ESTRATEGIA NACIONAL DE JUSTICIA (CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, 2017)): Cuestiones planteadas por el actual Ministro de Justicia, Sr. Campo Moreno, durante la comparecencia de AUSAJ.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Campo.
El señor CAMPO MORENO: Queremos darle las gracias al compareciente por habernos dado una óptica desde la ciudadanía que, efectivamente, como hemos venido oyendo los distintos portavoces, es el referente de la justicia; no habría sistema de justicia ni jueces si no hay ciudadanos.
Hay un tema que no he terminado de captar o quizá no ha puesto el acento suficiente en él. No me preocupa mucho el tema de la responsabilidad. Creo que podemos sentirnos orgullosos del sistema judicial en su conjunto, sin perjuicio de que todos seamos conscientes de que tiene una lacra que es la de la lentitud. Pero sí hay un tema que me preocupa. Por mi profesión he manejado muchas estadísticas y barómetros de opinión, y cuando se le pregunta a un usuario de la justicia —se distingue siempre entre el usuario de la justicia y el que no lo es—, todas las estadísticas, todos los barómetros de opinión determinan que tiene mejor opinión de la justicia el ciudadano que ha sido sometido al sistema de justicia que el que no. Este dato no termino de casarlo con una parte de su intervención.
Me gustaría saber también su opinión sobre algo que ha ocupado mucho tiempo al Grupo Socialista y es el derecho a comprender, ese derecho que tienen los ciudadanos a entender los actos judiciales, los términos semánticos y las formas de comunicarse de la justicia y, en suma, lo que todos tenemos. Se ha trabajado mucho el aspecto de la motivación de la sentencia, el 120.2 de la Constitución, sin embargo, no nos hemos preocupado mucho de que el ciudadano entienda realmente el acto. Todos tenemos un vecino que ha venido preguntándonos alarmado porque ha recibido una citación y no sabe a qué, y realmente, cuando lo lee uno, por mucha cualificación que pueda tener, tampoco lo sabe y tienes que terminar llamando al juzgado preguntando: dime para qué lo llamáis, que es un vecino y el hombre se ha asustado. Creí que iba a ir por ahí su intervención: cambio de lenguaje jurídico, sea en sentencias, sea oralmente, sea en los conocimientos que tiene la ciudadanía, es decir, a través de los medios de comunicación, las propias normas… Se trabajó mucho sobre ese particular en el último Gobierno socialista y, desgraciadamente, no se ha potenciado esa idea, pero creo que ese es el verdadero fortalecimiento del ciudadano en su relación con la Administración de Justicia. Esta mañana hemos aprobado la puesta en marcha de una modificación de la Ley del Jurado precisamente para la intervención del ciudadano; en este caso, de personas con discapacidad. Es decir, que esto es una preocupación constante. Me gustaría saber su opinión sobre ese particular, porque creo que hay una falta de conexión entre el mundo del sistema judicial y el ciudadano, y es que muchas veces no se comprende lo que la justicia hace a ojos del ciudadano.
Muchas gracias.
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QUÉ MÁS DA QUIÉN LOS NOMBRE SI VAN A SEGUIR DELINQUIENDO IMPUNEMENTE. MIENTRAS A LOS JUECES NO LOS JUZGUE EL JURADO, TODO SEGUIRÁ IGUAL. LA CONSTITUCIÓN LO PREVÉ ¿PORQUE NADIE HABLA DE ELLO?
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ESTRATEGIA NACIONAL DE JUSTICIA (Congreso de los Diputados, 2017): Comparecencia de AUSAJ (Completa)
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UN NEGOCIO MAFIOSO DE LOS JUECES
Por Javier Marzal
Presidente de ANVIPED
Esta semana, el Tribunal Supremo nos ha hecho recordar publicaciones de los medios que informaron del turismo sexual de los magistrados de los más altos tribunales, que incluía club de alterne con pederastia. También nos informaron de su dinero negro en paraísos fiscales, conferencias y seminarios pagados por la banca y otras formas de vender sus sentencias.
Pero ninguno ha informado de que los funcionarios públicos han creado un nuevo negocio que consiste en recibir indemnizaciones por denunciar que han sido injuriados (insultados) o calumniados (acusados de haber cometido un delito a sabiendas de su falsedad).
Este negocio fue creado por el Partido Popular con la reforma del Código Penal de 2003, cambiando el Código Penal para que las injurias y calumnias fueran perseguibles de oficio cuando el ofendido sea un funcionario público, a diferencia del resto de las personas que tienen que interponer una querella, con abogado y procurador.
Para un funcionario público, es tan sencillo como remitir los documentos, del procedimiento donde según ellos se les injuria o calumnia, a la fiscalía o al juzgado decano, para que se inicie la causa penal.
Si la denuncia llega a la fiscalía, allí se redacta una querella simple que se remite al juzgado decano que corresponda. Los fiscales suelen querellarse porque los fiscales jefe les obligan a tener una actitud represora contra quien se enfrenta a las autoridades públicas, aunque sea para defenderse del abuso de éstas. En los gobiernos del PP y del PSOE, el ministerio fiscal siempre impulsa el autoritarismo.
Generalmente, los fiscales descartan bastante denuncias de las autoridades públicas, salvo que sean de otros fiscales, jueces o magistrados, en este caso es rara la vez que un fiscal no interpone la querella o pide la condena y una indemnización para esta autoridad judicial.
El monopolio judicial, hace que sean otros jueces quienes resuelvan estas querellas. Estos jueces pertenecen a los mismos juzgados que el denunciante.
Una vez que te condenan, no sirve de nada recurrir porque todas las instancias, incluyendo el Tribunal Constitucional, desestiman sistemáticamente los recursos.
En resumen, un justiciable o un abogado se quejan de que el Juez no cumpla la ley, recurriendo su resolución, y el juez le denuncia para que aquéllos le indemnicen. Este es el negocio y no hace falta que sea verdad para que el juez cobre del denunciado. Es un negocio fácil. El Juez sólo tiene que denunciarle en la misma resolución que deniega el recurso del abogado y la corrupta maquinaria judicial se pone en funcionamiento para que este juez cobre la indemnización que decida otro juez.
