Indice – Esclavitud en la España del siglo XXI
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«Pilato Le preguntó: ¿Qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez adonde estaban los Judíos y les dijo: «Yo no encuentro ningún delito en Él.»
Juan 18:38
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¿Qué es la verdad?
Por Andrés L. C. Técnico Informático y editor de Punto Crítico
Ni el propio Jesús de Nazaret, quien, según los evangelios decía ser «el camino, la verdad y la vida» fue capaz de responder una pregunta tan importante ante quien parecía tener toda la intención de indultarle. No seremos nosotros quienes lo hagamos. Sin embargo, hemos de decir que en el asunto del que trataremos en este artículo, nos sentimos con toda la autoridad que el caso requiere para desmentir y denunciar el tratamiento que, la práctica totalidad de los medios de comunicación de este país está haciendo de este asunto.
Lo que contamos aquí, no es fruto de informaciones periodísticas ni de interpretaciones sesgadas, lo contamos porque estuvimos allí desde el principio y porque seguimos estando. Los abogados de AUSAJ conocen de primera mano todo lo que ocurrió en una de las fincas de la empresa Doñana 1998 S.L.
Juzgue el lector si lo ocurrido es, como difundieron algunos medios, un montaje para conseguir los papeles, o la denuncia de un grupo de mujeres, trabajadoras cansadas de un trato inhumano y degradante propio del medievo.
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En primer lugar debemos aclarar que AUSAJ no debe confundirse con el SAT.
AUSAJ ejerce la asistencia letrada del SAT en el Procedimiento Penal iniciado el día 1 de junio de 2018 por denuncias del SAT, de la Letrada de AUSAJ Belén Luján y de una Trabajadora Marroquí (que los letrados de AUSAJ consiguieron sacar de uno de los Campos de Trabajo el día 31 de mayo y trasladaron al Servicio de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Huelva, donde fue diagnosticada de diversas afecciones relacionadas con la prestación de su trabajo por el mal trato recibido en la Empresa, que ha impuesto condiciones intolerables).
De justicia es decir que el SAT fue la única organización que se ofreció a colaborar con AUSAJ y con las trabajadoras (10 en estos momentos) para llegar a una justa resolución de este terrible asunto, que es reflejo de una situación que viene durando, al menos, veinte años ya. La colaboración del Sindicato andaluz está siendo esencial, poniendo a nuestra disposición y al de las trabajadoras medios personales y materiales, y mostrando una preocupación y sensibilidad que ninguna otra organización sindical ha tenido.
El pasado 30 de abril, la web alemana correctiv.org, publicaba un reportaje titulado “Er kommt am Abend” (Él viene por la tarde), un estremecedor reportaje de investigación en el que se denunciaban violaciones, abusos y explotación en los campos de fresas de Huelva.
Si el documento de por sí resultaba aterrador, un hecho lo hacía aún más vergonzante, el que la denuncia fuera efectuada por un medio extranjero y no por uno español. Parece que lo que, según supimos más tarde, ocurría desde hacía muchos años en los campos de Huelva, no le interesaba a ningún medio nacional.
El 15 de mayo, publicamos en Punto Crítico el artículo “¿FEMINISMO NEOLIBERAL? Ya; y pajaritos preñados // Huelva: esclavitud laboral y sexual en los campos de Fresas” en el que mencionábamos el artículo de Perico Echevarría que llevaba el mismo título del reportaje alemán y que había sido publicado en El Confidencial Andaluz el día anterior.
Tras esta publicación, nuestra Asociación comienza a recibir informaciones anónimas sobre este asunto. El 30 de mayo, nuestros abogados se hallaban en Málaga atendiendo la entrada voluntaria en prisión de Francisco Molero. Ese día reciben una llamada en la que son informados de que en las inmediaciones de Almonte, hay un campo en el que se encuentra una trabajadora con la cadera rota, que no se podía mover, y una segunda que debía ir a Urgencias pero que no podía hacerlo porque nadie se ofrecía a hacerlo y la encargada de la empresa le pedía 40€ por su traslado al hospital, cantidad que no podía pagar porque no le habían abonado su salario.
