El pasado mes de abril saltó a la luz pública a través de la prensa alemana el caso de las cientos de temporeras de la fresa en Huelva que habían sido objeto de abusos y agresiones, tanto laborales como sexuales. Cuando el 31 de mayo de 2018 los abogados de AUSAJ llegaron a una de las fincas explotadoras, de las más de 100 jornaleras que inicialmente querían haber denunciado, sólo alrededor de 30 de ellas consiguieron evitar la expulsión del país de forma violenta, intimidatoria e ilegal por parte de los empresarios que las tenían retenidas contra su voluntad, teniendo contrato y visados en vigor. Y de este número, únicamente 10 se han atrevido a denunciar el caso.

Estas 10 jornaleras de Huelva se encuentran en una situación muy complicada: no tienen recursos, no han cobrado nada de la empresa de los tres mil seiscientos euros de salario que, como mínimo, inicialmente deberían haber cobrado cada una; se encuentran atrapadas en España pues tampoco pueden regresar a su país sino es, como ellas dicen, “con la cabeza bien alta”; y la cabeza bien alta, en los países musulmanes, significa sin mancha, significa acreditar que todos sus sufrimientos son ciertos y que ellas nunca han sido, ni deseado ser, prostitutas. Se han defendido de las agresiones hasta límites inauditos, pero el hecho mismo de haber sido abusadas, en el mundo rural musulmán, constituye causa de exclusión social; transforma a la mujer en algo “sucio”. Hay una responsabilidad ajena a cualquier culpabilidad. Y, sobre todo, las jornaleras necesitan mandar a sus familias parte del dinero por el que tan duro han trabajado y tanto han sufrido; para mantener a sus hijos menores y familiares, que lo necesitan de una manera vital.  

Por todo ello  y porque una brizna de esperanza se ha abierto en este terrible asunto con la admisión a trámite de la denuncia de las jornaleras planteada ante Audiencia Nacional por presuntos delitos de trata de seres humanos y de lesa humanidad el pasado día 31 de julio, incoándose al efecto Diligencias Previas por el Juzgado Central de Instrucción num. 1, es por lo que necesitan permanecer en España por un tiempo, es por lo que hoy precisan vuestra ayuda, vuestro apoyo.  Para poder sobrevivir en este tiempo y, principalmente, poder mandar dinero a sus hijos.

Así, la razón esencial por la que se ha abierto la campaña de crowfunding es para que las trabajadoras puedan mandar dinero a sus familias, a sus hijos. El alojamiento y manutención lo tienen garantizado por el momento, con el apoyo del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ), así como el resto de gastos, pero los recursos son limitados, quedando fuera de nuestro alcance que las trabajadoras además pudieran cumplir con esa necesidad añadida, con esa obligación ineludible dadas las circunstancias, que es poder mandarles dinero a sus hijos. Se ha de tener en cuenta que todas ellas vinieron a España a trabajar y conseguir dinero para sus familias, y se encuentran en una situación en la que han sido violentadas de muchas formas y sin haber percibido su salario; hace cinco meses que no ven a sus familias y no han sido capaces de aportar nada al sostenimiento de sus hijos en Marruecos. Esto unido a lo que dentro de la sociedad musulmana rural supone verse envueltas en una situación de abuso, ese sentirse «atrapadas» al que antes nos referíamos, hace que en este caso el envío de dinero a Marruecos se convirtiera en algo esencial para su permanencia en España  mientras se tramitan  los procesos y ellas pueden regresar «con la cabeza alta».  Igual de importante resulta que las trabajadoras puedan mandar una parte, aunque sea pequeña, antes de la festividad del AID ( del 21 al 23 de agosto).  La cuestión es que si las trabajadoras no consiguen hacer ese envío, algunas de ellas pueden verse en riesgo de perder la custodia de sus hijos o  tienen que regresar de inmediato a Marruecos, con un recibimiento ingrato.

En la Campaña aparece como promotora  Belén Luján Sáez,  como abogada de las temporeras denunciantes, firmante de la denuncia planteada ante las mismas ante Audiencia Nacional, denuncia admitida por el Juzgado Central de Instrucción num. 1, Diligencias Previas 56/2018.  La abogada está integrada en AUSAJ, Asociación que les está prestando asistencia jurídica -y de todo tipo-, desde el primer momento, a las diez temporeras. Es la primera vez que en AUSAJ adoptamos una iniciativa de esta índole, pero la situación de las jornaleras es tan necesitada, que nos hemos visto por humanidad obligados moralmente a pedir la ayuda ciudadana a través de esta campaña de crowfunding.

