[1] La Constitución no es el problema

Por AUSAJ

No sería justo negar a la Constitución Española esa especie de carácter de tratado de paz en el que todas “las Españas” renunciaban a algo con la idea de obtener un bien superior. En ese aspecto, y a 40 años vista, resulta envidiable o difícil de comprender aquella disposición política al pacto, al acuerdo que hoy parece impensable.

En la España del 78 latía un corazón necesitado de libertad, esperanzado, ilusionado, aunque puede que también autoengañado. Los que vivimos aquel tiempo no podemos olvidar que el dictador murió en la cama y que todo indica que aquel discurso de la navidad de 1969 en el que Franco presumía ante toda la nación de tenerlo todo “atado y bien atado” resultó ser cierto.

Es cierto que aquella constitución trajo aires nuevos para los de abajo. En el pacto se había acordado que los de arriba mirarían hacia otro lado respecto a lo que pasaba en la cubierta, siempre y cuando siguieran siendo ellos quienes manejaran el timón. Un control que la monarquía les garantizaba, como ese licor oculto en el bombón que a unos encanta, a otros sorprende y otros detestan. Sí, aprendieron con el tiempo que las siglas no son relevantes, lo verdaderamente importante es el control.

Han pasado ya 40 años. Podríamos hablar ya de los 40 años posteriores a los 40 años anteriores y hacer un balance.

De que España ha mejorado no cabe duda alguna, pero hay una realidad que no se puede dejar de lado con este simple argumento. Según el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2018, la población española era de 46.659.302 habitantes, de los que 4.572.055 son extranjeros. Lo que nos deja un total de 42.087.247 de ciudadanos con nacionalidad española.

De esa cifra, 33.740.865 son personas menores de 57 años, es decir, personas que no pudieron ejercer su derecho al voto el 6 de diciembre de 1978. De modo que una inmensa mayoría social de este país no hemos votado esta Constitución que de igual modo nos obliga a todos.

Tras los últimos resultados electorales en Andalucía, parece deducirse que la España de hoy no es exactamente la que los españoles quieren, aunque todo indica que cada español parece tener una idea distinta de España.

La Constitución, salvo en los Derechos Fundamentales recogidos en los artículos 14 a 30, de aplicación directa,  se basa en las leyes orgánicas y ordinarias para su desarrollo, para su efectividad diaria,  y esas leyes -también las Orgánicas (Artículo 81 Constitución: 1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto), no lo olviden,  son aprobadas por los Diputados en el Parlamento Nacional.  Ese que elegimos entre todos y al que llevamos a Diputados como estos: 

 

 

 

 

¿Donde está en realidad el problema de fondo? ¿En una Constitución que garantiza los Derechos Fundamentales esenciales, de acuerdo a todos los textos internacionales? ¿O en las decisiones legislativas de nuestros parlamentarios y la aplicación e interpretación diaria que de la misma es efectuada diariamente en los Tribunales de todo el país? ¿Qué resulta más apremiante? ¿»Modernizar» la Constitución o resolver los problemas de indefensión, de asistencia médica, de falta de vivienda y recursos que se nos agudizan a cada instante por mor de unas leyes injustas? Para nosotros la respuesta está clara. Lo demás, son desviaciones de atención. 

Y ejemplo concreto de lo que decimos se produce con el caso del articulo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El articulo 24 de nuestra Constitución garantiza el Derecho Fundamental a la Tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión. Sin embargo, la reforma legislativa del 2015 introdujo el texto del actual articulo 324 de la ley que regula el proceso penal, que limita el tiempo de investigación judicial a seis meses. Si el Juez no investiga en ese plazo se acabó el proceso (salvo excepciones contadas, cuyo análisis excede de nuestro propósito). Y esta decisión legislativa, que en nuestra opinión va en contra de la Constitución, del Derecho de Tutela judicial efectiva, supone que múltiples causas, como el de las agresiones sexuales sufridas por las Temporeras, pretendan ser concluidas sin llevar a cabo más investigación que la declaración de las partes, precisamente como consecuencia del limite legal de seis meses, que el Juez de Instrucción se niega a ampliar a pesar de las peticiones de las acusaciones -tanto pública como particular. 

