruecos para olvidar lo vivido.
Otras siete, según algunas informaciones, no habían sido interrogadas, al menos, hasta el pasado sábado. Otras fuentes aseguran que la propia empresa las habría acompañado ayer domingo a declarar ante los agentes de la Benemérita, y que hasta habría aportado un traductor propio; un consultor de integración de la propia empresa o de su organización interprofesional. Las mismas fuentes aseguran haber oído que las mujeres se han retractado de lo recogido en la denuncia registrada en Albacete. La Mar de Onuba ha preguntado por ello a Interfresa -que ha garantizado a esta revista la máxima colaboración y transparencia en este asunto-, pero a la hora de publicar esta tribuna no había contestado, por lo que no se ha podido verificar la certeza de la información.
Las cosas no se están haciendo bien. Los pasos dados hasta ahora acusan deficiencias, al menos en la necesaria celeridad y exquisitez procesal que estas situaciones precisan, y en las garantías de información a estas mujeres vulnerables. No parecen apostar por acabar de raíz con la situación de vulnerabilidad de las mujeres marroquíes en los campos onubenses. Y donde hay vulnerabilidad, hay abusos e impunidad. Es la lamentable condición humana.
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Pesadilla en Las Posadillas: una denuncia de cuatro temporeras por explotación y acoso sexual cuestiona los protocolos acordados tras el escándalo del año pasado
Tres trabajadoras contratadas en origen “huyen” de la finca Las Posadillas, una de las mayores del sector, al anunciarles la empresa que serían devueltas a Marruecos el pasado viernes, día 17.
En declaraciones a La Mar de Onuba, las trabajadoras describen hechos similares a los presuntamente sucedidos el año pasado en la finca almonteña Doñana 1998, archivados en dos juzgado de La Palma del Condado (Huelva) sin toma de declaración a las denunciantes.
La interprofesional Interfresa asegura haber abierto una investigación y no descarta medidas “ejemplarizantes” si detecta incumplimientos de los protocolos (que las trabajadoras de la empresa aseguran desconocen).
Cuatro trabajadoras marroquíes contratadas “en origen” para la recolección de fresas y arándanos, han denunciado ante la Policía Nacional las condiciones de trabajo que aseguran haber vivido desde su llegada a Moguer (Huelva) -hace pocas semanas- en la empresa Las Posadillas, una de las más grandes en el sector de los frutos rojos. La denuncia refiere casos de explotación laboral, no haber cobrado la totalidad de sus salarios, jornadas laborales extenuantes («de sol a sol») sin control de horario ni cómputo de horas extras, condiciones “deplorables” de hacinamiento en los alojamientos (hasta 18 personas en un mismo módulo prefabricado y sin agua caliente) y ausencia de vehículos para facilitar desplazamientos desde los campos hasta el casco urbano o a centros de asistencia médica. Y lo que es más grave, refieren casos de acoso sexual y “coacciones para ejercer la prostitución”.
En una entrevista grabada en vídeo y realizada por La Mar de Onuba para Irispress Magazine, llama la atención que las trabajadoras no sólo aseguren que fueron obligadas a hacer jornadas “de sol a sol” y hasta 12 horas diarias. Sorprende mucho más que estas cuenten que su manijero le impidiera disfrutar de la media hora de descanso establecida en el convenio Colectivo, conocida como la “pausa del bocadillo”.
Según el relato de las cuatro mujeres, el manijero les decía que al estar celebrándose del mes de Ramadán, ella no iban a consumir ningún bocadillo, por lo que el descanso de media hora no les correspondía, al ser sólo para quienes iban comer algo en ese tiempo.
Además, relatan que algunas mujeres se encontraban exhaustas por haber trabajado «de sol a sol» en días de mucho calor, y que para combatir el agotamiento las obligaron a beber agua, rompiendo así las exigencias de ayuno total del mes de Ramadán
En la denuncia, que ha sido trasladada por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales del Cuerpo Nacional de Policía (UCRIF) a la Guardia Civil de Huelva, las trabajadoras han aportado abundante material audiovisual -que obra en poder de La Mar de Onuba– que incluye diecisiete audios -de los que catorce han sido ya traducidos al español-, seis vídeos, cuatro fotocopias de pasaportes de las presuntas víctimas y un listado con los datos de los nombres y documentos de aquellas mujeres dispuestas a declarar.
Lugares comunes con campañas anteriores
Se trata de hechos similares a los denunciados el pasado año en la finca Doñana 1998, y otros anteriores que han sido publicados recurrentemente en medios de comunicación nacionales e internacionales desde que comenzaron, hace dos décadas, las contrataciones “en origen” en países como Marruecos.
La denuncia relata que las temporeras llegaron dentro del contingente de centenares de trabajadoras marroquíes que acuden, como cada año, para la recolección de la fresa y otros frutos rojos en la provincia de Huelva, y que llegaron contratadas por la empresa Las Posadillas, encontrándose alojadas por cuenta de esa empresa en la finca La Charca de Moguer. Las trabajadoras, que aseguran que no les ha sido entregada copia de sus contratos, no han sido informadas en España -y en su idioma- de sus condiciones de trabajo (como se acordó tras el escándalo mediático provocado por las informaciones publicadas por esta revista), y, además, «desconocen la identidad de los empresarios”.
Las cuatro mujeres refieren que las condiciones laborales, alojamiento, manutención, atención sanitaria y transporte en las que se encuentran esas mujeres son «deplorables». Que viven “hacinadas en literas en número aproximado a dieciocho personas por habitación, que el alojamiento “carece de agua caliente y agua corriente, y que la cocina es insuficiente para poder atender al elevado número de usuarias. Además, en un encuentro mantenido con La Mar de Onuba, se quejan de que se les aseguró que en los módulos de alojamiento habría sólo mujeres, y que en el suyo había también dos hombres.
También denuncian que, respecto de las condiciones prometidas por la agencia gubernamental de empleo marroquí (ANAPEC), organismo oficial encargado de gestionar la contratación de las candidatas, “no se ha cumplido casi ninguna de las promesas recibidas, como puede ser la de una ayuda económica inicial para hacer frente a la compra de alimentos una vez en España, y antes de recibir su primer salario”.
Que en relación con el transporte, habían recibido la promesa de que dispondrían de vehículos tanto para desplazarse al trabajo para la compra de alimentos, promesa que se ha visto incumplida ya que se ven “obligadas a caminar por espacio de veinte a treinta minutos en cada desplazamiento al campo”.
Otra de las quejas es la falta de asistencia sanitaria, ya que aseguran que son “obligadas a trabajar aún encontrándose enfermas y sin que lleguen a recibir auxilio médico en esta situación”.
Retención de pasaportes, privación de libertad y jornadas extenuantes “de sol a sol”
Por otra parte, las denunciantes aseguran que la empresa les ha retenido sus pasaportes o documentación, “sin poder disponer de la misma durante todo el tiempo que se encuentran en España. Las mujeres apuntaban también a su sensación de sentirse “privadas de libertad” en la finca, “sin que puedan concretar más detalles en este sentido”, y que reciben insultos del tipo «putas marroquíes».