La cuenta de recepción es de titularidad de la  promotora, desde la cual los fondos serán transferidos en su integridad a la cuenta de las jornaleras, quienes obviamente repartirán el importe sea cual sea por partes iguales. 

Como queda dicho,  el dinero recaudado en el crowfunding será destinado íntegramente a las jornaleras, a que estás envíen dinero a sus respectivas familias, siendo el destino final del dinero la cuenta de su titularidad. 

Necesitan vuestra ayuda!

Enlace al Auto de Audiencia Nacional completo

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Relato de lo ocurrido hasta ahora

El viernes día 1 de junio de 2018 el Juzgado competente por estar de guardia, el Juzgado de Instrucción num. 3 de La Palma del Condado (Huelva), se negó a recoger la denuncia, referida a más de cien mujeres marroquíes, temporeras de la fresa, a las que la empresa había encerrado para evitar que pudiesen denunciar los graves abusos laborales y sexuales, incluyendo violaciones, de los que habían venido siendo objeto, como habían relatado las periodistas alemanas de Corrective.org semanas antes.

Sobre todo, querían denunciar el hecho de haber sido forzadas -más que inducidas- a la prostitución mediante coacción, en la que jugaba un papel principal el hambre; todo ello con el chantaje en el fondo: “Este año nos han traído a los campos de Huelva a las putas de Marruecos. Las tocas y te denuncian“; “las casas de prostitución“; “los videos los vamos a mandar a vuestras familias a Marruecos“.

El Juzgado se negó a recoger la denuncia, emplazándonos a ir a denunciar tres días después, el lunes día 4 de junio. El mismo viernes, día 1 de junio, tras sernos impedida la denuncia en el Juzgado de Guardia, se denuncia en la Guardia Civil de Almonte. En ese momento se le entregan a la Guardia Civil el listado con los datos personales de las más de cien temporeras secuestradas por la empresa, que habían encargado a los abogados de AUSAJ comunicar a la Guardia Civil su intención de denunciar.

El domingo día 3, con la colaboración activa y principal de la Guardia Civil de Almonte, todas las trabajadoras que se encontraban en dicho listado fueron, de una forma u otra, forzadas a subirse a autobuses, siendo trasladadas a Marruecos, a pesar de contar con contrato y visado en vigor. Con la excepción de un pequeño grupo que escapó y  a las que no pudo capturar la Guardia Civil y los empleadores.

El lunes día 4 no quedaba ninguna de ellas en la finca, con la excepción, al parecer, de un grupo de ellas que habían sido engañadas por la empresa para que firmasen una contradenuncia falsa.

El lunes día 4, nueve de las temporeras que habían conseguido escapar comparecen y presentan denuncia ante la Inspección de Trabajo en Huelva; lo hacen en nombre propio y en el de las trabajadoras que no han podido comparecer. Desde ese primer momento las jornaleras pusieron de manifiesto no solo que no les había sido entregada nunca copia de su contrato de trabajo, ni habían recibido sus salarios, ni siquiera habían podido conocer sus propias nóminas y que no se les había pagado, sino que las terribles condiciones en las que se les obligaba a vivir y los abusos sufridos, vulneraban su dignidad (y la de todos).  El día 6 de junio, conforme información aparecida en prensa, tiene lugar la visita de inspección en la empresa denunciada cuyo resultado, igualmente se afirma, fue el de absoluta “normalidad” de la actividad de la empresa Denunciada.

