Denunciante castigado – corrupción protegida

Parece que el verano ha entrado con fuerza. En la mente de la mayoría: la playa, la barbacoa con los amigos, esa cervecita bien fresca y, cómo no, el mundial de fútbol, a pesar de que “la roja” no ha tenido su mejor momento.

“Panem et circenses”, recetaba el poeta Juvenal para que el pueblo olvidase su derecho a participar en política.

Para un español, el Estado no eres tú, es algo ajeno a ti, una capa superior que a veces te cubre y otras te aplasta sobre la que reposan los políticos, esa especie superior a la que elegimos para culparles de todo lo que nos ocurre, a cambio de olvidarnos de nuestra propia responsabilidad en eso que nos ocurre.

Nos levantamos cada día pensando en nuestro bucle de acontecimientos diarios y creemos que nuestras diminutas vidas no tienen ninguna influencia en las de los demás más que la propia de nuestro quehacer diario. El panadero piensa en su pan, el profesor en sus alumnos, el médico en sus pacientes y ese parece ser nuestro único ámbito de influencia, y en lo que respecta al resto, nos contentamos con dejar hacer, dando por hecho que cada uno hará su labor correctamente.

Sin embargo, día tras día, nos despertamos con nuevas noticias que nos muestran que hay partes de esa maquinaria perfecta que no funcionan como deberían y así, el pillo, el tramposo, el listillo y el astuto, se cuelan en nuestros noticiarios como una rutina que hemos acabado aceptando como normal.

“Todos son iguales”, “Esto ocurre en todos los países”, “Todos roban pero, al menos los míos hacen cosas”. Excusas que nosotros mismos hemos demostrado haber asumido como parte de una normalidad insana, cuya aceptación, nos permite cruzarnos de brazos y tomar una cómoda distancia con el problema.

Hay sin embargo sectores concretos de la administración del estado que son más proclives que otros a albergar corruptelas, trampas e ilegalidades veladas. En esos puntos concretos de la sofisticada maquinaria del poder, la coima y el silencio, son el aceite que engrasa todo el mecanismo, y el zorro, sabedor de esto, se mueve con impunidad entre despachos oficiales hasta que un día tropieza con algo inesperado. Comienza siendo un tímido NO, alimentado por una convicción ética, pero acaba por convertirse en un escollo insalvable para corruptor y corrupto.

Ese no, es la mano que destapa la podredumbre oculta y gracias a ese no, el estado recupera un cierto brillo, una sana sensación de que no todo está perdido. Ese no, procede de mujeres y hombres valientes que denuncian las corruptelas que ven pasar ante ellos sin pensar demasiado en las consecuencias de su hazaña.

Pero no hay mayor corrupción que el desamparo que el denunciante siente ante las instituciones corruptas. En España, denunciar al vampiro, acaba por dejarte sin sangre. Todos conocemos casos de personas,  que lo han perdido todo, incluso su patrimonio, por osar denunciar. Jueces destituidos, espiados, perseguidos, amenazados, militares expulsados o degradados, funcionarios  o personal laboral de las distintas Administraciones acosados e incluso recientemente, extrañas muertes sobre las que da miedo profundizar, son el premio para quienes se atreven a decir NO en voz alta y acabar con el silencio.

Entre ese grupo de valientes están las personas que se concentraron el pasado 23 de junio en la puerta del Congreso de los Diputados; denunciantes de corrupción, que en muchos de los casos han visto truncadas sus vidas justamente como consecuencia de haber hecho el esfuerzo solidario de denunciar situaciones de corrupción.  La fuerza que ese grupo proyecta esperemos se expanda hacia el futuro. Hoy les ofrecemos sus palabras, sus reflexiones, su protesta. 

Ahora ya se puede decir que España es un país de corruptores y corruptos, en el que muchas personas se han unido para decir basta y denunciar la parte artificial que flota sobre todas las crisis aparentes que los poderosos nos han hecho vivir. Nos van la vida, la democracia y la libertad en ello.

