[1] PRESCINDIBLES
Por Josep Jover
Articulo publicado el 17 de julio de 2018 en:
https://confilegal.com/20180717-prescindibles/
Hace varios años que escribo en Confilegal, quien siempre me ha tratado con enorme respeto, aunque esté, ideológicamente, en las antípodas políticas y sociales de lo que pienso.
Aunque muchas veces pretendo que no se me note, soy un jurista que escribe en un medio de juristas y para juristas. Intentaré no entrar al trapo en esas discordancias jurídico/políticas, porque creo que el mensaje de estas humildes líneas debe trascender a ellas. Es, entiendo, lo que planteo, mucho más grave.
Entre todos nosotros, formamos en tercer pilar, el judicial, de cualquier estado democrático. En él no sólo están los jueces, están los letrados de la Administración de Justicia, los fiscales, los funcionarios de los juzgados y cárceles, los abogados del estado, los peritos, los policías y hasta los abogados algo raros, como yo. En este club me considero socio, hasta que no me echen.
Desde hace más de diez años, vengo detectando con enorme preocupación el crecimiento dentro de la sociedad de una convicción, que cada vez se está consolidando más. La de que somos, como tercer pilar del estado, perfectamente prescindibles.
Y no es por méritos del contrario, sino por deméritos propios. Continuamente enviamos señales que se entienden en contra de nuestros propios intereses.
En contra de lo que ha de defender y ser ese tercer pilar.
Lo hemos hecho tan mal, que la ciudadanía está dando por «normales» que la cárcel se utiliza para la venganza colectiva, los policías para proteger a hostias el “orden establecido” y que los jueces están a lo que los políticos les digan.
Estamos enviando esas señales cuando el Tribunal Constitucional aparca una sentencia, la del aborto, durante más de DIEZ AÑOS, sólo porque al gobierno que ha mandado los últimos años, quizás no le gustaría lo que se resolviera.
Estamos enviando esas señales cuando en ese mismo Tribunal se resuelven cuestiones políticas en cinco minutos y los ciudadanos son expulsados mayoritariamente en sus requerimientos de amparo a dicho alto Tribunal.
Sólo un afortunado 8% (entre los que se incluyen, a su vez, asuntos también políticos y empresariales) tienen el privilegio de pasar el filtro de admisión.
Estamos enviando esas señales cuando se hace público y notorio que los únicos méritos que prevalen para acceder a la alta magistratura, son los de sintonía con una clase social determinada. No hace muchos días un miembro de la Junta de Gobierno del ICAM, nos hablaba en Confilegal de que la Transición no había llegado a la Magistratura.
Estamos enviando esas señales cuando la tercera autoridad del Estado y primera de la Magistratura se tiene que ir a casa por corrupción y nadie levanta un dedo y pregunta dentro de nuestro «gremio».
O cuando 750 jueces y magistrados firman una carta quejándose de la presión que sufren de la ciudadanía o cuando el CGPJ envía otra carta al Gobierno, poniéndose la “venda alemana” antes de que se produjera la herida, pidiendo que se les defienda.
Estamos enviando esa señal, cuando desde que se creó el turno de oficio, hace más de 20 años, el Ministerio no se ha dignado a subirlo «ni una peseta» revelando lo que le importa el Derecho de Defensa.
Y también cuando somos el hazmerreír de la comunidad jurídica con esa LEXNET donde todos los datos, personales o no, de todos los procedimientos, han quedado en manos del ejecutivo, en sus servidores.
Estamos dando esas señales cuando un policía tumba de un bofetón una señora, sin agresión previa, y le caen sólo cuatro días, y por que se filmó.
Sólo la palabra del policía hubiese bastado para enchironar por años a la “irrespetuosa”; o cuando después de una acción más que violenta, la excusa son las “ordenes recibidas” y no se depura ninguna responsabilidad.
Estamos dando esas señales, cuando de lo único que se sabe de la relación del CGAE/CGPE con el gobierno es el premio que, después de un opíparo banquete a costa de los abogados, que se le dio a un ministro homófobo, precisamente por sus méritos en la «igualdad de género».
Y estamos dando esas señales cuando nadie en el Poder Judicial ha explicado a los españoles que la sentencia del tribunal alemán (que tiene un consejo general del poder judicial para cada land), tiene unos hechos probados y que el Estado Español los ha de asumir, porque también esa sentencia forma parte de “nuestro” tercer pilar.