También denuncian que la “promesa de seis horas y media de jornada laboral” (en realidad se trata de lo establecido en el propio Convenio Colectivo del Campo para la provincia de Huelva, y no de una promesa) ha sido también “claramente incumplida”, ya que trabajan “de sol a sol, sobre doce horas diarias”, y que no han podido disfrutar de la media hora de descanso durante la jornada, la conocida como “pausa del bocadillo”.
Respecto del cobro de salarios, las cuatro temporeras denuncian que las condiciones laborales ofrecidas en Marruecos recogía que percibirían su sueldo quincenalmente, sin que ninguna de ellas, que llevan más de ese tiempo, hayan percibido salario alguno, excepto un adelanto de 50 euros a la llegada. [Una de las trabajadoras, la que lleva más tiempo en España de las cuatro denunciantes, ha asegurado en una conversación, recogida en vídeo por La Mar de Onuba e Irispress Magazine, que sólo ha cobrado algo más de cien euros desde el mes de abril].
Coacciones para el ejercicio de la prostitución
Según consta en la denuncia de las cuatro trabajadoras “huidas” de la empresa Las Posadillas, el mismo día que pusieron los hechos en conocimiento de la Policía, supieron que personas identificadas como representantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) habían comparecido ese día en la finca y entrevistado con las trabajadoras.
Según el relato de las cuatro mujeres, los miembro del SAT intentaron” disuadirlas para que no interpusieran denuncia, valiéndose para ello de menospreciar y calumniar a la mujer que estaba haciendo labores de intérprete con sus compañeras».
Además de los hechos anteriores, los testimonios de las mujeres hablan de “varios casos de acoso sexual y coacciones para el ejercicio de la prostitución, sin que esas manifestaciones entren en más detalles respecto a las circunstancias en que han ocurrido las mismas y quiénes pudieran ser los responsables, empresarios, encargados de cuadrilla u otros trabajadores compatriotas, aunque sí es cierto que se refieren a ellos como «jefes».
Amenaza de expulsión y “huida”
En su denuncia, interpuesta en su nombre por letrados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ), las cuatro trabajadoras dejan constancia de que “en el día de hoy” [por el martes 14 de mayo] “la empresa ha devuelto el pasaporte a alguna de las mujeres y les ha comunicado que cesarían de trabajar y serían devueltas a Marruecos”. La fecha prevista para esa “devolución” sería la del viernes 17 de mayo, según han declarado a esta revista tres de las afectadas. Los letrados de AUSAJ añaden ante la Policía Nacional que entienden que “ello pudiera obedecer a que la empresa haya podido tener conocimiento de las quejas de las trabajadoras y de su intención de presentar denunciar.
Cabe recordar que una situación similar, aunque en mayor escala, se produjo, hace ahora un año, en la finca almonteña Doñana 1998, cuando los hermanos Matos, propietarios de la misma, embarcaron en autobuses de regreso a Marruecos a un centenar de trabajadoras que habían denunciado hechos similares a los que se refiere esta información ante la Guardia Civil de Almonte, ante la imposibilidad de haberlo hecho el viernes anterior ante los tribunales de Justicia y las Inspección de trabajo.
En aquella situación, como publicó entonces La Mar de Onuba, se dieron circunstancias aún sin esclarecer a día de hoy, como la participación de agentes de la Guardia Civil durante el traslado de las temporeras “expulsadas” a los autobuses que les llevarían hasta Algeciras para su traslado en ferry a Marruecos, o saber cómo llegó a manos de los hermanos Matos el listado de trabajadoras que habían aportado sus nombres y números de pasaporte a la Benemérita.
Aquel día se dieron esperpénticas escenas de trabajadoras que intentaban evitar la expulsión de España por parte de la empresa y fueron perseguidas y obligadas por la Guardia Civil a subir a los autobuses. Otras, según testimonios directos publicados el año pasado, subieron bajo amenaza de no percibir sus salarios si no aceptaban regresar a Marruecos ese día, ya que el dinero se les entregaría en el puerto de salida, a medida que fueran embarcando.
“La Policía es mía”, en entredicho la actuación de la Guardia Civil en el ‘caso Doñana 1998’
Diez de ellas lograron escapar, y a día de hoy permanecen en España a la espera de resoluciones firmes por parte de la Justicia Española. De momento, los juzgados 1 y 3 de La Palma del Condado han decretado el archivo provisional de las causas abiertas (delitos contra los derechos de los trabajadores y delitos de índole sexual) tras la denuncias presentadas por las 10 mujeres, bautizadas en las redes sociales como Temporeras contra la esclavitud.
La situación legal de las Temporeras contra la esclavitud, como publicaba el pasado 14 de abril The Guardian, permanece en trámites. En declaraciones al prestigioso diario británico, las diez mujeres denuncian que las autoridades españolas “han hecho caso omiso a la situación en la que se encuentran”, convirtiendo sus vidas “en una ruina”.
Ambos juzgados de La Palma, decretaron el archivo provisional de las dos causas abiertas contra la empresa Doñana 1998 sin haber llegado a tomar declaración a las denunciantes, como admite la propia jueza en su auto. La magistrada reconoce no haber escuchado el testimonio de las denunciantes, que intentó una vez con una de ellas, produciéndose un fallo técnico en los equipos audiovisuales del juzgado que interrumpió la declaración. Hasta la fecha, no se ha producido otra toma de testimonios. Tampoco en el otro juzgado de la Palma, que lleva la causa por presuntos delitos contra la libertad sexual, en el que ni siquiera se ha intentado la toma de declaración por videoconferencia.
La semana pasada el gobierno otorgó a las Temporeras contra la esclavitud visas de trabajo temporal por «motivos humanitarios», lo que -de momento- les permitirá trabajar legalmente para mantenerse económicamente hasta que se resuelvan definitivamente los contenciosos judiciales.
En 2019, la denuncia presentada por las cuatro trabajadoras de Las Posadillas reabre el debate y las dudas sobre las condiciones en que las mujeres marroquíes contratadas en origen pasan su estancia en España durante la recogida de frutos rojos, y los protocolos y actuaciones comprometidas por los agentes sociales implicados para evitar que se produzcan situaciones que nada indica que sean generalizadas en el sector agrícola onubense, pero que desvelan que aún no se ha hecho todo lo necesario por evitarlas.
Tras tener conocimiento de la denuncia presentada ante la Policía Nacional en nombre de las cuatro trabajadoras marroquíes, La Mar de Onuba se puso en contacto con la empresa Las Posadillas, en una de cuyas fincas estaban asignadas las denunciantes. Por vía telefónica, la empresa declinó hacer declaraciones, y pidió a esta revista que se pusiera en contacto con Interfresa, la interprofesional del sector de los frutos rojos a la que Las Posadillas está asociada.
