{"id":17,"date":"2014-06-26T12:00:27","date_gmt":"2014-06-26T12:00:27","guid":{"rendered":"http:\/\/puntocritico.com\/ausaj\/index.php\/26\/06\/2014\/incidente-de-nulidad-de-actuaciones\/"},"modified":"2023-05-08T09:24:26","modified_gmt":"2023-05-08T09:24:26","slug":"incidente-de-nulidad-de-actuaciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ausaj.org\/?p=17","title":{"rendered":"Incidente de Nulidad de Actuaciones"},"content":{"rendered":"

\u00a0A LA SECCI\u00d3N PRIMERA DE LA ILMA AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0Recurso Apelaci\u00f3n n\u00ba 292\/2013<\/span><\/span><\/p>\n

Juzgado de lo Penal n\u00ba 1 de Granada<\/span><\/h1>\n

Autos P.A. n\u00ba 82\/2013<\/span><\/h2>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

D\u00aa. Isabel Olivares P\u00e9rez<\/strong>, Procuradora de los Tribunales, actuando en nombre y representaci\u00f3n de D\u00ba. Carmen B. C.<\/strong>, seg\u00fan tengo acreditado en los Autos de referencia, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho,<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

DIGO<\/strong>:<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/span>Que, con fecha 27 de mayo de 2014, me ha sido notificada la <\/span>Sentencia n\u00ba 280, de 20 de mayo de 2014, dictada por la Secci\u00f3n Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Granada en los autos de Recurso de Apelaci\u00f3n (P.A.) 292\/2013<\/strong>, formulado contra la Sentencia n\u00ba 199\/2013, de 24 de mayo de 2013, dictada por el Juzgado de lo Penal n\u00ba 1 de Granada en los autos de Juicio Oral n\u00ba 82\/2013.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/span>Que, por medio del presente escrito, en legal tiempo y forma, promuevo <\/span>INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES<\/strong> contra <\/span> la meritada <\/span>Sentencia n\u00ba 280, de 20 de mayo de 2014, dictada por la Secci\u00f3n Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Granada<\/span>, sentando los siguientes<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/h1>\n

PRESUPUESTOS<\/span><\/h1>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 I.<\/strong> La presente pretensi\u00f3n de declaraci\u00f3n de nulidad de actuaciones se orienta a la declaraci\u00f3n de Nulidad de la citada Sentencia n\u00ba 280, de 20 de mayo de 2014, dictada por la Secci\u00f3n Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Granada<\/span>, por la que se desestiman los Recursos de Apelaci\u00f3n interpuestos por las Representaciones de D\u00aa. Mar\u00eda del Carmen B. C. y D. C.C.N. contra la Sentencia n\u00ba 199\/2013, de 24 de mayo de 2013, dictada por el Juzgado de lo Penal n\u00ba 1 de Granada en los autos de Juicio Oral n\u00ba 82\/2013.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 II.<\/strong> El presente incidente de NULIDAD se promueve dentro de los veinte d\u00edas siguientes a aqu\u00e9l en que esta representaci\u00f3n ha sido notificada de la citada Sentencia n\u00ba 280, de 20 de mayo de 2014<\/span>, no habiendo transcurrido, en todo caso, cinco a\u00f1os desde que se dict\u00f3 la resoluci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 III.<\/strong> COMPETENCIA<\/strong>.- Corresponde al Tribunal \u201cque dict\u00f3 la sentencia o resoluci\u00f3n que hubiere adquirido firmeza\u201d: Art. 241, 1\u00ba de la LOPJ.<\/strong><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 IV. LEGITIMACI\u00d3N.- <\/strong>El incidente de Nulidad de actuaciones puede ser impulsado de \u201cparte leg\u00edtima\u201d. Art. 241, 1\u00ba de la LOPJ.<\/strong><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 V. TR\u00c1MITE.<\/strong>– Se acomodar\u00e1 a lo previsto en el art. 241, 2\u00ba de la LOPJ<\/strong> con audiencia de la parte contraria.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 VI. <\/strong>El art. 238.3\u00ba<\/strong> de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial<\/strong> establece la nulidad de los actos judiciales \u201cCuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensi\u00f3n\u201d.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 VII.<\/strong> FONDO<\/strong>: El presente Incidente de Nulidad de Actuaciones se fundamenta en los siguientes<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