El abuso de este negocio por parte de los jueces ha sido tan excesivo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha tenido que intervenir, mediante el caso del abogado Ravelo que fue condenado por calumniar a un Juez, desestimando sus recursos todas las instancias españolas, hasta que el TEDH condenó a España por esta condena sobre la que dijo que es propia de un “Estado poco democrático” y que era una condena “disuasoria” contra todos los abogados, violando el derecho a la libertad de expresión, además del derecho de defensa.
Este negocio tiene las principales características de un negocio mafioso, según wikipedia: “es una clase especial de crimen organizado” (es especial porque utiliza las propias instituciones para su actividad), “Sus miembros se denominaban a sí mismos «mafiosos», es decir, ‘hombres de honor’” (en el caso de los referidos funcionarios judiciales, éstos afirman que son honorables, por tanto “mafiosos”), es lucrativo, ilegal y utiliza el abuso de poder.
Este mismo negocio se utiliza contra los dirigentes y abogados de las asociaciones de víctimas judiciales, para intimidarlas de forma que abandonen a sus defendidos o para que cierren las asociaciones.
En 2016 y 2017, remití una denuncia contra estos abusos de fiscales, jueces y magistrados, donde se acreditan denuncias, querellas de los fiscales, sanciones y condenas a tres dirigentes de tres asociaciones de víctimas judiciales y a tres abogados de estas asociaciones. En 2016, la denuncia la dirigí al Fiscal General del Estado y nunca recibí respuesta. En 2017, la remití a todos los miembros del Consejo Fiscal de la Fiscalía General del Estado, incluyendo al propio Fiscal General. En pocas semanas me respondió la Fiscalía Anticorrupción que no había indicio alguno de delito, como suelen decir cuando el denunciado es una autoridad pública, salvo orden en contrario del gobierno.
En 2018, la prensa ha publicado el caso de otro dirigente y de otro abogado de otra asociación de víctimas judiciales denunciado por un juez.
Soy Presidente de la Asociación ANVIPED, la más afectada por estos abusos (el abuso de las autoridades públicas es un delito en Francia). Durante el primer trimestre de este año, me dirigí al Presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, para informarle que un Juzgado de Barcelona había condenado a un abogado por este inexistente delito, según la referida jurisprudencia del TEDH y la Audiencia anuló la condena.
También como Presidente de ANVIPED, en este verano solicité una reunión urgente con la Ministra de Justicia y con la Fiscal General del Estado, para que detuvieran este negocio mafioso. El Fiscal de la Unidad de Apoyo de la FGE, me respondió informándome de dónde presentar una denuncia y “que la agenda de la Fiscal General está completa para los próximos meses”. El 2 de agosto, la Secretaria de la Ministra me remitió un mensaje de correo electrónico, donde se decía: “les rogamos nos indiquen un número de teléfono para que un Asesor de la Ministra les pueda llamar y concertar la cita”. Respondí con mi número de teléfono, pero el Asesor aún no me ha telefoneado y los fiscales y los jueces siguen haciendo denuncias falsas, por lo que cabe decir que este negocio está promovido y encubierto desde la Fiscalía General del Estado.
Estas actividades en todo el territorio nacional, acreditan que en España no tenemos un Estado de Derecho, no sólo un “Estado poco democrático” y “disuasorio”, como ha dicho el TEDH, sino un peligroso Estado autoritario que impulsa que las autoridades públicas realicen este negocio mafioso para lucrarse y para instaurar un Estado autoritario, donde sus funcionarios atentan contra la libertad de expresión, el derecho de defensa y el derecho de asociación.
El problema raíz consiste en la IMPUNIDAD de los jueces que crea la corrupción judicial que es el cáncer de las democracias que extiende la impunidad y la corrupción al resto de las autoridades públicas y de las organizaciones privadas y personas poderosas, creando una abusocracia con forma de democracia.
Javier Marzal
Presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED)
Autor del Manifiesto sobre la corrupción judicial
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MANIFIESTO SOBRE LA CORRUPCIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL
Por Javier Marzal
Presidente de ANVIPED
Mario Conde (Presidente de Banesto, uno de los cinco mayores bancos españoles de la década de 1980) en su primer libro: “El sistema: Mi experiencia del Poder” (1994), describía sus vivencias sobre las relaciones ilegales entre el sistema financiero, el gobierno, los medios de comunicación y el sistema judicial, conformando un sistema corrupto, presuntamente delictivo. Es pública y notoria la colusión, durante la historia democrática española, entre los gobernantes y ciertos sectores empresariales altamente regulados, principalmente con el sistema financiero, las empresas de telecomunicaciones y las eléctricas.
En 2015, el Sr. Bárcenas (ex senador y ex tesorero del PP) dijo: “mafia y política es lo mismo” (páginas 11 y 12). En Italia y en España, a los políticos se les conoce como La Casta, un nombre que evoca a la mafia. En el propio Parlamento español, en la sesión del 24 de febrero de 2015 del Debate de la nación, un Congresista llamó “capo” (jefe de la mafia) al Presidente del gobierno español. El día 11 de marzo de 2015, en un programa televisivo, una Congresista dijo: “Nos gobierna una mafia que no piensa en los intereses generales sino en los suyos propios”. En el video del 10-3-2015 de su blog en http://blogs.elpais.com/la-voz-de-inaki/ el periodista Iñaki Gabilondo hablaba de mafias institucionales.