Las cuatro denunciantes desconocen los protocolos para la defensa de sus derechos sociales y laborales durante su estancia en España.
Como recuerdan desde el colectivo Mujeres24h, la administraciones públicas se comprometieron el año pasado, y así lo ratificó la actual Subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, en rueda de prensa, a establecer los medios y protocolos que garanticen que todas y cada una de las mujeres contratadas en origen conocen, antes de comenzar su trabajo, las condiciones de sus contratos y las prestaciones que los empresarios están obligados a facilitarles. Para ello se editarían un vídeo explicativo y folletos en árabe.
Tanto el vídeo como los folletos especificarían los teléfonos habilitados por el Estado Español para solicitar ayuda y la activación de los protocolos pertinentes, especialmente los relacionados con la posible comisión de delitos contra la libertad sexual. Ninguna de las trabajadoras contratadas en origen con las que ha podido hablar La Mar de Onuba ha visto el vídeo o los folletos. La propia Subdelegación del Gobierno en Huelva desconocía ayer si desde los ministerios correspondientes se han elaborado y distribuidos.
La entidad aceptó desde el minuto uno a colaborar con esta redacción para poder elaborar la información. Su presidente, Pedro Marín, ha asegura que cuando tuvieron conocimiento, a través de La Mar de Onuba, de la denuncia presentada por las trabajadoras de Las Posadillas, activaron un protocolo interno para la averiguación de los hechos. Asimismo, ha asegurado que si constatan la veracidad de la denuncia, actuarán con “el máximo rigor y todas las consecuencias para la empresa denunciada».
Marín también ha manifestado tener conocimiento de que el pasado viernes se produjo una visita de la Inspección de Trabajo, sin que la empresa haya facilitado a la interprofesional información sobre el resultado de la misma, o copia del acta levantada por los inspectores, que puedan compartir.
El presidente de Interfresa ha mostrado su preocupación por el daño que el conocimiento de este nuevo caso de denuncias por explotación laboral y acoso sexual pueda hacer a la buena imagen del sector, que mueve cada año cientos de millones de euros y da trabajo a alrededor de cien mil personas durante la recolecta.
En ese sentido, Marín asegura que desde Interfresa se han puesto en marcha este año diversos protocolos de actuación para detectar y atajar posibles situaciones de abuso, así como medidas para informar a las mujeres marroquíes de sus derechos y de los recursos para reclamarlos cuando los consideren conculcados.
El Prelsi, el plan al que se refiere Marín, es de carácter «voluntario», y las empresas adheridas a la Interprofesional no están obligadas a a ponerlo en marcha en sus empresas. Esa voluntariedad, «aporta aún más significado al gesto», según el presidente de Interfresa. Contiene medidas de carácter preventivo y organizativo. Está estructurado en tres pilares fundamentales: selección de puestos intermedios y superiores, formación profesional para cargos intermedios y la creación de la figura del consultor de integración, «la más importante del plan».
Marín asegura que se ha procedido a la formación y contratación de hasta 12 consultores de integración, para la asistencia directa de las más de 10,000 mujeres y 500 mandos intermedios que este año participan en la recolecta de sus empresas asociadas.
Respecto de la información que deben recibir las trabajadoras a su llegada España, Marín lamenta que las administraciones no han cumplido con lo acordado el año pasado, y que no se han elaborado los vídeos y folletos en árabe que entonces se propusieron para que las mujeres marroquíes conozcan tanto las condiciones de contrato y alojamiento, como las vías para denunciar, de forma rápida y efectiva, posibles «incidencias».
Interfresa ha facilitado a esta redacción información sobre las medidas que la interprofesional asegura haber tomado, de forma unilateral, para garantizar que las trabajadoras conocen toda la información que necesitan para su entrada en España. Entre ellas unos carteles explicativos que deben ser instalados en los módulos de alojamiento.
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Tres temporeras aseguran que las obligaban a «beber en pleno Ramadán para aguantar jornadas de sol a sol»
Pesadilla en Las Posadillas: Tres mujeres marroquíes contratadas en origen aseguran que el «jefe» les retenía el pasaporte, no les ha pagado y las ha obligado a «compartir con hombres».
Obligadas a romper el ayuno del Ramadán bebiendo agua para poder soportar extenuantes jornadas laborales, que casi doblan lo estipulado en el convenio colectivo, y en la propia oferta de empleo que les animó a venir a España desde Marruecos. Al otro lado del Estrecho es un sueño ganar 40 euros diarios por seis horas y media de trabajo, con media de descanso. Así debe figurar en sus contratos, pero no lo pueden asegurar, porque nadie les ha dado una copia del mismo.
Nos reunimos cuando se acerca la caída del sol, la hora de romper el ayuno (este jueves a las 21,30 horas), en un hotel de Huelva facilitado por la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ), que les ha ofrecido asistencia, alojamiento y un abogado. No parecen las mismas personas del día anterior, cuando un redactor de La Mar de Onuba fue a recogerlas a Moguer después de haber abandonado la finca de la empresa Las Posadillas, en la que habían sido contratadas para recoger arándanos hasta el próximo 31 de julio. A Moguer habían llegado andando y cargando con fardos y maletas. Todo lo que habían traído para una estancia de tres meses en la provincia de Huelva. Ese día habían trabajado, otra vez, de “sol a sol”; estaban exhaustas. Una de ellas vomitaba con frecuencia y pidió ir al médico. En el centro de salud las tres fueron atendidas y medicadas.
Al día siguiente no paraban de dar gracias por haber disfrutado de una buena cama y una ducha con agua caliente. Una de ellas había pasado vergüenza cuando la médica quiso ver mejor una erupción cutánea que tuvo que ser tratada. Se resistía a quitarse algo de ropa porque su higiene personal no era la que hubiese deseado. Han pasado varios días con mucho calor en el campo, y aire frío cuando cae el sol, y no había sido capaz de ducharse con el agua tan fría. La médica que le atendió cree que la erupción de debe a algún tipo de «sulfato», y que es una patología frecuente en las mujeres temporeras que pasan por su consulta de urgencias.
Aunque ya estaban más tranquilas y descansadas, no fue fácil convencerlas para que accedieran a que la entrevista fuera grabada con una cámara de televisión, aun preservando su anonimato. La eficaz intervención de una intérprete del colectivo Mujeres 24 Horas y dos activistas del grupo fue esencial para que al final aceptaran. Hubo que hacer muchas llamadas hasta que el abogado las animó a contarme su historia y que yo pueda traerla a La Mar de Onuba.
El cuento de la lechera
Las tres mujeres llegaron a Huelva a través del acuerdo de colaboración entre los reinos de España y Marruecos, para la contratación en origen de trabajadores y trabajadoras para la recolecta de frutos rojos. Desde enero hasta finales de julio, alrededor de 20.000 mujeres llegan a Huelva procedentes del país alauita, con la esperanza de ganar un salario imposible en Marruecos. 40 euros diarios, durante tres meses. Unos 3.900 euros, Para ellas, un dineral. En su mente, alguna ya ha gastado, ilusionada, parte de ese dinero en mejoras para sus familias y para ella misma.
