{"id":232,"date":"2017-09-16T12:16:34","date_gmt":"2017-09-16T12:16:34","guid":{"rendered":"http:\/\/puntocritico.com\/ausaj\/?p=232"},"modified":"2023-05-08T09:23:56","modified_gmt":"2023-05-08T09:23:56","slug":"vhc-el-virus-de-la-hepatitis-c-parte-iv","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ausaj.org\/?p=232","title":{"rendered":"VHC: EL VIRUS DE LA HEPATITIS C \u2013 Parte IV"},"content":{"rendered":"
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Una y otra vez, nos encontramos con muros de silencio en lugar de transparencia e informaci\u00f3n. Una y otra vez, se nos proporcionan excusas ins\u00f3litas, inatendibles, para ocultar lo que deber\u00eda ser p\u00fablico. Una y otra vez, se niega lo evidente. Se oculta la verdad. Y se afirma lo falso. Una y otra vez, ha de ser la sociedad la que se enfrente a quienes deber\u00edan ser sus representantes, pero en realidad no son sino sus verdugos.<\/span><\/p>\n

Hablamos de quienes hablamos. Como el chiste en el que cuando un empresario solicita una reuni\u00f3n con un Ministro del PP, el Secretario del Ministro le pregunta \u201c\u00bfSobre?\u201d, a lo que el empresario responde \u201cClaro\u201d.<\/span><\/p>\n

B\u00e1rcenas, G\u00fcrtell, dobles -y triples- contabilidades, corrupci\u00f3n donde quiera que mires. Coches de lujo que aparecen en el garaje de la ex-Ministra sin que ella lo hubiese siquiera advertido. Parece un sainete. Pero es la tr\u00e1gica realidad.<\/span><\/p>\n

Ahora, lo que est\u00e1 en juego es nuestro Sistema Nacional de Salud. El trasfondo ideol\u00f3gico -si es que se le puede llamar as\u00ed a las razones dadas por un grupo de delincuentes comunes respecto de sus fechor\u00edas- es evidente; hasta el asco: La Soberan\u00eda, y el Poder Tributario que de ella deriva, se reconoce, no a los Estados, sino a las Empresas Multinacionales, al Poder Financiero especulativo, sobre los Estados, cuyos Gobiernos son en realidad Gestores delegados de sus poblaciones, nada de ciudadan\u00eda; ni siquiera s\u00fabditos; solo siervos bajo el control de los Virreinatos tributarios del Poder Financiero Global.<\/span><\/p>\n

El Gobierno, el Ministerio de Sanidad, renuncia a ejercitar sus funciones p\u00fablicas. En lugar de establecer un precio justo -y motivado en las circunstancias que establece la Ley- para los Medicamentos que proclaman ser eficaces al 95% para curar una enfermedad mortal que afecta a cerca de un mill\u00f3n de espa\u00f1oles, se pliega y humilla -nos humilla- ante el Poder Financiero, a cuyos pies estamos los espa\u00f1oles. Negociaciones falsarias en lugar de decisiones justas.<\/span><\/p>\n

Se ha utilizado, a lo largo de m\u00e1s de un a\u00f1o ya, a los enfermos, a los afectados por la mortal Hepatitis C para apartar del debate pol\u00edtico y social la esencial cuesti\u00f3n del Precio de estos f\u00e1rmacos, y sustituirlo por una falsa preocupaci\u00f3n por la salud de los enfermos, a los que se seguir\u00e1 dejando morir en tanto no sea aceptada la delictiva extorsi\u00f3n a que a los espa\u00f1oles nos est\u00e1n sometiendo las mismas autoridades p\u00fablicas. De manera, a nuestro entender, delictiva. De nuestra resistencia depende nada menos que la viabilidad y el futuro de nuestro Sistema Nacional de Salud.<\/span><\/p>\n

Resulta ins\u00f3lito, pero para la administraci\u00f3n del \u201cSofosbuvir\u201d, pedimos permiso a Gilead, caso por caso, pese a que ya no estamos ante un Uso Compasivo; se delegan competencias p\u00fablicas en una multinacional. Y para su propio beneficio; que no es sino nuestro consiguiente perjuicio.<\/span><\/p>\n

Sobre todo ello, est\u00e1 la absoluta falta de independencia, y por tanto, de imparcialidad, de los supuestos t\u00e9cnicos especialistas a los que se ha encomendado la defensa de nuestros intereses. Todos ellos; insistimos, TODOS ELLOS<\/strong>, presentan Conflictos de Intereses<\/strong>, por ser o haber sido -y aspirar a volver a ser- en un modo u otro, dependientes de Gilead; Expertos independientes que dependen de aqu\u00e9l con quien deben negociar, \u00a1en nuestro nombre! Lobos cuidando del reba\u00f1o. As\u00ed se expone en http:\/\/puntocritico.com\/2017\/01\/26\/hepatitis-c-y-libre-mercado\/<\/a><\/span><\/p>\n

Resulta de inter\u00e9s recordar que, conforme a la Ley 33\/2011, de 4 de octubre, General de Salud P\u00fablica, se deber\u00e1n exigir <\/strong>transparencia e imparcialidad a las organizaciones cient\u00edficas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud p\u00fablica. Parece un mal chiste. Pero es la realidad<\/strong><\/span>.<\/p>\n<\/blockquote>\n

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VHC: EL VIRUS DE LA HEPATITIS C \u2013 Parte I<\/u><\/strong><\/a><\/div>\n
VHC: EL VIRUS DE LA HEPATITIS C \u2013 Parte II<\/u><\/strong><\/a><\/div>\n
VHC: EL VIRUS DE LA HEPATITIS C \u2013 Parte III<\/u><\/strong><\/a><\/div>\n
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VHC: EL VIRUS DE LA HEPATITIS C \u2013 Parte IV<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n

