Huérfanos de referencias y de liderazgos ideológicos, nuestra nación asiste a un espectáculo que discurre por la senda de un bochorno sempiterno que degrada la credibilidad de nuestras instituciones.

La mayoría de los responsables políticos impregnan nuestras instituciones de intereses partidistas o ambiciones personales, en ausencia en muchos casos de sentido de estado.

Instituciones convertidas en meras partidas de póker en manos de concretos líderes que desarrollan una suerte de juego de componendas, alianzas y traiciones similar al que les llevó a la cúspide de sus respectivos partidos.

En el último año no sólo hemos asistido a una nueva repetición electoral ante la incapacidad de llegar a consensos con el consiguiente hartazgo de la ciudadanía, sino también a una frustrada y vergonzante renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), auspiciada por la ministra de Justicia Dolores Delgado que, continuando la senda de sus antecesores en el cargo, prefirió traicionar los principios, renegar de las reivindicaciones que ella misma apoyó en su anterior condición de fiscal y someterse a los dictados “de su partido” en pos de lograr un mejor futuro personal.

La “farsa política reeditada” fue jaleada sin el menor pudor por el senador Ignacio Cosidó, que, en base a una falacia (“controlar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”) mediante el reparto de cartas, defendía un inmenso engaño institucional ante los suyos.

En cualquier otro país, ambos habrían dimitido o sido cesados, en el nuestro siguen en sus cargos con los principios en estado de disolución.

Nuestro actual CGPJ es el fruto envenenado de una farsa política.

No hubo elección por las Cortes Generales, sino más bien una selección partidista cocinada por los líderes de cada partido que apadrinaron a los “elegidos”, en la mayoría de los casos con lazos familiares o personales con determinados cargos políticos o ex altos cargos del Estado.

La elección parlamentaria nunca existió, los diputados y senadores ni siquiera tuvieron ocasión de examinar a los candidatos al CGPJ, se limitaron a ratificar el reparto precocinado.

A ninguno le importó el clamor de la carrera judicial, la STC 108/86 ni las exigencias de Europa y de GRECO que determinaban con meridiana claridad que los 12 vocales judiciales del CGPJ debían ser elegidos por y entre los jueces, como medio más adecuado para garantizar la independencia judicial y evitar injerencias políticas en el órgano de gobierno de la judicatura.  

No cabe duda de que nuestros Jueces y Magistrados son independientes, tampoco que el Poder Judicial ha sido el único poder del Estado que ante graves desafíos separatistas y ante lacras políticas de corrupción, ha sostenido (en ausencia del resto de poderes) nuestro Estado de Derecho con escasez de medios materiales pero también con rotunda eficacia y sirviendo de manera firme a la función que le es propia, como garantes de la legalidad y de los derechos de todos con plena independencia.

Ese reconocimiento no obsta a la necesidad de denunciar el persistente ataque político a la independencia judicial, tratando de interferir en la designación de los miembros del CGPJ que tiene funciones que afectan al núcleo esencial de la carrera judicial (nombramientos discrecionales, régimen disciplinario y estatutario de jueces/as y magistrados/as).

Con un apetito voraz e insaciable en el último intento de acuerdo programático PSOE-Podemos, se apuntaba ya a la forma de acceso a la carrera judicial.

Mediante una fórmula ambigua se pretendía abrir la puerta para distorsionar el sistema de acceso y poder interferir en el mismo.

De lograrse estaríamos ante la muerte de “la carrera judicial” y ante el triunfo de los más esenciales postulados contrarios a la separación de poderes.

Tampoco debe pasarse por alto la denuncia respecto a ese reducido número de magistrados/as que han preferido aprovechar el sistema para hacer “carrera judicial” bajo el paraguas del apadrinazgo o amiguismo , diseñando una red de cadena de favores que afecta en casos concretos (no en todos), a la designación de altos cargos de la Judicatura , a la elección de puestos administrativos del CGPJ de designación discrecional o incluso en ocasiones a la cobertura de plazas de concursos reglados (mediante criterios de oportunidad temporal a la hora de sacar a concurso plazas) o de otorgamiento de comisiones de servicio.

El Tribunal Supremo ha evidenciado varias veces tales prácticas, revocando acuerdos de nombramientos de altos cargos por falta de motivación o incluso decisiones sobre plazas a sacar o reservar en concretos concursos.