El 13 de marzo de 2015, el Presidente democrático de Venezuela calificó de dictador al Presidente español. Cabe recordar el autoritarismo del Rey español, cuando el 10 de noviembre de 2007 espetó a un Presidente democrático: ¡Por qué no te callas! Este autoritarismo es habitual en las autoridades públicas españolas y está en la base de sus excesos y vulneraciones habituales de los derechos humanos de los ciudadanos. El Rey tuvo que abdicar por sus excesos y Rajoy va a ser el primer Presidente español, de los últimos treinta años, que no va a repetir mandato. Los medios de comunicación no se han cansado de enseñarnos imágenes del Rey Juan Carlos y de los Presidentes españoles, destacando que estaban rodeados de mafiosos y de otros delincuentes condenados años después.
A primeros de enero de 2015, en un programa televisivo, Cristina Fallarás (escritora y periodista mediática) afirmó que “estamos en un sistema criminal”, una afirmación que coincide con las palabras de Jean Ziegler, parlamentario suizo, profesor de sociología y vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en junio de 2012 declaró: “vivimos en un orden mundial criminal y caníbal” (página 13). El periodista Esteban Urreiztieta, afirmó en un programa televisivo de 2015: “El sistema está completamente podrido”.
En otras palabras lo afirma Elena Vicente, presidenta de ACCORS (Asociación Contra la Corrupción y por la Regeneración Social). Ella afirma que la corrupción en España «es sistémica y afecta a todos los ámbitos» (páginas 14 a 19, en el artículo con titular: “España está enferma de corrupción”). El Presidente-fundador de la Asociación Ajura consiguió que se condenara a un Juez por primera vez en España. En su website puede leerse: “Instituciones españolas: ¡corruptas!”, “desde sus instituciones se ejerce un poder totalitario” (páginas 21 a 25).
El 4-4-2016, en una entrevista a un catedrático español, éste afirmó que la crisis española se debe a la corrupción institucional, sentenciando: “Con instituciones como las suecas, España progresaría como Suecia” (páginas 26 a 35).
El día 7-6-2015, en un programa televisivo de gran audiencia, un Comandante del Ejército afirmó que, durante la transición, se llegó a un acuerdo para que el Ministro de Defensa no fuera un militar, como hasta entonces, a cambio de que el Gobierno no se inmiscuyera en el funcionamiento interno del Ejército, lo que ha derivado en una corrupción sistémica. Años después, algo parecido debió suceder con el poder judicial. En 1985, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial lo politizaba. Debió acordarse que el gobierno asignaba pocos medios al poder judicial a cambio de no entrometerse en su funcionamiento, originando un sistema judicial corrupto, la disfunción del Estado de derecho y una democracia que se califica mediáticamente como de baja calidad o donde sólo se elige dictador.
El 9 de abril de 2010, en un artículo de uno de los principales diarios españoles se decía: «la vieja pero vigente máxima de Alfonso Guerra: «El que se mueve, no sale en la foto”«; esta frase la dijo el Sr. Guerra, siendo Vicepresidente del Gobierno español, durante la primera mitad de la década de 1980. En 1985 su Gobierno eliminó la independencia judicial mediante la Ley Orgánica del Poder Judicial. Desde la referida advertencia fotográfica, las autoridades públicas españolas saben que tienen que encubrir la corrupción y la delincuencia institucionales si quieren prosperar. Lógicamente, este contexto de impunidad impulsa a la corrupción que, sin control, termina haciendo un sistema mafioso y criminal.
Esta situación ha sido descrita en el informe del GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción), publicado en 2014 (páginas 36 a 92), donde se dice: “los tribunales se han visto inundados con unos 800 casos de corrupción durante los últimos cinco años”, reflejando la corrupción sistémica de La Casta. Previamente había descrito una estructura política corrupta: “Tal sistema favorece la lealtad al partido por encima de la lealtad al electorado y el resultado es que los grupos parlamentarios mantienen un firme control y ejercen una estricta disciplina interna sobre los parlamentarios en tanto individuos”. Además se dice: “La Constitución especifica las principales funciones del CGPJ, por ejemplo, el nombramiento, la promoción y disciplina de los jueces.”, “Según la Constitución, el CGPJ está formado por el Presidente del Tribunal Supremo que preside el CGPJ junto con 20 miembros. […] A partir de 1985 el Parlamento asumió la responsabilidad de nombramiento entre la lista de candidatos propuestos por las asociaciones de jueces.”
Por último, el GRECO describe la dependencia funcional y económica del Ministerio Fiscal respecto del Gobierno, resaltando su extrañeza sobre que: “el Fiscal General es elegido por el Gobierno”. Resulta llamativo que este informe relaciona la corrupción política con la corrupción del sistema judicial. En definitiva los partidos políticos controlan a los tres poderes públicos clásicos: legislativo, ejecutivo y judicial. Esta supresión de la separación de poderes hace que los políticos gestionen, de hecho, los tres poderes. Cabe destacar que el informe refiere 800 casos de corrupción política; por tanto, es una clase política corrupta la que controla los tres poderes del Estado.
Por tanto, las cúpulas de La Casta controlan el poder judicial. En los medios de comunicación suele decirse que la politización del poder judicial ha corrompido su funcionamiento; sin embargo, no es cierto porque el poder judicial ya era un sistema corrupto durante el franquismo, si bien es cierto que ha añadido nuevas corrupciones.
La politización destruye el Estado de Derecho, como acreditan las numerosas condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, al Reino de España. Igualmente, las encuestas del organismo público Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), reflejan que la mayoría de los españoles consideran que todas las instituciones españolas son corruptas (página 93). Cabe destacar la portada de The New York Times preguntándose sobre el origen de la fortuna del Rey de España Juan Carlos, así como la denuncia tributaria de Ajura contra éste y sus dos hermanas por sus capitales en paraísos fiscales (páginas 94 a 98) que fue publicada en uno de los principales diarios españoles (página 99).
En el “Boletín Unión Europea” de enero de 2016 se dice:
La adopción de una resolución sobre la corrupción judicial, sobre la base de un informe preparado por Kimmo Sasi (Finlandia, EPP / CD), los parlamentarios dijeron que el Poder Judicial es percibido como una de las instituciones más corruptas en Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Croacia, Georgia, Lituania, la República de Moldova, Portugal, Rumania, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España y Ucrania.
