Esclavitud en la España del siglo XXI. Las jornaleras marroquíes del campo de Huelva (7)

La trascendencia pública de esta denuncia, pues se trata de la primera de carácter colectivo sobre hechos que hasta su difusión se habían descrito como “puntuales” o “aislados” -sobre todo cuando arrecian noticias de graves irregularidades en todo lo que afecta a las mujeres marroquíes contratas en origen para la campaña de la fresa en Huelva- ha generado, como es normal, una severa alarma social, que ha comenzado a formar parte hasta de las conversaciones familiares. O si lo prefieren, de la Opinión Pública.

Así, de pronto, surge lo que, hasta medios que presumen de progresistas y buscadores de la verdad, han definido como “un giro inesperado”, que se produce cuando dos trabajadoras marroquíes, en nombre de ”otras 131”, presentan también un “revelador” escrito ante la Guardia Civil “con el que queremos denunciar a las otras trabajadoras que, a su vez, han denunciado a nuestros jefes”. Aseguran que “no hay ningún tipo de problema, que están muy bien y contentas con todo, con el módulo, el sueldo y el trabajo no existiendo abuso ninguno” y que contradenuncian “por ser totalmente falso que hayan maltratado, acosado o abusado  sexualmente de ninguna trabajadora”, y también porque “todo ello nos está suponiendo un problema con nuestros familiares, que pueden negarnos para los próximos años poder volver a trabajar en esta empresa o cualquier otra”.

Causa cierto rubor la premura con la que la patronal fresera ha querido dar difusión a semejante declaración, pues si hay algo que salta a la vista, es que las denunciantes de las denunciantes , también trabajadoras contratadas en origen, no son precisamente mujeres emancipadas que toman decisiones por sí mismas, pues admiten que las informaciones podrían tener como consecuencia que terceras personas, “nuestros familiares”, puedan negarles regresar en próximas temporadas. A veces en dos simples líneas puede hallarse el contexto en el que ocurren ciertas historias.

Las denunciantes de las denunciantes (en adelante, las contradenunciantes) afirman “que las que han denunciado a nuestros jefes, han sido obligadas a hacerlo a cambio de que les arreglen los papeles para quedarse en España de forma definitiva y no tener que volver a Marruecos, y cobrar los tres meses del visado”.      

A mayor abundamiento, este sábado, Huelva Información cuenta que “decenas de jornaleras se suman a denunciar a quienes denunciaron” y que “son varias las empresas localizadas en los municipios de mayor producción de frutos rojos, principalmente Almonte, Moguer y Palos, en las que se han detectado movimientos para adherirse a la denuncia de estas temporeras y el rechazo a las acusaciones lanzadas desde el Sindicato de Trabajadores Andaluces (SAT) y por dirigentes de Podemos”.

El debate, las redes sociales son testigos preferentes de ello, se resume en dos sencillas preguntas: ¿Mienten las mujeres marroquíes? ¿Mienten, las denunciantes o las contradenunciantes?

Hay un par de elementos perturbadores en este “giro inesperado”. Uno es tratar de achacar las acusaciones al SAT o a dirigentes de Podemos. No es cierto. Quienes las hacen son las trabajadoras que han firmado las denuncias ante la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil. Óscar Reina del SAT y el diputado Diego Cañamero han puesto su voz ante las cámaras, pero no son los acusadores. No son, siquiera, sus representantes, pues los abogados que llevan el asunto, Jesús Díaz Formoso y Belén Luján, no forman parte del sindicato ni del partido. El otro elemento es la sorprendente adhesión de trabajadoras de otras fincas para negar lo que supuestamente ha sucedido en Doñana 1998. ¿Lo hacen en calidad de testigos? 

Parece dotarse a la contradenuncia de la veracidad que se cuestiona en las anteriores, y no son pocos los medios de comunicación que están poniendo toda la carne en el asador en transmitir/inocular esa idea.

Repasemos los hechos denunciados por unas trabajadora y las otras, y el aspecto o la gestión comunicativa de las mismas. Ante la Inspección de Trabajo, ocho mujeres dicen “representar a otras cien”. Del mismo modo, en la contradenuncia son dos las trabajadoras que dicen hablar “en nombre de otras 131”. En la primera las denunciantes dicen que:

No tienen copia del contrato de trabajo. Para la empresa sería bien fácil responder a eso, pues si las que se quejan han perdido o, por error, no se les ha dado copias de sus contratos, pueden ponerlas a su disposición o las de sus abogados.