MOTIVOS<\/strong><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

PREVIO<\/span>.-\u00a0 <\/strong>Con car\u00e1cter previo se ha de se\u00f1alar que mediante el presente escrito se\u00a0 denuncian\u00a0 diversas infracciones\u00a0 de Derechos fundamentales\u00a0 que\u00a0 protegen a mi representado, as\u00ed\u00a0 como Jurisprudencia\u00a0 que los interpreta,\u00a0 cometidos todos ellos\u00a0 tanto a lo largo de la tramitaci\u00f3n del procedimiento \u2013seg\u00fan se ha ido denunciando en los diferentes recursos y oportunidades habidos; cuando ha existido tal posibilidad- como, especialmente, al momento de dictarse\u00a0 la Sentencia\u00a0 por la cual la Sala de Apelaci\u00f3n resuelve nuestro recurso, tomando como\u00a0 elemento informante\u00a0 de\u00a0 todo\u00a0 lo\u00a0 aqu\u00ed\u00a0 desarrollado\u00a0\u00a0 la necesidad\u00a0 de\u00a0 que el justiciable no se vea impedido en ning\u00fan caso de ejercer, con plenitud y realidad material \u2013no s\u00f3lo formal-, sus Derechos Fundamentales. Igualmente\u00a0 se ha de decir que se\u00a0 parte\u00a0 de la configuraci\u00f3n\u00a0 que de\u00a0 la nulidad\u00a0 de\u00a0 actuaciones\u00a0 se efect\u00faa por reforma operada\u00a0 por la\u00a0 LO 6\/2007, de\u00a0 24\u00a0 de mayo,\u00a0\u00a0 modificando su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n en su\u00a0 redacci\u00f3n actual; en definitiva,\u00a0 tal\u00a0 reforma\u00a0 viene encaminada a lograr que la tutela y defensa de los Derechos Fundamentales por parte del Tribunal Constitucional sea realmente subsidiaria de una adecuada protecci\u00f3n prestada por los \u00f3rganos de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, lo cual\u00a0 es\u00a0 trasunto\u00a0 de\u00a0 la propia\u00a0 doctrina\u00a0 que\u00a0 el Tribunal\u00a0 Constitucional\u00a0 hab\u00eda\u00a0 venido\u00a0 estableciendo\u00a0 en\u00a0 tiempos\u00a0 anteriores\u00a0 a\u00a0 tal\u00a0 reforma\u00a0 en lo que\u00a0 a subsidiaridad\u00a0 de la v\u00eda\u00a0 de amparo\u00a0 se\u00a0 refiere, determin\u00e1ndose as\u00ed por ello que esta parte se vea en la necesidad de planteamiento de la presente nulidad de actuaciones con car\u00e1cter previo a, en su caso, formular oportunamente recurso de amparo, teni\u00e9ndose una nueva oportunidad, si as\u00ed se considera por esta digna Sala, de subsanar los defectos observados por la defensa. Como claros exponentes de la configuraci\u00f3n que del incidente de nulidad de actuaciones a estos efectos efect\u00faa el propio Tribunal Constitucional, citaremos, entre otros muchos, haciendo propios sus argumentos, Autos de la Secci\u00f3n Tercera de 7 de julio de 2008 y de 1 de junio de 2009, Auto de la Secci\u00f3n Cuarta de 26 de enero de 2012 y SSTC 155\/2009, de 25 de junio y 43\/2010, de 26 de julio. Los Primeros Motivos constituyen el supuesto excepcional previsto en el Art. 241, 1\u00ba -LOPJ; y los restantes se introducen en aras de dar al Poder Judicial todas las opciones procesales a fin de\u00a0 que pueda subsanar las Vulneraciones de los Derechos Fundamentales susceptibles de Amparo Constitucional de la manera que ocasione menores quebrantos a los justiciables y a la entera sociedad.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