Y eso pasa porque hemos ido cediendo pedazos de soberanía a Europa a cambio de dinero e influencia (la última de hace tres meses, con el desmantelamiento programado de la fiscalía anticorupción, para crear una de europea) y nadie se lo ha explicado a los ciudadanos.
Y eso pasa porque hemos permitido que las portadas de los diarios y digitales sean los que dicten sentencia y exijan la ejecución.
Y eso, finalmente pasa, porque la ministra, cuando era fiscal, se manifestaba en la calle pidiendo unas cosas determinadas, y ahora, con la moqueta por medio, ni siquiera “las contempla”. Y de eso sólo ha pasado un mes.
El problema que aquí destaco, no se soluciona cambiando de “comunity manager” o diciendo “es que tenemos un problema de comunicación”; el problema es entender que el sueldo de cada uno de nosotros no lo paga la Ministra, o el director de un periódico que azuza a las masas para ganar lectores; sino los ciudadanos que vienen a pedir justicia y los ciudadanos que hay que proteger. Y eso va especialmente para los altos cargos de ese tercer pilar, inclusive los magistrados del Tribunal Constitucional.
Por favor, hagan lo que quieran, pero no nos conviertan en prescindibles.
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[2] Conferencia «La independencia judicial», a cargo de doña Mercedes Alaya, organizada por Agrupación Justicia y Cultura, en colaboración con la Sección de Ciencias Jurídicas y Políticas y con la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, celebrada en el Ateneo de Madrid, en junio de 2017.
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Sumario:
[1] PRESCINDIBLES , por Josep Jover
[2] Conferencia «La independencia judicial», a cargo de doña Mercedes Alaya
[3] Mercedes Alaya: «PSOE y PP me quitaron por miedo a que investigara los cursos de formación», entrevista de Maria Jesús Pereira
[4] La nómina del marido de Susana Díaz se cargó a 102 cursos distintos, por Silvia Moreno
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[3] Mercedes Alaya: «PSOE y PP me quitaron por miedo a que investigara los cursos de formación»
Entrevista de Maria Jesús Pereira
Articulo publicado el 21 de mayo de 2018 en:
La juez asegura que la quitaron de en medio «porque lo que estábamos viendo era sumamente grave» y podía estar pasando en otras autonomías
Mercedes Alaya, la juez que «tirando del hilo» destapó numerosos casos de corrupción en España, rompe su silencio y concede a ABC su primera entrevista, que se desarrolló en el Cortijo Torre de la Reina (Guillena, Sevilla), donde durante más de dos horas expuso sus opiniones sobre la independencia del poder judicial, las macrocausas y la necesidad de reformar el Código Penal para casos de corrupción, entre otras cosas. La que fuera juez instructora de los casos ERE, Mercasevilla, cursos de formación, avales... asegura que PSOE y PP votaron en el Consejo General del Poder judicial «apartarla» de las macrocausas porque había miedo a que siguiera investigando los cursos de formación, donde -dice- habían encontrado hechos «sumamente graves».
En sus intervenciones públicas ha hecho bandera de la independencia del poder judicial. ¿Está amenazada esa independencia está en España?
De muerte no, pero sí de grave enfermedad. La independencia judicial es el baluarte y el principal pilar del Estado Social y democrático de Derecho, es la garantía de la libertad de los ciudadanos y de los derechos fundamentales. Nuestra joven democracia tiene un sistema judicial que resulta envidiable en principio para el resto de los países que nos rodean y me refiero a Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos… En esos países, quien lleva la investigación judicial de los delitos es el fiscal, que depende directamente del poder ejecutivo, más concretamente del ministro de Justicia y a veces éste forma parte del poder judicial. Allí quien termina finalmente investigando es la Policía sin apenas control alguno y rige el principio de oportunidad, que es lo mismo que discrecionalidad, que se convierte lógicamente en arbitrariedad porque se persiguen los delitos según, cómo y quién.
En España, en cambio, rige el principio de legalidad, donde se persigue cualquier delito que se cometa, sea cual sea el delincuente o quien gobierne. Por tanto, tenemos en España un sistema judicial que en teoría puede darle veinte mil vueltas al que tienen el resto de países europeos, pero en la práctica ese principio de oportunidad se pretende introducir a través del Consejo General del Poder Judicial, que está absolutamente politizado, y a través del Ministerio Fiscal, que depende directamente del Gobierno porque éste nombra al Fiscal General del Estado.
