“La sujeción del juez a la ley excluye que los jueces puedan hacerse portadores de programas o concretas orientaciones políticas” (R. Guastini).
En realidad, esta Independencia de criterio que se espera del juzgador, se explicita en las Motivaciones de sus resoluciones. Motivación que, como nos recordaba años ha el Tribunal Constitucional, no es una mera regla de cortesía, sino un derecho del justiciable, el derecho –con rango de Fundamental- a conocer las razones en que se fundamenta la Resolución que afecta a sus derechos o intereses legítimos.
De aquí que el artículo 117 de nuestra Constitución, en su primer apartado, sujeta expresa y terminantemente, a los Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, a Responsabilidad. No hace falta revisar los precedentes históricos, incluso anteriores al Fuero Juzgo, que ya exigía la responsabilidad por culpa grave o negligencia (“el iuez si iudga tuerto … si el iuez iudgo tuerto por ignorancia” – L.XIX, Titulo II, Libro II).
Sin embargo, la manera en que esta exigencia de Responsabilidad se viene produciendo –no solo en España- se ha definido como “Impunidad enmascarada de la Judicatura” (Fassone).
Y, como quiera que la labor de impartir justicia la estimo determinante para el buen fin de cualquier Estado que se pretenda de Derecho, más aún si también se presenta como Democrático y Social, y hace, además, de la Justicia uno de los valores esenciales del Ordenamiento Jurídico que preside, he de manifestar que, en mi opinión, los controles propios de la exigencia de responsabilidad, disciplinaria, civil o penal, resultan insuficientes. Y que esta insuficiencia se remonta a muchos años atrás. Demasiados.
En cuanto a la eventual exigencia de Responsabilidad Disciplinaria al Magistrado o Juez, como sin duda conocen, la única pretensión que se admite al particular denunciante, es la de incoación de Expediente Disciplinario. Nunca la de Sanción; pretensión que, de manera monolítica, se declara inadmisible; esta posición es no solo la del CGPJ, sino la de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo. El Denunciante no se tiene por interesado. Hay argumentos a favor; pero creo que los hay mucho más sólidos en contra.
En cuanto a la ya derogada (L.O. 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial) exigencia de Responsabilidad Civil, se encontraba con un riesgo inicial, sobre el que gravitó lo que la Plataforma por la Independencia Judicial refiere como el doble problema que afecta a la Independencia Judicial: el Corporativismo y la Politización. El riesgo era el de ser condenado a unas costas que, no lo duden, desincentivan un montón.
En cuanto a la Responsabilidad Penal, es aquí donde radica el punto central del problema. ¿Cómo sujetar a responsabilidad a quienes día a día desarrollan un trabajo titánico, sin medios, sin competencias sobre los pocos que tienen, sin personal, urgidos de plazos imposibles, y que hacen mucho más de lo humanamente exigible?
Tan evidente contrariedad, desgraciadamente, en mi opinión, opaca los procedimientos de exigencia de Responsabilidad Penal (no solo de la Disciplinaria, que también) que tienen lugar. Que los hay. Pero estos procedimientos, de nuevo en mi opinión, que no es poco común, suelen poseer, a menudo desde su misma incoación, evidentes connotaciones políticas. Todo ello, lastra la confianza de los ciudadanos en nuestra Judicatura de Base, desconfianza que es esencial evitar, evidentemente.
Porque, los héroes de nuestros juzgados son, primero, los Jueces de base, y segundo, los Magistrados de nuestras Audiencias. Pero –lo lamento- sobre estos últimos he de hacer una precisión, me refiero a los que han sido antes Jueces de Base; no a los “Turnos”, que por muy legítimos que nos puedan parecer, resultan gravemente afectados en su credibilidad por sus vínculos políticos, reales o producto de valoraciones, pero que en todo caso, afectan a la negativa percepción que muchos tenemos acerca de la Imparcialidad de nuestros Magistrados. Y de su Jurisprudencia, también la menor. Interpretemos lo dicho con arreglo a los tiempos que corren.
Este grave problema no se solucionará evitando las críticas. Y, por su gravedad, su solución, es en mi opinión, un requisito para el éxito de toda cuanta otra medida política, económica o social, conforme con nuestro Texto Fundamental, que se pueda tomar para recuperar la confianza en nuestras Instituciones. Es esa confianza la que determinará nuestro futuro, incluso el más inmediato.
Por otra parte, volviendo al inicio, en cuanto a la importancia de la Valoración de la Prueba en relación al Fallo de las Resoluciones Judiciales (sin entrar en el problema de su carácter técnico –propio de una especie de ciencia de la predeterminabilidad de la conducta humana- o lego –Jurado Popular), es importante no perder de vista que depende, primero, de su propia fundamentación, que ha de ser suficiente para que el justiciable pueda, tras el análisis de la Resolución, conocer las razones de la decisión que le afecta. Y segundo, del grado de confianza que los ciudadanos, no solo los justiciables, posean en la Imparcialidad del Poder Judicial –de sus integrantes. Porque fundamentaciones posibles, siempre las hay para todos los gustos. Es el “sabor” de estas resoluciones el que agrada a las papilas gustativas de la Imparcialidad Judicial.