Por<\/em> BEL\u00c9N LUJ\u00c1N S\u00c1EZ<\/em> y<\/em> JES\u00daS D\u00cdAZ FORMOSO<\/em><\/p>\n

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POTESTADES ABLATORIAS EN MATERIA DE <\/strong>SALUD P\u00daBLICA<\/strong><\/span><\/p>\n

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Como se\u00f1ala el profesor don C\u00e9sar Cierco Sieira<\/strong> (cuya exposici\u00f3n marca el camino que seguiremos en este apartado), ya en el siglo XIX el eminente jurista, don Manuel Colmeiro, afirmaba que \u00abmientras bastan los esfuerzos individuales para  neutralizar las causas perturbadoras de nuestro organismo, la administraci\u00f3n abandona el cuidado de la salud al inter\u00e9s particular y la higiene es privada; mas cuando los principios de destrucci\u00f3n resisten a la eficacia de estos medios ordinarios de combatirlos, entonces interviene la autoridad para proteger la salud de los administrados, y la higiene es p\u00fablica<\/em>\u00bb (Manuel Colmeiro, Derecho administrativo espa\u00f1ol – Madrid, 1876).<\/span><\/p>\n

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La Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola de 1978 dio un paso clave en el camino de la mejora de la salud de la poblaci\u00f3n al reconocer en su Art\u00edculo 43<\/strong> el derecho a su protecci\u00f3n, encomendando para ello a los poderes p\u00fablicos la organizaci\u00f3n y tutela de la salud p\u00fablica a trav\u00e9s de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios<\/strong><\/u>.<\/span><\/p>\n

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Posteriormente, la Ley 14\/1986, de 25 de abril, General de Sanidad<\/strong>, estableci\u00f3 (Art\u00edculo 10)<\/u>: \u201cTodos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas administraciones p\u00fablicas sanitarias: (…) 14\u00ba.<\/strong>– A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para promover, conservar o restablecer su salud<\/strong>, en los t\u00e9rminos que reglamentariamente se establezcan por la Administraci\u00f3n del Estado<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n

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Posteriormente, episodios como la crisis de las \u00abvacas locas\u00bb (1996), la \u00abneumon\u00eda asi\u00e1tica\u00bb (2002) o la \u00abgripe aviar\u00bb (2003), han impulsado la necesidad de garantizar el ejercicio de la funci\u00f3n estatal orientada a velar por la salud colectiva.<\/span><\/p>\n

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La propia Uni\u00f3n Europea, con la reforma del TCE operada por el Tratado de \u00c1msterdam en 1997, ha intensificado la pol\u00edtica europea de salud p\u00fablica, siendo cada vez m\u00e1s numerosas las normas comunitarias relativas a la salud colectiva (calidad de la sangre, sanidad animal o vigilancia epidemiol\u00f3gica, entre otras muchas).<\/span><\/p>\n

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Es precisamente en este contexto donde se descubre la potencia de los instrumentos que puede poner en marcha la Administraci\u00f3n, con medidas dr\u00e1sticas que no hacen acto de presencia en ning\u00fan otro sector del ordenamiento jur\u00eddico<\/strong>, no al menos con la intensidad y extensi\u00f3n con la que aparecen aqu\u00ed tales \u201cT\u00e9cnicas Ablatorias<\/u><\/strong>\u201d, que constituyen la manifestaci\u00f3n m\u00e1s penetrante de las potestades de polic\u00eda sanitaria de que dispone la Administraci\u00f3n; aqu\u00e9llas en las que se expresa de forma m\u00e1s rotunda el car\u00e1cter autoritario de la intervenci\u00f3n p\u00fablica (as\u00ed, el art. 26, 1\u00ba de la Ley General de Sanidad -LGS-<\/u>, por ejemplo, exige a la hora de acordar alguna medida preventiva de las all\u00ed previstas la existencia de una situaci\u00f3n de \u00abriesgo inminente y extraordinario para la salud<\/strong>\u00bb; Art. 26, 1\u00ba -LGS<\/u>: \u201cEn caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptar\u00e1n las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautaci\u00f3n o inmovilizaci\u00f3n de productos, suspensi\u00f3n del ejercicio de actividades, cierres de Empresas o sus instalaciones, intervenci\u00f3n de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas<\/em><\/strong>\u201d). En este sentido, el art. 28, c) de la LGS<\/u> viene a recordar que \u00ablas limitaciones sanitarias deber\u00e1n ser proporcionadas a los fines que en cada caso se persigan<\/em>\u00bb.<\/span><\/p>\n

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Por otra parte, tanto el Reglamento para lucha contra las enfermedades infecciosas<\/strong> como el Reglamento Org\u00e1nico de Sanidad Exterior<\/strong> recogen tambi\u00e9n medidas ablatorias personales restrictivas de derechos fundamentales. De la misma manera, en la Ley Org\u00e1nica 4\/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepci\u00f3n y Sitio<\/strong>.<\/span><\/p>\n

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Los l\u00edmites y las garant\u00edas son aqu\u00ed, m\u00e1s que nunca, decisivos para evitar atropellos injustificados o desproporcionados. No hay que olvidar que el campo de la salud colectiva ha sido hist\u00f3ricamente, y contin\u00faa si\u00e9ndolo, un terreno especialmente fecundo y proclive en cuanto a la aplicaci\u00f3n de t\u00e9cnicas ablatorias se refiere, raz\u00f3n por la cual es obligado extremar el celo en la vigilancia de posibles excesos, cuando no de utilizaciones a cuenta de intereses ajenos a la protecci\u00f3n sanitaria de la comunidad.<\/span><\/p>\n