Para que el tramposo pague, quien denuncia al tramposo, debe ser protegido, de lo contrario, la trampa será la única forma de subsistir en un estado hipócrita y mezquino.

AUSAJ

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Manifiesto anticorrupción

 

MANIFIESTO POR UNA LEY INTEGRAL DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE DE CORRUPCIÓN

 

Las personas que  firmamos este manifiesto y que  hoy nos concentramos a las puertas del Congreso de los Diputados somos denunciantes y alertadores de corrupción, nuestros testimonios y nuestras denuncias han  permitido:

• detectar fraudes millonarios y con ello, la recuperación de importantes sumas de dinero público robado a las arcas del Estado… 

  dinero que,  en su mayor parte, nunca habría sido recuperado o ni siquiera reclamado.

• impedir corrupción urbanística y económica…

…aunque  en   numerosas  ocasiones   acabe  sin   penas,  porque jueces   y  fiscales consideran determinados delitos como simples ‘irregularidades administrativas’

• denunciar  abusos y  desvíos en  la  sanidad,  la  formación,  la  tutela  de  mayores y menores…

… que  nunca habrían sido investigados porque se consideran temas “menores” a los que no se les destinan los medios necesarios

Pero  en nuestro día a día, revelar estos delitos e identificar a sus presuntos autores, nos está costando la vida. ¿Realmente es necesario llegar a este punto  en el que  pedimos que  nos devuelvan nuestras vidas, cuando se podría  haber evitado?

Las alertadores y denunciantes de corrupción en este país nos quedamos sin presente y sin futuro.

Denunciar  corrupción,  es una  obligación  que  tenemos como  trabajadores  con responsabilidades públicas  y  como   ciudadanos,  pero  hacerlo  se convierte  en   nuestro infierno.

Que  a partir de  hoy  ya no  puedan jugar su juego. QUE CON NUESTRO MOVIMIENTO GANEMOS ESTA PARTIDA.

Nuestros casos tienen  un  patrón  común, somos personas que  en  su día  nos negamos a cometer una irregularidad o un delito y que  alertamos de lo que estaba pasando.

Curiosamente la mayoría hemos pasado por lo mismo: primero nos intentaban comprar con prebendas, nos acosaron para  que obedeciéramos. Cuando nos negamos fuimos aislados, luego cesados o despedidos y desde entonces somos perseguidos.

La mayoría hemos sufrido campañas de linchamiento en medios de comunicación, hostigamiento  en nuestro entorno laboral  y social,  denuncias penales por las causas más inverosímiles: por revelar secretos si testificamos, por devaluar la imagen pública de las personas  que    denunciamos   y   acaban siendo   imputadas,   incluso   denuncias   falsas presentadas por los partidos políticos de turno para desacreditar nuestro testimonio y salvar así la imagen del líder corrupto  hasta las siguientes elecciones.

En esta batalla, el único desenlace conocido y que  cuenta con la complicidad de todos los partidos políticos, es que quien denuncia lo pierde todo.

Perdemos nuestros trabajos, nuestros compañeros, nuestra salud, también nuestros ahorros porque las denuncias  las  pagamos nosotros y los  abogados de  los  corruptos también  los pagamos entre todos.

Nos quieren aislados, callados, hundidos.

Pero estamos aquí unidos porque nuestro silencio nunca más será su cómplice.

Hemos venido de TODAS las comunidades autónomas.

En  nuestras denuncias  se ven  retratados TODOS  los  partidos  del  arco parlamentario  y alguno más, también los organizaciones sindicales y organismos públicos y privados.

Y hoy estamos aquí,  para  explicar que estamos siendo perseguidos, arrinconados, negados, expulsados de un sistema que rechaza a quienes exigen transparencia y justicia social.

Se  castiga a los que  nos hemos negado a silenciar la estafa continuada a nuestro sistema sanitario, educativo, social…

La corrupción  pudre  las instituciones,  destruye el  compromiso social  y la  confianza  de  un país.