«La asamblea parlamentaria considera la corrupción judicial como un asunto de gran preocupación que socava los cimientos del estado de derecho y la posibilidad misma de lucha contra la corrupción en otros sectores de la sociedad«, recoge textualmente la Resolución 2098 (2016) motivada, precisamente, tras conocerse los resultados del barómetro de Transparency Internacional. En su contenido, el comunicado de la institución también señala expresamente que este tipo de corrupción «impide gravemente la protección de los derechos humanos, en particular la independencia e imparcialidad judicial, al tiempo que debilita la confianza pública en el proceso judicial y en los principios de legalidad y seguridad jurídica» (páginas 100 y 101).
Cristina Fallarás en el programa “La Mañana” de la cadena de televisión Cuatro, el día 12-3-2015 dijo: “En este país no se respetan los derechos humanos”. El Ministro del Interior, en entrevista televisada en el programa “Salvados” el día 2-1-2015 (página 102), evidenció que no le interesan los derechos humanos; para este individuo el fin justifica los medios y considera que el fin consiste es encubrir la violencia policial, aunque haya muertos, y que no entren inmigrantes en España. El Ministro volvió a despreciar los derechos humanos el día 9-4-2016 en el programa de televisión La Sexta Noche, quitándole importancia “porque es igual que la de otros países”. El Ministro tiene una mentalidad heredada de la dictadura franquista.
En los últimos años, están apareciendo libros sobre la corrupción del sistema judicial como “Abusocracia. España: Un Estado sin Derechos” (2011), donde describí mi experiencia con la corrupta justicia española.
El Juez Elpidio José Silva, en 2013 dijo (páginas 103 a 109): «La madre de la corrupción está en el poder judicial«; sobre la corrupción judicial escribió el libro “La justicia desahuciada” (2014), donde hace un testimonio sobre la corrupción que él mismo sufrió (véase testimonio). Posteriormente, el día 23-2-2015 afirmó en el programa televisivo “Las Mañanas” de la cadena Cuatro que los tribunales confirman los encubrimientos de la corrupción en primera instancia. En este sentido suelen pronunciarse, habitualmente, los periodistas y los tertulianos televisivos que sostienen que los magistrados de las audiencias y de los tribunales están al servicio de los intereses bastardos de los políticos. Estas afirmaciones coinciden con lo que denunciamos varios dirigentes de asociaciones de víctimas judiciales.
En 2015, se publicó el libro “Consejo General del Poder Judicial. Jueces, corrupción, e independencia” de Antonio Martínez Marín, donde se refiere que el Estado de derecho español es arbitrario y que su corrupción se debe a los vocales del CGPJ, a los magistrados de los tribunales y a las asociaciones judiciales.
“Es útil reconocer la existencia de la corrupción judicial. Porque nadie puede vivir ocultándose la realidad. Pero también porque sólo desde ese reconocimiento se pueden instrumentar mecanismos de prevención y de Represión.” (Juez Antonio Seoane García).
“Los Magistrados del Supremo están comprados por los partidos políticos” (programa televisivo Al Rojo Vivo de La Sexta, 15-2-2016)
El sistema judicial arrastra las malas prácticas de la dictadura franquista o anteriores, incluyendo la opacidad y la impunidad de las autoridades judiciales corruptas y de las presuntamente delictivas, acrecentadas por la politización de la justicia en 1985 y la baja calidad legislativa (malas leyes) empobrecida con las malas sentencias que crean jurisprudencia. Esta situación ha hecho disfuncional el Estado de Derecho español, como afirma la mayoría de los españoles que suspende el servicio público judicial, en las referidas encuestas del CIS, desde 2002 a 2011, salvo en 2005 (página 110).
Según el Eurobarómetro de la Unión Europea, de 2011, un 41% de los españoles encuestados cree que la corrupción entre los miembros del poder judicial está muy extendida (Informe GRECO). Según el Eurobarómetro de 2014, sobre qué colectivos está extendido los “Sobornos y abuso de poder en beneficio propio”, el 41% de los encuestados creen que en la policía es habitual y el 31% lo cree de la Fiscalía del Estado.
Los abogados son parte del problema porque no representan la Ley. En la mayoría de los casos son malos profesionales y en otros se han instalado en la corrupción del sistema judicial, estafando habitualmente a sus clientes con la impunidad que les proporciona la disfunción del Estado de Derecho y el encubrimiento en sus colegios profesionales. Es un hecho que existe un pacto de no agresión entre los jueces y los abogados que queda reflejado en numerosas resoluciones judiciales donde, tras dejar en evidencia la actuación letrada, los jueces no cumplen la Ley que les obliga a informar a su Colegio de Abogados por si constituye una infracción disciplinaria.
La disfunción del sistema judicial está teniendo consecuencias mortales, como en el caso de los 43 muertos en el accidente del metro de Valencia el 3 de julio de 2006 (http://0responsables.com), el de Ciudad Muerta de Barcelona con un suicidio en abril de 2011 por un corrupto encarcelamiento, 78 muertos en el accidente de un tren en Galicia el 24 de julio de 2013 y 12 muertos diarios por no vacunar a los enfermos de hepatitis.
A pesar de ello, el referido informe GRECO menciona que en España: “Desde 1998 ha habido ocho condenas por abuso de autoridad.” y que nunca se ha condenado a un fiscal, una situación que no es compatible con lo que se dice en el mismo informe del GRECO, entre otras cosas: “El Eurobarómetro del año 2011 revela que el 41% de los españoles encuestados pensaba que la corrupción está ampliamente extendida entre los miembros de la judicatura (el promedio en la UE es del 32%),”. Este contraste hace ver que en España se encubren las numerosas actuaciones criminales de los fiscales, jueces y magistrados.