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La Ley Org\u00e1nica 3\/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud P\u00fablica (LOMESP)<\/strong>, trae causa, precisamente, de la voluntad de reconducir a un texto normativo espec\u00edfico aquellas medidas sanitarias, impuestas en un escenario de riesgo colectivo, susceptibles de lesionar los derechos fundamentales de los particulares afectados.<\/span><\/p>\n

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As\u00ed, la LOMESP<\/strong> inviste a la Administraci\u00f3n con el poder para ordenar \u00abmedidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalizaci\u00f3n o control\u00bb (art. 2) cuando se aprecien indicios racionales de la existencia de un peligro para la salud de la poblaci\u00f3n. Adem\u00e1s, cuando tal peligro venga dado por el brote de una enfermedad transmisible<\/strong>, la Administraci\u00f3n podr\u00e1 acordar las \u00abmedidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que est\u00e9n o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato\u00bb (art. 3); las medidas previstas en sus arts. 2 y 3, se completan con la posibilidad de establecer condiciones especiales para la distribuci\u00f3n de medicamentos<\/u> o, en general, productos sanitarios que resulten afectados por excepcionales dificultades de abastecimiento (art. 4). Adem\u00e1s, el art. 3 de la LOMESP se cierra con una referencia abierta a las medidas \u00abque se consideren necesarias\u00bb<\/strong>.<\/span><\/p>\n

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La Administraci\u00f3n habr\u00e1 de respetar las distintas exigencias que dimanan del Principio de Proporcionalidad<\/strong>. Son bien conocidos en este sentido los tres estadios en que se desdobla el juicio de proporcionalidad: la idoneidad de la medida para alcanzar el objetivo propuesto; su necesidad en raz\u00f3n de la ausencia de otras medidas menos severas que sirvan con igual eficacia a la consecuci\u00f3n del prop\u00f3sito (principios \u201cfavor libertatis<\/em>\u201d o \u201cin dubio pro libertatis<\/em>\u201d) y, por \u00faltimo, la proporcionalidad en sentido estricto, esto es, el balance entre las ventajas que de ella se derivan para el inter\u00e9s general y los perjuicios producidos sobre otros bienes o valores en conflicto.<\/span><\/p>\n

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Estas consideraciones nos conducen directamente al terreno de la expropiaci\u00f3n forzosa<\/strong>. Este instituto, en su vertiente garantista, protege al particular frente a cualquier privaci\u00f3n singular de un derecho o inter\u00e9s leg\u00edtimo patrimonial que venga acordada de manera imperativa por la Administraci\u00f3n con vistas a satisfacer una utilidad p\u00fablica o un inter\u00e9s social.<\/span><\/p>\n

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Seg\u00fan la c\u00e9lebre f\u00f3rmula que aparece en el art. 1.1 de la LEF<\/u>, el contenido de la expropiaci\u00f3n forzosa queda integrado por \u00abcualquier forma de privaci\u00f3n singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales leg\u00edtimos, cualesquiera que fueran las personas o entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupaci\u00f3n temporal o mera cesaci\u00f3n de su ejercicio<\/em>\u00bb.<\/span><\/p>\n

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La f\u00f3rmula introducida por el art. 1.1 de la LEF para definir el contenido de la expropiaci\u00f3n super\u00f3 la tradicional configuraci\u00f3n de la misma como la enajenaci\u00f3n plena de un bien inmueble para dar cabida, supuesta su amplitud, remarcada despu\u00e9s por el art. 1.2 del Reglamento de Expropiaci\u00f3n Forzosa de 1957<\/strong> (\u00abla enumeraci\u00f3n de los supuestos de privaci\u00f3n singular de la propiedad, derechos o intereses patrimoniales leg\u00edtimos que hace el art\u00edculo primero de la Ley, tiene car\u00e1cter enunciativo y no excluye la posibilidad de otros distintos, a los fines de la calificaci\u00f3n del p\u00e1rrafo anterior\u00bb), a otras hip\u00f3tesis de privaciones coactivas recogidas en leyes especiales (Eduardo Garc\u00eda de Enterr\u00eda y Tom\u00e1s-Ram\u00f3n Fern\u00e1ndez, Curso de derecho administrativo, v. II).<\/span><\/p>\n

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De la misma manera, tales T\u00e9cnicas Ablatorias, se pueden reconducir a una \u201cDelimitaci\u00f3n del Contenido Esencial del Derecho Fundamental<\/strong>\u201d de que se trate (en este caso, Derecho a la Propiedad o a la Libertad de Empresa, teniendo presente en todo caso el car\u00e1cter del Mercado de Medicamentos, como Mercado Intervenido Administrativamente \u2013 no estamos aqu\u00ed ya, por principio, ante un Libre Mercado).<\/span><\/p>\n

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En el caso que nos ocupa, entendemos que ni siquiera estamos ante una \u201cExpropiaci\u00f3n Forzosa\u201d, sino ante una Delimitaci\u00f3n del contenido del Derecho de Propiedad Industrial que no representa un ataque externo (una privaci\u00f3n que adviene ad extra), sino una consecuencia normal e interna, extra\u00edda de la misma configuraci\u00f3n legislativa del derecho de propiedad.<\/span><\/p>\n