Las tres habían oído hablar de las ofertas para venir a España. “Nos acercamos y nos apuntamos en Anapec”, la Agencia Nacional de Empleo marroquí. “Luego llegó el visado para venir acá”. Las tres han dejado hijos y, una de ellas, marido. Las otras dos están divorciadas. “Es lo primero que nos preguntaron, si teníamos hijos”. En la oferta de Anapec se especifica este aspecto. Para venir a recoger fresas, moras y arándanos en Huelva, tener hijos facilita ser seleccionada.
¿Con quién están los hijos? El de una de ellas con su madre. Otra de ellas ha tenido que llevarlo a un pueblo del interior de Marruecos, “un viaje muy caro”, y contratar una muchacha para ayudar a la abuela, que lo acoge estos meses, «es una mujer muy mayor». En sus cálculos, el dinero que iba a ganar en España le daría para pagar la ayuda y el préstamo que ha pedido para el viaje y el «papeleo» para el contrato. Unos 700 euros. Opto por no preguntarle a qué papeleo se refiere y qué pagos ha tenido que hacer o a quién. No es la primera vez que lo escucho e imagino la respuesta.
Durante la entrevista muestran vídeos que han grabado con sus teléfonos móviles en los módulos prefabricados en los que han sido alojadas. En uno de ellos se puede ver a varias mujeres que hablan muy enfadadas. ¿Qué es lo que está pasando?, les pregunto. El vídeo se grabó el domingo 19 de mayo. Ese día, cuentan, la empresa había despedido a 33 trabajadoras que se habían quejado del ritmo y exceso de trabajo, y habían pedido que les explicaran bien sus derechos laborales y sus obligaciones. A todas les habían explicado en Marruecos que la jornada laboral sería de 6 horas y media, y que tendrían un día de descanso pagado. También media hora de pausa durante la jornada laboral.
Cuando llegaron a la finca los manijeros les mostraron otra realidad. El trabajo no se mide por horas, se mide por cajas. El objetivo lo marca el patrón, y la jornada termina cuando los manijeros lo dicen. Las tres mujeres se quejan de que durante este mes, en el que se está celebrado el Ramadán y no pueden comer ni beber hasta la puesta del sol, es difícil aguantar tantas horas en el tajo. “Seis horas y media sí, pero diez o doce es imposible, y más con tanto calor como ha hecho estos días. Durante el Ramadán no podemos comer ni beber durante el día, Algunas mujeres no podían más, y los jefes las obligaron a beber agua para que resistieran”.
¿De verdad?
Sí, y no nos dejaban hacer el descanso de media hora.
¿Cómo es eso?, pregunto, si haber salido aún del asombro de lo que acaban de contarme.
La media hora a la que tenemos derecho, sea Ramadán o no. Durante el Ramadán nos han quitado ese derecho, porque dicen que si no es para comer no podemos parar el trabajo, cuentan, muy enfadadas. Como las mujeres del vídeo, como las treinta y tres que el día 19 protestaron y fueron despedidas, según el relato de estas mujeres.
Lo primero que nos dijeron es que tendríamos una vivienda en condiciones. Pero no era verdad. Estábamos dieciocho personas en una misma vivienda. Nos dijeron que tendríamos una vivienda en condiciones pero no era verdad. (Lo repiten varias veces, muy enojadas). Somos 18 personas en una misma vivienda, con un mismo servicio y una sola cocina para todos. Además no hay agua caliente, llevamos muchos días duchándonos con agua fría después de tantas horas, tanto calor y mucho sudor. El tema de la vivienda hace que las tres hablen a la vez, muy airadas. También nos dijeron que sólo habría mujeres en la vivienda, pero también hay hombres.
¿Habéis hablado con alguien, algún consultor o mediador? ¿Nadie os ha explicado vuestros derechos y cómo reclamarlos?
Nadie nos ha explicado nada.
Angels y Esther, del colectivo Mujeres 24 horas se sorprenden y se animan a intervenir en la entrevista para preguntar si en el trayecto desde Marruecos hasta Huelva, en el ferry o en el autocar, les habían mostrado un vídeo oficial. Se refieren a uno que el Gobierno se había comprometido a hacer y a que todfas las mujeres conocieran. En él se daría la bienvenida a las mujeres y se les explicaría las condiciones de los contratos que ya deben haber firmado y del que deben tener Ninguna de las tres mujeres ha recibido su copia. También debería explicar cómo debe ser su estancia en España, los derechos de los que gozan por estar acogidas en nuestro país, y las formas hacerlos valer si los sienten conculcados. Nadie parece haberlo visto. La Junta de Andalucía se comprometió a imprimir 280.000 folletos de similar contenido en seis idiomas. Tampoco se han visto.
No. Nadie nos habló durante el trayecto. Solo al llegar a Huelva, una persona nos recibió y nos decía «por aquí, por aquí”.
¿Y con quién tratabais? ¿Quiénes eran vuestros superiores?
Los encargados «marroquinos» y un jefe llamado Antonio.
En la denuncia que habéis presentado ante la Policía decís que habéis recibido insultos. ¿De quién y de qué tipo?
Hay muchos insultos. No dicen cosas como “yo os he traído de la calle y tenéis que dar gracias a Dios por estar aquí. También nos decía que “yo os he traído de Marruecos, pero si no eres buena trabajadora te devuelvo a Marruecos.
¿Quién os decía esas cosas?
Los encargados marroquinos y el jefe Antonio.
¿Habéis cobrado vuestro salario?
No. En Marruecos nos dijeron que nos pagarían el trabajo una vez a la semana o cada quince días, según el campo que te tocara. Una vez aquí nos dijeron que no, que se cobraba cada mes. A la que lleva más tiempo le dieron 130 euros después de haber trabajado una semana, a nosotras dos no nos habían dado nada todavía. Sólo cuando hablamos con la abogada y lo de la denuncia nos dieron 50 euros a cada una. Ese día nos devolvieron el pasaporte.
¿Cómo que os devolvieron el pasaporte? ¿Quién tenía vuestros pasaportes?
Cuando llegamos, una persona nos pidió los pasaportes en el autocar, y nos dijo que nos lo daría cuando volviéramos a Marruecos.
A las tres mujeres no les había extrañado que la empresa les requisara el pasaporte, pero les alertó que se lo devolvieran tan pronto, faltando más de dos meses para finalizar sus contratos; después supieron que la empresa las iba a «devolver» a Marruecos el viernes de la semana pasada, al día siguiente de grabar esta entrevista.
¿Por qué habéis abandonado la finca?
Porque nos amenazan todos los días con devolvernos a Marruecos, sin dinero y sin nada.
¿Y qué esperáis que pase ahora?
