Nuestro ideal es fuerte en la medida en que podemos considerarlo como parte integrante de nuestro ser. Además, es cierto que no lo elegimos, sino que él nos elige. Herencia, educación, medio, época nos determinan; somos responsables de muy poco.
POLÍTICA Y METAFÍSICA
¿Puede estarse convencido de la necesidad y beneficencia de lo que se llama grosso modo “el socialismo”? Sí. ¿Por ello tendrá uno que ser marxista? No. ¿Puede admitirse una política de extrema izquierda? Sí. Por ello, ¿tendrá que admitirse la “metafísica” de la extrema izquierda? No.
Transformar la propiedad, renunciar a toda conquista y a toda colonización, hacer del trabajo un derecho y un deber, ¿por qué no? Pero molesta mucho si exigen por ello que se crea en el progreso, en la razón y en la ciencia, en el sentido que los hombres del siglo XIX dieron a esas palabras.
Antes, conviene disociar ideas, con el fin de asociar los corazones. He aquí algunas disociaciones:
La difusión de la enseñanza no va siempre a la par con el progreso de la cultura. Las masas son cada vez más ilustradas, pero las luces son cada vez más débiles. Las ideas cortas y simplistas tienen más éxito que las otras. Los hombres cultos tienen cada vez menos contemporáneos. Por poco que ponga en tela de juicio ciertas ideas generales y optimistas (demasiado generales y optimistas), usted pasa por un bebedor de sangre.
Una vez más, no negamos que el espíritu revolucionario del marxismo no haya suscitado grandes hombres y grandes cosas; todo lo contrario. Nuestro cometido consiste simplemente en demostrar su insuficiencia teórica. Negamos su validez como dogma.
Desarrollaba en mi mente estas ideas, cuando se me ocurrió entrar a una imprenta donde estaban componiendo un libro mío. Dos tipógrafos me preguntaron “cuáles eran mis ideas”. “Estoy con ustedes”, les dije. Uno de ellos prosiguió: “¿Por qué, usted, intelectual, no hace política? ¿Por qué no figura en las organizaciones?”. Y yo: “Porque no creo en lo que ustedes creen, o en lo que se les manda creer”.
¿POR QUÉ NO ME INSCRIBO EN EL PARTIDO MARXISTA?
Si me inscribo en el partido, también tengo que aceptar proposiciones como ésta:
“La religión y la filosofía se componen de reliquias –lo que llamaríamos hoy en día estupideces- que vienen de la prehistoria… La historia de las ciencias es la eliminación progresiva de estas estupideces”(Engels).
“No hace falta mucha sagacidad para constatar que el materialismo, en sus teorías de la bondad original y de las iguales dotes de inteligencia en los hombres, del poder absoluto de la experiencia, de la costumbre, de la educación, de la influencia de las circunstancias exteriores en el hombre, de la gran importancia de la industria, de los mismos derechos al goce, etcétera, está necesariamente vinculado al comunismo y al socialismo”(Marx).
He de creer que el pensamiento es el producto del cerebro, que “el mundo material, perceptible por los sentidos, del que formamos parte nosotros mismos, es la única realidad; y que nuestra conciencia y nuestro pensamiento, con todo lo trascendentes que nos parezcan, no son sino los productos de un órgano material, corporal: el cerebro. La materia no es un producto del espíritu, sino que el espíritu mismo es el producto superior de la materia”(Engels, resumiendo y alabando a Feuerbach)
He de creer, por encima de todo y antes que nada, pues esto es la piedra angular del materialismo histórico, que “el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, política e intelectual en general”(Marx). Ahora bien, todavía vemos hoy en día ejemplos evidentes de la relación inversa. Fuese Dios, o cualquier otro ideal, podríamos hallar muchos casos más en los que, contrariamente a la célebre fórmula de Marx, es la conciencia de los hombres la que determina su ser y no el ser social el que determina su conciencia.
¿Quiere decir esto que la doctrina de Karl Marx no tiene importancia? Evidentemente no, ya que aclaró hechos también incontestables. Pero protestamos contra el abuso que se está haciendo de esa doctrina, aplicándola a terrenos donde no se encuentra a sus anchas.
* * *
JEAN GRENIER, Sobre el espíritu de ortodoxia, 1936. Monte Ávila Editores, 1969. Versión castellana: Pierre de Place. Filosofía Digital, 2006
El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha dirigido reiterados reproches a nuestro país por la configuración partidista del CGPJ
Eso no significa que los magistrados que llegan al Tribunal Supremo no estén cualificados, ni que se presten necesariamente a los intereses partidistas
Pero el sistema no está diseñado para elegir a los mejores, sino a quienes prefiera el poder político
El presidente del CJPJ, Carles Lesmes, saluda a Manuel Marchena durante su toma de posesión como presidente de la Sala de lo Penal del Supremo EFE/SERGIO BARRENECHEA
La justicia no solo debe actuar imparcialmente, sino que además ha de parecer que lo hace. Sin embargo, se están reiterando episodios que evidencian las potenciales presiones externas sobre nuestros altos tribunales, a causa de una configuración estructural peligrosamente vinculada a los intereses del poder político. La gestión del Tribunal Supremo en el impuesto de las hipotecas ha sido un inquietante ejemplo. Y los males de nuestro frágil sistema de separación de poderes se han visto confirmados con el reciente anuncio de un nuevo pacto entre los principales partidos para repartirse por cuotas los cargos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y para designar al presidente del Tribunal Supremo.
El CGPJ es el órgano de gobierno de la judicatura. Cuenta con importantes atribuciones, como la designación de los magistrados del Tribunal Supremo y de otros cargos judiciales de indudable relevancia. También ejerce las competencias que le permiten premiar y castigar a los jueces. Y dispone de facultades para integrar provisionalmente juzgados y tribunales. Por ello, se trata del máximo garante de la independencia judicial, lo cual habría de resultar incompatible con la instrumentalización política de su funcionamiento.
Esta configuración partidista de nuestra cúpula judicial ha sido cuestionada reiteradamente desde las instituciones europeas. La separación de poderes implica la existencia de frenos, contrapesos y espacios de vigilancia institucional. Esos equilibrios buscan evitar los abusos de poder que pueden producirse si la judicatura queda supeditada al poder político.
Por ello, la Carta Europea sobre el Estatuto del Juez, aprobada por el Consejo de Europa, indica que los consejos de la judicatura son organismos independientes de los poderes ejecutivo y legislativo, integrados al menos en la mitad de sus miembros por “jueces elegidos por sus pares” (y no por el parlamento, que designa a los miembros restantes). Dicha disposición ha sido desarrollada por diversas recomendaciones del Comité de Ministros y del Consejo Consultivo de Jueces Europeos. Este sistema mixto es el existente en los 20 países europeos que cuentan con consejo de la judicatura, con excepción de España. Del mismo modo, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha dirigido reiterados reproches a nuestro país por la configuración partidista del CGPJ y por no basar en criterios objetivos el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo y de otros órganos judiciales.
Este criterio europeo sobre separación de poderes se incorporó en 1978 al espíritu de la Constitución. Pero se modificó en 1985 por el gobierno socialista, a causa de la desconfianza que le generaba una judicatura que todavía tenía conexiones con el franquismo. Esta secuela de nuestra Transición nos seguirá acompañando hasta que seamos capaces de corregirla. Al dejar el gobierno de la judicatura en manos de los políticos, con el tiempo el remedio ha acabado resultando peor que la enfermedad. Los sucesivos gobiernos han ido aprovechando crecientemente las ventajas del control sobre la justicia. Resulta significativa la promesa del PP en las elecciones generales de 2011 de implantar el sistema mixto que se sigue en Europa, fácil de aplicar tras la obtención de la mayoría absoluta; dicho compromiso fue rápidamente aparcado por el ex ministro Gallardón, al comprobar los beneficios partidistas de mantener e incluso empeorar el sistema.
Esa excepcionalidad europea de la cúpula judicial española se ha intentado justificar con dos argumentos principales. En primer lugar, con la alegación de que son los representantes democráticos quienes deben diseñar un poder del estado, en contraste con el corporativismo que supondría que los jueces lo integraran. Quienes alertan de los riesgos de corporativismo judicial olvidan que nadie en España defiende un gobierno de la judicatura elegido exclusivamente por jueces. Lo que se reclama es un sistema mixto como el de los países europeos, que garantice los equilibrios institucionales, evite los abusos de poder e impida las injerencias partidistas en la justicia. Además, el principio democrático no puede trasladarse directamente a la justicia, por su propia funcionalidad, que consiste en controlar a otros poderes del estado. Es tan absurdo como pretender que un juicio por corrupción contra un cargo público sea presidido por magistrados designados por su propio partido, aunque haya sido el más votado en unas elecciones.