En los primeros años de la democracia se acordó la elección de parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte del Congreso y el Senado. ¿De aquellos polvos vienen estos lodos?
Claro. La Constitución dice que el CGPJ, que es el órgano de gobierno de los jueces, constituido para garantizar la independencia judicial, estaría constituido por un presidente y 20 vocales. Por la desconfianza inicial hacia los jueces y otros cuerpos, como la Policía o los militares, se estableció que 8 de los 20 vocales serían nombrados entre juristas de reconocido prestigio y el resto, entre jueces. Esto hoy no tendría ningún sentido porque los jueces somos juristas de reconocido prestigio y entre nosotros hay muchas figuras de relevancia.
Las Leyes Orgánicas del Poder Judicial establecieron con posterioridad cómo se elegían los otros 12 miembros del CGPJ. Cuando llegó el PSOE al Gobierno, con la Ley Orgánica 6/1985, y al grito del señor Guerra de «Montesquieu ha muerto», fusiló la independencia del poder judicial ya que esos 12 vocales judiciales del CGPJ también iban a ser elegidos por el Congreso y el Senado. Eso no significaría nada si no fuera porque el CGPJ elige los principales órganos jurisdiccionales: el presidente del Tribunal Supremo y a su vez presidente del CGPJ, el vicepresidente del Tribunal Supremo, a los presidentes de Sala, a los magistrados del Tribunal Supremo y al director del gabinete técnico de dicho Alto Tribunal; al secretario y vicesecretario del CGPJ; a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas; al presidente de la Audiencia Nacional y a los presidentes de sala de dicho órgano, así como a presidentes de las Audiencias Provinciales… Incluso, un tercio de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas son elegidos a través del CGPJ por los parlamentos autonómicos. ¿Qué han conseguido con eso? Introducir al poder político y a los partidos políticos dentro de los procedimientos judiciales porque esos altos órganos jurisdiccionales sí que intervienen en los procedimientos, creando cuanto menos una apariencia de falta de independencia judicial.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los casos de corrupción acaban en esos altos tribunales, parece difícil que los partidos políticos vayan a renunciar a nombrar a parte de los vocales del CGPJ.
Efectivamente. Y encima nos encontramos con la falta de independencia del Ministerio Fiscal, que es normalmente la única parte acusadora en los delitos contra la Administración o también llamados de corrupción. Así es que la conclusión es que no todos somos iguales ante la justicia. Se aplica la ley a rajatabla en un delito ordinario, pero la situación no va a ser la misma en un delito de corrupción o en el que haya personajes que tengan cierta concentración de poder. Por ello soy una firme defensora de la acción popular, de que los ciudadanos puedan intervenir en esos procesos.
¿Qué opina de la reforma judicial que permitirá a los fiscales instruir las causas, en lugar de hacerlo un juez?
Con eso tendríamos la tormenta perfecta porque esa instrucción por parte de los fiscales se plantea sin que gocen de independencia, sino que seguirían dependiendo del Fiscal General del Estado y, por tanto, del Gobierno. Se plantea esa reforma de una manera muy grosera porque el fiscal irá instruyendo pero al órgano de enjuiciamiento no le llegará lo que ha instruido, es decir, el atestado, la declaraciones de los investigados y de los testigos… algo importantísimo para conocer el contenido de la investigación y hacer valer las contradicciones por las partes acusadoras. Estamos volviendo al sistema de los gobiernos neoliberales de Alemania, Francia y Reino Unido, en los que impera el principio de oportunidad, no de legalidad. Vamos en dirección contraria a Italia, donde se encuentran algunos de los mejores procesalistas del Derecho Comparado, donde el Ministerio Fiscal dependía en un principio del Poder Ejecutivo, pero conscientes de que ello suponía una falta absoluta de independencia, establecieron que el fiscal, integrado en el Consejo General de la Magistratura, como el resto de los magistrados, realizara su función instructora con total independencia. Allí la diferencia es de mera denominación pues todos son magistrados, unos dedicados a la investigación y otros al enjuiciamiento.
Se queja de que la apartaran de las macrocausas, pero fue usted quien pidió irse del Juzgado de Instrucción 6 para ocupar una plaza en la Audiencia Provincial.