En cuanto a la referida politización del Ministerio Fiscal, es público y notorio que cuando le interesa o se le ordena, abandona sus obligaciones y actúa de abogado defensor de los corruptos. A este respecto, cabe destacar la denuncia pública en el website del Sindicato Manos Limpias, sobre las actuaciones presuntamente delictivas del Ministerio Fiscal (página 111) en casos de especial relevancia. También la denuncia de Ajura contra tres ex Fiscales Generales del Estado que encubrieron la presunta actuación delictiva del ex Presidente del Gobierno español Aznar (páginas 112-121).
El abogado Gonzalo Boye Tuset, conocido internacionalmente por su defensa de los derechos humanos, ha afirmado que en todos los casos de corrupción política, han sido las acusaciones particulares o populares quienes han impulsado el procedimiento, mientras el Ministerio Fiscal no ha hecho nada; si esto fuera cierto los fiscales podrían haber actuado criminalmente por no perseguir delitos. Por ello, cabe preguntarse si el Ministerio Fiscal español es una organización criminal. No olvidemos que es habitual definir a los partidos políticos españoles como “bandas organizadas para el saqueo de España” y como “organizaciones criminales”.
El periodista Eduardo Inda afirmó que el Fiscal Anticorrupción frenó la investigación del ático del Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, el día 9-4-2016 en el programa de televisión La Sexta Noche.
En España, cuando una autoridad pública vulnera los derechos de una persona, si ésta reclama, individual o colectivamente, el sistema actúa contra ella vulnerando descaradamente sus derechos con la finalidad de intimidarla para que deje de continuar exigiendo sus derechos, actuando como una mafia, según se desprende de las palabras de la mayoría de las víctimas del sistema judicial que en sus testimonios refieren amenazas, represalias tributarias y judiciales, despidos laborales, etcétera.
También es habitual que declaren un trastorno psiquiátrico inexistente a las víctimas que se quejan de la corrupción policial y judicial, como se hacía hace un siglo, hasta que una víctima consiguió que se promulgaran las primeras leyes que en España existen, pero tampoco suelen respetarse.
Estas represalias dan la razón a quienes afirman que tenemos un sistema criminal o mafioso, donde las autoridades públicas aprovechan la vulnerabilidad de sus víctimas y de quienes reclaman o denuncian la corrupción institucional sistémica, ensañándose contra ellas con la intención de destruirlas.
La Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ) califica a las autoridades judiciales españolas de “Delincuentes que actúan con la mayor DESFACHATEZ”, con ARBITRARIEDAD, CORRUPCIÓN e INTIMIDACIÓN, debido a su IMPUNIDAD e IRRESPONSABILIDAD (https://ausaj.org).
En otras palabras, lo ha expresado Andoni Gómez Corcuera, Secretario de la Junta Directiva de la Asociación Víctimas Judiciales en su videotestimonio disponible en http://www.victimasdelajusticia.es/videotestimonios/video/random/andoni-gomez:
«… me gustaría saber si hay alguien que me pueda decir por qué, en este país, cuando a un ciudadano se le juzga y se persigue injustamente, y ese ciudadano intenta demostrar la verdad, ¿por qué la justicia lejos de ayudar, facilitar que las cosas se aclaren, por qué pone todas las trabas posibles para hacerle la vida imposible a ese ciudadano, para amargarle la existencia y para, encima, que se pudra como una calamidad? Y me encuentro a fecha de hoy que los distintos estamentos que hay en este país para, supuestamente, que el ciudadano indefenso vaya a recurrir no sirven absolutamente para nada. Total, que a fecha de hoy me encuentro que se ha cometido una grave injusticia y que todo el mundo que ha intervenido en esta gran injusticia han coincidido en una gran mentira…».
En el mismo sentido se expresa el abogado Gabriel Ruiz García, Presidente de la Asociación Justicia para todos, en su website http://www.justiciaparatodos.org :
Nuestra experiencia es que la Audiencia Provincial de Palencia ratifica las sentencias de primera instancia sin más argumentación. Por lo tanto, iba a suponer más costas. Es suficiente con que no se cobre lo que le deben y además te pongan las costas de la primera y la segunda instancia.
Lo mismo afirma el abogado Ruiz sobre la Audiencia Provincial de Alicante.
Mi experiencia con la Audiencia Provincial de Madrid (APM) y la de Ávila (APAV) coincide con las afirmaciones del Sr. Ruiz, por lo que acuñé las expresiones: Profesionales del Encubrimiento de la Corrupción Institucional (PECIs) y Profesionales del Encubrimiento de la Presunta Delincuencia Institucional (PEPDIs) para calificar a siete magistrados de la APM, más preocupados por encubrir las descaradas resoluciones injustas en primera instancia que de cumplir la Ley.
En dos recursos de apelación interpuestos en 2015, directivos de la Asociación de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho, tuvimos que recusar la intervención de seis secciones penales de la Audiencia Provincial de Madrid (APM) por sus actuaciones contrarias a derecho. La APM tiene quince secciones por lo que recusamos a un 40 %; por ello, cabe preguntarse si puede afirmarse que la APM es una presunta banda criminal. Por si fuera poco, una de estas denuncias era contra cinco oficiales de la Guardia Civil y numerosos agentes. La otra denuncia era contra “catorce jueces, once fiscales (incluyendo la Fiscal Jefe) y a los secretarios judiciales de los Juzgados de Arganda del Rey (Madrid)”. En estos dos casos, el encubrimiento de la presunta delincuencia institucional es descarado. Lógicamente, denunciamos a los tres jueces y a los seis magistrados de la APM intervinientes. A última hora se añadió otra Sección de la APM.
Sobre los magistrados de los tribunales superiores, cabe destacar que el ex Juez Elpidio Silva afirmó que éstos saben lo que se les pide, es decir, encubrir la corrupción institucional que es la prioridad en todas las instituciones españolas.
Los Presidentes de las Audiencias Provinciales son, a su vez, Magistrados del Tribunal Supremo, por lo que existen intereses bastardos en la tramitación de los recursos extraordinarios en el Tribunal Supremo que provienen de las Audiencias Provinciales. Por ello, se puede afirmar que esta relación vulnera el derecho humano europeo a un Tribunal independiente e imparcial (CEDH 6.1). En España, no existen Tribunales independientes ni Tribunales imparciales.