No se les ha pagado. La empresa no tienen más que mostrar las nóminas, recibos o copias de transferencias pertinentes, para desmentirlo.

No viven en condiciones dignas. Existen vídeos que ratifican esa afirmación, y se sabe que la finca ha declinado permitir la entrada de equipos gráficos de los medios de comunicación para contrastar su veracidad. La última vez, según ha podido saber La Mar de Onuba, el pasado lunes, 4 de junio, a la reportera de El programa de Ana Rosa de Telecinco, María Bayón. En cualquier caso, y a falta de otros medios de prueba, es decir descartando los vídeos conocidos, en este caso valdrían por igual los testimonios de quienes afirman y de quienes niegan.

Se han modificado todas la condiciones que se les dijo en origen. Se hace necesario abundar en este apartado. En el documento ofrecido ayer en exclusiva por La Mar de Onuba, Anapec, la Agencia Nacional de Empleo de Marruecos que gestiona las contrataciones en origen, puede leerse que las trabajadoras marroquíes seleccionadas para trabajar en España disfrutaran de “un contrato de 3 meses con un periodo de prueba 15 días”.

Si, como consta en la denuncia colectiva, registrada el 4 de junio en la Inspección de Trabajo, las trabajadoras iniciaron su relación laboral con la empresa el 9 de abril, es evidente, uno, que han superado el periodo de prueba de 15 días, que se completó  el pasado 19 de abril; dos, que no han concluido los tres meses de contrato que se les ofreció en origen, ya que estos finalizan el 4 julio próximo.

Hay otras voces que, contradiciendo a Anapec, aseguran que el periodo de prueba es de treinta días. En ese caso, dicho periodo finalizó el 4 de mayo pasado. Como nadie ha tenido acceso a los contratos, poco se puede elucubrar al respecto, pues no es posible saber si las trabajadoras se acogían a las condiciones publicitadas por Anapec, o si Doñana 1998 elaboró un contrato específico para las llegadas el 9 de abril, a sabiendas de que a la temporada de fresas, como puede verse en la web  Cuna de platero, le quedaba entonces menos de tres meses para finalizar. La empresa justifica los despidos en que “la temporada ha finalizado”.

También dice Anapec que “tanto la vivienda como el transporte entre vivienda y lugar de trabajo serán facilitados por el empleador”. Aparte de si los módulos prefabricados en los que se aloja a las temporeras pueden o no describirse como vivienda, no parece necesario cuestionar nada sobre el transporte, ya que estos módulos, del tipo popularmente conocido como “caseta de obra”, se encuentran ubicados dentro de la propia finca. Sin embargo, sí que puede cuestionarse si se ha cumplido que el coste de la vivienda sea sufragado por la empresa. El propio Manuel Matos, en declaraciones a Europa Press, rechazó ofendido que fuera cierto que él cobraba dos euros diarios a las trabajadoras, y aseguró que les cobraba “sólo uno”, en concepto de “agua, luz y electricidad”.  Queda en la inteligencia de cada uno (y de la Inspección de Trabajo) sacar sus propias conclusiones.

Han recibido insultos y sufrido abusos.  En el siguiente vídeo se escucha perfectamente a uno de los responsables de la explotación almonteña decir textualmente lo siguiente: “Son el problema de la finca, las que quieren las casas de prostitución. Tú, esta y dos más. Ese es el problema que está en las cámaras. Toda la noche ‘tiqui tiqui tiqui’, y está en las cámaras. Todo grabado. Esto va a Marruecos para las familias”.

Si lo escuchado constituye o no un insulto, o si, de ser cierto, las mujeres han sido grabadas haciendo tiqui tiqui tiqui, se trata  o no de un abuso, queda, nuevamente en la inteligencia.