Los sistemas  corruptos roban  la  dignidad  de  las  personas y las  relegan  al  silencio  y a  la miseria social.

Por todo ello, pedimos actos claros y firmes que protejan y valoren el trabajo de quienes luchamos por un sistema democrático y justo.

Juntos frente al Congreso que  debiera defendernos para  exigir:

– La aplicación rigurosa del código penal, así como el cumplimiento de las normas vigentes.

– Una Ley Integral de Protección a los Denunciantes de Corrupción que  nos proteja de las represalias a las que estamos sometidos desde hace años..

– La investigación  de  nuestras denuncias, ya que  muchas son archivadas  sin  ni  siquiera abrir diligencias.

Necesitamos que se tomen medidas urgentes que den término a la situación de discriminación y desprotección que padecemos

Venimos a recordar que denunciar la corrupción es un deber, pero también un derecho constitucional.

Las  Administraciones  españolas  se niegan  a  cumplir  el  mandato  de Protección  a  los Denunciantes establecido en la normativa europea desde el año  2015.

El  plazo  para  ser trasladada  a  nuestro ordenamiento  jurídico  expiró  hace ya 2 años, sin ningún pudor  por parte  de nuestros gobernantes.

También la Ley española de Protección a los Denunciantes que adolece de serios problemas para  garantizar la seguridad de los alertadores, duerme desde hace 2 años el sueño de los justos en el Congreso, sin que a ningún partido político parezca preocuparse lo más mínimo.

En octubre del pasado año,  el Parlamento europeo ha aprobado un mandato adicional para implantar medidas de  protección en  los 27 estados miembros y ha  sido también completamente ignorado.

Lo  que nos permite decir hoy  aquí, que el  incumplimiento es reiterado, hiriente y voluntario y por  eso estamos hoy aquí para gritar: BASTA !! Ni un día más sin una Ley Integral de Protección al denunciante de corrupción!

Y aquí unidos exigimos:

• que  se trasponga la directiva europea N.º 2015/2392 y se incorporen las nuevas normas propuestas por la Comisión Europea para  la protección del denunciante, presentadas el pasado 23 de abril de 2018.
• Que  se creen canales  seguros de  notificación  tanto  dentro  de  cada organización como  a las autoridades públicas
• Que se proteja a los denunciantes de irregularidades contra el despido, la degradación y otras formas de represalia

Y que se haga con carácter de urgencia.

En unos momentos en los que  la sociedad española percibe la corrupción como  el principal problema a afrontar por el Estado, sorprende comprobar cómo el Sistema sigue protegiendo al corrupto  y desamparando al alertador.

Vemos atónitos como  en  pleno siglo XXI los partidos políticos siguen manteniendo en  sus cargos a personas imputadas  por  corrupción  sin  ningún  pudor,  lo  que  les  permite  seguir acosando a los denunciantes, destruir pruebas, comprar o amedrentar a testigos y utilizar fondos públicos para  sufragar sus querellas y sus defensas.

Asistimos  sin  dar  crédito  a  resoluciones  en  las  que  los  poderes del  Estado que  deben perseguir los delitos: jueces, fiscales, incluso la propia administración, no solo no los persiguen,  sino  que   con   frecuencia  actúan  en   contra   de   los  propios  denunciantes  y amparando el  delito,  produciéndose una  vulneración  constante de  nuestro derecho a una tutela judicial efectiva

Si  los  principales garantes  de   la  legalidad protegen  las  estructuras de   poder  y arremeten contra los alertadores, ¿qué nos queda?

Si en los cuerpos y fuerzas de Seguridad no se aplica la misma normativa que al resto de la sociedad y ni siquiera se puede exigir transparencia, ¿a quién recurriremos?

Porque si algo hemos comprobado en  carne propia es que  la corrupción ha  enraizado en TODAS las estructuras: estatal, autonómica, local.

En TODAS las esferas: pública, privada, incluso en órganos independientes y de control.