Queremos cobrar lo que hemos trabajado y que nos den trabajo como nos “prometieron” para venir a España, que era por tres meses. Queremos hacer el trabajo en las condiciones que nos prometieron y volver a nuestra casa con el dinero que esperábamos reunir aquí para nuestras familias.
Cuentan que se sienten muy mal. Muy humilladas.
La Mar de Onuba se ha puesto en contacto con la empresa Los Arenales SL., propietaria de Las Posadillas, en una de cuyas fincas sitúan las tres mujeres entrevistadas en esta páginas los hechos que dicen haber sufrido. Es una de las más conocidas y prósperas del sector, y da trabajo a cerca de un millar de personas en plena temporada de recolecta de frutos rojos. Factura más de 18.000.000 millones de euros, y su tasa de rentabilidad, cercana al 40 %, es considerada excelente por las empresas de rating.
Aunque la empresa ha declinado hacer declaraciones a este medio, o permitir la entrad de cámaras en la finca, sí ha manifestado preocupación por la difusión en los medios de comunicación de la denuncia de las tres temporeras. Aseguran estar orgullosos del trato que reciben sus trabajadores, en general, y presumen de ofrecer las mejores viviendas del sector para los contratados en origen. Es una empresa que ha crecido, que dice apostar por la sostenibilidad medioambiental y la innovación en los procesos productivos, y además dispone de diversos certificados de calidad de reconocimiento internacional. Aseguran también que la denuncia les ha sorprendido y que han abierto una investigación al respecto. Aparte de lo dicho, «no vamos a mantener más contactos con La Mar de Onuba».
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La federación estatal de CCOO pide a la Fiscalía General del Estado que investigue las nuevas denuncias por acoso sexual, explotación y trato denigrante en la campaña de frutos rojos
El sindicato ha enviado a la Dirección General de Migraciones un escrito en los mismos términos para trasladar al Gobierno su preocupación, y demanda soluciones definitivas el Ejecutivo.
La Federación Estatal de Industria de CCOO, «ante la gravedad, una vez más, de los hechos denunciados recientemente, en la presente campaña 2019 de la fresa y frutos rojos en Huelva», ha solicitado este martes, en un comunicado fechado en Madrid, la actuación «inmediata y decidida» de la Administración Central para «!investigar en profundidad los hechos denunciados y la adopción de las medidas oportunas para acabar con esta indeseable lacra de hechos que se siguen denunciando reiteradamente en empresas y explotaciones agrarias de la provincia de Huelva”.
El sindicato -tras conocer a través de La Mar de Onuba la denuncia ante la Policía de varias trabajadoras de una finca de Moguer en la que relatan episodios de explotación laboral, impago de salarios y acoso sexual- ha expresado su repulsa y condena por lo que ha descrito como “prácticas abominables”, y ha exigido la apertura “inmediata” de una «investigación de oficio» por parte de la Fiscalía General del Estado, así como la adopción de “las medidas oportunas”, y la “depuración de las responsabilidades que de ellas se deriven”. Para ello, CCOO solicita la puesta a disposición de “los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para clarificar de una vez por todas estas prácticas y erradicarlas de las empresas y explotaciones agrarias de Huelva”.
CCOO considera “inadmisible» que «se esté repitiendo este año esta historia de hechos y prácticas ya denunciados a pesar de las medidas adoptadas”. Para el sindicato, “ello nos indica que éstas o no se han llevado a la práctica o siguen habiendo empresarios que las incumplen y hacen en sus explotaciones de su capa un sayo”. El comunicado llama a “combatir” a los empresarios que “siguen actuando así pues denigran al sector y atentan contra la economía de la provincia de Huelva”.
Por último, el sindicato pide “transparencia en todo el proceso de contratación, alojamientos, aplicación del protocolos contra el acoso sexual por razón de sexo, cumplimiento del convenio colectivo de aplicación, etc.”. Para ello, solicita que “desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se verifique la situación laboral del conjunto de las personas”.
Todas estas peticiones han sido trasladadas al Gobierno socialista de Pedro Sánchez, al que CCOO ha trasladado su preocupación y exigido medias «contundentes» mediante un escrito dirigido al Director General de Migraciones del Ministerio de Trabajo, según ha podido saber La Mar de Onuba.
“No solo necesitamos que Europa se una económicamente, también debe unirse socialmente”. Esta frase, pronunciada por el secretario general de industriAll Europe, resume el contenido de las intervenciones que se sucedieron en la jornada “Una gobernanza europea para la industria”, que el 8 de mayo organizaron en Madrid CCOO de Industria, la Fundación 1º de Mayo y el Partido Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NLG). Los sindicalistas españoles tuvieron la oportunidad de conocer el catálogo de propuestas en las que trabaja la federación europea ante las elecciones del 26 de mayo. Exige una política industrial válida para todos los Estados.
El candidato a la presidencia de la Comisión Europea por el Partido de la Izquierda Europea (PIE); los secretarios generales de industriAll Europe, de CCOO y de CCOO de Industria; la eurodiputada Paloma López; sindicalistas del Reino Unido, Italia, Grecia y Alemania y un catedrático de Economía Aplicada. Esas fueron las diez personas que participaron en la jornada que, a las puertas de las elecciones europeas, convocó en Madrid el Instituto de Estudios Sociales y Económicos sobre la Industria (IESEI), un instrumento de debate y de propuestas que pilotan CCOO de Industria y la Fundación 1º de Mayo.
En esta ocasión, la organización propuso a los asistentes debatir sobre el tipo de Europa que necesitan los 41 millones de personas que trabajan para la industria y el campo del viejo continente. Tras las presentaciones, que corrieron a cargo del presidente de la Fundación 1º de Mayo y del director del IESEI, el primero en entrar en materia fue el secretario general de CCOO con la ponencia “Una apuesta por la Europa social”.
Unai Sordo explicó que las elecciones europeas que se celebran el próximo domingo son muy importantes, pese a que existe una tendencia a frivolizar su trascendencia, con una baja participación. Así, señaló que “las políticas que se aplican en cada Estado, en buena parte vienen marcadas por directivas europeas orientadas por la mayoría del Parlamento Europeo”.
Propuso construir “más Europa” para tener sociedades más igualitarias y solidarias y advirtió del riesgo de que grupos eurófobos, xenófobos y de extrema derecha consigan una importante representación en el Parlamento Europeo. Como vacuna, Sordo reclamó a los trabajadores y trabajadoras que llenen las urnas de votos el 26 de mayo para evitar que volvamos a sufrir las políticas de austeridad que tanto daño ha causado a países como España. “La apuesta del sindicalismo solo puede ser la izquierda”, afirmó.
El papel de la industria
Tras las palabras del secretario general de CCOO arrancó la primera mesa de debate, que moderó Nico Cue, sindicalista belga de origen español que ahora es el candidato del Partido de la Izquierda Europea (PIE) a la presidencia del Ejecutivo comunitario. Nico Cue defiende tres cuestiones. Cree que “es prioritario” levantar una Europa más democrática y social y reflexionar sobre cómo cambiar el tejido productivo sin perder puestos de trabajo. El metalúrgico belga reclamó “una transición justa que asegure el empleo, perspectivas de futuro y el respeto al medio ambiente”.