En segundo lugar, para defender nuestro consejo de la judicatura también se ha afirmado que es similar en sus competencias al de otros países europeos. Una muestra de dicha argumentación la representaría este estudio de Francisco Cabo en Confilegal. No obstante, de nada sirve que el CGPJ tenga las mismas o más competencias que otros consejos de la judicatura en Europa, si el nuestro está capturado por el poder político. Eso no supondrá un signo de autonomía institucional, sino de dirigismo partidista. No basta con agregar variables sobre competencias y otorgar una puntuación idéntica a cada una, lo cual siempre resulta discutible por su subjetividad: no pesan lo mismo las competencias sobre deontología que sobre régimen disciplinario, entre muchas otras. En realidad, lo más relevante con diferencia es quién decide la composición del CGPJ, una variable que suma bastante más que todas las otras juntas para determinar las potenciales intromisiones partidistas en la justicia. Es una variable que no se contempla en esas argumentaciones y que es absolutamente decisiva. Es cierto que hay algunos países europeos como Alemania que no tienen consejo de la judicatura; pero es igualmente cierto que en dichos países esas funciones son ejercidas por otros organismos que garantizan el mérito, la capacidad y la neutralidad institucional, al contrario de lo que ocurre aquí.
Todo lo indicado no significa que los magistrados que llegan al Tribunal Supremo no estén cualificados, ni que se presten necesariamente a los intereses partidistas. Lo que ocurre es que el sistema no está diseñado para elegir a los mejores, sino a quienes prefiera el poder político. Tampoco todos los vocales del CGPJ se han dejado instrumentalizar. Pero la orientación del organismo lleva irremediablemente al deterioro institucional existente.
La perversidad de estas dinámicas la explica con claridad el constitucionalista Rafael Jiménez Asensio, ex profesor de la Escuela Judicial y uno de los máximos expertos sobre separación de poderes de nuestro país. Vale la pena leer su libroLos frenos del poder y también una síntesis de su perspectiva en un reciente artículo en Agenda Pública, en el que indica lo siguiente: “Cualquier analista o académico procedente de una democracia avanzada que recale en España y observe cómo se eligen a los magistrados del Tribunal Supremo se echará las manos a la cabeza. Las votaciones y apoyos para la designación de tales magistrados dependen de repartos o acuerdos espurios (sin luz ni taquígrafos en plena era de la transparencia, que todos invocan y nadie practica) entre las distintas tendencias o sensibilidades ideológicas presentes en un Consejo que antes ha sido pactado con los mismos mimbres. Pero si este observador externo se adentrara algo más en el sistema de elección (tarea que nadie emprende), el escándalo sería clamoroso. Se cambian ‘cromos’ y hay (algo menos conocido) un trasiego de filias y fobias que pueden inclinar la balanza aleatoriamente a uno u otro candidato. Las recomendaciones fluyen por doquier (se trata de llegar a quien pulsa el botón), el favor se convierte en moneda de intercambio, cuando no es la amistad la que inclina la balanza. Los odios, a veces personales, pasan factura. Los teléfonos queman. No tanto los correos, que dejan más huella. En esos críticos momentos el Consejo es una olla de presiones e intercambios, un auténtico mercadillo, impropio a todas luces de una alta institución de un Estado que se pretende democrático”.
El reparto de cuotas entre los partidos ha tenido consecuencias desoladoras para la credibilidad de nuestro poder judicial, a pesar del enorme esfuerzo independiente que se realiza en la judicatura de base. Es el resultado de un sistema excepcional de consejo de la judicatura al servicio del poder político, que no resulta respetuoso con la separación de poderes y que nos aleja de los países europeos de nuestro entorno. Debemos acabar con esa singularidad si no queremos que la ciudadanía se siga distanciando de nuestra justicia.
El próximo día 19 de noviembre, diversas asociaciones de jueces y fiscales han decidido que irán a la huelga
Al PP hubo que aguantarle una legislatura, otra media en funciones, y casi media de la siguiente, antes de echarse a la calle a reclamar lo que es justo
A la actual Ministra de Justicia apenas le han dado 150 días de plazo en los que se ha reunido con las asociaciones y ha aceptado doce de sus catorce reivindicaciones
Imagen de la apertura del Año Judicial en 2015 EFE
El próximo día 19 de noviembre, diversas asociaciones de jueces y fiscales han decidido que irán a la huelga. Después que se negara repetidamente la existencia de ese derecho, hasta que algún cráneo privilegiado del Ministerio de Justicia en el anterior Gobierno la reconoció indirectamente (cuando te tiran para atrás una notificación por estar fuera de plazo, por ejemplo), parece ser que los togados le han cogido afición.
Pues no. La cuestión principal es que las cosas siguen básicamente igual que con el anterior titular de la cartera, cuyo nombre no volveré a pronunciar aquí. No porque me hayan amenazado con querella alguna, es que estoy viendo la saga de Harry Potter con mis hijos, y hay ciertos personajes a los que no se les cita, a riesgo de invocarlos.
Pero decíamos que hay cosas sustancialmente inmóviles, cual obra de Lampedusa: todo cambió, pero todo sigue igual.
Resumamos. El artículo 324 de la LECrim, ese que NO soluciona los problemas de tardanza de la Justicia y genera tanta impunidad que podría mover un Tesla, si esa fuera su fuente de energía, sigue en vigor. Se nos ha dicho que no, que lo van a quitar. Pero la proposición de ley, o no de ley, o ya nadie sabe qué, se ve torpedeada constantemente por enmiendas parlamentarias de los principales partidos de la oposición. ¿El objetivo? A parte de procurar la imposibilidad de investigar todos los casos de corrupción que sea posible, podría ser negarle el mérito de eliminar semejante lacra legislativa al PSOE. Al enemigo, ni agua.
El Consejo General del Poder Judicial sigue repartiéndose entre los mismos que luego, cual capitán Renault, exclaman sorprendidos: “¡Que vergüenza, he descubierto que en este sitio se juega!”, mientras el Pleno de la Sala 3ª les entrega una resolución imposible de comprender, como el croupier del «Rick’s Cafe Americain». Sí, señor Iglesias, usted también quiere su trozo del pastel, no mire sólo a los mayoritarios.
Los jueces y fiscales han visto incrementarse la carga de litigiosidad en los últimos años de forma brutal. Sólo ya con las masivas reclamaciones por las cláusulas suelo bastaría; pero tenemos, además, la necesidad de instruir más rápido (y más chapuceramente) las causas penales por el 324; están los órganos mercantiles y de lo social, a rebosar con las resultas de la crisis y los despidos ocasionados por la reforma-laboral-que-crearía-empleo. Y todo esto, con la misma dotación de personal auxiliar, de medios materiales, y prácticamente sin crear plazas nuevas. “A coste cero”. No, que va. Como en el Black Friday de AliExpress, en el que imagino que acabarán dando dinero a los compradores, todo esto se ha hecho más barato, pues tras el tijeretazo que le dio Zapatero al sueldo de los funcionarios, aproximadamente el 10% en el caso de jueces y fiscales (lo mismo que a un director general, pero sin sus prerrogativas), no sólo no se ha recuperado poder adquisitivo, sino que se ha perdido. Para todo esto, hay una mesa de retribuciones que debería reunirse, pero Hacienda, lastrada por el techo de gasto que dejaron como herencia en el PP, no abre el puño.
La planta judicial y fiscal envejece, pero hay gente ya muy veterana que sigue estancada en plazas de tercera (en las que se entra en la carrera). En el caso de los fiscales es especialmente sangrante, porque en la práctica hacen el mismo trabajo que los de segunda, y cobran bastante menos. Tan poco, que en algunos lugares, el mosso o el policía local que le llevan al chorizo engrilletado cobran casi lo mismo. Pero sin limitación de horarios (el trabajo que no sale durante la jornada se saca en casa) ni horas extras, sólo faltaría. Por cierto, tampoco se les ha reintegrado, a ninguna de las dos carreras, los “moscosos” que Gallardón les arrebató por el morro. Y después de haber oído a ilustres ignorantes, como Javier Coronas, llamarlo “privilegios” tengo que recordar, una vez más, que esos días libres se llaman así por un ministro llamado Javier Moscoso, que con las arcas públicas semivacías, no podía subir el sueldo a los trabajadores públicos al mismo ritmo que el coste de la vida, así que cambió dinero por días de asueto. Por lo tanto, si nos quitan esos días, como diría Cuba Gooding Jr. en la película “Jerry Maguire”, por favor: “¡Enséñame la pasta!”
Pero no sólo es cuestión de dinero. De primeras, el concurso inicial tras aprobar la oposición te obliga a quedarte con lo que nadie quiere. Los sitios más recónditos, o con mayor desproporción de carga de trabajo, o más “peliagudos”, como eran en su día los juzgados del Goiherri, en Gipuzkoa, donde dejarte la ventana del despacho abierta equivalía a una renovación de mobiliario, vía “coctel molotov”. Pero con el tiempo, y a medida que se iban creando plazas nuevas, se iba dando cierta movilidad, y cada cual, en su medida, iba acercándose a su destino soñado. Que no tiene que ser el terruño. Había quienes preferían una gran ciudad, como Madrid, donde además hay más posibilidades de ascenso. El problema es que, con la esclerosis en la creación de plazas, los concursos son de risa, apenas para cubrir vacantes por jubilación o fallecimiento. Eso, por no mencionar el sangrante dato de que, sólo en Madrid, hay cerca de 80 plazas vacantes que no salen a concurso, porque hay mucho titular en excedencia forzosa, o en “servicios especiales”. No es precisamente una cifra desdeñable, porque se cubren a base de sustituciones, lo que pone en solfa el principio de inamovilidad del funcionario, que es lo que debería blindarle frente a presiones del poder.