Se aportan los siguientes testimonios de víctimas del sistema judicial:
1.- María Flora Villar Molina, Secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (página 122)
2.- Abogada Silvia Villullas (página 123 y 124).
3.- Caso Elena, Asociación Justicia para todos (página 125).
4.- Caso José Manuel, Asociación Justicia para todos (páginas 126 a 128).
5.- Caso Negur 2000, Asociación Justicia para todos (página 129).
6.- Caso Pinturas y Escayolas, Asociación Justicia para todos (páginas 130 y 131).
7.- Juez Elpidio Silva Pacheco, extracto “La justicia desahuciada” (página 132).
8.- Periodista Tomás F. Ruiz (páginas 133-150)
9.- Francisco Javier Marzal Mercader, Presidente de la Asociación de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (páginas 151 a 153).
El caso del neerlandés (holandés) Romano van der Dussen refleja el funcionamiento del sistema judicial español. La policía manipula las pruebas, el juez admite la manipulación y, a su vez, rechaza las pruebas que evidencian su inocencia para condenarlo. De esta forma mejora las estadísticas y acalla la alarma social que son las dos grandes preocupaciones de estos deleznables individuos. Después, los magistrados de la Audiencia Provincial, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, encubren la referida corrupción policial y judicial. Siete años después de la criminal condena, se sabía quien había sido el autor de los crímenes imputados, pero le mantuvieron en la cárcel seis años más para que prescribieran los referidos delitos policiales y judiciales. La propia víctima explica el resultado de la disfunción sistémica del Estado de derecho español: mis trece años de cárcel me han servido para saber que “las cárceles españolas están llenas de inocentes”. ¿Son más criminales las autoridades públicas españolas, incluyendo las policiales y las judiciales, o los presos? Su abogado explica el calvario judicial que ha padecido esta víctima policial y judicial (páginas 154-158).
El día 10 de mayo de 2015, el denominado “Pequeño Nicolás” por los medios de comunicación, en un programa televisivo tras describir la actuación criminal del Juez que instruye una sospechosa causa contra él, afirmó que no creía en la justicia. El Gran Nicolás está evidenciando la corrupción sistémica gubernamental, policial y judicial, acreditando las opiniones que dicen que España tiene un sistema corrupto, criminal o mafioso.
Además de este movimiento asociativo de las víctimas del sistema judicial, tres Asociaciones creamos, a primeros de 2015, la Federación por la Razón del Derecho con el objetivo de impulsar ciertos cambios legislativos que posibiliten acabar con la impunidad en el sistema judicial y para “impulsar el cumplimiento de las medidas anticorrupción propuestas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003”, que España se comprometió a adoptarlas, pero no lo ha hecho en todos estos años. Este movimiento asociativo se relaciona y complementa las famosas y numerosas asociaciones que defienden los derechos humanos, trabajando contra la violencia policial y la discriminación que son habituales en nuestra sociedad.
Por otro lado, como reacción a la corrupción sistémica institucional, apareció el movimiento social reivindicativo 15-M, del que la prensa internacional se hizo eco y donde se originó el partido político Podemos. En menos de un año, Podemos está desplazando al partido socialista PSOE a un segundo plano, acabando con el bipartidismo PP-PSOE, por primera vez desde hace más de 30 años. Podemos y Ciudadanos son dos partidos nuevos que están entre las cuatro formaciones políticas con mayor intención de voto, según las encuestas oficiales y no estaban representados en el Parlamento español durante las sesiones sobre el estado de la nación de 2015, dando la razón a quienes proclaman sobre La Casta que “no nos representan”.
Las estadísticas judiciales son demoledoras, en el informe del Consejo General del Poder Judicial “La justicia dato a dato”, sobre 2013 se dice lo siguiente:
- Asuntos resueltos en todas las jurisdicciones: 8.875.557
- Asuntos resueltos en la jurisdicción civil: 1.814.394
- Asuntos resueltos en la jurisdicción penal: 6.392.637
Jurisdicción civil
- Procedimientos ingresados por juez: 623,9
- Sentencias por juez: 178,4
- Procedimientos desestimados por juez (cálculo de cifras anteriores): 71,40 %
- Procedimientos civiles desestimados (cálculo de cifras anteriores): 295.580
Los procedimientos civiles requieren de abogado, por tanto cabe preguntarse ¿quién ha engañado a la víctima judicial que ha recurrido a esta jurisdicción: el abogado, el juez o ambos?
Jurisdicción penal
- Procedimientos ingresados por juez: 2.277,8
- Sentencias por juez: 258,2
- Procedimientos desestimados por juez (cálculo de cifras anteriores): 88,66 %
- Procedimientos penales desestimados (cálculo de cifras anteriores): 667.712
La mayor parte de estos asuntos son sobreseídos sin realizar ninguna investigación sobre lo denunciado, de forma ilegal, y no se notifica la resolución al denunciante, incumpliendo lo dispuesto por el instructor, que se queda en una completa indefensión ante la opacidad judicial y todo tipo de trabas en el juzgado donde no han cumplido la ley. El sistema judicial tiene un carácter disuasorio porque está al servicio de los intereses ilegítimos de La Casta, en lugar de estar al servicio de los ciudadanos como servicio público.
Si desestiman un caso penal por negligencia del abogado, los jueces tienen obligación legal de notificarlo al colegio de abogados y no lo hacen, por lo que es un sistema injusto y que victimiza. La mayoría de los asuntos penales se inician por denuncias y no se utilizan abogado. En los casos donde se utilizan abogados cabe preguntarse: ¿nos estafan los abogados o actúan delictivamente los fiscales y jueces encubriendo a los denunciados?