Ángélica Jiménez, responsable de Internacional de la federación alemana IGMetall reconoció que hay un descontento “profundo” entre la población alemana por el aumento de la desigualdad y por la escasa inversión pública; aseguró que su sindicato está convencido de que Europa “es la solución” a muchos de los desafíos a los que se enfrentan los trabajadores y trabajadoras y recordó que urge “reforzar la dimensión social” del viejo continente. La sindicalista resumió el decálogo de propuestas con el que IGMetall afronta las elecciones europeas: reforzar el diálogo social y la negociación colectiva; firmar una carta de derechos sociales básicos para toda la Unión Europea y salvaguardar el Estado social frente a crisis económicas futuras.
Madnack Luximan, presidente del comité central de la FIOM CGIL italiana, lamentó que hoy sean los pobres los que luchan contra los pobres. “Antes peleaban contra los ricos”, aseguró, y ahora se enfrentan a los que se encuentran en su misma situación. Recordó que es el momento de que la clase trabajadora esté unida. Aseguró que en Italia la gente está “muy insatisfecha” y que las empresas puentean a los sindicatos y hablan directamente con las plantillas. En su opinión, hay que promover “sociedades justas e inclusivas”. Si no se vota en las elecciones europeas, la Unión Europea “quedará en manos de quienes han levantado el mundo capitalista en el que estamos”.
Uno de los platos fuertes de la jornada fue la intervención del secretario general de industria All Europe, la federación sindical que representa los intereses de los 32 millones de personas que trabajan en la industria del viejo continente. Aseguró que Europa “no es justa y no es social” y recordó que “nunca ha sido tan desigual como lo es hoy”.
Luc Triangle se mostró muy crítico con “esta Europa” y dijo entender el malestar de las personas trabajadoras, que exigen respuestas y no las tienen. Propuso configurar una política industrial europea “que sirva a los intereses de todos los Estados miembros” para que el progreso llegue a todas las regiones y señaló que “la industria es la columna que sostiene el Estado del Bienestar”. Para el sindicalista belga es importante que el viejo continente camine hacia una transición justa, porque los trabajadores y las trabajadoras “no pueden pagar la factura”.
Políticas europeas para la industria
Para después de la comida se dejó la segunda de las mesas redondas, la que tenía por título “Políticas europeas para la industria”. A la eurodiputada de Izquierda Unida-Izquierda Plural Europea, Paloma López, se le encargó moderar las intervenciones y dar paso al debate. Antes de hacerlo, explicó “cuál es la Europa en la que estamos y con qué Europa nos encontraremos” tras las elecciones del 26 de mayo. Aseguró que durante los últimos años hemos vivido en la Europa “de las multicrisis” y que las respuestas que se han dado “no han sido precisamente las más beneficiosas” para la clase trabajadora. Las sucesivas crisis, continuó la eurodiputada, provocaron la crisis “más grave”, la de la legitimidad que percibe la ciudadanía “y que lleva a una situación de desafección donde avanzan los discursos de la extrema derecha”.
Tras la presentación de Paloma López llegó el turno de Simon Dubbins, del sindicato británico United, que dio su opinión sobre el Brexit y sobre la perspectiva sindical británica. En un momento de su ponencia se preguntó si había alguna relación entre el divorcio del Reino Unido de la Unión Europea y la falta de política industrial al otro lado del Canal de la Mancha. El sindicalista no tiene ninguna duda. Afirmó, sin tapujos, que el Brexit “es consecuencia del abandono de la industria británica”, liderado por la derecha social y burguesa, primero con Margaret Thatcher, que impulsó el periodo de desindustrialización del Reino Unido, y luego con Blair, “que no cambió nada”. Por eso propuso que la industria “se defienda y se proteja” en la Unión Europea.
Para Dubbins el Brexit “no es la solución a los problemas”, sino la consecuencia de cambios “que no se gestionaron correctamente”. El sindicalista dedicó parte de su intervención a desmontar la narrativa que defienden quienes se manifiestan a favor de que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Quien dice que el Brexit no tendrá consecuencias negativas en la industria del Reino Unido, “no dice más que tonterías”, afirmó.
Antes de dar paso a la clausura de las jornadas, se dirigieron a los asistentes el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, José Molero Zayas y el responsable de Internacional de CCOO de Industria, Juan Blanco. El primero llegó a afirmar que la crisis “ha producido una fuerte segmentación” en el peso de la industria de los países de la UE. Cree que se abre un marco de incertidumbre que erosiona la capacidad de inversión, incrementando el poder de mercado de los gigantes empresariales. Indicó que la tecnología incluye una relación social que soluciona los problemas de desigualdad y de calidad del empleo. También planteó propuestas basadas en ejes estructurales, en innovación y, sobre todo, en el papel del Estado y de las instituciones. El sindicalista repasó varios casos de reestructuración empresarial europea y aseguró que “la única manera” de combatirla es “mediante la preeminencia del sujeto sindical”.
Despedida y cierre
Cerca de las cinco de la tarde el secretario general de CCOO de Industria ponía la guinda a las jornadas sobre la gobernanza europea de la industria. Agustín Martín propuso “recuperar la centralidad del mundo del trabajo”; construir un modelo productivo y una política industrial que genere riqueza y armar una posición común de progreso en Europa.
Para conseguirlo, cree que es necesaria una Unión Europea que se sustente en partidos y en políticas que defiendan este objetivo. Lo que finalmente ocurra tras las elecciones del 26 de mayo está en manos de la ciudadanía europea y, sobre todo, de sus trabajadores y trabajadoras.
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Temporeras contra la esclavitud: los testimonios que la Audiencia Provincial obliga a escuchar al juez Serrano
«Se abalanzó sobre mí como un monstruo y me metió la mano en la vagina».
«Las mujeres que se oponían a subirse al bus, fueron tiradas al suelo y violentadas».
«Cuando más miedo sentí es cuando vi que el Guardia Civil que nos tomaba declaración era el mismo que estaba en la finca por la mañana».
La Mar de Onuba reproduce hoy, íntegramente, el testimonio de tres de las diez trabajadoras marroquíes conocidas como Temporeras contra la esclavitud, que los abogados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ) pretenden que escuchen los jueces Virginia Sesma y Carlos Serrano, titulares de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción 1 y 3 de La Palma del Condado (Huelva).
Ambos jueces habían dictado sendos autos ordenando el «sobreseimiento provisional» de las causas abiertas contra el propietario de la empresa Doñana 1998 por presuntos delitos contra la libertad sexual y los Derechos de los Trabajadores, sin haber llegado a tomar declaración a las denunciantes. La decisión de los juzgados palmerinos fue considera entonces «un disparate jurídico» por la letrada de AUSAJ, quién recurrió los autos de Sesma y Serrano.