Y que afecta a TODOS los ámbitos no sólo el económico o el urbanístico, también el social, el sanitario, el educativo, …

Los medios de comunicación, en muchos casos, tampoco son ajenos a todo esto y en lugar de investigar y destapar estas tramas, actúan silenciando nuestras situaciones, dando cobertura a los corruptos y, en  ocasiones, incluso linchándonos mediáticamente por haber dado  este paso.

Por  lo que es vital  que la Ley Integral de  Protección ampare a TODOS los ciudadanos que alerten o denuncien corrupción en  CUALQUIER ámbito y POR IGUAL.

Y que  de esto tomen  nota  TODOS  los partidos, porque afecta a TODOS  por igual y prueba de  ello somos TODOS  nosotros: los que  estamos hoy aquí  y también los que  están detrás pero  no pueden hablar por temor  a nuevas represalias.

También queremos agradecer a los que denunciaron y lucharon por apartar la corrupción de su ciudad y ya no están con nosotros. Los tenemos siempre presentes, por su ejemplo y su honestidad. Es el caso de la ex concejal Montserrat Gassull, que  destapó uno de los casos más conocidos  en  Catalunya. Todos sus compañeros políticos  la  abandonaron de  forma indigna, por ser valiente y cumplir con su deber. Gràcies Montserrat Gassull.

Hoy, junto a numerosas Organizaciones Anticorrupción exigimos cambios profundos en la Ley actualmente ‘en barbecho’ que  permitan:

• Denunciar anónimamente, tal y como  permiten y recomiendan  incorporar  los  tratados internacionales, garantizando canales seguros
• Crear organismos independientes que velen por los derechos de los denunciantes
• Proteger a los funcionarios que alertan pero también al resto de trabajadores, al conjunto de la ciudadanía y a las organizaciones que por defender al denunciante son también objeto de persecución. Sin distinciones.
• Ofrecer justicia gratuita a los alertadores y denunciantes que vienen soportando las altas costas legales que supone cualquier denuncia.
• Reconocer como perjudicados a  los  denunciantes,  así como  la  indemnización  o  la readmisión en sus puestos de trabajo de aquellos trabajadores que por denunciar hayan sido despedidos o cesados, con carácter retroactivo.
• Dotar de medios y de recursos a esta iniciativa legislativa y a sus organismos de control para que  su aprobación  suponga una  protección  real  de  los  alertadores  y  un  ejercicio disuasorio para  corruptos y corruptores.
• Ampliar el espectro de infracciones que  comporten un incumplimiento en la protección del interés público, así como el de las sanciones a los autores de represalias.

Porque la corrupción nos afecta a todos de manera DIRECTA.

Porque cada euro  público  desviado,  es sustraído de  nuestra sanidad,  de  la  educación  de nuestros hijos, de la tutela de nuestros mayores, de la formación de nuestros jóvenes, de la vivienda social de nuestras ciudades…

Porque si  la  corrupción  produce un gran  sufrimiento  a los que  denunciamos  y a nuestras familias, pensemos en  las verdaderas víctimas, las que no  reciben la debida atención sanitaria, social, … las  que no  pueden acceder a  una formación digna o  una vejez tranquila y, sobre todo, pensemos en  aquellos que no  pudieron soportar tanto sufrimiento y decidieron acabar con todo.

Y, por último, porque cada vez  que  nos llama un compañero muerto  de miedo, con  la vida destrozada porque ha cumplido con su deber y sólo podemos ofrecerle buenas palabras, se nos empañan los ojos de injusticia y de impotencia.

Porque cuando alguien, con buena intención, nos aconseja que  no expliquemos lo que  nos están haciendo  porque si  lo  hacemos nadie más se atreverá a denunciar  corrupción,  nos vienen a la memoria las mujeres que antes que nosotras lucharon por una Ley de Protección contra  la Violencia de Género.

Porque cuando hace 20 años alguien decía que denunciar el maltrato era poner  en un riesgo innecesario a la víctima y que  era  mejor “mediar en la intimidad” hoy reconocen que  callar y silenciar la violencia del maltratador no fue nunca una solución.