Además, pasito a pasito, suave suavecito, la Fiscalía Digital, ese engendro del Maligno, se ha ido implantando en todo el llamado “Territorio Ministerio”, sin que haya una solución a corto plazo, so pena de arrojar a la basura los trillones de euros que se han tirado en semejante pozo. Así que, como resultado, si con el papel íbamos mal, ahora con el “papel cero”, vamos peor, y encima más des-pa-ci-to.
Y así podríamos seguir, porque la lista de reivindicaciones es larga, unas catorce. No obstante, hay un pequeño factor diferencial. Al PP hubo que aguantarle una legislatura, otra media en funciones, y casi media de la siguiente, antes de echarse a la calle a reclamar lo que es justo. A la actual Ministra de Justicia apenas le han dado 150 días de plazo. Tratándose de una profesional que no viene del ámbito de la política, ergo no tiene un gabinete de gente rodada y engrasada, sino que va arrancando al tran-tran. Y en ese arrancar, se ha reunido con las asociaciones y ha aceptado doce de esas catorce reivindicaciones. De las otras dos, imposibles por cuestiones presupuestarias, no cabe echarle la culpa.
El problema es que ni siquiera se le está dando tiempo a implementarlas, porque la convocatoria es inmediata. Parece como si las asociaciones conservadoras hubieran perdido, de repente, esa infinita paciencia que demostraron con el señor de los casinos y el poker on-line. Y las asociaciones progresistas se encuentran entre la espada y la pared, pues si no secundan la huelga, serán tachados de sectarios, pero si lo hacen, están volando puentes que se están empezando a construir.
Así pues, quizás sería hora de darse cuenta de que, si no hay derecho a la sindicación, que ese sí que no existe, tampoco debería existir una férrea disciplina de clase. Así que podría dejarse al libre arbitrio de cada uno de los integrantes de las asociaciones, y faltaría más, de los no asociados, que son mayoría aplastante. No sé, creo que en sus manos descansan decisiones de la suficiente importancia para tomar ésta ellos solitos, ¿no?
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros BERNARDO DÍAZ
No hace mucho, justo el pasado día 24 de octubre, el presidente del Gobierno decía en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados (lugar más solemne no es posible encontrar) al señor Casado en un debate sobre la situación en Cataluña: «si mantiene sus acusaciones (se refería a las de colaborar con los golpistas) usted y yo no tenemos nada más que hablar». Y por la noche fuentes de La Moncloa aseguraron que el presidente daba por rotas sus relaciones con Casado.
Lo que no nos dijo el jefe del Ejecutivo es que, si él no quería saber nada de su oponente político, su ministra de Justicia y el ministro de Justicia del Gobierno anterior, ese Gobierno de corruptos que hubo que echar con una moción de censura, estaban negociando los nombres del próximo Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que tiene la misión ¡ahí es nada! de nombrar a la cúpula judicial: magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de tribunales superiores y de audiencias, Audiencia Nacional, etc. Y de nombrarlos de manera discrecional prácticamente. Es decir, a los jueces con atribuciones más relevantes de España, los que, llegado el caso, han de juzgar a las personalidades políticas también más relevantes de España.
Todos los escrúpulos que el PSOE demuestra a diario en sus relaciones con los populares, la «derecha extrema», y todas las proclamas que oímos a estos últimos acerca del grave deterioro de las instituciones a que está llevando el Gobierno de Sánchez se desvanece y se evapora cuando de la operación de hacerse con el control de los jueces se trata. Ahí la unión es sólida, sagrada, inmune a cualquier desgaste. Todo son arrumacos entre ellos y, al cabo, el beso infame. Por eso, a lo largo de la democracia española, en el seno del CGPJ se han reflejado como en un espejo bien bruñido las imágenes de quienes han dominado la escena política española: PP y PSOE, más la «desinteresada» ayuda de CiU y PNV.
A principios de este siglo, con motivo de otra renovación del CGPJ, Rubio Llorente, que fue presidente del Consejo de Estado en toda la etapa de Rodríguez Zapatero, no dudó en calificar como «chalaneo» todo este procedimiento: «Las consideraciones basadas en la preparación, la inteligencia o la integridad desaparecen o pasan a muy segundo término, y todo queda reducido al regateo entre partidos, a una simple lucha entre rivales políticos para los que el único factor que cuenta, el único rasgo relevante, es el de las simpatías políticas de estos candidatos» (la feria de San Miguel, 29 de septiembre de 2001). Más cualificado descrédito no cabe.
Han pasado algunos años desde que se escribió este texto, años en los que no hemos dejado de oír las grandes proclamas de respeto a la independencia judicial, sacrosanto valor de la Constitución española, en boca de los portavoces del PP y del PSOE. Proclamas -como vemos ahora- vacías, discursos hueros, recubiertos de una pátina de cinismo que llega a asustar.
A la vista de esta forma tan desvergonzada de manipular el CGPJ, no es extraño que cada vez sea mayor el número de voces que defienden su supresión porque, sépase, que un órgano de esta naturaleza es innecesario al no formar parte de las exigencias del guión de la división de poderes como demuestran las experiencias estadounidenses, inglesas, alemanas o escandinavas.
De los 5.500 jueces que hay España, la inmensa mayoría nada debe al favor político, han ganado sus puestos en oposiciones públicas y ascienden por medio de concursos reglados. No ocurre lo mismo con quienes integran la cúpula judicial. Para evitar discriminaciones y, sobre todo, para que no se extienda la mancha de la politización a quienes viven por completo ajenos a ella, lo único que se precisa es asegurar un estatus regulado íntegramente por la ley, alejado de componendas políticas y asociativas y donde no tenga cabida la discrecionalidad ni se permita el uso de la toga como trampolín para el salto a la política y el retorno después a su uso con solo beneficios, sin riesgo alguno.
El Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, lo acabamos de ver, viven ajenos a estas exigencias de dignidad y limpieza en un Estado de derecho.
Francisco Sosa Wagner es catedrático y autor de ‘La independiencia del juez: ¿una fábula?’.
En democracia la forma es el fondo. Cuando la forma a través de la cual se ejerce el poder está viciada, es muy difícil, por no decir imposible, que no acabe estando viciado el contenido del ejercicio de dicho poder
La renovación del CGPJ no responde a los equilibrios parlamentarios actuales, sino a los equilibrios de los últimos cuarenta años
El Gobierno y el PP pactan que Manuel Marchena sea presidente del CGPJ EFE
Llevamos ya varios años dando por supuesto que el bipartidismo se ha acabado y descubrimos de pronto que únicamente el bipartidismo puede asegurar la renovación de un órgano tan importante en el funcionamiento de nuestro Estado social y democrático de Derecho como es el Consejo General del Poder Judicial. Aunque para un buen número de lectores no sea necesario recordarlo, añado para los demás que la mayoría parlamentaria que se exige para la renovación del CGPJ es la misma que para la reforma de la Constitución. El PP y el PSOE pueden hacer una reforma de la Constitución, como lo hicieron en 2011 con el artículo 135 CE. Ahora les sería más difícil, porque no podrían evitar la convocatoria de un referéndum, como hicieron entonces. Pero todavía pueden hacerla.
Quiero decir con ello que en 2018, PP y PSOE pueden todavía garantizar conjuntamente la inercia institucional que posibilita que el sistema político español siga tirando. Malamente, pero tirando. No pueden hacerlo como en el pasado en el que ambos se bastaban para alternarse en el Gobierno, pero siguen controlando en régimen de duopolio piezas esenciales en la anatomía y fisiología del cuerpo político estatal. Y, con esta renovación, envían sobre todo el mensaje de que no está nada claro que todavía no les quede camino por recorrer.
La continuidad es, por tanto, lo más llamativo de esta renovación del CGPJ. A pesar de todos los pesares, el PP y el PSOE o el PSOE y el PP, acaban siendo capaces de entenderse y de hacerlo, excluyendo, parcial o totalmente, de su entendimiento a todos los demás. La renovación del CGPJ no responde a los equilibrios parlamentarios actuales, sino a los equilibrios de los últimos cuarenta años. La contradicción entre la necesidad de renovación institucional que se pone permanentemente en circulación no puede estar en mayor contradicción con lo que ocurre en la realidad.
En democracia la forma es el fondo. Cuando la forma a través de la cual se ejerce el poder está viciada, es muy difícil, por no decir imposible, que no acabe estando viciado el contenido del ejercicio de dicho poder. Es lo que ha ocurrido con la forma en que se ha procedido a la renovación del Tribunal Constitucional y del CGPJ. La patrimonialización de ambas instituciones las ha llevado a un nivel de degradación creciente, que cada vez resulta más difícilmente soportable.
Solo hay una cosa positiva que se puede decir de esta renovación y es que con ella se va a poner fin a la contrarreforma que instrumentaron dos políticos nefastos: Alberto Ruiz-Gallardón y Carlos Lesmes. Porque esa fue una de las consecuencias más perversas de la mayoría absoluta que consiguió el PP en 2011 y que le permitió a Mariano Rajoy imponer su interpretación no conservadora, sino abiertamente reaccionaria de la Constitución. El control del poder judicial era una pieza indispensable para ello. De ahí vino la reforma del CGPJ, que redujo el número de miembros con dedicación exclusiva y concentró el poder en el Presidente de manera como no había ocurrido con anterioridad.