La semana pasada, la Audiencia Provincial de Huelva daba la razón a los abogados de las temporeras contra la esclavitud y ordenaba reabrir el caso. Y que el juez Serrano tome testimonio a las temporeras. Queda por resolver el recurso del sobreseimiento dictado también por la jueza Sesma, aunque los letrados de AUSAJ esperan que la Audiencia Provincial se pronuncie en el mismo sentido, al tratarse del mismo caso y las mismas denunciantes.
Los tres testimonios que reproduce este domingo La Mar de Onuba, forman parte de las diligencias abiertas por el juez de Audiencia Nacional Santiago Pedraz para investigar la posible comisión de un presunto Delito de Trata de Personas denunciado por AUSAJ. La Fiscalía se manifestó en contra de que la Audiencia Nacional investigara los hechos, y finalmente Pedraz desistió de continuar su investigación, al entender, como el Fiscal, que los juzgados de Huelva son competentes para ello. Las diligencias realizadas por Pedraz forman parte de los autos instruidos en La Palma del Condado, a los que ha tenido acceso esta revista, y están aportadas en las causas denunciadas en los juzgados de La Palma del Condado por los letrados de las temporeras contra la esclavitud.
La Mar de Onuba reproduce también hoy la versión de la empresa sobre los hechos denunciados, a través del testimonio ante el Juzgado de Manuel Matos, propietario de la explotación agrícola Doñana 1998.
Los hechos que recogen los testimonios de las tres temporeras contra la esclavitud que publica hoy La Mar de Onuba, trabajadoras marroquíes contratadas en origen para la recolecta de frutos rojos es coincidente en los graves hechos que relatan, que incluyen agresiones sexuales amenazas, acoso o situaciones de privación de libertad. También lo son testimonios de las otras siete denunciantes a los que también ha tenido acceso esta revista.
Testimonio 1: «Se abalanzó sobre mí como un monstruo y me metió la mano en la vagina».
Testimonio 3: «Las mujeres que se oponían a subirse al bus, fueron tiradas al suelo y violentadas».
Testimonio 7: «Cuando más miedo sentí es cuando vi que el Guardia Civil que nos tomaba declaración era el mismo que estaba en la finca por la mañana».
Lo que dice la empresa: «Ciento y pico de trabajadoras han declarado que se trata de denuncias falsas que se deben a las promesas del sindicato (por el SAT) de conseguir papeles en España».
Por diferentes circunstancias, lo cierto es que a estas alturas ninguno de los dos jueces que instruyen las causas de las Temporeras contra la esclavitudha visto o escuchado a las denunciantes. Los únicos testimonios que obran en los autos son los tomados por agentes de la Guardia Civil en las dependencias de la Benemérita en Almonte (Huelva) (y los adjuntos en las diligencias de la Audiencia Nacional – tres los reproduce hoy La Mar de Onuba- que los jueces no citan en sus autos).
Sólo hubo una primera toma a una de las diez mujeres, practicada por la jueza Virginia Sesma, que se realizó por videoconferencia y que hubo de dar por finalizada por «fallos técnicos» en el Juzgado de La Palma.
Según ha podido saber La Mar de Onuba (y así se infiere del propio auto de sobreseimiento de la jueza, al que ha tenido acceso esta revista) el fallo técnico se produjo cuando la abogada de la denunciante, la letrada de AUSAJ Belén Luján, estaba en su turno de preguntas. Tampoco han declarado los guardias civiles, cuya actuación en el caso de las temporeras contra la esclavitud ha sido cuestionada por los letrados de AUSAJ y por varios colectivos sociales.
Enlace a las declaraciones de las 10 jornaleras del caso Doñana 1998
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Las autoridades marroquíes avalan «las buenas prácticas del sector de los frutos rojos»
Una delegación del reino alauita, acompañada por un equipo de televisión, que realiza un documental, vista tres de las principales explotaciones de frutos rojos de la provincia.
La delegación asegura haber quedado «gratamente impresionados «al comprobar el «grado de integración y el buen trato del que gozan los ciudadanos marroquíes que se desplazan para trabajar en la campaña de la fresa».
Ni la Guardia Civil ni los juzgados de Moguer han practicado aún ninguna acción tras la denuncia de tres trabajadoras de las Pesadillas. El Decanato de la localidad no había recibido ninguna notificación hasta el pasado viernes, 24 de mayo.
Según publican este domingo Huelva Información y Agrodiario, una delegación del Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional Encargado de los Marroquíes Residentes en el Extranjero y Asuntos de la Migración de Marruecos, ha realizado durante el pasado viernes y ayer sábado una visita a explotaciones de frutos rojos la provincia de Huelva, en las que miles de mujeres, contratadas en origen en el reino alauita, trabajan durante las campañas de recogida de fresas, moras y arándanos.
El comunicado reproducido en ambos medios detalla la agenda desarrollada durante los dos días de estancia en Huelva de la delegación marroquí, que comenzó con un encuentro con los representantes de la Interprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía (Interfresa) en el que se realizó “un balance de una campaña agrícola en la que han vuelto a participar miles de mujeres marroquíes contratadas en origen”. [A ese encuentro corresponde la imagen que encabeza esta noticia, la única difundida -al menos de momento- de la visita de la delegación.]
“Ya el sábado”, dice el comunicado, los dos representantes ministeriales se trasladaron, “acompañados por representantes de Interfresa”, a tres empresas productoras de fresas y frutos rojos: La Romera, Agromartín (Lepe) y Las Posadillas (Moguer)”.
Durante su visita a estas empresas, los también “responsables del bienestar de los marroquíes que residen en el extranjero”, han conocido “el día a día en estas grandes explotaciones, en las que desempeñan su labor un nutrido grupo de sus compatriotas”. Según el comunicado, los representantes del Gobierno vecino han tenido la oportunidad de comprobar in situ «por qué estas son algunas de las empresas con mejor reputación en cuestiones sociolaborales” del sector de los frutos rojos. “No en vano”, añade el texto, “tanto Las Posadillas como Agromartin han sido seleccionadas para participar en el programa IntegrARTE de la Fundación Tres Culturas” (en el que Interfresa colabora tras la firma de un protocolo en abril).
En la visita a Agromartin (empresa que recibió el Premio Andalucía de las Migraciones por integración sociolaboral en el año 2009), participaron Jaouad Dequiuec (Director de Cooperación y Estudios de Coordinación Sectorial del Ministerio Delegado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional encargado de los marroquíes Residentes en el Extranjero y Asuntos de la Migración del Gobierno de Marruecos), Naoufal Abahar (Técnico de Cooperación y Jefe de Servicio de Europa. Ministerio Delegado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional encargado de los marroquíes Residentes en el Extranjero y Asuntos de la Migración del Gobierno de Marruecos), Amal Reghay (Directora de Empleo. Ministerio de Trabajo y de inserción Profesional marroquí), Salima Bensalem (Representante de la ANAPEC, Agencia Nacional de Promoción del Empleo y de las Competencias), Farid Aoulouhaj (Cónsul General del Reino de Marruecos en Sevilla), y Carmen Fernández (Subdirectora de la Fundación Tres Culturas).