Porque, más que la Independencia, lo que me interesa, es la Imparcialidad.
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“PIQUÉ VIDAL, IMPUTADO POR TENTATIVA DE ESTAFA
Publicado en EL TRIANGLE el 28 de octubre de 2015 – http://www.eltriangle.eu/es/notices/2015/10/pique-vidal-imputado-por-tentativa-de-estafa-4642.php
El bróker Seroux le atribuye la organización de una gran trama de blanqueo en Panamá
Joan Piqué Vidal, el abogado que asistió a Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, ha sido imputado por el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona por tentativa de estafa.
El bróker François Seroux denunció a la Policía que Piqué Vidal había orquestado una trama de blanqueo de dinero negro, cifrado en más de 250 millones de dólares procedentes de paraísos fiscales, enmascarada en una gran operación de captación de capital para obtener la adjudicación de una obra portuaria en la entrada atlántica del Canal de Panamá.
Jordi Pujol Ferrusola
Seroux indicó que estaban implicados en la búsqueda de inversores Jordi Puig Godés, hermano del consejero Felip Puig, y Jordi Pujol Ferrusola -que habrían fracasado en el intento de captarlos-, por lo cual el asunto llegó a la Audiencia Nacional, que investiga al hijo mayor del expresidente de la Generalitat por blanqueo de capitales.
Como Seroux también señaló que el consejero Puig le había reclamado una comisión del 5% a cambio de una inversión en el Puerto de Barcelona, el asunto se envió al Tribunal Superior de Justicia, que no apreció indicios de delito alguno en relación al consejero y archivó la parte correspondiente el pasado mes de julio.
El resto de la investigación sobre las denuncias de Seroux, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, han dado lugar ahora a la imputación de Piqué Vidal y del empresario Josep Sellas, que habrían integrado la trama de captación de dinero que ofrecía inversiones en el país centroamericano.
Caso Tacos y caso Estevill
Piqué Vidal y el juez Lluís Pascual Estevill fueron condenados en 2005 a 7 y 9 años de cárcel como responsables de un plan de extorsión a empresarios que Estevill investigaba y Piqué Vidal defendía, mediante el cual ganaron dinero a cambio de evitar que fueran condenados a penas de prisión.
Este año, Piqué Vidal ha pactado con la Fiscalía una condena de un año de cárcel en el juicio del caso Tacos, donde se le señalaba como el responsable del montaje de la estructura societaria que facilitaba el blanqueo de dinero del cártel de Sinaloa. Según las investigaciones dirigidas por el juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, Piqué Vidal era el hombre de confianza en Barcelona de Guillermo Ocaña, subordinado del ‘narco’ Héctor Beltrán Leyva.
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Alfredo Sáenz y el juez Pascual Estevill encarcelaron a varios empresarios con una denuncia falsa. Ahora Saenz se jubila con 88 millones de euros
Publicado en http://corrupcionesvarias.blogspot.com.es/2013/05/alfredo-saenz-y-el-juez-pascual.html
«La continuidad de Alfredo Sáenz como primer ejecutivo del Banco Santander se ha convertido en una cuestión de Estado. El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido modificar la ley para que la última decisión que tomó su predecesor en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero, se cumpla en contra, incluso, de una sentencia del Tribunal Supremo.
Todo comenzó en 1994 cuando se utilizaron datos falsos para poner a un grupo de empresarios en manos de la más siniestra red de corrupción judicial descubierta hasta el momento en España, la que dirigían en Barcelona el juez Lluís Pascual Estevill y el abogado penalista Juan Piqué Vidal. Los empresarios fueron encarcelados injustamente y, algunos de ellos, extorsionados por Estevill.
PP y PSOE se han conjurado para que ni el marco legal que regula el gobierno de las entidades de crédito ni el Poder Judicial puedan apartar a Sáenz de su cargo. De hecho, Sáenz ya debería haber sido destituido después de que el Tribunal Supremo le condenara a tres meses de arresto y tres de inhabilitación para el ejercicio de la banca por un delito de acusación y denuncia falsa. Así, sin especificar que las víctimas de los delitos de Sáenz acabaron en manos de Estevill.
El Tribunal Supremo confirmó parcialmente la sentencia emitida un año antes por la Audiencia de Barcelona, que condenó a Sáenz a seis meses de prisión y seis de inhabilitación. El procedimiento se inició por una querella presentada por los empresarios afectados: Pedro Olabarría, los hermanos Juan Ignacio y Luis Fernando Romero y el hombre de confianza del grupo, Modesto González Mestres.
La Fiscalía Anticorrupción, que desarticuló la trama de Estevill y de Piqué, se personó como acusación contra Sáenz y sus subordinados de Barcelona, que fueron los encargados de presentar la denuncia falsa contra el grupo de Olabarría y los hermanos Romero. En ese procedimiento, el representante de la Fiscalía Anticorrupción fue el fallecido David Martínez Madero, que más tarde sería nombrado por el Parlament de Catalunya primer director de la Oficina Antifrau.