De esto, por lo menos, nos vamos a librar. Es posible que también, dado el nivel de descrédito al que hemos llegado, se intenten guardar las formas y evitar episodios esperpénticos como los que hemos vivido en los últimos tiempos. Iñaki Gabilondo decía este lunes en la SER que ya no cabe ni un gramo más de descrédito en nuestro sistema de administración de justicia. Estoy convencido de que es lo que piensa una mayoría muy amplia de la sociedad española.
En todo caso, sería muy importante que esta sea la última renovación bipartidista del CGPJ. Ya con la composición de las actuales Cortes Generales la renovación debería haber sido más expresiva del pluralismo político y territorial de la sociedad española. Confiemos en que la futura composición de las Cortes Generales ponga fin definitivamente al bipartidismo y podamos empezar a olvidarnos de lo que han sido muchos años de degradación institucional en el órgano de gobierno del poder judicial.
Acto de apertura del año judicial, en la imagen, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes (izquierda), Manuel Marchena (centro) y Luis María Díez-Picazo (derecha). ULY MARTÍN
Estimados compañeros y compañeras:
Es ahora, no mañana, cuando debemos reaccionar exigiendo un nuevo sistema, unas nuevas actitudes en relación con la renovación de nuestro órgano de gobierno [el Consejo General del Poder Judicial] y con la elección de su presidente, que lo es también -por mandato constitucional- del Tribunal Supremo.
Adelanto sinceramente que no soy partidario de que nosotros elijamos a los 12 vocales de procedencia judicial del Consejo. Lo que pido vehementemente son otras cosas.
Para los grupos parlamentarios, que no olviden que el artículo 123.2 de la Constitución ordena que el presidente del Tribunal Supremo sea nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Por ende, que tengan claro que su manifestación, exteriorizada sin sonrojo, de haberse puesto de acuerdo en quién será el próximo presidente, no deja de constituir una injerencia contraria a la Constitución.
Para los futuros vocales, que cumplan lo ahí ordenado, proponiendo ellos al presidente, sin obedecer -sumisamente- un ilícito mandato de aquellos grupos.
Para el futuro señor presidente, que tenga el arrojo de rechazar su cargo con fundamento, sin más, en la ilícita injerencia de aquellos.
Para el futuro Consejo, que interiorice que su función primordial es proteger la función jurisdiccional ejercida con rectitud, valorando ese mérito como principal, y desvalorando a quien la ejerza con falta de atención al litigio y al imperio de la Ley.
También para el futuro Consejo, que con seriedad y si es necesario con aplomo, defienda ese modo de ejercicio, proporcionando al juez la seguridad de que su actuación en esa línea será protegida por encima de otras consideraciones.
Otra vez para el futuro Consejo, que reaccione con claridad, sin palabras vacías y frente a todos, ante toda injerencia o descrédito carente del más mínimo fundamento.
Pero, ¿cómo podemos reaccionar nosotros si nada de esto va a ser posible y si -según las últimas noticias- se van a reproducir las actitudes que ya hemos visto en todos los Consejos anteriores, desde su constitución hasta su cese?
Debemos hacerlo con respeto a las personas, desde luego, pero expresando día a día y siempre que haya ocasión, sin tibieza y con claridad, que los grupos parlamentarios, los vocales, el presidente y el Consejo olvidaron y olvidan con esos comportamientos claros mandatos constitucionales, inherentes a todo Estado de derecho que lo sea realmente.
[6] El Supremo desestimó en 2014 la impugnación del nombramiento de Lesmes reclamada por la AJFV
El presidente saliente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano, en una foto tomada en su despacho del Alto Tribunal el 12 de diciembre de 2013, cuando tomó posesión de su cargo. Carlos Berbell.
En 2014 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimó la impugnación que presentó la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) contra el nombramiento de Carlos Lesmes Serrano como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Un procedimiento de designación idéntico al que se ha aplicado con el que va a ser su sucesor, Manuel Marchena Gómez, hasta ahora presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.
La AJFV interpuso entonces un recurso, que dirimió la Sala formada por los magistrados José Manuel Sieira Míguez -presidente-, Jorge Rodríguez Zapata Pérez, Rafael Fernández Montalvo, Segundo Menéndez Pérez, Octavio Juan Herrero Pina y Pedro José Yagüe Gil, este último como ponente.
La sentencia 5249/2014- tiene fecha de 16 de diciembre de 2014.
En su recurso, la AJFV pidió entonces la nulidad de dos Reales Decretos por los que se nombraron a los 20 vocales -10 por el Congreso y 10 por el Senado- y de un tercer Real Decreto, este referido expresamente al nombramiento del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ.
Fue un procedimiento que ahora está a punto de repetirse otra vez.
Porque la AJFV anunció ayer que hoy los asistentes a su XXXIII Asamblea General, que se inaugura en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, van a votar si interponer de un recurso contra dicho nombramiento -se supone que cuando se produzca-, por considerar que la forma en la que se ha llevado a cabo incumple el artículo 586 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Un artículo que establece que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial debe ser nombrado por el Pleno del Consejo por mayoría.
Aquel tribunal inadmitió el recurso de la AJFV referido a los dos Reales Decretos mencionados.
Recordó la validez de dicho nombramiento de los 20 vocales por el Parlamento, basándose en la sentencia 108/1986, de 26 de julio, del Tribunal Constitucional, que dio por bueno dicho sistema y que sustituyó al anterior, vigente entre 1980 y 1985, por el que los 12 vocales de procedencia judicial eran elegidos, mediante voto secreto y directo, por los miembros activos de la carrera.
Sobre el nombramiento de Lesmes, que fue nominado de la misma manera que Marchena -e igual que Carlos Dívar– mediante acuerdo previo, en diciembre de 2013, entre el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, el tribunal analiza, en su sentencia, si se incumplió el mencionado artículo 586 de la LOPJ y también el 581.
“El nombramiento de Presidente del Tribunal Supremo y del C.G.P.J. fue realizado por veinte Vocales del C.G.P.J., de los que 16 votaron a favor de don Carlos Lesmes Serrano y 4 a favor de Pilar Teso Gamella“, dice la sentencia, que transcribe literalmente el acta de la reunión plenaria, que tuvo lugar el 4 de diciembre de 2013.
La “transcripción de las actas es muy útil para evitar la impresión que produce la lectura de los escritos de la parte actora [la AJFV] de que aquélla elección puede ser sólo la plasmación servil de lo que otras personas habrían sugerido u ordenado previamente a los Vocales; impresión apuntada por la parte demandante al citar como infringido el artículo 581 de la L.O.P.J., según el cual ‘”los Vocales del C.G.P.J. no estarán ligados por mandato imperativo’”.
EL MEOLLO DE LA CUESTIÓN
Los seis magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo abordan en el fallo lo que describen como “el meollo de la cuestión”, que no es otro que determinar de forma clara si asumieron órdenes externas o si actuaron con total libertad.
Y lo explican así:
“El meollo de la cuestión no es si hubo un acuerdo previo entre el Presidente del Gobierno y el Jefe de la Oposición sino si, trasladado hipotéticamente ese acuerdo a los Vocales del C.G.P.J., estos lo asumieron como un mandato imperativo, con voluntad viciada, como cumplimiento de una orden o condición ilegal, con una finalidad (cumplir con lo ordenado por otros) distinta a la fijada para la ocasión por el ordenamiento jurídico (dar cada uno su voto al candidato que en conciencia cree que va a cumplir mejor la alta tarea de Presidente del Tribunal Supremo y del C.G.P.J.”.
Y continúan relatando que, por las actas transcritas leídas, no se podía deducir que los 16 vocales del CGPJ que votaron a Lesmes lo hubieran hecho como cumplimiento de un mandato imperativo exterior.
“Esa conclusión sería ineludible si se quiere anular el nombramiento impugnado; no basta con aludir a supuestos tratos políticos en otros ámbitos, ni a citar noticias que adelantaron el nombre del elegido antes de la constitución del C.G.P.J., ni poner énfasis en la circunstancia de la existencia de otra candidata al cargo, (cuya existencia, por cierto, demuestra por sí sola que existió para los Vocales una real alternativa); nada de eso basta, porque hay que buscar la posible causa de anulación del nombramiento impugnado donde únicamente puede estar (y de la que nada dice la parte demandante), a saber, en la propia y específica voluntad de cada Vocal“, prosigue el fallo.
HUBO UN AUTÉNTICO DEBATE
Los seis magistrados encontraron las actas “sumamente reveladoras” porque demostraron que “hubo un auténtico debate en el seno del Consejo”.
“La voluntad libre de los Vocales que votaron a favor del Sr. Lesmes Serrano no puede ponerse en duda a causa de la teórica existencia de tratos o convenios políticos previos, a la vista de las razones circunstanciadas que todos ellos expusieron en su explicación de voto, como se ve en las actas. Nada de esto se dice en la demanda, pareciendo que esos hipotéticos tratos, regateos o convenios políticos previos, habrían de determinar sin más la existencia de un mandato imperativo, que viciaría en todo caso la voluntad de los electores”, prosiguen.