Todos ellos, según explica la empresa en su página web, se trasladaron, “junto a la televisión marroquí”, a las instalaciones de Agromartín, para hacer un vídeo documental y «conocer el trabajo que sus compatriotas realizan, las viviendas en las que se hospedan, así como al resto de servicios y comodidades que la empresa pone a su disposición para tratar que la estancia sea lo más agradable posible”. Asimismo, “tuvieron la oportunidad de dialogar e intercambiar impresiones con las propias trabajadoras para conocer de primera mano su opinión sobre sus condiciones de trabajo, como el estado de los alojamientos”.
Agromartín añade en su web que “es un orgullo que se pongan como ejemplo las acciones llevadas a cabo por la empresa”, y que “es una alegría que se reconozca el esfuerzo que hace por la integración y convivencia de sus trabajadores”.
Por otra parte, la visita a Las Posadillas, empresa con sede radicada en Moguer, en ya un clásico que los representantes marroquíes repiten “todos los años”. Ayer realizaron un recorrido por instalaciones de la empresa (propietaria de ocho explotaciones de distinto tamaño repartidas entre los términos municipales de Moguer y Lucena) “incluyendo viviendas y otras zonas del complejo en las que los trabajadores, entre ellos un buen número de súbditos marroquíes, desarrollan su labor durante la campaña de recolección de los frutos rojos”.
Según la información publicada este domingo por Huelva Información y Agrodiario, los responsables de Las Posadillas han explicado a las autoridades del país africano “cuáles son las acciones que, en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), han venido desarrollando prácticamente desde su fundación”, ya que “siempre ha sido preocupación de esta empresa familiar el bienestar de todos los que participan en las campañas agrícolas”.
Asimismo, ambos diarios onubenses informan de que Las Posadillas, “al igual que las otras dos empresas visitadas”, está adherida desde el principio al Prelsi , el Plan de Responsabilidad Social y Laboral de Interfresa, cuyos consultores de integración han emitido informes favorables todas las premisas del Prelsi durante toda la campaña”.
Agrodiario añade que “famosa es sin duda su fiesta de fin de campaña, que suele celebrarse hacia el mes de julio, y que se ha convertido en una muestra de convivencia y de intercambio cultural con la que culminan muchos meses de coexistencia de diversas nacionalidades, marcada por la armonía y el entendimiento, en las fincas de Las Posadillas”.
El digital añade que los responsables del Ministerio marroquí que han visitado hoy [por ayer] la empresa, “han quedado gratamente impresionados al comprobar de nuevo el grado de integración y el buen trato del que gozan los ciudadanos marroquíes que se desplazan a Huelva para trabajar en la campaña de la fresa dentro del sistema de contratación en origen supervisado por las administraciones españolas y marroquíes durante todo su desarrollo”.
Precisamente, la empresa Las Posadillas -una de las que ha dejado «gratamente impresionados» a la Delación del Gobierno marroquí que ha visitado Huelva este fin de semana- se ha visto envuelta estos días en polémica a causa de la información (adelantada por La Mar de Onuba) al respecto de una denuncia presentada ante la Policía Nacional por cuatro trabajadoras marroquíes. Las mujeres aseguran haber sido víctimas de explotación laboral y acoso, y denuncian haber sido testigos de “coacciones para ejercer la prostitución” en la finca de la empresa en la que se alojaban (presumiblemente, la finca llamada Calderón).
Para el Colectivo Mujeres 24 Horas, algunos de los hechos denunciados podrían ser, cuanto menos, indiciarios de episodios de Violencia de Género, por lo que la Policía debería haber activados los protocolos establecidos para estos estas situaciones, que se aplican en casos de maltrato del hombre sobre la mujer -por lo general- en el ámbito familiar. Establecen proceder, “de forma inmediata”, a la identificación de las posibles víctimas y de las personas señaladas como presuntos autores.
También, «por su relevancia para establecer las medidas policiales y judiciales que deban adoptarse en cada caso, así como el orden de prioridad que deba asignarse al seguimiento de las mismas”, se realizarán acciones de averiguación para «determinar la existencia y la intensidad de la situación de riesgo para la/s víctima/s. En concreto: se recabará urgentemente, si se observan indicios de la existencia de infracción penal, información de los vecinos y personas del entorno familiar, laboral, escolar, Servicios Sociales, Oficinas de asistencia a la víctima, etc., acerca de cualesquiera malos tratos anteriores por parte del presunto agresor, así como de su personalidad y posibles adicciones.
La Mar de Onuba ha seguido el rastro a la denuncia de las trabajadoras de Las Posadillas. Fue interpuesta a las 19,30 horas del martes 14 de mayo, en dependencias de la Policía Nacional de Albacete, donde residen los letrados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ). La asociación, que también asiste y representa a las conocidas como Temporeras contra la esclavitud, ha ofrecido alojamiento y asistencia social y jurídica a las tres súbditas marroquíes. Estas abandonaron la finca donde aseguran que sucedieron los hechos, dos días después de que la Policía estuviera informadas de los mismos, y de que no se hubiera realizado acción alguna por la propia Policía Nacional o la Guardia Civil.
Esta revista ha podido confirmar de fuentes de la Policía Nacional de Huelva, que la denuncia les fue notificada por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Albacete, el miércoles 15 por la mañana, y que se remitió a la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, por ser la fuerza ”competente». A la Benemérita corresponde dar traslado al Decanato de los Juzgados de Moguer e iniciar la investigación de los hechos. Asimismo, fuentes de la Audiencia Provincial aseguraron a esta redacción el pasado viernes, 24 de mayo, que «aún no ha tenido entrada ninguna notificación de la Benemérita en el Decanato de Moguer», y que no les consta que la Guardia Civil hubiera practicado alguna diligencia.
Dichas fuentes aseguran, sin embargo, que la Guardia Civil sí que estuvo en dependencias de la empresa el pasado jueves, 23 de mayo, “acompañando a una visita de la Inspección de trabajo” sobre la que se negaron a ofrecer más información
Este aspecto fue conformado a La Mar de Onuba fuentes de la empresa Los Arenales de Mazagón SL, propietaria de las fincas Las Posadillas. Dichas fuentes aseguran, sin embargo, que la Guardia Civil sí que estuvo en dependencias de la empresa el pasado jueves, 23 de mayo, “acompañando a una visita de la Inspección de trabajo” sobre la que se negaron a ofrecer más información.
Las tres trabajadoras ratificaron y ampliaron el contenido de su denuncia ese mismo jueves en Albacete, ciudad a en la que AUSAJ les ha ofrecido alojamiento hasta que puedan regresar, «cuanto antes», como dicen desear, a Marruecos. A ser posible, con el dinero de los jornales y las horas que aseguran que la empresa no les ha pagado.
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