Lean el excelente articulo que sobre el sangrante texto del articulo 324 les ofrecemos en ultimo lugar en el post de hoy. 

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Sumario: 

[1] La Constitución no es el problema, por AUSAJ 

[2] Constitución  Española (texto de los articulos en formato video enlazados a «El Pais«) 

[3] Elogio de la complejidad, por Joan Coscubiela

[4]  Tres años después: crónica de un desastre judicial anunciado, por Teniente Kaffe

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[2]  Constitución Española 

Preámbulo >

Título preliminar

• Artículo 1
• Artículo 2
• Artículo 3
• Artículo 4
• Artículo 5
• Artículo 6
• Artículo 7
• Artículo 8
• Artículo 9

Título I. De los derechos y deberes fundamentales

• Artículo 10

Capítulo primero. De los españoles y extranjeros

• Artículo 11
• Artículo 12
• Artículo 13

Capítulo segundo. Derechos y libertades

• Artículo 14

Sección 1ª. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

• Artículo 15
• Artículo 16
• Artículo 17
• Artículo 18
• Artículo 19
• Artículo 20
• Artículo 21
• Artículo 22
• Artículo 23
• Artículo 24
• Artículo 25
• Artículo 26
• Artículo 27
• Artículo 28
• Artículo 29

Sección 2ª. De los derechos y deberes de los ciudadanos

• Artículo 30
• Artículo 31
• Artículo 32
• Artículo 33
• Artículo 34
• Artículo 35
• Artículo 36
• Artículo 37
• Artículo 38

Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica

• Artículo 39
• Artículo 40
• Artículo 41
• Artículo 42
• Artículo 43
• Artículo 44
• Artículo 45
• Artículo 46
• Artículo 47
• Artículo 48
• Artículo 49
• Artículo 50
• Artículo 51
• Artículo 52

Capítulo cuarto. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales

• Artículo 53
• Artículo 54

Capítulo quinto. De la suspensión de los derechos y libertade

• Artículo 55

Título II. De la Corona

• Artículo 56
• Artículo 57
• Artículo 58
• Artículo 59
• Artículo 60
• Artículo 61
• Artículo 62
• Artículo 63
• Artículo 64
• Artículo 65

Título III. De las Cortes Generales

Capítulo primero. De las Cámaras

• Artículo 66
• Artículo 67
• Artículo 68
• Artículo 69
• Artículo 70
• Artículo 71
• Artículo 72
• Artículo 73
• Artículo 74
• Artículo 75
• Artículo 76
• Artículo 77
• Artículo 78
• Artículo 79
• Artículo 80

Capítulo segundo. De la elaboración de las leyes

• Artículo 81
• Artículo 82
• Artículo 83
• Artículo 84
• Artículo 85
• Artículo 86
• Artículo 87
• Artículo 88
• Artículo 89
• Artículo 90
• Artículo 91
• Artículo 92

Capítulo tercero. De los Tratados Internacionales

• Artículo 93
• Artículo 94
• Artículo 95
• Artículo 96

Título IV. Del Gobierno y de la Administración

• Artículo 97
• Artículo 98
• Artículo 99
• Artículo 100
• Artículo 101
• Artículo 102
• Artículo 103
• Artículo 104
• Artículo 105
• Artículo 106
• Artículo 107

Título V. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

• Artículo 108
• Artículo 109
• Artículo 110
• Artículo 111
• Artículo 112
• Artículo 113
• Artículo 114
• Artículo 115
• Artículo 116