PRIMERO<\/span><\/strong>.- VULNERACI\u00d3N DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA POR MOTIVACI\u00d3N ARBITRARIA, IL\u00d3GICA Y\/O ERR\u00d3NEA DE LA SENTENCIA DE APELACI\u00d3N Y VULNERACI\u00d3N DEL ART\u00cdCULO 25, 1\u00ba C.E. (PRINCIPIO DE LEGALIDAD); VULNERACI\u00d3N DEL DERECHO FUNDAMENTAL DEL ARTICULO 28, 2\u00ba – CE (DERECHO DE HUELGA) Y LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL SOBRE EL DERECHO DE HUELGA<\/span><\/strong>.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La Sentencia n\u00ba 280, de 20 de mayo de 2014, dictada por la Secci\u00f3n Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Granada en los autos de Recurso de Apelaci\u00f3n (P.A.) 292\/2013<\/strong>, en su Fundamento de Derecho Cuarto<\/strong>, pen\u00faltimo p\u00e1rrafo, se\u00f1ala:<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u201cCabe destacar, finalmente, que no se oculta a la Sala lo doctrinalmente <\/em><\/span>controvertido del precepto por el que vienen condenados los recurrentes. <\/span>Incluso, conforme a lo que anima a ser una interpretaci\u00f3n restrictiva del mismo, el propio TC en S. 254\/1988, de 21.12, lleg\u00f3 a manifestar que \u00abla fuerza <\/span>expansiva de todo derecho fundamental restringe, por su parte, el alcance de las normas limitadoras que act\u00faen sobre el mismo; de ah\u00ed la exigencia de que <\/span>los l\u00edmites de los derechos fundamentales hayan de ser interpretados con <\/span>criterios restrictivos y en el sentido m\u00e1s favorable a la esencia de esos <\/span>derechos\u00bb, controversia doctrinal, dosimetr\u00eda penol\u00f3gica quiz\u00e1s <\/span>desproporcionada e interpretaci\u00f3n conforme a los par\u00e1metros delimitados por <\/span>el Tribunal Constitucional que, no obstante, no pueden avocar a este Tribunal a hacer dejaci\u00f3n o abdicar de su ineludible obligaci\u00f3n de resolver con estricto sometimiento al principio de legalidad (art. 25.1 CE)<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Evidentemente, nos encontramos en el supuesto de hecho excepcional, en el que la formulaci\u00f3n del Incidente de Nulidad de Actuaciones resulta requisito determinante de la admisibilidad de la eventual Demanda de Amparo Constitucional contra la meritada Sentencia de esta dign\u00edsima Sala,\u00a0 previsto en el Art. 241, 1\u00ba de la LOPJ<\/strong><\/span>, conforme al cual, \u201cNo se admitir\u00e1n con car\u00e1cter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte leg\u00edtima o hubieran debido serlo podr\u00e1n pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental de los referidos en el <\/a>art. 53.2 de la Constituci\u00f3n, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resoluci\u00f3n que ponga fin al proceso y siempre que dicha resoluci\u00f3n no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario\u201d.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En efecto, este Vicio de Nulidad, no ha podido denunciarse antes de recaer la Sentencia de Apelaci\u00f3n, dado que es en \u00e9sta d\u00f3nde se viene, dicho sea con los debidos respetos y en los m\u00e1s estrictos t\u00e9rminos de defensa, a producir; siendo que se trata de una Sentencia no susceptible de Recurso ordinario ni extraordinario.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2026…………………………………………………<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art\u00edculo 24.1 CE <\/strong>engloba, entre sus m\u00faltiples vertientes, el derecho a obtener un pronunciamiento o resoluci\u00f3n judicial motivado, razonable y fundado en derecho del preciso ejercicio que se ha hecho de la discrecionalidad judicial. En el supuesto que nos ocupa, hay que afirmar que el \u00f3rgano jurisdiccional tiene plena libertad para decidir sobre el alcance de los medios de prueba propuestos por las partes siempre que lo argumente de manera razonable y congruente. Lo que esta representaci\u00f3n no logra entender es como la Secci\u00f3n Primera de la Audiencia Provincial de Granada, puede sostener este discurso contradictorio, que revela la manifiesta irracionalidad de la motivaci\u00f3n del fallo y la arbitrariedad con la que se ha actuado a la hora de determinar que por el hecho de encontrarse mi mandante, al momento de los hechos, ejercitando su Derecho Fundamental al Derecho de Huelga (Art. 28, 2\u00ba \u2013 CE), la penalidad de los hechos resulte brutalmente agravada respecto a la situaci\u00f3n de haber tenido lugar esos mismos hechos de manera ajena al ejercicio de dicho Derecho Fundamental<\/strong>.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En efecto, la criminalizaci\u00f3n del ejercicio de un Derecho Fundamental, como el Derecho de Huelga, supone una grav\u00edsima quiebra del Estado de Derecho. Recordemos que en el Derecho de Huelga est\u00e1n \u00ednsitos los Derechos de Libertad de Expresi\u00f3n e Informaci\u00f3n, garantizados por el Art. 20 CE (garant\u00eda reforzada por el Art. 53 de nuestra Norma Fundamental, pues dichos Derechos Fundamentales figuran entre los comprendidos en la Secci\u00f3n Primera del Cap\u00edtulo Segundo del T\u00edtulo Primero de la Constituci\u00f3n); y que estos Derechos se concept\u00faan como necesarios para la realizaci\u00f3n de una sociedad libre y plural, por lo que la necesidad de su promoci\u00f3n y garant\u00eda alcanza el m\u00e1ximo nivel.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Es decir, el ejercicio de dichos derechos fundamentales ha ocasionado a mi mandante grav\u00edsimos perjuicios, lo que supone una evidente e injustificable restricci\u00f3n del ejercicio de los derechos fundamentales que en la pr\u00e1ctica supone tanto como la negaci\u00f3n de la existencia de los mismos, pues los perjuicios que en este caso hubo de soportar mi mandante, y que la sentencia impugnada consolida, imponen tales limitaciones que los convierte en meros espejismos, enunciados constitucionales vac\u00edos de contenido y excluidos de la garant\u00eda establecida en el art. 53 de nuestra Norma Fundamental.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 As\u00ed, el verdadero efecto de la condena de mi mandante en estos autos, es la de impedir u obstaculizar en lo posible el ejercicio leg\u00edtimo de los Derechos Fundamentales a la Libertad de Expresi\u00f3n de los Imputados, y a la Libertad de Informaci\u00f3n y al derecho de Huelga de todos, produci\u00e9ndose el efecto de quedar directamente afectada la efectividad de los derechos fundamentales invocados<\/span>, ya que no solo se han puesto en peligro, sino que se ha sometido su ejercicio a unas consecuencias extraordinariamente gravosas para mi mandante en particular, y para la ciudadan\u00eda en general, a unas consecuencias que afectan a la noci\u00f3n que se halla en la base del concepto de derechos fundamentales<\/strong>, esto es, la dignidad de la persona (art. 10.1 CE), que requiere la plena efectividad de estos derechos fundamentales<\/span>, de acuerdo con el criterio interpretativo de los preceptos constitucionales tuteladores de los derechos fundamentales (STC 303\/1993, de 25 de octubre, FJ 8<\/strong>). En efecto, habida cuenta de que nuestro texto constitucional no consagra derechos meramente te\u00f3ricos o ilusorios, sino reales y efectivos<\/span> (STC 12\/1994, de 17 de enero, FJ 6<\/strong>), se hace imprescindible asegurar su protecci\u00f3n.<\/span> Ni la Constituci\u00f3n (SSTC 47\/1987<\/strong>, 194\/1987<\/strong>, 176\/1988<\/strong> y 8\/1990<\/strong>) ni el Convenio (Sentencias del T.E.D.H. de 9 de octubre de 1979<\/strong>, caso AIREY<\/em>, y 13 de mayo de 1980<\/strong>, caso<\/em> ARTICO<\/em>) consagran derechos meramente te\u00f3ricos o ilusorios, sino reales y efectivos.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A esta nueva realidad ha sido sensible la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como se refleja en las Sentencias de 21 de febrero de 1990, caso Powell y Rayner contra Reino Unido; de 9 de diciembre de 1994, caso L\u00f3pez Ostra contra Reino de Espa\u00f1a, y de 19 de febrero de 1998, caso Guerra y otros contra Italia.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Por lo dem\u00e1s, en relaci\u00f3n a las Resoluciones Judiciales que implican al ejercicio de Derechos Fundamentales<\/strong>, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la falta de adecuada ponderaci\u00f3n de los derechos fundamentales en juego<\/span>, se\u00f1alando que, sin perjuicio de la exigencia reforzada de motivaci\u00f3n<\/span> (as\u00ed<\/em>, SSTC 147\/1999, de 4 de agosto, FJ 3<\/strong> y las resoluciones all\u00ed citadas, y<\/em> 109\/2000, de 5 de mayo, FJ 2<\/strong>), hemos de recordar que en tales supuestos los defectos de la respuesta judicial dada a las pretensiones que tienen que ver con vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales sustantivos representan en s\u00ed mismos una lesi\u00f3n de estos derechos<\/span> (por todas, STC 138\/2000, de 29 de mayo, FJ 5<\/strong>).<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Por ello, el Tribunal Constitucional ha declarado que es posible recabar la obligaci\u00f3n dispensada por los Derechos Fundamentales de la Secci\u00f3n Primera del Cap\u00edtulo Segundo del T\u00edtulo Primero de la Constituci\u00f3n, tanto frente a los poderes p\u00fablicos como respecto de otros ciudadanos, alcanzando a los primeros la obligaci\u00f3n positiva de contribuir a la eficacia de los derechos garantizados y de los valores que abrigan<\/span> (SSTC 53\/1985, de 11 de abril, FJ 4<\/strong>; 129\/1989, de 17 de julio, FJ 3<\/strong>; 11\/1991, de 17 de enero, FJ 2, <\/strong>y 181\/2000, de 29 de junio, FJ 8<\/strong>).<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