Mi decisión de ascender a la Audiencia vino motivada porque tiene cuatro secciones penales y era muy difícil ascender salvo que se diera una circunstancia excepcional, como la que se dio entonces al crearse una quinta plaza de magistrado en cada sección. Con independencia de que esa oportunidad estaba ahí, yo recabé el compromiso expreso de todos los órganos jurisdiccionales superiores, sobre todo del Consejo General del Poder Judicial y de la Presidencia de la Audiencia Provincial, de que se me iba a mantener la comisión de servicio en el Juzgado de Instrucción 6 para terminar las macrocausas aunque ganara esa plaza en la Audiencia. Fue una autorización verbal porque hasta que yo no pidiera la plaza esa comisión de servicios no se podía producir. Me dieron la conformidad personas que hasta ese momento me merecían todos los respetos y confianza. Esas personas estaban en contacto conmigo casi a diario para aconsejarme qué pasos tenía que seguir.
El presidente de la Audiencia Provincial o los vocales mayoritarios del CGPJ querían que yo acabara de instruir las macrocausas, dado el conocimiento adquirido después de cuatro años investigando asuntos tan extremadamente complicados. Ese compromiso se me mantuvo en todo momento, incluso después de haber accedido a la Audiencia. De hecho, la sección séptima de la Audiencia Provincial, a la que yo me incorpore, estaba convencida de que mi estancia allí iba a durar días porque tendría la comisión de servicios en el Juzgado de Instrucción 6. ¡Cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que todo fue un burdo engaño porque tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de dichos procedimientos! En mi opinión, mi salida de las macrocausas no fue provocada por el tema de los ERE, porque la pieza principal estaba íntegramente instruida, así como muchísimas ayudas sociolaborales a empresas y respecto de la llamada pieza política ya poco se podía hacer más. La causa real de la denegación de la comisión de servicios fue, desde mi punto de vista, el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas asombrosas.
¿Por qué al PP no le iba a interesar que se siguieran investigando los cursos de formación?
Porque había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas. En segundo lugar, me puedo plantear que las ilicitudes en los cursos de formación no sólo estuvieran produciéndose en Andalucía sino que pudieran extenderse a otras comunidades donde no gobernaba el PSOE. Mi percepción personal, y la del equipo de investigación que yo había formado con la UCO, es que no querían que investigáramos los cursos de formación, porque lo que estábamos viendo era sumamente grave, como era que una Administración impidiera físicamente a los funcionarios que controlaran el desarrollo de los cursos de formación sin ponerles coches, sin pagarles dietas, sin darles posibilidad de horarios, cursos que en muchísimos casos no se impartían; en otros supuestos, sin seguir el procedimiento expresamente previsto, se utilizaban las subvenciones a formación concedidas por la Junta para con ellas pagar nóminas a trabajadores, que en muchos casos no recibían dicha formación, pero permitiendo con ello que durante el tiempo de la supuesta formación siguieran cotizando a la Seguridad Social, lo que posibilitaba que los trabajadores pudieran acceder nuevamente a prestaciones por desempleo. Asimismo, durante años se concedieron nuevas subvenciones para cursos de formación a cientos de empresas sin haber acreditado previamente los gastos de las subvenciones recibidas el año anterior, que es lo que la normativa exige. Además estaba investigando el tema de la fundación Faffe, de la que podríamos hablar durante largo tiempo con hechos sorprendentes. Insisto en que a mi modo de ver no interesaba la investigación de los Cursos de Formación.
El caso de los avales concedidos por la Agencia IDEA, de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, era presuntamente como el de las ayudas sociolaborales pero con otro ropaje distinto, es decir, conceder avales sabiendo que no los iban a ejecutar a las mismas empresas que habían recibido ya ayudas sociolaborales o a otras diferentes. Estamos hablando de avales que no llegaron a intentar ejecutarse nunca. Cuando abandoné el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, la instrucción de esta causa, con el conocimiento adquirido del tema de los ERE, la dejé expresamente ordenada, especificando todas las diligencias de investigación que debían practicarse.
Si hubiera sabido que no le iban a dar la comisión de servicios para acabar las macrocausas, ¿hubiera perdido la oportunidad de ascender a la Audiencia?
No me hubiera movido del juzgado porque tenía un compromiso personal con estas causas y con el equipo de investigación que había formado con la UCO, con los interventores del Estado, los inspectores de Hacienda, inspectores del Consorcio de Compensación de Seguros y los funcionarios de mi juzgado, en especial con Charo, funcionaria a la que la Guardia Civil impuso una medalla por el servicio prestado, que me acompañaron en estos avatares. Yo estaba disfrutando con lo que estaba haciendo, y creía que mi lugar era ese en aquel momento.