O como  cuando hace 5-10  años se creía  que  denunciar  el  acoso escolar  o los  abusos a menores, podía  estigmatizar a las víctimas y que  era  mejor superar en  la intimidad lo que hubiera podido pasar… Hoy el número y la gravedad de los casos que  afloran cada día nos demuestran que callar y mirar hacia otro lado desde luego no ayudó  en nada a las víctimas.

Y es por eso que  hoy estamos aquí,  sabiendo que  bajar la cabeza o mirar hacia otro lado, nunca puede ser una opción si de verdad queremos acabar con esta lacra.

Porque creemos que  visibilizar  lo que nos está pasando y exigir una Ley  Integral  de Protección al denunciante de corrupción es la única opción para que nadie más tenga que pasar por  esto.

Porque estar hoy aquí  unidos frente al Congreso, también va a tener  consecuencias para cada uno de nosotros, pero  lo hacemos convencidos de que  pueda ser el punto de inflexión de nuestros políticos y sus partidos -pero también y sobre todo de la ciudadanía-, que ya no tolere   por   más  tiempo   la  impunidad   con   que   operan  los   corruptos  y  para eso  os necesitamos  a  TODOS  Y CADA  UNO:  ¡¡ con la  corrupción TOLERANCIA  CERO!!   y

¡PROTECCIÓN INMEDIATA A TODOS  LOS DENUNCIANTES Y ALERTADORES DE CORRUPCIÓN!

Hoy estamos exigiendo  a  nuestros representantes en  el  Congreso de  los  Diputados  que revise  y acelere  la  protección  a  los  alertadores,  que   se  reúnan con  las  asociaciones anticorrupción y con  los denunciantes y que  se introduzcan las modificaciones necesarias que garanticen nuestra seguridad.

Pero no  pararemos aquí, estamos unidos y ya  no  nos callarán, si no  hay  soluciones habrá más concentraciones:

– aquí y a  las  puertas de  cada administración que mantenga en  ejercicio a  cargos imputados por  corrupción

– en el Congreso y en  los Parlamentos de cada Comunidad Autónoma que no vele  por sus denunciantes

– en  las Cortes pero también en  el Parlamento Europeo explicando -alto  y claro- cuál es nuestra situación.

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SUSCRITO POR:

ANA GARRIDO, denunciante caso Gürtel,

ANA HERNÁNDEZ, denunciante educación Andalucía

ANA VARELA, denunciante fraude formación empleo

ÁNGEL ANTÓN, denunciante tutelas de menores, Cataluña, Valencia y País Vasco

ANTONIO BARREDA, denunciante corrupción Andalucía

ANTONIO BORREGO, denunciante contrataciones irregulares Mancomunidad del Guadalquivir

ANTONIO MORENO, denunciante estafa de las eléctricas, Sevilla

ANTONIO RAMON CORDERO, denunciante de Dos Hermanas Sevilla

ARANTXA MEJÍAS, denunciante casos fondos buitre Madrid

AZAHARA PERALTA, denunciante caso Acuamed

CARLES MARTÍNEZ, denunciante cursos de formación desempleados en Cataluña

CHABIER MAYAYO, denunciante caso Plaza de Aragón.

CLARA ALFONSA REINOSO, robo de niños a manos de los servicios sociales

CONSUELO  GARCÍA DEL CID GUERRA, robo de niños por los servicios sociales

DANIEL TEJERO, denunciante corrupción de menores en Córdoba

ENRIQUE MARTÍN, denunciante corrupción sanidad en Andalucía

FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ, denunciante corrupción caso Poniente Almería