En resumen, la mayoría de los conflictos que judicializamos son desestimados sin llegar a sentenciarse. ¿Hemos tratado de engañar a los juzgados en estos 6.963.292 de casos civiles y penales? o por el contrario:
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Estas estadísticas evidencian que la mayoría de los fiscales y jueces actúan de una forma corrupta y presuntamente delictiva |
En el estudio sobre “Calidad y sostenibilidad de los servicios públicos” (2015) del Ministerio de Hacienda, se dice sobre la satisfacción con la administración de justicia: “Como se ha visto, este es sin duda el servicio peor valorado de los diez analizados, no sólo en los últimos años, sino que también lo era en la década de los 90.”
Por todo lo anterior, cabe considerar que la asociación ilícita es un delito habitual en las actuaciones de las autoridades públicas españolas. Precisamente por la presunta comisión de este delito, he denunciado a más de diez fiscales, a más de diez jueces, a más de siete secretarios judiciales, a varios oficiales y a varias decenas de agentes de la Guardia Civil, así como a una procuradora presuntamente asociada ilícitamente con un abogado para estafarme, probablemente para encubrir parte de las referidas actuaciones de la Guardia Civil.
En cuanto a los cuerpos policiales que también forman parte del sistema judicial, el 25 de abril de 2015, en un programa televisivo, el empresario Álvaro Pérez, más conocido como ‘El Bigotes’, dijo haber sido torturado cuando le detuvieron. Un periodista dijo que no creía que esas cosas pasaran en España, pero el famoso periodista Melchor Miralles afirmó que sí creía que El Bigotes había sido torturado, añadiendo que las torturas policiales son más habituales de lo que la gente cree, pero que las víctimas no se atreven a denunciarlas. Este mismo periodista, el 27 de abril de 2015 afirmó haber sido víctima de declaraciones policiales falsas. Como declaro en mi testimonio adjunto, yo mismo he sido víctima de tres detenciones ilegales, tortura, falsedad documental y falso testimonio de varios agentes de la Guardia Civil que actuaron como una mafia contra mí a mis cincuenta años, sin tener ficha policial ni haber sido denunciado nunca. Las actuaciones en mi contra han sido encubiertas, hasta la fecha, por varios fiscales y jueces corruptos, así como por jefes de la Guardia Civil, incluyendo al Director General, y por el Ministro del Interior. Por todo ello yo me pregunto sobre este cuerpo de seguridad nacional: ¿Fueron unas actuaciones delictivas o los cuerpos policiales son organizaciones mafiosas donde la delincuencia es impulsada por el Ministro del Interior y por sus dirigentes?
En el informe anual estadounidense sobre Derechos Humanos en España en 2014, se hace referencia a la falta de informes del Gobierno sobre asesinatos policiales, como los denunciados por Amnistía Internacional. Se dice que hubo maltrato policial, pero que los jueces, a veces, los encubren y que el informe de 2013 de la ONG Prevención de la Tortura reflejó que murieron 47 personas bajo custodia policial. En definitiva, reflejan que en España los derechos humanos son vulnerados, a menudo, por las autoridades policiales y encubiertas por La Casta (políticos) y por las autoridades judiciales. Lógicamente el encubrimiento de las actuaciones criminales desde las cúpulas políticas y desde el poder judicial impulsa la criminalidad policial, haciéndola habitual, de forma que podemos afirmar que los cuerpos policiales españoles son más parecidos a una mafia que a un servicio público.
“El Estado ha reconocido al Comité contra la Tortura [de la ONU] que de los 4.211 funcionarios denunciados penalmente entre 2009 y 2012, únicamente 29 acabaron condenados” (http://www.lamarea.com/2016/04/05/84200/)
Durante 2014, varias organizaciones no lucrativas solicitaron al Ministro del Interior que proporcionara estadísticas de la violencia policial y éste no responde. Recordemos que este individuo engañó a los españoles sobre las muertes en Ceuta, negando los hechos. Lógicamente con el encubrimiento de la violencia policial, La Casta impulsa a ella. El famoso periodista Jordi Évole, en su programa televisado el 15-2-2015 dejó en evidencia que la prioridad del Ministro es encubrir la violencia policial. Precisamente, ante las críticas en la Unión Europea, en 2015 se ha aprobado la llamada “Ley mordaza” para encubrir y fomentar la violencia policial.
El website jurídico legaltoday.com, publicó el 7-6-2016 en referencia a la Asociación Jueces para la Democracia en 2016, lo siguiente (página 159):
«Frente a ello es necesario romper judicialmente, pero también política y socialmente, la ignorancia y el secreto que sustentan y alimentan la tortura, que permanece entre nosotros gracias a estrategias de encubrimiento como la ocultación, el secreto y el desinterés hacia tan obscena realidad», afirma Jueces para la Democracia.
Esta asociación profesional de jueces recuerda además que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España «al menos en ocho ocasiones, la última en el caso Beortegui Martínez, de 31 de mayo de 2016, por no realizar una investigación judicial efectiva y en profundidad de las denuncias por torturas durante la detención incomunicada en materia de terrorismo», asegura.
«A Jueces para la democracia le duele profundamente esta nueva condena, que implica de modo directo a jueces y tribunales, a la garantía jurisdiccional que deben prestar para tutelar los derechos de las personas y someter a la legalidad a todos los poderes», añaden en el comunicado, donde precisan que España también ha sido condenada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mientras el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura «ha expresado su preocupación porque España no cumple con sus obligaciones en materia de prevención y persecución de la tortura».
El 21-4-2016, uno de los principales diarios españoles publicó: “Jueces de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, audiencias provinciales y tribunales superiores cobraron de Ausbanc por impartir charlas, conferencias y asistir al denominado Foro de la Justicia que organiza esta asociación desde 2010”. Desde hace años, numerosos medios de comunicación llevan mencionando este tipo de “sobornos” por parte de grandes empresas y de políticos, a los Magistrados de los altos Tribunales.