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La Funci\u00f3n Social<\/strong> constitucionalmente ordenada respecto al Derecho de Propiedad, resulta aqu\u00ed plenamente aplicable. Estamos as\u00ed ante un supuesto no indemnizable<\/u><\/strong>. Lo que no obsta a que el legislador o, en su caso, la Administraci\u00f3n, consideren oportuno establecer alg\u00fan tipo de compensaci\u00f3n; es en cualquier caso claro que la indemnizaci\u00f3n se articula en t\u00e9rminos de fomento y no como la consecuencia necesaria de una privaci\u00f3n singular impuesta por la Administraci\u00f3n<\/u>.<\/span><\/p>\n

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En \u00faltimo t\u00e9rmino, hemos de referirnos a la STSJ de Catalu\u00f1a n\u00fam. 560\/2003, de 12 de junio<\/strong> (JUR 2004, 35080), que aborda un supuesto que puede ser clarificador. Se impugnaba en esta litis la orden de sacrificio de unas reses de ganado porcino a ra\u00edz de un control efectuado en el cami\u00f3n que las transportaba. En dicho control se apreci\u00f3 que exist\u00edan numerosas bajas y que la temperatura de algunos animales era demasiado alta. Datos que, unidos a su procedencia holandesa, hicieron sospechar que estaban infectados de una grave enfermedad contagiosa, orden\u00e1ndose por ello su sacrificio. Sucedi\u00f3, sin embargo, que con posterioridad al sacrificio los an\u00e1lisis practicados no confirmaron estas sospechas. Ante esta circunstancia, el Tribunal Superior de Justicia consider\u00f3 que los animales fueron sacrificados injustificadamente, concediendo al propietario una indemnizaci\u00f3n por todos los da\u00f1os y perjuicios sufridos. Este planteamiento fue ya avanzado por Manuel Rebollo Puig, (\u201cSanidad animal\u201d). En el entender de este autor, no es posible exigir al propietario de los animales el deber jur\u00eddico de soportar su sacrificio cuando quede contrastado que el riesgo de que se sospechaba no afecta a su reba\u00f1o. Aunque la orden de la Administraci\u00f3n hubiese sido correcta en t\u00e9rminos de polic\u00eda sanitaria, se producir\u00eda aqu\u00ed un supuesto de lesi\u00f3n causada por el normal funcionamiento de un servicio p\u00fablico y, por tanto, el sacrificio deber\u00eda ser indemnizado en su totalidad con arreglo a las reglas generales de la responsabilidad patrimonial.<\/span><\/p>\n

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Por otra parte, son muchas las sentencias del Tribunal Supremo que han denegado la indemnizaci\u00f3n ante la conducta obstruccionista o de ocultaci\u00f3n por parte del afectado<\/strong> (de aplicaci\u00f3n al presente supuesto, visto lo se\u00f1alado en relaci\u00f3n a la denegaci\u00f3n de la Patente en India, as\u00ed como a otras cuestiones que han quedado expuestas anteriormente respecto a Gilead<\/em><\/strong>), que normalmente se han referido a la propiedad de ganado, en particular por incumplimiento de la obligaci\u00f3n de dar parte de la existencia de la enfermedad, o de las posibles sospechas, de manera tempestiva a las autoridades competentes (SSTS de 28 de noviembre de 1979 (RJ 1979, 4070); 26 de diciembre de 1979 (RJ 1979, 4717); 9 de marzo de 1982 (RJ 1982, 1680); 30 de junio de 1982 (RJ 1982, 4862); 17 de junio de 1986 (RJ 1986, 4732); 12 de julio de 1989 (RJ 1989, 5354); y 12 de diciembre de 1991 (RJ 1991, 9211). M\u00e1s recientemente, cabe citar, entre tantas, las SSTSJ de Extremadura n\u00fam. 232\/2000, de 17 de febrero (RJCA 2000, 375) y n\u00fam. 1796\/2000, de 13 de diciembre (JUR 2001, 70127).<\/span><\/p>\n

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Esa misma jurisprudencia se ha encargado, a la vez, de delimitar el alcance de esta causa de p\u00e9rdida del derecho a la indemnizaci\u00f3n en aras de impedir una aplicaci\u00f3n excesivamente rigurosa de la misma por parte de la Administraci\u00f3n. Por lo pronto, el Tribunal Supremo (STS de 3 de octubre de 1979<\/u> – RJ 1979, 3294), ha dejado establecida la necesidad de interpretar de manera restrictiva esta previsi\u00f3n: \u00abla indemnizaci\u00f3n como regla supone la contraprestaci\u00f3n obligada y s\u00f3lo puede, por ello, ser negada en los supuestos excepcionales que la Ley se\u00f1ala con cabal acreditamiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos para que \u201cla no indemnizaci\u00f3n\u201d sea jur\u00eddicamente posible<\/strong><\/em>\u00bb.<\/span><\/p>\n

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Por lo dem\u00e1s, el Tribunal Supremo se ha cuidado tambi\u00e9n de precisar que no cualquier infracci\u00f3n de la normativa sanitaria animal resulta suficiente para anular la indemnizaci\u00f3n. Debe tratarse de una infracci\u00f3n que guarde alg\u00fan tipo de vinculaci\u00f3n con el problema que ha motivado el sacrificio<\/strong>: la conducta del particular debe hallarse referida, en palabras del Alto Tribunal, a \u00abinfracciones reglamentarias que de alg\u00fan modo, directo o indirecto, guarden relaci\u00f3n causal, o quepa asignarle calificaci\u00f3n de concausas, respecto a la necesidad … determinante de la indemnizaci\u00f3n<\/strong><\/u><\/em>\u00bb (STS de 18 de febrero de 1982<\/u> – RJ 1982, 1457); en la misma l\u00ednea, v\u00e9ase la STS de 31 de julio de 1986<\/u> – RJ 1986, 7061).<\/span><\/p>\n