Por su parte, el Juzgado impidió el acceso a las actuaciones judiciales hasta hace escasos días; sin embargo, las alcahuetas de los empresarios ya conocían el contenido de las actuaciones judiciales, y lo aprovecharon para intentar engañar y coaccionar, comprar, a las trabajadoras hoy denunciantes, ofreciéndoles arreglarles los papeles, contratarlas los años sucesivos y pagarles el dinero adeudado por sus nóminas, con la finalidad de que retirasen la denuncia  planteada contra la empresa y que acusasen en falso a todos aquellos que las habían ayudado a escapar de su cautiverio (“Habla con ellas a ver si las convences para que retiren aquello, fueron engañadas por parte de aquellos…“;”Tú no apareces en la denuncia. Las que aparecen son…“). (Enlace a transcripción)

Tampoco hemos conseguido el propósito buscado de que se investiguen estos graves hechos y se activen los Protocolos de actuación  en prevención de la trata de personas, ni acudiendo a la Brigada Central de la Unidad de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales, UCRIF, ni a sus Brigadas Provinciales, ni acudiendo ante la propia autoridad gubernativa –ante la que también se ha instado la aplicación del Protocolo.

Así las cosas, ante la gravedad de los hechos y su alcance, las diez trabajadoras formularon el pasado 31 de julio denuncia por presuntos delitos de trata de personas y de lesa humanidad ante los Juzgados Centrales de Instrucción de Audiencia Nacional, por entender este órgano como el competente dado el carácter transnacional que presentan los hechos. El Juzgado Central de Instrucción num. 1 de Audiencia Nacional ha dictado Auto de incoación de Diligencias Previas, dando trámite a la denuncia interpuesta. Es la primera oportunidad de que realmente los graves hechos que relatan las jornaleras (Enlace 1 y Enlace 2) sean investigados con plenitud y de forma integral.  

Pues bien, al contrario de lo que falsamente se afirma tanto por CGPJ, como por la Fiscalía General del Estado y por el mismo Ministerio del Interior, la ausencia de condenas por los gravísimos delitos de trata de personas y de lesa humanidad (por esclavitud y trabajo forzoso), no se debe a que las víctimas no quieran ir a juicio y abandonen voluntariamente el país antes de ir a juicio. Se debe a que las expulsan ilegal, violenta y delictivamente para que no vayan a juicio vulnerando con ello la legislación española y los Tratados Internacionales de los que España es parte; precisamente para impedir las condenas de los tratantes de esclavos, y proxenetas, que se quieren hacer pasar por empresarios agrícolas.

Pareciera que el trabajo forzoso y esclavo constituya una verdadera cuestión de estado; todas las Administraciones Públicas competentes, el Poder Judicial, la Fiscalía, los Cuerpos policiales y los principales medios de comunicación han estado durante años participando activamente en destruir cualquier posibilidad de que estos hechos sean, ya no juzgados, sino ni siquiera investigados.

La máxima aspiración de las diez jornaleras es volver a su país y reencontrarse con sus hijos y familias, todas madres de hijos de corta edad.  Pero, como dicen todas ellas, solo pueden regresar “con la cabeza bien alta”. Y la cabeza bien alta, en los países musulmanes, significa sin mancha, significa acreditar que todos sus sufrimientos son ciertos y que ellas nunca han sido, ni deseado ser, prostitutas. Se han defendido de las agresiones hasta límites inauditos, pero el hecho mismo de haber sido abusadas, en el mundo rural musulmán, constituye causa de exclusión social; transforma a la mujer en algo “sucio”. Hay una responsabilidad ajena a cualquier culpabilidad. Y, sobre todo, necesitan llevar a sus familias el dinero por el que tan duro han trabajado y tanto han sufrido; para mantener a sus hijos menores, que lo necesitan de una manera vital.

Pero sobre todo estas diez mujeres se han conjurado para hacer Justicia, para que lo que a ellas les ha pasado, no vuelva a pasarle a nadie más. Quieren hacer Justicia por encima de todo. Por sus hijos, por su honestidad, por su futuro. Por todos. Pues bien, para esto se han visto obligadas, tras ser derrotados todos nuestros anteriores esfuerzos por la inactividad de todas las Administraciones y órganos intervinientes, a solicitar lo que, de hecho le debería haber sido otorgado de oficio, sin necesidad de petición: el plazo de tres meses que marca el propio artículo 59 bis de la LO de Extranjería, el periodo de “restablecimiento y reflexión”, con el permiso de residencia y trabajo al mismo asociados. Porque quieren ir a juicio, porque quieren acusar, porque exigen Justicia. Y tienen derecho a ello.

Y para eso necesitan vuestra ayuda.

https://www.gofundme.com/temporeras-contra-la-esclavitud