El actual presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes Serrano, debe su cargo a esa farsa institucional que, tras su consumación, defendió afirmando en una entrevista en el diario El País que se fundamentaba en la soberanía nacional.

Omitiendo la realidad de la que es plenamente conocedor, y también que él mismo formó parte de una comisión institucional para la elaboración de una propuesta de texto articulado de Ley Orgánica del Poder Judicial y de Ley de Demarcación y de Planta Judicial (resolución de publicación de 8 de marzo de 2012, documento BOE-A-2012-3569).

Dicha comisión tenía como encargo la formulación de una propuesta de texto legislativo para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y propiciar que los 12 vocales judiciales fuesen elegidos por los jueces.

En una suerte de amnesia, olvidó también que fue él quien diseñó la configuración presidencialista del Consejo General del Poder Judicial, alejada de la naturaleza de órgano colegiado y que ha generado la propia denuncia de actuales vocales del CGPJ que han criticado el perfil autoritario de su Presidente.

Tras la traición del Gobierno de Mariano Rajoy y del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón a su propio programa electoral, se desconocen oficialmente los trabajos de dicha comisión, si se elaboró o no algún texto articulado o si alguno de sus miembros trabajó en la sombra para rediseñar las reglas de un juego del que ellos asegurarían rotundos éxitos profesionales y que fuese acorde con el nuevo giro gubernamental.

RÉDITOS PERSONALES

Lo que sí se conoce son los “casuales” réditos personales obtenidos por alguno de sus miembros.

Joaquín Vives de la Cortada fue secretario general del CGPJ, Antonio Dorado alcanzó la secretaría general de la Administración de Justicia, Carlos Lesmes la Presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ, Juan Damián Moreno fue propuesto por Ruiz-Gallardón el 2 de diciembre de 2013 para cubrir una de las tres vacantes que corresponden a España para formar parte como juez «ad hoc» en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Antonio Álvarez-Buylla Ballesteros fue nombrado suplente por el Partido Popular en la lista de candidatos a vocal del CGPJ correspondiente al Senado.

Capítulo aparte por el notorio nepotismo que significaron sus nombramientos fue el caso de Luis María Díez Picazo y Fernando Román.

Ambos con una amistad íntima con el presidente del CGPJ, el primero obteniendo la Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, tras la no renovación de José Manuel Sieira con episodios como la nefasta gestión de la deliberación sobre el sujeto pasivo del IAJD que ocasionó un notorio desprestigio a la imagen del Supremo.

El segundo encarnando “el pasteleo” por antonomasia en el acceso a cargos de libre designación.

Román como secretario de Estado de Justicia del ministro Ruiz-Gallardón codiseñó el sistema de elección política del CGPJ que auparía al señor Lesmes Serrano a la Presidencia. 

Contribuyó de manera decisiva a la configuración de un órgano con marcado carácter presidencialista.

Una vez reingresado en la carrera judicial, su amigo aupado a la Presidencia del CGPJ tendría ocasión de devolverle el favor en el juego de apoyos e intercambio de cromos que en ocasiones se convierte la designación de magistrados del Supremo por el CGPJ, según los candidatos que concurran.

Las ficciones sobre abstenciones presidenciales no ocultan el desarrollo del juego tras las cortinas de Marqués de la Ensenada.

En determinadas comparecencias parlamentarias el actual presidente del Supremo (director general de Relaciones con la Administración de Justicia –entre 2000 y 2004– y director general de Objeción de Conciencia –1996-2000– en el Gobierno de José María Aznar; ocho años en total) culpó a las asociaciones judiciales de la politización del CGPJ y resaltó que desde que llegó al CGPJ habían “abierto puertas y ventanas” para que la luz entrase e iluminase de transparencia cada actuación del CGPJ.

No cabe mayor ejercicio de cinismo.

QUE TODO CAMBIE PARA QUE TODO SIGA IGUAL

Las referidas afirmaciones aparte de tratar de ocultar en vano el devenir de los acontecimientos supusieron un ejercicio de gatopardismo lampedusiano, “cambiemos todo para que todo siga igual”.

La “transparencia” del CGPJ puso de manifiesto la absoluta opacidad de la política de nombramientos de altos cargos judiciales.