La STC 110\/1988, de 8 de junio consagra el<\/span> principio de primac\u00eda de los derechos y libertades reconocidos en el Cap\u00edtulo Segundo del T\u00edtulo I de la Constituci\u00f3n<\/span>, cuya consagraci\u00f3n en la Ley fundamental vincula a todos los poderes p\u00fablicos<\/span> (art. 53.1 C.E. y art. 7.1 LOPJ), y a\u00fan m\u00e1s, en especial de los protegidos por el recurso de amparo, que habr\u00e1n de ser reconocidos, en todo caso, de acuerdo con su contenido constitucionalmente declarado \u00absin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido<\/em><\/span>\u00bb (art. 7.2 LOPJ).<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Por lo dem\u00e1s, cuando, como en el supuesto que nos ocupa, nos encontramos ante la \u201ccolisi\u00f3n\u201d de diferentes Derechos Fundamentales, se hace necesario lo que nuestro tribunal Constitucional, de manera monol\u00edtica y constante, denomina \u201cJuicio Previo de Constitucionalidad<\/strong>\u201d; esto es, la cuesti\u00f3n relativa a la constitucionalidad del ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de Huelga, expresi\u00f3n e informaci\u00f3n por parte de mi representado en relaci\u00f3n con su colisi\u00f3n con el derecho al honor y el Derecho a la Libertad de la Denunciante. Dicho juicio previo de constitucionalidad<\/span> exige un especial esfuerzo motivador que, dicho sea con los debidos respetos y en los m\u00e1s estrictos t\u00e9rminos de defensa, no se ha producido en el supuesto de autos, en el que como \u00fanico par\u00e1metro se ha tenido en cuenta, y a\u00fan as\u00ed de manera tangencial, el Principio de Legalidad del Art. 25, 1\u00ba CE (al que luego nos referiremos), vulner\u00e1ndose con ello, adem\u00e1s de los Derechos Fundamentales de Huelga, Libertad de Expresi\u00f3n e Informaci\u00f3n, el Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva de mi mandante.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En Fundamento de nuestras pretensiones, hemos de citar la S<\/strong>TC, Sala 2\u00aa,\u00a0 de 04-08-1999, n\u00fam. 147\/1999:<\/strong><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