Se le ha criticado por querer acaparar toda la instrucción del caso de los ERE y no querer compartirla con otros jueces de refuerzo.
Desde 2011 a 2013 yo había llevado los tres casos de Mercasevilla, el Betis, los ERE, junto al resto de las causas ordinarias de mi juzgado y mis guardias. En 2013 me nombraron un juez sustituto, Iván Escalera, para la llevanza ordinaria de los asuntos, cosa que hizo maravillosamente a fin de que yo pudiera dedicarme a la investigación de aquellas causas complejas. Caí enferma y a la vuelta, el presidente del TSJA me planteó que quería reforzar mi juzgado con dos jueces más para la llevanza de los macroprocesos. Yo me incorporé todavía enferma, cuando todavía tomaba 17 pastillas, y no me podía permitir el lujo de dar clases particulares a jueces que no tenían ni idea de por dónde tenían que coger esos temas. Estamos hablando de millones de folios. Me costaba más trabajo explicarles lo que había instruido, lo que tenían que hacer y luego coordinar todas las actuaciones, que hacerlo yo misma. Por eso no quise aceptar la ayuda de esos dos jueces. No quería aceptar además ninguna ayuda fuera del juez sustituto porque esa ayuda era a cambio de presiones internas del TSJA. Dicho y hecho.
Finalmente, no tuve más remedio que acceder porque se cesó al referido juez sustituto y se me impuso la ayuda de un magistrado titular de refuerzo para que llevara los asuntos ordinarios y además me obligaron a cederle las guardias. Cobrar o no cobrar esas guardias era lo de menos, pero me quitaba la posibilidad de que una vez a la semana tratara otros temas diferentes y estar en contacto con el personal de mi juzgado. Con ese magistrado titular de refuerzo fue cuando el juzgado estuvo en los asuntos ordinarios más retrasado que nunca, lo contaban los funcionarios, y eso puede verse en las estadísticas. Era muy habitual cuando llegaba la una de la tarde, que ese compañero me dijera: me voy al club Pineda a almorzar con mi mujer, o me voy a recoger a mis niñas del colegio… Imagínese la cara que se me quedaba a mí porque todavía me quedaba una larguísima jornada por delante. Sé que hubo alguna llamada de atención y ese magistrado tuvo que ponerse las pilas. Yo tuve que pasar por todo esto, y por muchísimo más que no cuento, circunstancias que poca gente conoce.
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[4] La nómina del marido de Susana Díaz se cargó a 102 cursos distintos
Por Silvia Moreno
Articulo publicado el 12 de junio de 2016 en:
http://www.elmundo.es/andalucia/2016/06/12/575c4cf2e5fdea745f8b45ec.html
La nómina de José María Moriche, el marido de la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, durante su etapa como auxiliar administrativo en el Instituto de Formación y Estudios Sociales (Ifes) de UGT, se cargó al menos a 102 cursos distintos costeados por el Gobierno andaluz, a través de las subvenciones millonarias para la formación que cada año concedía a la federación andaluza de este sindicato.
Moriche estuvo casi una década trabajando en el instituto de UGT encargado de dar cursos de formación. Primero estuvo contratado un año en el sindicato y, después, durante ocho años más en Ifes, hasta que su esposa fue nombrada consejera de Presidencia en 2012 por el entonces presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán.
Según la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la nómina de Moriche se cargó a 102 cursos distintos correspondientes a tres subvencionesconcedidas por la Junta a UGT-A entre los años 2008 y 2010 que suman 25.008.656,75 euros.
Crece, por tanto, el número de ayudas concedidas por el Gobierno andaluz a las que se cargó de forma irregular la nómina del marido de la presidenta, ya que a los dos expedientes ya conocidos -uno destapado por EL MUNDO y otro por el PP en la comparecencia de Susana Díaz en la comisión de investigación del Parlamentosobre el fraude de la formación- se une ahora un tercero.
El tercer expediente bajo sospecha es el 98/2009/M/2111, que se publicó en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) el 15 de abril de 2010, durante la etapa de Griñán como presidente de la Junta. Se trata de una ayuda de 2.986.833,75 euros para que UGT impartiera cursos. La nómina de Moriche se cargó a seis acciones formativas: infografía de medios audiovisuales, informática de usuario (tres cursillos distintos con la misma denominación), operador de cámara y técnico de sistemas microinformáticos.