“Nada hay en el expediente administrativo que pueda llevar a esta Sala al convencimiento de que los Vocales del C.G.P.J. que votaron al Sr. Lesmes Serrano lo hicieran acatando órdenes o cumpliendo condiciones, y, por tanto, con voluntad torcida, sino (según se deduce de las actas) con el ánimo de nombrar para el cargo a un Magistrado del Tribunal Supremo que creían prestigioso y experimentado“, remachan en su sentencia.
[7] El PP propone como presidente del CGPJ a Marchena, responsable del juicio del «procés»
El Partido Popular ha propuesto para relevar a Carlos Lesmes en la Presidencia del Poder Judicial y del Tribunal Supremo al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, quien además es el máximo responsable del juicio al desafío soberanista catalán previsto para este otoño, según han informado este viernes ‘El País’ y ‘ABC’. Esta sería la oferta de los populares al PSOE en las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Las conversaciones entre la ministra Dolores Delgado y su antecesor, Rafael Catalá, están muy avanzadas y ya han acordado que cada una de las dos formaciones nombre a diez de los 20 vocales que deben ser respaldados por las Cortes.
Las negociaciones están próximas al acuerdo (el plazo para presentar candidatos termina en principio el lunes 12 de noviembre) y afectan a los vocales que compondrán el Consejo, quienes a su vez deben elegir a su presidente, si bien el nombre suele ser pactado por los grupos parlamentarios. Populares y socialistas tienen escaños suficientes para lograr la mayoría de tres quintos necesaria para renovar el Consejo, por lo que el acuerdo entre ambos, que desde hace semanas negocian Delgado y Catalá bastaría para lograr ese objetivo.
Sin embargo, el principal escollo ahora mismo es la elección del presidente del CGPJ, que es el vocal numero 21 y además cuenta con voto de calidad en caso de empate.
El PP apuesta por Marchena, de perfil muy conservador y ponente de la sentencia del procés, lo que sería mal visto por los partidos independentistas, ya que le consideran el ideólogo del juicio del procés y de las medidas más duras contra los políticos presos.
El PSOE rechaza esta opción y se muestra más favorable a elegir a una mujer de perfil progresista, como la jurista Encarnación Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional.
El PP contaría de momento con 10 vocales de su elección, ya que Ciudadanos ha rechazado entrar en lo que considera un reparto del Poder Judicial entre partidos en vez de ser los propios jueces quienes elijan a los vocales. El PSOE por su parte tendría que repartir sus vocales con Unidos Podemos, al menos cuatro si se siguiera una regla proporcional por escaños.
[8] Manuel Marchena, una solución drástica para recuperar el crédito de la Justicia
El presidente de la Sala II del Supremo, Manuel Marchena EFE
El PSOE acepta que el líder de la derecha togada presida un Consejo General del Poder Judicial con una ajustada mayoría progresista
La elección de un claro perfil político llega en uno de los peores momentos para el Supremo, que también presidirá, tras la ‘crisis de las hipotecas’
Nadie discute su categoría jurídica, pero la izquierda judicial le atribuye ser el urdidor de la colonización por el PP de los puestos clave en la judicatura
Los dos partidos que aún tienen más peso en el reparto del poder en España han acordado que sea el fiscal y magistrado Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1951) quien intente sacar a la Justicia del profundo descrédito que vive, especialmente desde la denominada ‘crisis de las hipotecas’. Y los dos partidos que han negociado en solitario durante las últimas semanas hasta agotar todos los plazos han decidido recurrir a un candidato con dos características claras: una categoría jurídica indiscutida pero también un marcado perfil político.
El PSOE ha aceptado finalmente el nombre propuesto por el Partido Popular para presidir un Consejo General del Poder Judicial en el que los vocales propuestos por los socialistas tendrán una exigua mayoría. A pesar de los teóricos contrapesos que el PSOE defiende haber introducido en el órgano de gobierno de los jueces, la izquierda judicial ha recibido la noticia con una sorpresa mayúscula: Marchena es para ellos el líder sin sombra de los conservadores -su ascendencia sobre el PP era reconocida en el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy- y también se le atribuye haber sido el urdidor de la colonización de la cúpula judicial por parte de la formación que ahora lidera Pablo Casado.
Manuel Marchena alcanzó en 2014 la presidencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el oscuro objeto de deseo de los partidos políticos, gracias a la mayoría simple que estableció la reforma legal aprobada con la mayoría absoluta del PP. Y durante su mandato llegó el archivo de la causa contra la senadora Pilar Barreiro, el rechazo a investigar las grabaciones sobre la Operación Catalunya en el despacho del ministro Jorge Fernández Diaz y, más recientemente, la negativa a llamar a declarar como imputado al actual presidente del PP, Pablo Casado. Si bien es cierto que esas decisiones han contado con el acuerdo de magistrados progresistas y este último también con el escrito de la Fiscalía General del Estado presidida hoy por María José Segarra, la persona a la que el Gobierno de Sánchez confió ese puesto en la cúspide del ministerio público.
La propuesta de nombramiento -que todavía deberá ser refrendado en el Congreso y el Senado- ha cogido a Marchena preparando uno de los juicios más importantes de la historia de la democracia española, la causa del 1-O. Al frente de la Sala II, le correspondería presidir la vista por el referéndum secesionista, “el reto profesional e intelectual más importante” de su vida, según ha confesado en privado.
Si finalmente es elegido por los vocales del próximo CGPJ su presidente y, por tanto, el del Tribunal Supremo, no participará en el juicio. En una Sala de mayoría conservadora, y con los magistrados progresistas alineados con la instrucción de Pablo Llarena, su salida del estrado no parece que fuera a suponer un giro en la línea hostil para sus intereses que temen las defensas.
Manuel Marchena va a presidir un CGPJ muy diferente al que ha liderado Carlos Lesmes. La reforma del PP entregó a éste un modelo presidencialista, con una comisión permanente integrada por cinco vocales que, a diferencia del resto, estaban liberados. La nueva estructura volverá a dejar libre de sus ocupaciones profesionales a los veinte vocales y está previsto que se recupere la figura del portavoz. El actual CGPJ tuvo que improvisar portavoces ocasionales para crisis tan relevantes como la sentencia de La Manada. El perfil de Marchena invita a pensar que la vertiente mediática tendrá un peso importante. No en vano, el fiscal y magistrado tiene experiencia en los medios. Fue miembro del consejo editorial de Vocento y participaba en la redacción de los editoriales del grupo.
La fe que le profesan en el Partido Popular está acreditada por las veces que ha dicho no a ser fiscal general del Estado, un puesto que conoce bien tras su paso por la Secretaría Técnica, el órgano más relevante de la institución. Al Supremo llegó en 2007. En 2012 archivó la causa contra Garzón por los cursos del Banco de Santander al concluir que el posible delito de cohecho impropio estaba prescrito. Quienes le tratan con asiduidad dicen que el fallo por el que el Alto Tribunal avala la lista Falciani es uno de los trabajos que le han proporcionado mayor satisfacción personal.
Recientemente, dos asociaciones judiciales pidieron explicaciones por una supuesta irregularidad en el acceso a la carrera fiscal de una hija de Marchena. El CGPJ, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia negaron que hubiera habido trato de favor. La denuncia no ha tenido peso alguno en el acuerdo de PP y PSOE para que presida el CGPJ y el Tribunal Supremo.
[9] Fernández Seijo, Íñiguez, Erice…: estos son los seis vocales progresistas del CGPJ
A falta de poco más de una semana para que el Congreso y el Senado voten el nombramiento de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los socialistas manejan los nombres de seis candidatos por el turno de jueces que se sumarían a los cinco juristas que ya se conocen y que suman el total de 11 integrantes del nuevo órgano de gobierno de los jueces, cuya renovación se cierra en estos días. Mayoría frente a los nueve en total que propondrá el PP.
Tras los bailes de última hora, el PSOE ha cerrado una relación en la que figuran jueces de distintos puntos de España y que suma a dos de los integrantes de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, centro de la mayor polémica de la institución en los últimos meses. La fecha prevista para la elección es el próximo jueves 22 de noviembre, plazo suficiente para llegar a tiempo antes del fin del mandato del actual Consejo.
Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, los de Pedro Sánchez propondrán un listado en el que finalmente no figuran ni la jueza de Podemos Victoria Rosell ni el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, aunque sí algún candidato del agrado de la formación de Pablo Iglesias. Los elegidos, salvo cambios de última hora —que no pueden descartarse en una negociación entre las dos formaciones mayoritarias, que aún permanece abierta— son:
– La presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, Esther Erice, de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).
– El titular del Juzgado Contencioso Admnistrativo 3 de Bilbao, Diego Íñiguez.
– Los magistrados de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo Ángel Ramón Arozamena y José María del Riego.
– El juez que llevó a Europa la Ley Hipotecaria, José María Fernández-Seijo.
– La magistrada Inmaculada Montalbán, miembro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada.
Los seis magistrados y magistradas se agregan a los juristas cuyos nombres fueron registrados en las dos cámaras: el juez de la Audiencia NacionalJosé Ricardo de Prada; la catedrática Carmen Sáez; el letrado de la administración de Justicia Luis Martín Contreras; la fiscal Pilar Fernández, y el abogado Bernando Fernández (PSOE).