FERNANDO URRUTICOECHEA, denunciante corrupción caso Castro Urdiales

GERARDO  GANDÍA, denunciante cursos de formación desempleados Valencia

GRACIA BALLESTEROS, denunciante caso Acuamed

JAIME GONZÁLEZ, denunciante caso cártel del fuego, Andalucía

JAVIER PEREJÓN, denunciante corrupción Andalucía

JESÚS ÁNGEL CASTRO,  denunciante Ayuntamiento de Benitachell, Alicante

JESÚS CANDEL, denunciante corrupción sanidad Andalucía

JOAN ANTON LLINARES, testigo Caso Palau. Director Agència Antifrau Valenciana

JOSE MANUEL CANTO, denunciante balsa de fosfoyesos, Huelva

JUANJO ROMERO,  denunciante corrupción Aena

JULITA GÓMEZ SALAS, denunciante corrupción tutela de mayores en Amta, Madrid

JUSTO LÓPEZ, denunciante corrupción caso Ayuntamiento de Benidorm

LOLA MESA, denunciante de fraude de TGSS  en Cádiz.

LUÍS ESCRIBANO, denunciante corrupción sanidad en Andalucía

LUÍS GONZALO SEGURA,  denunciante corrupción en el Ejército

MAITE MORAO, denunciante causa Can Balsach, Ayuntamiento de Sabadell

MARÍA SERRANO,  denunciante corrupción Seprona Andalucía

MARTA URREA FILGUEIRA, denunciante CAC y MAD, Málaga

ORIOL ORTIN, denunciante corrupción en el Ayuntamiento de Susqueda

PALOMA COIDURAS, denunciante de subvenciones agrarias ilegales y la pesca de tallas mínimas

RAMON PIÑEIRO, denunciante formación a desempleados en Andalucía ROBERTO  GARCÍA, denunciante formación a desempleados en La Rioja ROBERTO  MACÍAS, denunciante fraude UGT Andalucía

SONIA PERAL, denunciante corrupción sistema educativo Málaga (Acoso Escolar)

TEODORO  MONTES, denunciante formación a desempleados Andalucía

WENCESLAO  ALONSO, denunciante corrupción de personal Ayuntamiento Málaga

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ORGANIZACIONES ADHERIDAS:

ACAPASE Asociación Catalana Padres Separados

ACCORS  Asociación Contra  la Corrupción y por la Regeneración Social

Afectados EMVS Carabanchel

AMACAE Asociación Madrileña contra  el Acoso Escolar

AMAyT Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia

AUSAJ Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia

CORRUPTIL

CSC Coordinadora Sindical Clase

DESTERRADAS HIJAS DE EVA Asociación contra  el robo de niños en manos de Servicios Sociales

FILTRALA Plataforma de denuncia ciudadana integrada en AWP Associated Whistleblowing Press

FUNDACIÓN HAY DERECHO

JUSTICIA POR LA SANIDAD MURCIA TRANSPARENTE

OCC Observatorio de la ciudadanía Contra  la Corrupción

PXH Plataforma por la Honestidad

y un grupo de denunciantes anónimos, así como el conjunto de simpatizantes y activistas contra  la Corrupción en España.

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Manifiesto de AMACAE

 

CONCENTRACIÓN 23 DE JUNIO DE 2018

 

La Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar (AMACAE) se quiere unir a esta concentración contra la corrupción, a esta concentración contra la indefensión y persecución hacia las personas valientes que la denuncian.

Las víctimas de acoso escolar y sus familias también percibimos irregularidades en los centros docentes, en las Administraciones Educativas, en los Servicios Sociales, en la Justicia, y en ese largo etcétera del sistema y de la sociedad cuya prioridad no está en proteger a las víctimas y reconducir a los maltratadores, sino en eliminarlas, al igual que a sus familias, del sistema, de un sistema que no está funcionando pero al que hay que ser fiel, de un sistema que presume de tener tolerancia cero ante el maltrato, pero que no suele reconocer su fracaso cuando se enfrenta a un caso real y no lo resuelve. Nos convertimos  en  piezas  molestas  a  extinguir,  piezas  a  las  que  se  somete  a  una insoportable y cruel estigmatización.

Desde la experiencia que nos da el ser padres de víctimas de acoso escolar y miembros de  AMACAE,  día  tras  día  sentimos  cómo  las  víctimas  de  esta  lacra  son  también víctimas de un sistema educativo que las abandona a su suerte mientras, según nuestra opinión, se ignora el interés superior del menor, derecho fundamental que, entendemos, vulneran los juzgados sistemáticamente.