Presentados por sorpresa en el “campo de trabajo” se dio la casualidad de que en ese preciso instante, sólo se encontraba a cargo del lugar la “manijera”, encargada, una mujer rumana que no entendía por qué un par de abogados se presentaban allí preocupados por la salud de las trabajadoras, pero que permitió el acceso y abrió la puerta del campo, cerrada con una llave de la que solo ella era depositaria. Nuestros abogados pudieron ver así el lugar donde más de 200 mujeres se hallaban encerradas en un solar rodeado de rejas del que, al menos en ese momento no podían salir, en contenedores con literas que servían de habitáculos, a razón de 6-7 mujeres por cada contenedor.
La trabajadora acepta el ofrecimiento hecho por los abogados de acompañarla al Hospital. En ese traslado al Hospital, al poco de salir de la finca, dos coches intentan echar de la carretera el vehículo en el que se desplazaban a urgencias y nuestros compañeros reciben una llamada en la que se les amenaza diciendo que cuando regresen les será dado “el recibimiento que merecen”.
La trabajadora, acompañada en todo momento por los miembros de AUSAJ, permanece en el hospital hasta las seis y media de la mañana. Al día siguiente, se personaron en el juzgado de guardia de Huelva para presentar la correspondiente denuncia junto con miembros del SAT y un traductor puesto que este juzgado tiene la competencia de “diligencias a prevención”, es decir, que aun no siendo competente, este juzgado tiene la obligación de gestionar algo que no admite demora como es el caso que nos ocupa y que consistía nada más y nada menos que en conocer cuál era la situación de más de 200 mujeres. «En el juzgado nos dicen que el juzgado competente cierra a las 14:00 y les pedimos que se comuniquen con ellos y que les avisen de la urgencia del asunto para que nos esperen. Salimos inmediatamente para allí, llegando a las 14:00 en punto de ese mismo viernes 1 de junio de 2018, dónde nos dicen que no nos pueden coger la denuncia del secuestro dentro de su Partido Judicial, en esos mismos momentos, de más de 200 trabajadoras temporeras marroquíes, cuyos permisos de Residencia y Trabajo estaban (y están a día de hoy) plenamente vigentes; en el Juzgado nos responden que volvamos el lunes. Exigimos el nombre del juez (Juez de Juzgado de Instrucción número 3 de La Palma del Condado) y nos contestan que lo busquemos en el BOE«.
«El Guardia Civil de la entrada nos indica que lo mejor es que vayamos a poner la denuncia al cuartel de la Guardia Civil de Almonte y así lo hacemos«.
Tras unas horas, la Guardia Civil acompaña a un miembro del SAT y a uno de nuestros abogados al campo, donde son recibidos por un pequeño grupo de jornaleras marroquíes veteranas, de las que vienen desde hace muchos años a trabajar a Huelva. Algunas de ellas que hablaban un poco nuestro idioma, nos indican que no pasa nada, que todo está bien. Gracias al traductor nos damos cuenta de que esas mujeres no trabajaban en ese campo y que sin embargo, se habían erigido en portavoces de todas las demás que, enteradas del engaño, comienzan a protestar mostrando sus pasaportes y sus permisos de trabajo y gritando “No bien, no bien”.
Teníamos constancia de que, al menos, seis o siete jornaleras habían tomado la decisión de denunciar su situación, pero para saber el número con exactitud, les pedimos un listado de todas aquellas que quisieran denunciar, para de alguna manera cuantificar el número de afectadas en ese campo. Cuando nos entregan el listado, comprobamos que son más de 100 las mujeres que quieren reclamar los derechos que les han sido conculcados y que con gran valentía, han puesto su nombre, sus apellidos y su número de pasaporte en el listado, aún a sabiendas de las consecuencias que ello podría acarrear.
Entregado el listado al comandante del puesto de la Guardia Civil, acompañando a la denuncia, este hace copias y se queda con ellas, de este modo el mismo 1 de junio ya obra en su poder un listado preciso de todas las mujeres que quieren denunciar, tanto abusos laborales como las Agresiones Sexuales que denunciarán posteriormente.
Debemos aclarar que en Marruecos, sobre todo en las zonas rurales, de las que proceden las trabajadoras de estos Campos, la mujer que es violada es considerada culpable de su propia violación, siendo por ello repudiada por su familia y por toda la comunidad, por lo que el valor que demuestran estas mujeres al denunciar es doblemente digno de elogio.
Es por este motivo, que necesitamos que el juzgado las declare testigos protegidos, puesto que si el conocimiento de este asunto llega a su país de origen, las consecuencias para ellas podrían ser mucho más gravosas para ellas, victimas de terribles delitos.