A pesar de que Moriche era auxiliar administrativo del Ifes de UGT -así figura en su nómina-, para justificar la subvención ante la Junta aparecía como «tutor, evaluador y preparador» de todo tipo de acciones formativas. Si sólo en tres años -2008, 2009 y 2010- UGT coló la nómina de Moriche en 102 cursos distintos de tres subvenciones por valor de 25 millones de euros, en los ocho años que estuvo trabajando en Ifes posiblemente su nombre esté asociado a decenas de acciones formativas más.
Eso quizá explique el recelo del Gobierno andaluz a remitir a la comisión de investigación del Parlamento el listado completo de ayudas concedidas a UGT y al Ifes. El pasado 20 de mayo, este diario informó de la queja presentada por el PP ante la comisión de investigación, después de que la Junta no hubiera remitido 56 expedientes claves de ayudas al sindicato en las que podría figurar el marido de la presidenta andaluza.
Es la propia Junta la que rechaza y ve irregular que se carguen las nóminas de personal no docente como si lo fueran a la hora de justificar los cursos. Así queda reflejado en la resolución de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo que exige a UGT el reintegro de 12 millones de euros de los 14 millones concedidos en el expediente 98/2008/J/0244, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de julio de 2008, presidido entonces por Manuel Chaves. La resolución de reintegro de la Dirección General, en poder de este diario, está fechada el 28 de octubre de 2015 y todavía no es firme, según las fuentes de la Junta consultadas.
En ese escrito, la Administración subraya que «no es posible imputar personal con funciones meramente administrativas, al carecer de la calificación profesional pertinente», a las «funciones docentes», para las que «se exige una calificación técnica adecuada». Es el caso de Moriche, que, pese a estar contratado como auxiliar administrativo, figura como «tutor, evaluador y preparador» de los cursos subvencionados.
De la ayuda de 14 millones de euros a UGT, la Junta descuenta 1.154.319,30 euros, al «no resultar elegible el gasto» de las nóminas de los trabajadores del Ifes que no eran docentes y que el sindicato pretendía colar como profesores para justificar la ayuda. Además de Moriche, había otros trabajadores del sindicato en esta situación, ya que sus nóminas se usaron para justificar las ayudas de forma irregular.
«Se consideran gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y que hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del plazo de justificación», remarca el escrito de la Junta.
El tercer expediente de ayudas en el que figura la nómina del marido de la presidenta de la Junta es el ya conocido macroexpediente 98/2009/J/0217 por importe de 8.021.823 euros, que está plagado de irregularidades presuntamente delictivas, como han alertado la Fiscalía Superior de Andalucía y la Cámara de Cuentas de Andalucía.
La Junta también mantiene abierto sobre esta ayuda un expediente de reintegroque ha sufrido todo tipo de vicisitudes. El 21 de mayo de 2012, la entonces directora general de Formación, Teresa Florido, ahora imputada en el fraude de la formación, firmó una propuesta de acuerdo de reintegro por importe de 204.868,10 euros.
Aquella propuesta se guardó en un cajón y no se le dio trámite hasta el 14 de octubre de 2013 -en pleno escándalo de las facturas falsas que EL MUNDO empezó a publicar a finales de julio de 2013-, cuando la Junta, con otro consejero al frente -Luciano Alonso- reactivó la petición. La Fiscalía y la Cámara de Cuentas alertaron del riesgo de prescripción.
Azafata auxiliar y diseño aeronáutico
Todo tipo de cursos subvencionados por la Junta sirven para justificar la nómina del marido de la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, José María Moriche, en su etapa como auxiliar administrativo del Instituto de Formación y Estudios Sociales (Ifes) de UGT en Sevilla. La nómina de Moriche figura al menos en 102 cursos de tres expedientes de ayudas: informática de usuario, diseño web y multimedia, técnico de sonido, infografista de medios audivisuales, vigilante de seguridad privada, formación técnica en orientación profesional para el empleo, fabricación eléctrica, tratamientos superficiales y pinturas aeronáuticas, diseño aeronáutico, montaje de instalaciones, inglés: atención al público, automatismo con control programable y técnico de sistemas de energías renovables. La acción formativa más llamativa en la que figura Moriche es el curso de azafata auxiliar de congresos.
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