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Finalmente, importa remarcar que la indemnizaci\u00f3n no estar\u00e1 informada en estos casos por el principio de indemnidad; su montante podr\u00e1 ser inferior al precio real del bien y al conjunto de perjuicios que se puedan ocasionar al particular; es m\u00e1s, lo normal es que as\u00ed sea<\/u>. Es perfectamente plausible, por ello, la utilizaci\u00f3n de un sistema de baremaci\u00f3n aplicado a partir de precios fijados de forma unilateral por la Administraci\u00f3n. Recordemos que en el supuesto que nos ocupa, el Mercado de Medicamentos, es competencia del Ministerio de Sanidad la determinaci\u00f3n del Precio de los Medicamentos<\/strong>.<\/span><\/p>\n

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Entrando ya en las medidas ablatorias que se proyectan sobre bienes, productos o procesos productivos<\/u>, seg\u00fan previene el art. 26, 1\u00ba de la LGS<\/u><\/strong>, las autoridades competentes podr\u00e1n ordenar en tales casos \u00ablas medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautaci\u00f3n o inmovilizaci\u00f3n de productos, suspensi\u00f3n del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervenci\u00f3n de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas<\/em><\/strong>\u00bb. As\u00ed mismo, en la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios<\/strong> o en la Legislaci\u00f3n de Defensa de la Competencia. O en el art. 4 de la LOMESP<\/u>, que como se recordar\u00e1, contempla la posibilidad de acordar el suministro centralizado por la Administraci\u00f3n de un medicamento<\/strong> o producto sanitario cuya distribuci\u00f3n plantee excepcionales dificultades.<\/span><\/p>\n

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Resulta, pues, que la combinaci\u00f3n de la previsi\u00f3n general del art. 26, 1\u00ba de la LGS con las normas sectoriales m\u00e1s precisas ofrece como resultado una gama muy variada de medidas ablatorias<\/u>. Entre las diferentes medidas ablatorias que podr\u00edan ser aplicables en el supuesto que nos ocupa, se encuentran las limitaciones relacionadas con la circulaci\u00f3n de mercanc\u00edas, e incluso la incautaci\u00f3n de los productos -en el caso, medicamentos-<\/strong> (medidas que incluso repercuten sobre el mercado interior y la libre circulaci\u00f3n de mercanc\u00edas y, en consecuencia, en las prescripciones del T\u00edtulo I -Libre circulaci\u00f3n de mercanc\u00edas, arts. 23 a 31- del TCE).<\/span><\/p>\n

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Aunque el art. 26, 1\u00ba de la LGS no alude de forma expresa a estas medidas, la jurisprudencia no ha dudado en admitir su viabilidad sobre la base de este precepto, siempre, eso s\u00ed, que se den razones de salud p\u00fablica que as\u00ed lo justifiquen<\/strong>. As\u00ed lo sostiene, por ejemplo, la STS de 8 de noviembre de 1996<\/u><\/strong> (RJ 1996, 7903), en la que se discut\u00eda la legalidad de la orden de destrucci\u00f3n de una partida de jamones y pancetas en cuya elaboraci\u00f3n se hab\u00eda empleado \u00e1cido b\u00f3rico. Seg\u00fan razona el Tribunal Supremo: \u00ablos poderes p\u00fablicos no s\u00f3lo est\u00e1n habilitados para el ejercicio de las potestades que el ordenamiento expresamente les atribuye, sino tambi\u00e9n, impl\u00edcitamente, para el de las facultades necesarias para la efectividad de aqu\u00e9llas<\/u><\/em><\/strong>. En los casos en que la medida de retirada o intervenci\u00f3n tiene por objeto un producto peligroso para la salud humana que no puede tener otro destino \u00fatil que el derivado de su consumo, la autorizaci\u00f3n para la retirada o intervenci\u00f3n del producto comporta impl\u00edcitamente la habilitaci\u00f3n a la Administraci\u00f3n para que pueda adoptar medidas de destrucci\u00f3n, si \u00e9stas son necesarias para proteger la salud p\u00fablica\u00bb<\/em>. Aplicando este razonamiento, el Alto Tribunal concluye que: \u00abla correcta interpretaci\u00f3n de este precepto legal [se refiere al art. 26 de la LGS] lleva a la conclusi\u00f3n de que la destrucci\u00f3n de productos nocivos es una de las medidas que puede acordar la autoridad sanitaria cuando concurren los presupuestos previstos de riesgo inminente y extraordinario para la salud<\/em>\u00bb.<\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo, en el cuadro de las t\u00e9cnicas de polic\u00eda o de limitaci\u00f3n administrativa<\/strong> tiene un espacio propio la posibilidad de imponer a los particulares la realizaci\u00f3n de prestaciones forzosas<\/strong> con el objetivo de hacer frente a situaciones urgentes o de emergencia que precisan de su \u00abcolaboraci\u00f3n\u00bb, siquiera sea impuesta<\/u>. El contenido de tales prestaciones puede ser muy diverso<\/strong>: puede tratarse de la realizaci\u00f3n de un servicio profesional o personal, de la utilizaci\u00f3n de una determinada f\u00e1brica o empresa, o bien de la entrega de una determinada cosa. Se distinguen as\u00ed: las prestaciones forzosas personales, las prestaciones forzosas de empresa y las prestaciones forzosas reales, aunque en torno a esta divisi\u00f3n no existe un acuerdo un\u00e1nime en la doctrina.<\/span><\/p>\n