Unos días después (9-5-2016), ya en prisión el Presidente de Ausbanc, se publicó un artículo donde se afirmaba que esta mafia invitaba a jueces, fiscales y magistrados españoles, al mas famoso puticlub de Colombia como parte de un soborno. Este puterío judicial dio lugar a la operación policial denominada “Nelson”. Hace años, acusé a un Juez, en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de abandonar la guardia, probablemente para irse de putas, el Jefe de Atención Ciudadana me dijo que a veces los jueces tienen que ausentarse, pero no me dio explicación alguna sobre la causa de ese abandono de la guardia.
En un sistema corrupto, sus miembros se sienten intimidados por los compañeros, por otras instituciones y por sus jefes. Tienen miedo de perder su trabajo, pero la mayoría utiliza su poder institucional para obtener dinero y poder, de forma que al final todos se corrompen, en mayor o en menor grado, y se mantiene la corrupción sistémica.
La intimidación se extiende a los usuarios del servicio público de Justicia. Las autoridades del sistema judicial intimidan falseando descaradamente los hechos para que sus resoluciones parezcan justas, intimidan con injustas condenas en costas, intimidan con retrasos injustificados, intimidan encubriendo actuaciones criminales de otros funcionarios públicos, intimidan en los interrogatorios, intimidan con resoluciones injustas, intimidan con la opacidad en la tramitación de los asuntos, intimidan insultando a aquellos a quienes no dan la razón, intimidan archivando las quejas y reclamaciones. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, suelen inadmitir a trámite los recursos afirmando que no se han cumplido los requisitos para recurrir a dicha instancia; por ejemplo, diciendo que no se ha aportado alguna resolución o que se ha excedido el plazo para recurrir, en ambos casos siendo descaradamente falso.
La Constitución española de 1978, comienza su preámbulo aludiendo a la voluntad de la Nación española, siendo la segunda voluntad: “Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.”; sin embargo, la corrupción sistémica ha transformado el imperio de la ley en el imperio de las autoridades públicas, como los políticos, policías, fiscales y jueces, lo que supone la disfunción del Estado de derecho español. España tiene un peligroso Estado policial.
Las instituciones españolas, incluyendo al Ministerio Fiscal, al Consejo General del Poder Judicial, a los Juzgados y a los Tribunales, se han convertido en “fábricas de delincuentes y bandas criminales”. La impunidad con que actúan, derivada del encubrimiento sistemático de su propia corrupción, está fomentando la criminalidad del sector público, haciendo que pase de ser sistémica a ser sistemática. Las características de las autoridades policiales y judiciales son más propias de una banda mafiosa que de un servicio público de una democracia. Entre sus características destacan las siguientes: desprecio hacia la legalidad y hacia quienes no sean poderosos, arbitrariedad, autoritarismo, abuso de poder, intimidación, corrupción y criminalidad. Las autoridades policiales y judiciales españolas son indecentes, mezquinas, miserables y despreciables.
Los nuevos partidos políticos afirman que el problema de la disfunción judicial radica en su dependencia de los políticos; sin embargo, nada dicen de la corrupción legislativa ni de la jurisprudencia que ha corrompido todas las leyes y la práctica judicial. Sobre la corrupción legislativa debe decirse que proporciona impunidad a las autoridades públicas, incluyendo las policiales y las judiciales, con el objetivo de impulsar la corrupción, para tener un control absoluto sobre las autoridades policiales y judiciales. Lógicamente, haciendo que la corrupción sea la norma, cuando una autoridad judicial no obedece es fácil acabar con su carrera. De sobra conocidos, son los casos de los ex jueces Garzón y Elpidio Silva, ambos condenados como represalia por investigar la criminalidad institucional de las más altas instituciones españolas.
La corrupción judicial está completamente descontrolada. Los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo, encubren sistemáticamente la criminalidad de los fiscales, jueces y magistrados. No sería extraño que los policías, fiscales, jueces y abogados, estén ya subastando el resultado de los procedimientos judiciales.
El Estado de derecho español ha sido sustituido por un peligroso Estado policial. En España suelen mandar más los políticos que los jueces y que la policía, y todos ellos tienen más poder que las leyes que todos ellos incumplen habitualmente. En España, el imperio de la ley ha sido sustituido por el imperio de los dirigentes institucionales. En plena crisis, el destacado dirigente político Julio Anguita, dijo que si llegara a Presidente del Gobierno, su primer medida sería hacer cumplir la Constitución, en referencia a que en España las autoridades públicas no cumplen la ley, ni siquiera la Constitución.
El sistema judicial español es un buen exponente de la “violencia que ejerce el Estado”, expresión del Foro Social Mundial, el Foro Social Americano y el Foro Social Europeo, que impulsan a que nos organicemos en el sector social, para defendernos de las Administraciones Públicas.
La corrupción judicial es un hecho en todos los países del mundo, como está acreditando el movimiento internacional que creé en abril de 2016: www.corrupcionjudicial.org, www.stopjudicialcorruption.org. Desde que creé esta página me están hackeado este website, el de AVIPED, cambian las contraseñas de mis ordenadores para que no pueda utilizarlos y han modificado mis dosprogramascliente de correo electrónico para que no pueda replicar mis cuentas, ¿un tarado o especialistas del Ministerio del Interior español? Cuando registré la Federación por la Razón del Derecho, a mí y a mi círculo más cercano, nos tuvieron sin acceso a nuestros servidores de hotmail durante un par de horas y, desde entonces, funcionan con retraso porque probablemente los tengamos intervenidos. A otras víctimas judiciales les ha sucedido lo mismo.
A la corrupción institucional sistémica la denominé, hace años, abusocracia. En 2014, publiqué un PDF denominado: “De la democracia representativa a la abusocracia”, con un capítulo dedicado al caso Español que es, probablemente, el más avanzado.
Las instituciones españolas están instaladas en la corrupción
Francisco Javier Marzal Mercader
Presidente de la Asociación de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho
Presidente de la Federación por la Razón del Derecho
Creador del movimiento internacional STOP Corrupción Judicial
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