Ambos fallos también consideraban que los principales instigadores de la denuncia falsa contra el grupo de Olabarría fueron el entonces director general de Banesto para Cataluña y Baleares, Miguel Ángel Calama, y el abogado del banco, Rafael Jiménez de Parga, amigo del juez Pascual Estevill.
Una de las empresas de la órbita del grupo de Olabarría y los Romero, Harry Walker, había suspendido pagos dejando a deber a Banesto más de 600 millones de pesetas. Banesto pretendía recuperar el dinero de las cuentas personales de los empresarios. Sáenz fue nombrado presidente de Banesto el 28 de diciembre de 1993, tras la intervención de la entidad y la destitución del hasta entonces hombre fuerte de la entidad, Mario Conde.
El gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, se decidió a intervenir Banesto y destituir a Conde después de que los servicios de inspección del regulador constataran un agujero patrimonial en el banco de al menos 300.000 millones de pesetas.
Una cifra que, a día de hoy, tras el dinero público destinado al rescate de la banca, puede parecer menos alarmante de lo que parecía en aquel momento. Sin embargo, sin Unión Monetaria y sin el euro, la cifra ponía realmente en peligro el sistema de pagos español.
Aunque, en buena medida, el colapso de Banesto se debió a las prácticas corruptas de Conde, especialmente en relación con la creación de la corporación industrial del banco, la práctica desaparición de los sistemas de control de riesgo puesta en práctica por el hoy tertuliano de Intereconomía contribuyeron en gran medida al desequilibrio patrimonial del banco. Por esa razón, Sáenz dio órdenes en cuanto se hizo cargo de la presidencia de recuperar los créditos impagados.
La sentencia considera que los instigadores de la denuncia falsa contra Olabarría y los Romero fueron Calama y Jiménez de Parga. El papel de Sáenz fue fundamental. No sólo autorizó la operación, sino que pretendía que los empresarios respondieran de la deuda de Harry Walker con su patrimonio personal, a pesar de que la estructura societaria lo impedía.
El nuevo presidente de Banesto conocía el estado de cuentas de los empresarios por el cargo que ocupaba antes de ser elegido por el Banco de España para rescatar el banco presidido por Conde.
El rescate de Banesto no fue el primero que tuvo que afrontar en su vida Alfredo Sáenz. En 1982, cuando Banca Catalana suspendió pagos, el propio Sáenz fue el encargado de reflotar la entidad, que más tarde acabaría en manos del Banco de Vizcaya. Fue gracias a su cargo en Catalana que tuvo noticia de las cuentas de Olabarría y los hermanos Romero, información que, en ningún caso podía utilizar en Banesto.
Durante el juicio, algunos testigos dejaron claro que Banesto contaba con que la instrucción de la querella falsa cayera en manos del juez Estevill con el único fin de amedrentar al grupo de empresarios. Estevill no sólo encarceló a Olabarría, Luis Fernando Romero y Modesto González, sino que cambió la condición de uno de los testigos, el fallecido empresario Lorenzo Rosal, a imputado para que le pagara 25 millones de pesetas en concepto de soborno a cambio de no ingresar en prisión.
Aunque Sáenz fue condenado sólo por acusación y denuncia falsa, ha quedado claro que es un hombre realmente importante para su patrón, el presidente y principal accionista de la entidad, Emilio Botín. Tanto es así, que Botín logró que el último Consejo de Ministros presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero le indultara por la condena.
El año pasado le pagó un salario de 8,2 millones de euros, el doble del que cobró él mismo como presidente del consejo de administración. Y eso que Sáenz se había rebajado sus emolumentos en un 29%, porque en 2011 cobró en concepto de salario 9,2 millones de euros.
Es el banquero mejor pagado de España y el quinto del mundo. El próximo 21 de noviembre, Sáenz cumplirá 71 años. Y, aun así, su patrón le considera imprescindible para el banco.
El Supremo considera que el Gobierno de Zapatero se extralimitó y anuló parcialmente el indulto. Y acaba de iniciar los trámites para la inhabilitación de Sáenz que, si la ley se mantuviera como hasta ahora, no podría reincorporarse al cargo, porque el Banco de España impide que los ejecutivos bancarios tengan antecedentes penales.
Y el Supremo ya ha dado instrucciones para que el nombre de Sáenz sea incluido en el Registro Central de Penados y Rebeldes. Por eso, el Gobierno de Mariano Rajoy ha convertido en una prioridad absoluta reformar la ley financiera para que la condición de honorabilidad de los ejecutivos bancarios sea discrecional del Banco de España y no dependa de los antecedentes penales. Una ley elaborada a la medida de Alfredo Sáenz.» (eldiario.es, 16/04/2013)
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ENLACES RECOMENDADOS:
http://lagrancorrupcion.blogspot.com.es/2010/01/la-justicia-en-barcelona.html
http://www.elche.me/biografia/macia-gomez-ramon-ignacio
http://corrupcionesvarias.blogspot.com.es/search/label/l.%20Pacual%20Estivill