\u201cTERCERO.- Procede recordar al respecto que el derecho a obtener una resoluci\u00f3n fundada en Derecho<\/span>, favorable o adversa, es garant\u00eda frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes p\u00fablicos (SSTC 131\/1990, fundamento jur\u00eddico 1\u00ba, y 112\/1996, fundamento jur\u00eddico 2\u00ba), y que ello implica, en primer lugar, que la resoluci\u00f3n ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cu\u00e1les han sido los criterios jur\u00eddicos que fundamentan la decisi\u00f3n<\/span> (SSTC 122\/1991, fundamento jur\u00eddico 2\u00ba; 5\/1995, fundamento jur\u00eddico 3\u00ba, y 58\/1997, fundamento jur\u00eddico 2\u00ba). En segundo lugar, que la motivaci\u00f3n<\/strong> debe contener una fundamentaci\u00f3n en Derecho, esto es, que el fundamento de la decisi\u00f3n sea la aplicaci\u00f3n no arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso, pues tanto si la aplicaci\u00f3n de la legalidad es fruto de un error patente, como si fuere \u00abarbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable\u00bb no podr\u00eda considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicaci\u00f3n de la legalidad ser\u00eda tan s\u00f3lo una mera apariencia<\/span> (SSTC 23\/1987. fundamento jur\u00eddico 3\u00ba; 112\/1996, fundamento jur\u00eddico 2\u00ba, y 119\/1998, fundamento jur\u00eddico 2\u00ba).<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n