Como ya viene sabiéndose desde que se conocieron algunos de los detalles de las conversaciones PP-PSOE que han dado lugar a este acuerdo, el peso del pacto ha recaído en la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor en el cargo, Rafael Catalá. El escollo de la presidencia se solventó con la elección —con el apoyo de ambos— del actual presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.
A nueve días de la votación, los conservadores cierran también sus listas. Se mantiene la intención de promover a la exdirectora de la Escuela Judicial y mujer del juez del ‘procés’ Pablo Llarena, Gema Espinosa, y otro de los miembros de la Sala de lo Contencioso del TS, José Antonio Montero, pero los nombres definitivos aún están pendientes de decisión, informan las fuentes consultadas.
Tras la elección de las cámaras y la toma de posesión de los nuevos vocales, los 20 integrantes de este CGPJ —que alargará su mandato hasta finales de 2023— tendrán que votar, en un primer pleno, a su presidente, encargado también de dirigir el Supremo. El Consejo no contará en esta ocasión con vocal a propuesta del Partido Nacionalista Vasco, rompiendo la tradición de los anteriores.
[10] Cgpj. delgado descarta modificar el modelo de elección de los vocales del cgpj
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, descartó este miércoles cambiar el método de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así se pronunció la titular de Justicia en declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, en las que dejó claro que el cambio de modelo en la elección de los vocales «no está ahora encima de la mesa».
Llamó la atención ante el hecho de que ese cambio de modelo requeriría una «serie de mayorías y de reflexiones para saber cómo estamos».
Esto le sirvió para explicar que en Europa existen hasta tres tipos de modelos distintos de elección del CGPJ, especificando que en algunos países «ni siquiera lo hay», mientras que en otros como Francia es el ministro de Justicia de turno quien lo elije.
«Hay muchos modelos. Podemos hablar de ello», concedió.
Avanzó que sería «muy positivo» conseguir que en futuros procesos para la renovación de los vocales del CGPJ aumente la «transparencia» y la «publicidad», permitiéndose el planteamiento de preguntas parlamentarias y comparecencias ante la Comisión de Justicia sobre este particular.
[11] Una asociación de jueces estudia recurrir que se elija al presidente del CGPJ antes que a sus vocales
La asociación -segunda en representatividad y de perfil moderado- celebra desde hoy su asamblea. El acto arrancará preguntando a los asistentes si consideran que «la forma en que se ha llevado a cabo» la selección del magistrado Manuel Marchena «incumple» la Ley Orgánica del Poder Judicial, que deja las propuesta de candidatos y el nombramiento en manos de los vocales.
En concreto, la norma establece que en la sesión constitutiva del Consejo «deberán presentarse y hacerse públicas las diferentes candidaturas» a la Presidencia y que resultará elegido «quien en votación nominal obtenga el apoyo de […] los miembros del Pleno».
La asociación judicial ya llevó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo el nombramiento del actual presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. El recurso fue rechazado, si bien fuentes de la Francisco de Vitoria creen que en este caso el incumplimiento ha sido más burdo, al haberse conocido el nombre antes del de la composición del Consejo que lo debe elegir. Ese elemento no constaba de forma tan evidente en el recurso referido a Lesmes.
«Resulta llamativo que sea el legislador el que se salte las leyes», sostuvo este martes el portavoz de la Francisco de Vitoria, Raimundo Prado.
Todas las fuentes judiciales reconocen que, al margen de que se haya conocido con más o menos anticipación, el nombre del presidente siempre ha sido pactado previamente por las formaciones políticas.
Desde la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura(APM) se resalta que si se respetara que los jueces eligieran directamente a sus representantes «la dinámica de la elección del presidente sería otra distinta».
Su portavoz, Celso Rodríguez Padrón, considera que conocer públicamente al candidato con antelación «proyecta que hay un pacto político absoluto» para designar el Consejo, lo que «debilita notablemente la credibilidad del sistema».
Pese a todo, no consideran que se haya producido una quiebra de la ley que permita la impugnación del nombramiento ya que, en última instancia, cuando en unas semanas se vote al presidente cada vocal dará el voto al candidato que considere oportuno.
Tanto la APM como la Francisco de Vitoria distinguen las críticas al sistema empleado de la persona concreta pactada y resaltan que los méritos de Manuel Marchena para el puesto «son incuestionables».
Por su parte, la tercera asociación en número de afiliados, la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, también lamenta «la mala imagen» de la Justicia que da el acuerdo PP-PSOE para nombrar a Marchena. «Es un mal comienzo para este nuevo Consejo», afirmó ayer Ignacio González, portavoz de la asociación.
[12] Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reúnen para negociar la composición del Consejo General del Poder Judicial
El jefe del Gobierno se ve con su «socio preferente» tras haber alcanzado un acuerdo con el PP para los vocales que presentará para el CGPJ y la presidencia de Marchena
Unidos Podemos ve con buenos ojos los nombramientos de Fernández Seijo o De Prada, pero exige que forme parte del órgano también Victoria Rosell
Tras el encuentro de Sánchez e Iglesias, en el Ejecutivo no descartan que la exdiputada de Podemos forme parte de los 20 vocales del CGP
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en una reunión en La Moncloa.
Las negociaciones para la futura composición del Consejo General del Poder Judicial suman un nuevo interlocutor. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, se han reunido este lunes en el Palacio de la Moncloa para abordar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, según ha confirmado eldiario.es de varias fuentes conocedoras del encuentro.
La reunión se ha producido después de que Gobierno y PP anunciaran el cierre de un acuerdo para el reparto de los puestos en el CGPJ y para la presidencia, que recae en el conservador Manuel Marchena a cambio de una mayoría progresista. Los de Pablo Casado tendrán nueve vocales en el órgano, mientras que los progresistas serán 11.
Unidos Podemos ya ha anunciado su intención de no respaldar a ninguno de los vocales que proponga el partido de Casado. Tampoco apoyan el pacto entre PP y PSOE para que el órgano elija a Marchena al frente del CGPJ. Pero sí quieren que la representación parlamentaria del grupo confederal, cinco millones de votos y 67 diputados, se tengan en cuenta en la elección de los vocales.
Unidos Podemos defiende la necesidad de cambiar el sistema de elección de los vocales del Poder Judicial y así lo ha apoyado en el Parlamento, donde se tramita en estos momentos una nueva ley en este sentido. Este mismo sábado, el secretario general de Podemos justificaba la necesidad de que su fuerza se tuviera en cuenta en que «uno no puede elegir las reglas del juego» y en que, mientras no se cambie, actuarán según la norma vigente.
Fuentes oficiales de Moncloa aseguran que Sánchez ha recibido a Iglesias solo para «informarle del acuerdo alcanzado con el PP para la renovación del CGPJ». Tras el encuentro, en Presidencia dan por cerrado el listado de los 20 vocales que constituirán el órgano de gobierno de los jueces que presidirá Marchena.
Victoria Rosell, en duda hasta el final
La conversación mantenida con Iglesias, a quien Sánchez calificó de «socio preferente» en el Congreso, ha abordado algunos de los nombres del sector progresista. Entre ellos, José María Fernández Seijo, José Ricardo de Prada o Esther Erice. También el de la jueza Victoria Rosell, quien fuera diputada de Podemos en la breve legislatura posterior a las elecciones de diciembre de 2015.
El foco de la tensión entre Sánchez e Iglesias es, precisamente, Rosell. La exdiputada de Podemos es innegociable para los de Iglesias, pero fuentes del Gobierno socialista aseguraban este lunes a eldiario.es que su nombre no estaba en el listado de quienes conformarán el órgano de gobierno de los jueces. Tras el encuentro, fuentes gubernamentales no descartan que el nombre de Rosell forme parte del pacto.
El plazo para la presentación de las candidaturas para la renovación del CGPJ vencía este lunes tras varias prórrogas. La elección se produce a través de mayoría cualificada de tres quintos (por lo que la participación del PP es obligatoria) en las Cortes. Congreso y Senado tienen que designar diez miembros cada uno: cuatro propuestos por los grupos y seis de los candidatos que vienen avalados por las asociaciones de jueces o por miembros de la carrera judicial.
PSOE y PP han dado a conocer los ocho nombres que han pactado, entre los que figura el ponente de la sentencia del caso GürtelJosé Ricardo de Prada o a los exportavoces en materia de Justicia tanto en el Congreso, José Miguel Castillo, como en el Senado, Manuel Guillermo Altava. También a la fiscala decana de Las Palmas, Rosa Rubio Ramos, que es vocal del Consejo Fiscal Estatal.
[13] El PSOE ‘cede’ a Podemos la elección de un vocal del CGPJ,
El PP y el PSOE ultiman su acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en el que ambas formaciones se reparten los 20 asientos que conforman el organismo. Según el diario ‘El Mundo’, mientras Ciudadanos habría rechazado entrar en el ‘bloque’ del PP para elegir a 10 vocales, el PSOE dejará que Podemos proponga a uno de los miembros del consejo.