Ni se motivan suficientemente los nombramientos mediante la comparación de méritos de los candidatos concurrentes, ni se explicitaban las razones de la selección de ternas en cada plaza, ni existía un criterio objetivo invariable en cuanto la determinación de los requisitos que los candidatos debían tener para concurrir a cada plaza.

Incluso se hizo por concretos miembros del CGPJ (cercanos al Presidente) un uso espúreo de las potestades disciplinarias y de las facultades de inspección para tratar de acallar voces críticas, que supuso un notorio ridículo para la institución.

A la par que el CGPJ trataba de presumir de transparencia, hacía caso omiso a la solicitud de las asociaciones judiciales para que se elaborase un mapa de vacantes judiciales tras obligar en Diciembre de 2015 el Tribunal Supremo al CGPJ a ofertar una plaza vacante que se negaba a publicar en los concursos de traslado en trámite en aquel momento.

En un nuevo giro lampedusiano se reformó el artículo 326 de la LOPJ, estableciendo que los concursos para altos cargos de la judicatura se resolverían a partir de unas bases, aprobadas por el CGPJ, que establecerían de forma clara y separada cada uno de los méritos que se iban a tener en consideración.

La reforma y las sucesivas bases que pretendían aparentar una supuesta mayor transparencia, no ha dejado de ser un mero maquillaje para que todo siga igual.

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ha denunciado de manera reiterada los pactos e “intercambios de cromos”, la falta de motivación suficiente que se producen en el nombramientos de concretos altos cargos de la judicatura.

Es cierto que no son todos, pero también es cierto que cuando un candidato concurre con otros que tienen especiales lazos de amistad o afinidad con concretos vocales o con el presidente, sus posibilidades de ser elegidos pese a tener mayores méritos se reducen de manera proporcional al nivel de apadrinazgo del “elegido”.

Y dichas posibilidades son aún menores cuando la plaza a la que optan, se resuelve de manera sucesiva con otras plazas donde concurran candidatos agraciados con una especial relación con un concreto vocal o presidente.

LA REALIDAD EN LA QUE VIVIMOS

En esos casos, el intercambio de cromos despliega toda su eficacia.

¿Se imaginan ustedes un tribunal cuyos miembros decidiesen absolver o condenar a alguien no en base a razonamientos jurídicos o valoración de la prueba, sino en función de pactos entre los magistrados para obtener la mayoría necesaria en otros casos distintos al que en ese momento es objeto de enjuiciamiento?

¿Se imaginan que su juicio dependiese de los pactos a los que llegasen los magistrados para absolver o condenar a otro justiciable?

Esa situación que es impensable en el desarrollo de la función jurisdiccional, es la que se produce en ocasiones en el órgano de gobierno de la judicatura. «Apoyaré a tu candidato en ésta plaza, si tú a su vez apoyas al mío en la cobertura de otras plaza».

Mercadeo en toda su extensión a costa de laminar los principios de mayor mérito y capacidad.

No son todos los nombramientos, pero basta con que se produzca en uno sólo de ellos para que la transparencia sea demolida.

No se trata de que los nombrados no tengan una trayectoria profesional dilatada ni que no tengan prestigio jurídico, sino que en muchas ocasiones el mayor mérito de otros candidatos fundado en criterios objetivos es postergado por un privilegio de apadrinazgo o amistad o por mero juego de mercadeo en pasillos de Marqués de la Ensenada.  

En esa realidad en la que vivimos deben saber quienes desde sus atalayas políticas tratan de atacar la independencia judicial o quienes tratan de aprovechar el sistema para lograr réditos profesionales, que la inmensa mayoría de la carrera judicial es distinta, que muchos no vamos a callar ni a rendirnos, que sobreviviremos a la amenaza política durante años, si fuera necesario toda una vida, hasta que un nuevo mundo parlamentario dé un paso al frente en rescate y liberación del CGPJ.

 Esa es la determinación que nos exige nuestra nación, defenderemos nuestra patria y nuestro Estado de Derecho sin silencios ni miedo a represalias disciplinarias, con una creciente  confianza en los ideales y principios, le pese a quien le pese y nos cueste lo que nos cueste.

Venceremos en una espiral de idealismo imperturbable e inagotable.