Lo cierto es que constan testimonios ante la Guardia Civil en los que se relatan insinuaciones, tocamientos, abusos y graves amenazas. La Mar de Onuba ha publicado en exclusiva  una de ellas, en la que puede leerse que “el hermano de Antonio” les había dicho que iba “a llamar a la Policía y las haría desaparecer”.

¿Cómo saben las contradenunciantes que esos hechos son falsos? ¿Y las trabajadoras de otras fincas que se han sumado? Sería algo así como no dar crédito al testimonio de la víctima de la manada si un centenar de mujeres presentaran un escrito en el juzgado asegurando que los cinco condenados son inocentes porque ellas no han sido víctimas de un comportamiento similar por parte de ellos.

Las mujeres españolas sufrieron durante años sentencias que absolvían a sus maltratadores, físicos o psicológicos, porque no había testigos en los episodios de violencia doméstica. De hecho, fue necesario, hace ya 14 años, legislar la presunción de veracidad para que el testimonio de las mujeres maltratadas fuera considerado una prueba per se. Es lo que ha permitido condenar a los cinco dizque hombres de la manada. ¿En calidad de qué, pues, tachan de mentiras las contradenunciantes el testimonio de sus compañeras de tajo? ¿Mienten las primeras solo porque a las segunda no les ha pasado? Mal haría cualquier magistrado que tuviera en cuenta la contradenuncia. Parece más sensato dejar trabajar a los especialistas en violencia de género, a la propia fiscalía especializada, y a los jueces.

Para no alargar más este artículo, vayamos directamente al octavo punto de la denuncia colectiva, que dice:

Se les hacía trabajar lesionadas sin recibir asistencia médica. La Mar de Onuba publicó este viernes un parte médico que demuestra que una trabajadora había acudido al servicio de urgencias del Centro de Salud, donde se emitió un juicio clínico de “paperas”. El propietario de Doñana 1998  aseguró a esta revista ese mismo día que desconocía que -aunque sin verificación de pruebas clínicas que el propio médico solicita en su parte – alguna temporera de su empresa hubiese sido diagnosticada de esa muy contagiosa enfermedad. La trabajadora asegura que tras regresar de urgencias siguió trabajando.

Lo cierto es que denuncias y contradenuncia han servido a los empresarios para afirmar, con el alborozado apoyo de algunos medios de comunicación, que detrás de toda esta polvareda se escoden intereses ocultos del Sindicato Andaluz de Trabajadores y de Podemos. A ambas organizaciones se las acusa abiertamente de haber prometido “papeles para quedarse en España”. Las temporeras despedidas que aún permanecen en el país, que se encuentran acogidas en Málaga por el SAT, niegan ese extremo, y es obvio que ni el sindicato ni Podemos gozan de la potestad para otorgar papeles, facultad privativa del Estado, ya sea por vía judicial o administrativa. Quien sí que puede ayudar a “conseguir papeles” es quien puede realizar contratos. O denegarlos.

También se acusa a Óscar Reina, portavoz del SAT, y al diputado Diego Cañamero, de haber prometido “tres meses de salario” a quienes firmaran falsas denuncias contra Doñana 1998. ¿Puede el SAT permitirse semejante dispendio económico? Lo cierto es que, una vez superados los periodos de prueba (sean de quince o treinta días) las temporeras despedidas tenían derecho a los tres meses de contrato que se les prometió, y a sus correspondientes salarios.

Para finalizar estas reflexiones, es necesario valorar otro de los grandes argumentos defendidos con fruición en los últimos días por los empresarios de los frutos rojos de la provincia de Huelva. Aquel que dice que todo lo que está ocurriendo responde a una campaña “perfectamente orquestada desde fuera” (países cuyas fresas compiten con las onubenses).

Será curioso ver a los patronos locales mirar a los ojos de los participantes extranjeros que acudan al 4º Congreso de los Frutos Rojos (que se celebrará en Huelva capital en junio), y contarles que están siendo víctimas de una “campaña orquestada” desde otros países. Igual algún colega de “otros países” les responde que no se puede “generalizar sin pruebas”, y que si conocen algún caso, lo que tienen que hacer es llevarlo a los tribunales de competencia. Como se decía hasta hace solo unos días en el caso de la temporeras marroquíes que refieren abusos de distinta índole, “no  constan denuncias”.

Queda en la inteligencia.