PP y PSOE ultiman los ‘flecos’ de su acuerdo para la renovación del CGPJ, según el cual, cada formación elegirá a 10 vocales, y serán ya estos quienes nombren a su presidente. Los ‘populares’ habrían invitado a Ciudadanos a las negociaciones para proponer candidatos, pero el partido de Albert Rivera habría declinado la propuesta, criticando que los partidos «se repartan el Poder Judicial», según informa ‘El Mundo’.
Este diario sostiene que, por contra, el PSOE habría ofrecido a Podemos elegir a uno de los vocales, de forma que los de Pablo Iglesias contarían por primera vez con un voca afín. Según ‘El País’, Podemos habría exigido nombrar a 4 vocales, reclamando un reparto proporcional a los escaños en el Congreso, aunque parece que los socialistas solo habrían cedido uno.
El acuerdo del bipartidismo para renovar el CGPJ podría cerrarse mañana, siempre que se salde con éxito el principal obstáculo de la negociación, que es la elección del presidente del órgano de los jueces.
La propuesta del PP era Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y el magistrado encargado de redactar la sentencia del juicio contra los líderes independentistas catalanes. Sin embargo, según fuentes de la negociación, esa opción está ya descartada.
Ahora se baraja la posibilidad de que la elegida sea una mujer. Entre los nombres que están sobre la mesa figuran los de Pilar Teso(magistrada de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo), Ana Ferrer (magistrada de la Sala de lo Penal del Supremo), Encarnación Roca (vicepresidenta del Tribunal Constitucional) y María Lourdes Arastey (magistrada de la Sala de lo Social del Supremo).
La forma en la que se ha llevado a cabo la renovación del actual Consejo General del Poder Judicial ha ahondado en la herida abierta sobre la imagen de politización de la justicia. Especialmente llamativo ha sido que el nombre del presidente del órgano de gobierno de los jueces (que lo es también del Tribunal Supremo) se haya conocido antes de que los partidos cierren definitivamente la composición del Consejo, cuando la ley atribuye a los vocales la facultad de elegir a su presidente en la sesión constitutiva del Consejo.
La escenificación del reparto del pastel en esta renovación ha rozado lo grosero, con un Ejecutivo cuyo presidente hace apenas dos años apoyaba que los partidosno eligieran candidatos, con la formación de Iglesias reclamando su cuota de poder en forma de vocales y con un PP que permite que el ponente de la sentencia que echó a su líder de La Moncloa se siente en el actual Consejo. Si a ello se suma la intromisión del Gobierno en la labor del Supremo en las últimas semanas (en el caso del 1-O cuestionando el delito de rebelión y posteriormente enmendando la plana al Pleno de las hipotecas) y la huelga de la justicia anunciada para el próximo lunes 19, la desconfianza en las instituciones parece plenamente justificada.
El CGPJ se compone de veinte vocales, de los cuales doce provienen de la carrera judicial y ocho son juristas. Unos y otros son elegidos en la actualidad por el Congreso y el Senado. El sistema de elección del segundo grupo siempre ha sido igual. No así el del primero, que ha pasado por distintas etapas. Las asociaciones judiciales claman por volver al modelo en el que los jueces elegían a sus propios compañeros. Pero ¿es este realmente el mejor modelo? ¿no beneficia al final a las propias asociaciones en detrimento de la mitad de los 5.500 jueces que no están asociados y que no tienen la misma posibilidad de promoción interna?
El modelo en el que los jueces se elegían entre ellos sólo se ha puesto en práctica en una ocasión: cuando se constituyó el primer CGPJ de la historia, en 1980. Entonces se celebraron unas verdaderas elecciones en las que cualquier juez podía elegir y ser elegido, recuerda Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, partidaria de volver a ese modelo. Cinco años después se pasaría al extremo contrario, de forma que era el Parlamento el que elegía a los vocales de procedencia judicial, un sistema de libre elección en el que la participación de las asociaciones judiciales era nula.
El término medio es el que rige ahora: una preselección de candidatos a vocal respaldados bien por una asociación judicial bien por un sistema de avales de los propios compañeros. Sobre esa lista, Congreso y Senado han elegido a doce. También este modelo está en el punto de mira: no sólo la proporción de asociados y no asociados no se corresponde con la realidad de la carrera, sino que se da la paradoja de que Francisco de Vitoria, la segunda en número de afiliados no tiene ningún representante en el CGPJ.
El autor, exmiembro del CGPJ, lamenta el reparto político mediante el cual se deciden los miembros de este órgano, en vísperas de su renovación.
G.M.
¿Qué es la justicia? ¿Un truco de pista? ¿Un número de circo? ¿Un pim-pam-pum de feria? ¿Un vocablo gracioso para distraer a los hombres y los dioses? Respondedme. Que me conteste alguien… Silencio… Silencio”. (León Felipe. El payaso de las bofetadas y el pescador de caña).
La noticia ha aparecido destacada en los periódicos del fin de semana, empezando por EL ESPAÑOL. “El bipartidismo vuelve a repartirse el CGPJ”, titulaba María Peral su crónica sobre la próxima renovación del órgano de gobierno de los jueces. “PP y PSOE abren la batalla por el control del Poder Judicial”, se podía leer el sábado en la portada de El País. Ayer domingo, El Mundo anunciaba que “los socialistas ultiman con el PP el reparto de los puestos del Poder Judicial y reservan una plaza para el partido de Iglesias”.
Como era de esperar, las reacciones han sido bastantes y de distinto signo. Frente a las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien dijo que con la próxima renovación del CGPJ espera “que se devuelva al Tribunal Supremo el prestigio perdido” y expresó su deseo de que se haga pronto “para que la gente confíe plenamente en el Poder Judicial”, otros han censurado el acuerdo e incluso los ha habido que no han escatimado el denuesto. “Esto es un asalto al Poder Judicial”, manifestó una magistrada de Madrid, con 31 años de servicio. Otro juez se quejaba de que “en el CGPJ entra el amigo del político”, y añadía que “esto es vergonzoso”.
Tengo para mí que lo sucedido es la secuela irreversible de la expresión “Estado de partidos” –sobre todo si se la compara con el concepto de “Estado de Derecho”–, cosa que Manuel García Pelayo, presidente que fue del Tribunal Constitucional, denunció a raíz de la sentencia 108/1986, de 29 de julio, cuando hablaba del grave peligro de que la designación parlamentaria de todos sus vocales –incluso los 12 que, según el artículo 122.3 de la Constitución, han de ser “Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales”– fuesen designados en razón del peso de los grupos parlamentarios, lo que no respondía a la configuración deseada para el CGPJ como garante de la independencia judicial.
Mas antes de proseguir deseo dejar constancia expresa de que no se trata de cuestionar la honradez profesional de nadie, ni, por tanto, de convertir al vocal elegido por el dedo del político en la encarnación de la perversión del sistema. Lo único que pretendo es poner de manifiesto, una vez más, las incoherencias de un modelo de CGPJ contrario a la Constitución y sumarme a quienes califican de espectáculo el que los dos principales partidos políticos se hayan repartido las veinte vocalías de la institución y estén a punto de consensuar el nombre del presidente o presidenta que, al propio tiempo, lo es del Tribunal Supremo. La negociación lo que hace es introducir al CGPJ en un estado de sospecha permanente y a que la idea dominante en la opinión pública sea que la institución es un títere de feria al servicio del poder político, cuyos intereses priman sobre la Ley y el Derecho.
El método del diez para ti diez para mí, no es la mejor manera de sacar a un órgano constitucional del atolladero del desprestigio
Hace ocho años se estrenó en Madrid La fiesta de los jueces, obra de teatro escrita y dirigida por Ernesto Caballero y que tenía como protagonistas a varios miembros del CGPJ que al final del acto solemne de Apertura del Año Judicial deciden representar, en versión libre, El cántaro roto, una farsa costumbrista del dramaturgo alemán Heinrich von Kleist. En un escenario cubierto de procedimientos judiciales previamente pasados por una trituradora de papel y con un gran espejo en el que los actores se reflejaban, los propios jueces, mediante la técnica del teatro dentro del teatro, se juzgaban a sí mismos, en un original juicio popular. “La Justicia es una tierra de pelea entre los distintos partidos, continuamente puesta en solfa, en la prensa, y que levanta grandes pasiones”, dijo en una entrevista el actor Santiago Ramos, que representaba el papel del juez Adán.
Pues bien, el día que asistí a la representación despedí la función y a sus actores con aplausos. Lo hice por varios motivos. El primero y principal, porque la obra se adentraba en la misma esencia judicial y describía, uno por uno, los síntomas más dolorosos de la Administración de Justicia. Después, porque estaba dedicada a los ciudadanos y a los jueces, unos y otros, en iguales proporciones, víctimas del desgobierno y el desconcierto de nuestra Justicia. Gemidos como “¡Justicia emprende tu camino!” o “¡Qué engaño!”, con la estampa final de la mujer de la limpieza metiendo la balanza de la Justicia en el cubo de la basura, fueron de una emoción estremecedora.