Título VI. Del Poder Judicial

• Artículo 117
• Artículo 118
• Artículo 119
• Artículo 120
• Artículo 121
• Artículo 122
• Artículo 123
• Artículo 124
• Artículo 125
• Artículo 126
• Artículo 127

Título VII. Economía y Hacienda

• Artículo 128
• Artículo 129
• Artículo 130
• Artículo 131
• Artículo 132
• Artículo 133
• Artículo 134
• Artículo 135
• Artículo 136

Título VIII. De la Organización Territorial del Estado

Capítulo primero. Principios generales

• Artículo 137
• Artículo 138
• Artículo 139

Capítulo segundo. De la Administración Local

• Artículo 140
• Artículo 141
• Artículo 142

Capítulo tercero. De las Comunidades Autónomas

• Artículo 143
• Artículo 144
• Artículo 145
• Artículo 146
• Artículo 147
• Artículo 148
• Artículo 149
• Artículo 150
• Artículo 151
• Artículo 152
• Artículo 153
• Artículo 154
• Artículo 155
• Artículo 156
• Artículo 157
• Artículo 158

Título IX. Del Tribunal Constitucional

• Artículo 159
• Artículo 160
• Artículo 161
• Artículo 162
• Artículo 163
• Artículo 164
• Artículo 165

Título X. De la reforma constitucional

• Artículo 166
• Artículo 167
• Artículo 168
• Artículo 169

Disposiciones adicionales (1ª a 4ª)

• Disposiciones adicionales 1
• Disposiciones adicionales 2
• Disposiciones adicionales 3
• Disposiciones adicionales 4

Disposiciones transitorias (1ª a 9ª)

• Disposiciones transitorias 1
• Disposiciones transitorias 2
• Disposiciones transitorias 3
• Disposiciones transitorias 4
• Disposiciones transitorias 5
• Disposiciones transitorias 6
• Disposiciones transitorias 7
• Disposiciones transitorias 8
• Disposiciones transitorias 9

Disposición derogatoria >

Disposición final >

 

Fue una de las reivindicaciones de la pasada huelga de jueces y fiscales del 19 de noviembre. Particularmente, por parte de los fiscales, ya que mayoritariamente sufren mucho más sus efectos, al tratarse de un cuerpo especializado fundamentalmente en el campo penal. De los jueces, sólo los de ese orden sufren sus efectos, y de entre ellos, únicamente los de instrucción, por lo que el porcentaje de afectados directamente disminuye.

Estamos hablando, como pueden imaginar, del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según su redacción introducida por Ley 41/2015, de 5 de octubre. Sin duda, una de las muestras más palpables del nefasto legado que dejó El Pacificador al frente de la cartera de Justicia.

Entró en vigor un ominoso 6 de diciembre de 2015, día de la Constitución, para mayor oprobio. No sólo por la efeméride, sino porque, al caer en un puente festivo, suponía de entrada varios días menos de plazo.

Recordemos: al igual que el ayuntamiento que prohibió morirse a sus habitantes, por falta de espacio en el cementerio municipal, el Ministerio de Justicia cayó del guindo y se dio cuenta, oh sorpresa, de que las causas penales tardan en instruirse.

Cualquier responsable ministerial que hubiera pasado más de dos semanas trabajando en un órgano judicial, como es el caso de la actual titular, sabría las causas, y que las soluciones son difíciles de implementar. Pero claro, estamos hablando de un ministro cuyo bagaje curricular es una oposición de acceso al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Es decir, un logro encomiable, pero que implica cero experiencia en materia judicial. Lo cual no obsta para que la generosidad del régimen de incompatibilidades de diputados y senadores le haya permitido fichar por un prestigioso bufete de abogados, lo que no deja de ser un patrón repetitivo, a la vista de sus antecesores.