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S\u00ed es claro, en cualquier caso, que uno de los campos donde tradicionalmente ha encontrado mayor virtualidad este mecanismo de las prestaciones forzosas ha sido, sin duda, el de la protecci\u00f3n de la salud colectiva, especialmente a la hora de hacer frente a las epidemias<\/strong>. As\u00ed, un breve recorrido por la Ley de Bases de Sanidad Nacional de 1944<\/strong> \u2014y, antes, por la Instrucci\u00f3n general de Sanidad p\u00fablica de 1904\u2014 permite aislar una ristra de previsiones en las que se fundamenta el poder de la Administraci\u00f3n para exigir prestaciones forzosas.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

En concreto, la base cuarta de la Ley de Bases de la Sanidad Nacional, de 1944<\/u> (LBSN), dedicada a la lucha contra las enfermedades infecciosas<\/strong>, acumula un buen rosario de ellas: desde la incautaci\u00f3n de todo tipo de bienes o la ocupaci\u00f3n temporal de locales hasta la posibilidad de exigir los servicios profesionales del personal sanitario, sin olvidar el uso eventual de empresas privadas, oblig\u00e1ndoles a fabricar los productos necesarios para la campa\u00f1a sanitaria; y as\u00ed una larga lista (v\u00e9anse en especial los p\u00e1rrafos sexto y s\u00e9ptimo de la base cuarta de la LBSN. T\u00e9ngase en cuenta, en todo caso, que las prestaciones forzosas se conciben en esta Ley con una cierta \u00abnaturalidad\u00bb; As\u00ed, ya en la base \u00fanica del T\u00edtulo Preliminar <\/u>se afirma con car\u00e1cter general que, para el logro de la salud de los ciudadanos, podr\u00e1 ordenarse \u00abla incautaci\u00f3n de medicamentos y otros medios de acci\u00f3n sanitaria<\/u>, la requisa temporal de locales y elementos de transporte, la utilizaci\u00f3n de servicios y prestaciones, la imposici\u00f3n de obras y trabajos en terrenos insalubres y la adscripci\u00f3n de actividades industriales y mercantiles a fines sanitarios\u00bb<\/strong><\/em>).<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Todas estas prestaciones fueron luego desarrolladas y concretadas por el Reglamento para la lucha contra las enfermedades infecciosas de 1945<\/strong>. As\u00ed, para el caso de que se declare un estado epid\u00e9mico<\/u>, este Reglamento habilita, entre otras medidas, la \u00abincautaci\u00f3n de locales, medicamentos, utensilios y materiales que sean necesarios<\/strong>\u00bb, as\u00ed como la \u00abutilizaci\u00f3n y prestaci\u00f3n de los servicios profesionales del personal sanitario y de todo g\u00e9nero con car\u00e1cter forzoso y remunerado\u00bb, tambi\u00e9n con el fin de combatir la epidemia<\/strong> (art. 32). Recordaremos que tanto la LBSN, como el Reglamento para la lucha contra las enfermedades infecciosas, se encuentran formalmente en vigor<\/strong><\/u>. Por lo que han de ser aplicados, si bien lo han de ser de conformidad con las disposiciones constitucionales, a las que luego nos referiremos.<\/strong><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Ciertamente, la LGS<\/strong> no aporta un respaldo tan extenso a estas prestaciones forzosas. Aunque tal respaldo lo establece, con claridad meridiana y con alcance general, su art\u00edculo 26, 1\u00ba<\/u>, que alude, y de manera muy amplia, a la \u00abintervenci\u00f3n de medios materiales y personales\u00bb como posible medida preventiva a adoptar en casos de riesgo extraordinario e inminente para la salud p\u00fablica<\/strong>.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

De todas formas, esta parquedad de nuestra ley de cabecera en materia sanitaria puede ser suplida, aparte naturalmente de por la aplicaci\u00f3n de las referidas normas (LBSN y Reglamento para la lucha contra las enfermedades infecciosas, formalmente en vigor<\/em><\/strong>), acudiendo al sost\u00e9n normativo que para situaciones extraordinarias proporcionan tanto la legislaci\u00f3n sobre protecci\u00f3n civil<\/strong> como, llegado el caso, la Ley Org\u00e1nica 4\/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepci\u00f3n y Sitio<\/strong>. No hay que olvidar en este sentido que las situaciones de grave riesgo colectivo, calamidad p\u00fablica o cat\u00e1strofe extraordinaria a las que sirve el servicio p\u00fablico de protecci\u00f3n civil pueden venir motivadas por razones de tipo sanitario (la Ley 2\/1985, de 21 de enero, de Protecci\u00f3n Civil, encuentra uno de sus ejes fundamentales en el deber de colaboraci\u00f3n de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, cat\u00e1strofe o calamidad p\u00fablica que viene consignado expresamente por la propia CE en su art. 30.4. En coherencia con este postulado, el Cap\u00edtulo II de esta Ley recoge los distintos deberes y obligaciones que pesan sobre todos los ciudadanos en orden a la protecci\u00f3n civil. Se sienta as\u00ed la obligaci\u00f3n de colaborar a requerimiento de las autoridades en la protecci\u00f3n civil, tanto personal como materialmente (art. 4.1). De esta suerte, la Administraci\u00f3n queda facultada para exigir tanto prestaciones personales (\u00aben los casos de grave riesgo, cat\u00e1strofe o calamidad p\u00fablica, todos los residentes en territorio nacional estar\u00e1n obligados a la realizaci\u00f3n de las prestaciones personales que exija la autoridad competente, sin derecho a indemnizaci\u00f3n por esta causa\u00bb, art. 4.4) como prestaciones reales: \u00abcuando la naturaleza de la emergencia lo haga necesario, las autoridades competentes en materia de protecci\u00f3n civil podr\u00e1n proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes<\/strong>, as\u00ed como a la intervenci\u00f3n y ocupaci\u00f3n transitoria de los que sean necesarios. Quienes, como consecuencia de estas actuaciones sufran perjuicios en sus bienes tendr\u00e1n derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes\u00bb, art. 4.7<\/em>).<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Y otro tanto cabe decir con respecto al Estado de Alarma<\/strong>, uno de cuyos desencadenantes puede venir dado por la existencia de una crisis sanitaria (vid. el art. 4, b, de la Ley Org\u00e1nica 4\/1981)<\/u>. Para el caso de los estados de alarma, se prev\u00e9 la posibilidad de acordar, entre otras medidas, las requisas temporales de todo tipo de bienes, la imposici\u00f3n de prestaciones personales forzosas, as\u00ed como la intervenci\u00f3n y ocupaci\u00f3n transitoria de industrias, f\u00e1bricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza<\/u> – art\u00edculo 11, letras b y c).<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Esto supuesto, resulta oportuno dejar constancia de los trazos caracter\u00edsticos que estas prestaciones forzosas sanitarias presentan y que, en lo esencial, no difieren de los que son propios de la generalidad de las prestaciones forzosas civiles<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