Desde sus comienzos hasta nuestros días, los siete consejos generales del Poder Judicial no han pasado de la más grotesca de las representaciones y los mandamases políticos de turno han querido mover a sus vocales como marionetas. Sí, ya sé que todos no, y unos menos que otros, pero, en conjunto, el CGPJ ha sido y seguirá siendo, una trampa para confiados, pues quien lo controla sabe que domina el Poder Judicial por la vía de los nombramientos discrecionales. Así lleva el CGPJ treinta y ocho años; tantos como grados de confianza perdidos. Quizá este ejemplo, con otros cuantos, sea la viva imagen de la España judicial. El CGPJ podría ser más respetable de lo que merece si quienes tienen la obligación de hacerlo se propusieran que la dignidad de la institución reemplazase al carrusel de filias y fobias en el que gira desde su constitución. Lo malo es que a estas alturas algunos sigan sin convencerse de que el edificio del número 8 de la calle Marqués de la Ensenada, de Madrid, no puede ser sucursal de los partidos políticos.
Sin claudicar de la sinceridad y con la dosis justa de autocrítica por haber pertenecido al CGPJ en el periodo 1990-1996, creo que el método de diez para mí y otros diez para ti –lo mismo diría si en el reparto de la tarta participasen otros partidos– no es la mejor manera de sacar a un órgano constitucional del atolladero del desprestigio en el que lleva metido hace años por el empeño de los políticos de que sus miembros responderán a la confianza depositada en ellos. Si con la justicia se buscan rentabilidades políticas, entonces sobran los tribunales y basta la intriga.
De una institución así compuesta poco cabe esperar, y no pasa de una burocratizada jefatura de servicios controlada por unos y otros
Confieso que, al igual que a muchos, el próximo 10 de diciembre, fecha en que está prevista la renovación del actual, me gustaría dar la bienvenida al octavo CGPJ. También que bienvenidos fueran los nuevos proyectos. Pero no me atrevo. Son demasiadas las ediciones del CGPJ presididas por el cambalache y el juego de trileros. Hacer política con la justicia es menester de traficantes de la justicia que alteran su pureza. Que la justicia funcione a golpe de batuta política es inadmisible y a nadie le puede extrañar que los jueces duden de que el CGPJ les represente y, lo que es peor, que defienda la independencia judicial. Una institución cuyos vocales, lo mismo que en las versiones anteriores, serán nombrados como se proponen hacerlo PSOE y PP, poco puede dar de sí y no pasa de una burocratizada jefatura de servicios controlada por unos y otros. Esto que afirmo no es un juicio temerario. Ojalá que las personas seleccionadas puedan demostrar que son capaces de sobreponerse a los recelos provocados por sus nombramientos.
Quien esto escribe cree en la Justicia y en el Poder Judicial y a menudo, como ahora, hace pública su fe. No se trata de una convicción asumida más allá de la razón, sino de su creencia, en la fórmula de Ortega y Gasset. No soy muy partidario de entender la Justicia como forma de poder. Por eso patrocino un CGPJ compuesto de gente independiente en el sentido gramatical del término. El individualismo resulta coartado por la fuerza, conocida de antemano, de unas instituciones políticas que ya sabemos lo que son y cómo son. En estas circunstancias, comportarse con absoluta libertad es muy difícil, aunque no imposible y ejemplos no faltan.
De ahí que insista en lo que decía al principio. Me consta que en las listas de vocales del nuevo CGPJ que los periódicos publican, los hay que merecen la consideración de juristas de reconocida competencia. Es más. Conozco de primera mano y me refiero fundamentalmente a su obra judicial, a algunos de los magistrados nominados en quienes concurren las virtudes del buen juez que describe Azorín. Por eso, al leer sus nombres me viene a la memoria la anécdota de aquel banderillero de Juan Belmonte que llegó a gobernador civil y que cuando le preguntaban cómo había podido ser, se limitaba a contestar:
—Pues ya ve usted, degenerando.
En mi etapa de vocal del CGPJ a la que me he referido, unos compañeros de la Audiencia Nacional quisieron conocer la opinión que tenía de él después de tres años de mandato. Les dije que me parecía un órgano hipotenso, sin pulso. Hoy la respuesta sería otra; más dramática, aunque quizá algo exagerada. El CGPJ está muy enfermo, casi en estado terminal. Se ruega una oración por el alma del finado.
El primer acuerdo entre el Gobierno socialista y el PP ha consistido en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La situación creada en el Tribunal Supremo tras la crisis de su Sala Tercera (sentencia sobre el impuesto de formalización de las hipotecas) exigía que socialistas y populares, cuyos grupos superan los 3/5 en ambas cámaras legislativas necesarios para elegir a los vocales del órgano de gobierno de los jueces, aparcasen sus profundas discrepancias para abordar un acuerdo de Estado.
Manuel Marchena, nuevo presidente del CGPJ
Con carácter previo: es verdad que el sistema parlamentario de elección de los miembros del CGPJ es muy criticado. En prácticamente todos los países democráticos, sin embargo, la forma de elegir la cúpula judicial cuenta con intervención no solo parlamentaria sino directamente gubernamental. Nuestro sistema no es peor que los demás, pero cojea gravemente por la mentalidad con la que se acomete, que es la de fijar cuotas. No debería primar el carácter ‘conservador’ o ‘progresista’ de unos y de otros, sino exhibir la trayectoria y la profesionalidad de los elegidos, ambas idóneas para servir rectamente en el gobierno de los jueces.
El PP y el Gobierno aciertan al concertarse sobre la figura del Manuel Marchena como nuevo presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. Un acierto que dispone de, al menos, cinco lecturas interpretativas:
1) Se opta por un jurista —fiscal de carrera y magistrado, presidente de sala del Supremo— que cuenta con una sólida reputación tanto entre magistrados como entre fiscales y en la abogacía. Es un togado dialogante, con planteamientos claros pero que atribuye un gran valor a la cohesión de sus colegas en el ejercicio de su función jurisdiccional y tiende a tecnificar sus tesis y obligar a su interlocutor a que haga lo propio con la suyas.
2) Manuel Marchena ha dirigido una sala del Supremo —la segunda— con un gran respeto por el criterio de todos sus magistrados, algunos no afines ideológicamente, y ha cohesionado su actuación jurisdiccional de una manera inteligente. Ni sus adversarios le niegan su capacidad de composición de discrepancias y el nivel jurídico con el que dota de continuo sus planteamientos. De la Sala Segunda bajo su presidencia han salido Cándido Conde Pumpido para ocupar plaza de magistrado del Tribunal Constitucional y dos fiscales generales, el fallecido José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar. La magistrada Ana Ferrer, también magistrada de la Sala Segunda, será la vicepresidenta del Consejo.
3) Marchena es un magistrado joven (nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1959) que entiende muy bien el valor de la transparencia en la actividad jurisdiccional y, en consecuencia, dispone de un eficaz modelo de relación con los profesionales de la información y con los medios de comunicación, muy a diferencia de otros predecesores suyos en el cargo. Al tiempo, la Sala Segunda ha sabido blindar la confidencialidad de sus debates en temas especialmente complejos.
El magistrado canario llegará con un proyecto institucional encaminado a restaurar la credibilidad del más alto órgano jurisdiccional del Estado
4) El CGPJ que presida Manuel Marchena no será el diseñado por la reforma de la ley orgánica de 2013 (que establecía una Comisión Permanente y un pleno del Consejo) sino por la que está a punto de salir del Senado, que restablece la plena dedicación de todos los vocales del órgano colegiado sin que unos lo sean con dedicación exclusiva y otros parcial. La reforma del PP (2013) no fue precisamente un acierto y es bueno que se regrese al modelo anterior, más plural y participativo. Esta vuelta al antiguo funcionamiento del CGPJ favorecerá que Marchena despliegue sus habilidades para lograr cohesión y unidad de criterio.
5) La designación prevista de Manuel Marchena como presiente del Supremo y del CGPJ le aparta de la presidencia, no solo de la Sala Segunda, sino de la presidencia del tribunal del proceso soberanista de cuya causa, además, era el ponente. Las especulaciones que vinculan el inmediato nombramiento de Marchena con un buscado apartamiento del magistrado de la causa especial del ‘procés’ son interesadas y erróneas. Marchena conoce el sumario al dedillo, fue el ponente del auto de admisión de la querella que inició el procedimiento y ha seguido paso a paso la instrucción de Pablo Llarena, pero su sustituto al frente de la sala y en la ponencia, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, como los demás miembros del tribunal, garantizan tanto como Marchena la imparcialidad y profesionalidad con la que se conducirá la vista oral y la emisión del fallo en su momento. No son previsibles ni nuevos criterios al respecto (en ningún aspecto) ni retrasos sobre los plazos previstos, aunque habrá que proveer la sala de enjuiciamiento con dos magistrados que sustituyan a Marchena y a Ana Ferrer.
En definitiva, el nombramiento de Manuel Marchena —resultado de un acierto común del Gobierno y del PP en un CGPJ con mayoría llamada ‘progresista’ (11-9)— permite albergar la esperanza de que la crisis del Supremo pueda ser superada,porque el magistrado canario llegará al ejercicio de sus altas responsabilidades con un proyecto institucional encaminado a restaurar la credibilidad del más alto órgano jurisdiccional del Estado. Lo iremos viendo con el tiempo. De momento, el acuerdo sobre la renovación en plazo de la cúpula judicial rompe el hielo entre el Gobierno y el PP cuando parecía imposible cualquier acuerdo de los muchos que necesita la reinstitucionalización del Estado.
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