En los dos días siguientes las trabajadoras de la finca son presionadas de distinta forma. El domingo 3 de junio, con la Guardia Civil presente, rodeando la finca, las personas que pusieron su nombre en el listado de denunciantes son introducidas a la fuerza, una a una, en autobuses enviándolas así la empresa -a la que pretenden denunciar- de regreso a su país, evitando de este modo que las denuncias puedan llegar a ser presentadas. 15 de ellas corrieron por los campos tratando de escapar de la Guardia Civil para evitar su injusta deportación, la mayoría de ellas fueron capturadas por la Guardia Civil y los propietarios de la Empresa, con sus capataces. Al menos 6 consiguieron escapar.
Vemos pues que las mujeres denunciantes se encuentran en un país que no es el suyo, en el que se habla un idioma que desconocen, trabajando por unas condiciones que no son las que les prometieron, abusadas y acosadas sexualmente por sus jefes, otras violadas por terceros a los que sus jefes las entregan, indefensas; y cuando deciden denunciar su situación, se encuentran con unos juzgados que no las atienden, con unos policías que en lugar de protegerlas las agreden y las tratan de silenciar y sin nadie que pueda ayudarlas.
Con evidente mala fe, se publica entonces en el Telediario de la 1 de RTVE la noticia de que lo que estas mujeres quieren son los papeles y que todo este asunto es mentira. Conviene hacer aquí otra aclaración importante. La inmensa mayoría de estas mujeres son madres que dejan a sus hijos en Marruecos y que vienen aquí en la temporada de recogida de la fresa a ganarse un jornal con el que sacarlos adelante en su país. Más tarde nos enteramos de que el perfil de madre con hijos es uno de los preferidos, precisamente porque eso asegura que las trabajadoras regresarán a su país al finalizar la temporada.
Ninguna de ellas desea permanecer en España más del tiempo estrictamente necesario para hacer su trabajo. Lo que sí desean es ser tratadas con justicia.
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 23.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Nos enteramos también posteriormente, de que lo que estas mujeres han dado es un primer paso después de años y años de abusos conocidos por todos y que el campo onubense ha callado durante lustros.
Lo que se ha ocultado desde hace 20 años, sale ahora a la luz gracias a aquellas que decidieron decir basta y plantar cara a sus agresores.
Quizá tampoco AUSAJ tenga respuesta a la pregunta ¿qué es la verdad? pero sí sabemos que lo que aquí se cuenta es rigurosamente cierto y que no es más que el principio de un procedimiento que esperamos que termine de una vez por todas con la impunidad de los abusadores y consiga que la fresa deje de tener ese sabor amargo que, al menos a los miembros de nuestra asociación nos ha dejado ya para siempre.
Esperamos que todo este proceso empiece a ser publicado con rigor en la prensa extranjera en los próximos días y que se sepa de una vez por todas cuál ha sido la política real de inmigración y de trabajo del hasta hace unos días partido del gobierno y su ministra Fátima Bañez. La esclavitud de los inmigrantes y la ocultación mediática y política de su situación en la tierra de la exministra, en donde ella posee más de 1600 hectáreas, debe salir a la luz.
Hace unos días se publicaba la noticia de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) había aplicado la perspectiva de género en una de sus sentencias por primera vez. Según el alto tribunal, la perspectiva de género supone juzgar dejando al margen los estereotipos y prejuicios y analizar el contexto en el que se producen los hechos, para poder interpretar la legislación de una manera correcta. En el mismo sentido, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Gloria Poyatos, se manifestaba en los siguientes términos: «juzgar con perspectiva de género es buscar soluciones justas a situaciones desiguales. Y eso se hace evitando una aplicación mimética o formalista del derecho. Si se aplica la ley tal cual está, incluso las leyes potentes sobre género, no vamos a avanzar».
A la vista de los hechos aquí relatados, queda probado que la perspectiva de género es justo lo opuesto a lo que aquí se está aplicando. Dar credibilidad a estas mujeres es una buena oportunidad para nuestro sistema jurídico de demostrar que no sólo disponemos de grandes teóricos de la judicatura, sino que teoría y práctica se funden con rigor en sentencias que protejan con claridad los derechos de las más débiles, de lo contrario, habrá que pensar si en realidad lo que existe es una perspectiva de género para ricos y otra muy distinta para pobres e indefensos.
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