a) Importa remarcar, antes que nada, que la imposici\u00f3n de estas prestaciones, as\u00ed sea por razones sanitarias, est\u00e1 supeditada a la previa existencia de una habilitaci\u00f3n de car\u00e1cter legislativo. As\u00ed lo impone de manera tajante el art. 31.3 de la CE: \u00abs\u00f3lo podr\u00e1n establecerse prestaciones personales o patrimoniales de car\u00e1cter p\u00fablico con arreglo a la ley\u00bb. Ser\u00e1 preciso, por tanto, que toda prestaci\u00f3n forzosa sanitaria est\u00e9 apoyada en una norma con rango de Ley en la que se definan su contenido y perfiles b\u00e1sicos, bien que luego sean desarrollados por v\u00eda reglamentaria.<\/span><\/p>\n

b) De igual forma, hay que subrayar su car\u00e1cter extraordinario o excepcional. Por su propia naturaleza, las prestaciones forzosas est\u00e1n llamadas a operar \u00fanicamente en escenarios de emergencia, all\u00ed donde la salud p\u00fablica corra un peligro inminente ante el que la Administraci\u00f3n, por s\u00ed sola, no pueda reaccionar de manera eficaz, bien porque los medios propios de los que disponga sean insuficientes \u2014y precise, por tanto, de los que tienen en sus manos los particulares\u2014 o bien porque, siendo suficientes, no cuente con el tiempo necesario para ponerlos en marcha. Son precisamente estas circunstancias las que justifican la ausencia de todo tipo de formalismos, incluso procedimentales, en su imposici\u00f3n.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

c) En lo que hace al contenido de las prestaciones forzosas sanitarias, cabe decir que, como antes qued\u00f3 apuntado, ser\u00e1 posible exigir la colaboraci\u00f3n de los particulares en un triple sentido: primero, se podr\u00e1 requerir sus servicios personales, especialmente en atenci\u00f3n a su capacidad profesional o a sus conocimientos especializados como es el caso destacado del personal sanitario (prestaciones personales); asimismo, si el riesgo sanitario precisa de la producci\u00f3n de alg\u00fan tipo de bien (medicamentos, material de tipo quir\u00fargico, vacunas, etc.), la Administraci\u00f3n dispondr\u00e1 de la capacidad para intervenir de forma transitoria las empresas que sea menester con el fin de destinar su producci\u00f3n a la satisfacci\u00f3n del inter\u00e9s general prioritario (prestaciones de empresa); y, por \u00faltimo, es tambi\u00e9n posible que la Administraci\u00f3n confisque todo tipo de bienes muebles o que proceda a la ocupaci\u00f3n temporal de bienes inmuebles (prestaciones reales).<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

d) Por \u00faltimo, no puede dejar de significarse que las prestaciones forzosas sanitarias deben ser indemnizadas. Sea cual fuere el contenido de dicha prestaci\u00f3n, es llano que sus efectos participan de la naturaleza expropiatoria y que, por consiguiente, el detrimento patrimonial ocasionado al particular deber\u00e1 ser resarcido en su integridad. As\u00ed se desprende, con car\u00e1cter general, de lo dispuesto en el art. 120 de la LEF (con arreglo al cual: \u00abcuando por consecuencia de graves razones de orden o de seguridad p\u00fablicos, epidemias, inundaciones u otras calamidades, hubiesen de adoptarse por las autoridades civiles medidas que implicasen destrucci\u00f3n, detrimento efectivo o requisas de bienes o derechos de particulares sin las formalidades que para los diversos tipos de expropiaci\u00f3n exige esta Ley, el particular da\u00f1ado tendr\u00e1 derecho a indemnizaci\u00f3n de acuerdo con las normas que se se\u00f1alan en los preceptos relativos a los da\u00f1os de la ocupaci\u00f3n temporal de inmuebles y al justiprecio de los muebles, debiendo iniciarse el expediente a instancia del perjudicado y de acuerdo con tales normas\u00bb. En la Ley Org\u00e1nica 4\/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepci\u00f3n y Sitio, tambi\u00e9n se prev\u00e9 que \u00abquienes como consecuencia de la aplicaci\u00f3n de los actos y disposiciones adoptados durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, da\u00f1os o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendr\u00e1n derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes\u00bb (art. 3.2). Una previsi\u00f3n muy similar aparece tambi\u00e9n en la Ley 2\/1985, de 21 de enero, de Protecci\u00f3n Civil, aunque en este \u00faltimo caso la garant\u00eda indemnizatoria se predica s\u00f3lo de las prestaciones forzosas de car\u00e1cter real y, en cambio, se niega, de forma expresa adem\u00e1s, para las prestaciones forzosas personales<\/em>).<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\u2026………………………………………………………………………..<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