La sensación que tenemos es que estamos ante una especie de juego de cartas imposible de  ganar  hagamos  lo  que  hagamos,  ya  que  todo  el  resto  de  jugadores  las  tienen marcadas y el ganador de la partida ya está seleccionado desde el inicio. La sensación que tenemos es que estamos ante una especie de juego de trileros en el que nuestros documentos que acreditan la realidad del acoso escolar y los daños en las víctimas van pasando de organismo en organismo sin que, a nuestro parecer, ninguno haga nada más que desgastarnos, maltratarnos institucionalmente y cubrir a quienes están destrozando a nuestros hijos, que gozan de todo tipo de garantías. ¡Nos sentimos tan ninguneados! Presentemos  lo  que  presentemos  ¡nunca  es  suficiente!,  mientras  que  la  versión interesada y tergiversada de algún que otro centro docente es validada desde el principio sin ningún cuestionamiento.

Los Protocolos a aplicar, a nuestro juicio, están viciados desde el principio, ya que es el centro docente al que la familia ha denunciado, quien determinará si hay o no acoso escolar. Algunos cuestionarios aplicados, a nuestro juicio, están viciados desde el principio, ya que con preguntas como si la víctima es tímida, tranquila, diferente, tiene amigos o se sabe defender, lleva a, según nuestro entender, los resultados buscados: la constatación de que las víctimas tienen algo que justifica el que sean elegidas o que así lo perciban erróneamente, logrando una mayor revictimización, señalamiento y aislamiento social.

¿Qué decir de aquel centro docente con denuncias por acoso escolar extraviadas en una determinada Consejería de Educación?. Centro docente con importantes ¿vinculaciones, conexiones? con la empresa Alfedel, imputada en la trama Púnica, al que en plena época de  recortes  y  con  estos  antecedentes  se  le  concierta  la  Educación  Infantil.  Centro docente respecto al que la Dirección de Área Territorial correspondiente niega por escrito el acoso escolar a los padres de una de las víctimas, mientras se lo reconoce verbalmente.

¿Qué decir de aquellos Servicios Sociales que se meten en las casas de las víctimas, desnudando metafóricamente a la familia entera para ver si encuentran las suficientes pruebas para negar el acoso escolar, coaccionándoles, según nuestra opinión, con que pueden perder la tutela de sus hijos por permitir que no acudan al centro docente, ante la situación tan insostenible que allí viven? ¿Por qué no investigan de igual forma a la parte maltratadora y a su entorno?

¿Qué decir de la mal denominada justicia, que, a nuestro juicio, de justa tiene poco?

¿Cómo se permite, mayoritariamente, la impunidad de aquellos centros docentes que tapan sistemáticamente el acoso escolar y la impunidad de los maltratadores, mientras la víctima tiene que huir del mismo gravemente dañada?, ¿Cómo se desestiman imprescindibles órdenes de alejamiento, protegiendo, según nuestra opinión, a la parte maltratadora y dejando en una situación de grave riesgo a la maltratada?. ¿Por qué no se investigan los delitos de acoso escolar como se investigan otros delitos?

AMACAE quiere finalizar este comunicado lanzando las siguientes preguntas: ¿Por qué no está habiendo una correcta prevención, detección e intervención en los casos de acoso escolar?, ¿es por ignorancia, por falta de medios, de interés, de sensibilización, de empatía? o ¿es porque hay otros intereses prioritarios como el lucro o la imagen, que han convertido la devastación producida en las víctimas y en sus familias en simples daños colaterales?

POR ESTOS MOTIVOS, BREVE EJEMPLO DE LA REALIDAD DEL ACOSO ESCOLAR, APOYAMOS Y NOS UNIMOS A ESTA CONCENTRACIÓN.

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Comunicado de prensa

COMUNICADO DE LA CONVOCATORIA