¿Y cuál fue la revolucionaria decisión que se implementó a través de esta reforma legislativa? Pues que las causas en instrucción tuvieran un plazo limitado, de seis meses, concretamente. Ojo, tal y como disponía la ley de reforma, sin ningún tipo de asignación presupuestaria en materia de personal o medios. O sea, comitre al frente, se incrementa el ritmo de latigazos y que los galeotes de la Administración de Justicia remen más rápido. Como si eso bastase. Cuando tienes un sistema de exhortos tan antediluviano que hace perder varios meses sólo para localizar, citar y tomar declaración a un investigado o testigo que viva fuera del partido judicial, se puede trabajar hasta la extenuación, que la cosa va a ir igual. De mal.

Pero eso importaba bien poco en el Ministerio. De hecho, un subalterno del Señor de las Apuestas llegó a reclamar que algún fiscal tuviera los bemoles de decirle que el sistema funcionaba mal. Por supuesto, ante los cientos de brazos que se alzaron, prestos a explicarle al susodicho las razones del sinsentido, éste miró hacia otro lado y dijo: “¿Ven? nadie”.

Pero, ¿por qué traemos a colación este asunto otra vez? Pues verán, el texto del artículo 324, bien consciente de que las causas más nimias pueden llevar a un retraso considerable, contemplaba la figura de las “causas complejas”. Para estas, se establecía un plazo de dieciocho meses, en lugar de los seis iniciales. De hecho, una causa simple podía ser transformada en “compleja” por causas sobrevenidas, siempre que se solicitase antes del transcurso de los seis primeros meses. 

¿Y qué pasa cuando se agotan los dieciocho meses de complejidad? Pues que se podía pedir una única prórroga, por el mismo periodo de tiempo. Es decir, treinta y seis meses, tres años de instrucción. Conocen de sobra el tiempo que llevó la instrucción de la causa Gürtel, o el caso Nóos, o cualquiera de las interminables causas de corrupción urbanística que campan por los juzgados de España. Con eso no da para casi ni para empezar con las comisiones rogatorias a Suiza.

En cualquier caso, esos treinta y seis meses, aplicables con retroactividad a todas las causas abiertas a 6 de diciembre de 2015, terminan indefectiblemente el próximo y cercano 6 de diciembre de 2018. El próximo día de la Constitución, para escarnio del artículo 24, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, un porrón de diligencias pendientes quedarán fuera de plazo y no se podrán pedir. Ello abocará, ante la falta de pruebas, al sobreseimiento o absolución de otros tantos procedimientos penales que podían haber terminado con una condena suficientemente fundamentada. Es decir, a la impunidad.

O no, porque la técnica legislativa es tan desastrosa que hay jueces que entienden que, tras el primer plazo, cabe la fijación de un periodo máximo superior. Y otros que consideran esos plazos del 324 como “impropios”. No confundamos términos jurídicos con coloquiales, desde luego que es impropio de cualquier Estado de Derecho que se pueda llegar a la impunidad de un delito porque no hay tiempo ni medios para investigar en condiciones. Pero la diferencia, en términos jurídicos, entre plazo “propio” e “impropio” es otra: los plazos propios son aquellos que se consideran preclusivos, es decir, que cierran el paso a una actuación posterior. Por ejemplo, el plazo para presentar un recurso es preclusivo, y si se presenta una vez transcurrido éste, no se admite a trámite. En cambio, el plazo para presentar escrito de acusación por parte del Ministerio Fiscal es impropio, porque la Fiscalía es una parte necesaria del proceso penal, y no puede ser expulsada por un simple retraso de tramitación.

Pero bajemos del pedestal jurisprudencial a la triste realidad de la política. Tras el cambio de Gobierno propiciado por la moción de censura, una de las promesas del Ejecutivo entrante fue dejar sin efecto el dichoso artículo. No obstante, y en un ejercicio vergonzoso de filibusterismo parlamentario, Ciudadanos y Partido Popular llevan cincuenta y cuatro solicitudes de ampliación de plazo para introducir enmiendas al texto legislativo.