No es ajeno al recorrido que acabamos de referir el hecho de que el Pre\u00e1mbu<\/strong><\/span>lo de la Ley 33\/2011, de 4 de octubre, General de Salud P\u00fablica, comienza se\u00f1alando: \u201c<\/strong>Los servicios sanitarios resultan imprescindibles para dar respuesta a los problemas de salud de la colectividad, pues consiguen <\/em><\/strong>atenuar los perjuicios de las enfermedades y permiten que se pueda recobrar la salud perdida y mejorar la calidad de vida de las personas <\/em>enfermas<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n

 <\/strong><\/span><\/p>\n

Igualmente, como se\u00f1ala su Exposici\u00f3n de Motivos, \u201cEn el cap\u00edtulo III se abordan las obligaciones de las Administraciones P\u00fablicas, estableciendo los mecanismos para lograr <\/em><\/strong>que las actividades de tipo cient\u00edfico y de asesoramiento en materia de salud p\u00fablica no est\u00e9n sesgadas por intereses ajenos a la salud de la poblaci\u00f3n y el bien p\u00fablico y sean independientes<\/strong><\/u>. Se refuerza con ello la confianza de la poblaci\u00f3n en la autoridad sanitaria y <\/em>en sus recomendaciones de salud p\u00fablica<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n

 <\/strong><\/span><\/p>\n

As\u00ed, establece en su Art\u00edculo 3 (De los principios generales de acci\u00f3n en salud p\u00fablica)<\/u>: \u201c<\/strong>Las Administraciones P\u00fablicas y los sujetos privados, en sus actuaciones de salud p\u00fablica y acciones sobre la salud colectiva, estar\u00e1n sujetos a los siguientes principios:<\/em><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/em><\/span>a) Principio de equidad<\/u>. Las pol\u00edticas, planes y programas que tengan impacto en la salud de la poblaci\u00f3n promover\u00e1n la disminuci\u00f3n de las desigualdades sociales en salud e incorporar\u00e1n acciones sobre sus condicionantes sociales, incluyendo objetivos espec\u00edficos al respecto. Se considerar\u00e1 la equidad en todos los informes p\u00fablicos que tengan un impacto significativo en la salud de la poblaci\u00f3n. Igualmente, las actuaciones en materia de salud p\u00fablica incorporar\u00e1n la perspectiva de g\u00e9nero y prestar\u00e1n atenci\u00f3n espec\u00edfica a las necesidades de las personas con discapacidad.<\/em><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/em><\/span>b) Principio de salud en todas las pol\u00edticas<\/u>. Las actuaciones de salud p\u00fablica tendr\u00e1n en cuenta las pol\u00edticas de car\u00e1cter no sanitario que influyen en la salud de la poblaci\u00f3n, promoviendo las que favorezcan los entornos saludables y disuadiendo, en su caso, de aquellas que supongan riesgos para la salud. Asimismo, las pol\u00edticas p\u00fablicas que incidan sobre la salud valorar\u00e1n esta circunstancia conciliando sus objetivos con la protecci\u00f3n y mejora de la salud.<\/em><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/em><\/span>c) Principio de pertinencia<\/u>. Las actuaciones de salud p\u00fablica atender\u00e1n a la magnitud de los problemas de salud que pretenden <\/em>corregir, justificando su necesidad de acuerdo con los criterios de proporcionalidad, eficiencia y sostenibilidad.<\/em><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/em><\/span>d) Principio de precauci\u00f3n<\/u>. La existencia de indicios fundados de una posible afectaci\u00f3n grave de la salud de la poblaci\u00f3n, aun <\/em><\/strong>cuando hubiera incertidumbre cient\u00edfica sobre el car\u00e1cter del riesgo, determinar\u00e1 la cesaci\u00f3n, prohibici\u00f3n o limitaci\u00f3n de la actividad sobre la que concurran.<\/em><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/em><\/span>e) Principio de evaluaci\u00f3n<\/u>. Las actuaciones de salud p\u00fablica deben evaluarse en su funcionamiento y resultados, con una periodicidad acorde al car\u00e1cter de la acci\u00f3n implantada.<\/em><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/em><\/span>f) Principio de transparencia<\/u>. Las actuaciones de salud p\u00fablica deber\u00e1n ser transparentes<\/strong>. La informaci\u00f3n sobre las mismas deber\u00e1 ser clara, sencilla y comprensible para el conjunto de los ciudadanos.<\/em><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/em><\/span>g) Principio de integralidad<\/u>. Las actuaciones de salud p\u00fablica deber\u00e1n organizarse y desarrollarse dentro de la concepci\u00f3n integral del sistema sanitario.<\/em><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/em><\/span>h) Principio de seguridad<\/u>. Las actuaciones en materia de salud p\u00fablica se llevar\u00e1n a cabo previa constataci\u00f3n de su seguridad en <\/em>t\u00e9rminos de salud<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n

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\u2666\u2666\u2666\u2666\u2666\u2666\u2666<\/span><\/p>\n

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