Y por \u00faltimo, y no menos relevante, si el derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra conectado con otro derecho fundamental el canon de las exigencias derivadas del deber de motivaci\u00f3n<\/strong> es m\u00e1s rigurosa<\/span> BOE n\u00fam. 204. Suplemento (SSTC 62\/1996, fundamento jur\u00eddico 2\u00ba; 34\/1997, fundamento jur\u00eddico 2\u00ba; 175\/1997, fundamento jur\u00eddico 4\u00ba; 200\/1997, fundamento jur\u00eddico 4\u00ba; 83\/1998, fundamento jur\u00eddico 3\u00ba; 116\/1998, fundamento jur\u00eddico 4\u00ba, y 2\/1999, fundamento jur\u00eddico 2\u00ba, entre otras).\u201d<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

A mayor abundamiento, cabe traer a colaci\u00f3n la S<\/strong>TC, Sala 2\u00aa,\u00a0 de 28-09-1998, n\u00fam. 185\/1998:<\/strong><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u201cQUINTO.- Al respecto, conviene recordar que la motivaci\u00f3n<\/strong> de las resoluciones judiciales se configura como exigencia constitucional que se integra en el contenido del derecho que el art. 24.1 C.E. reconoce y garantiza<\/span> (SSTC 177\/1994, 145\/1995, 115\/1996, 26\/1997 y 116\/1998, por citar s\u00f3lo las m\u00e1s recientes). Y si hemos apreciado la legitimidad constitucional de una fundamentaci\u00f3n concisa, incluso meramente estereotipada, siempre lo ha sido por contener los criterios jur\u00eddicos que fundamentaban la resoluci\u00f3n judicial, aun por remisi\u00f3n a la Sentencia de instancia que enjuiciaba un Tribunal superior (SSTC 14\/1991, 28\/1994 y 66\/1996, entre otras, en cuanto a la exigencia de que se exprese la ratio decidendi, SSTC 184\/1988, 125\/1989, 169\/1996, 39\/1997 y 116\/1998, sobre validez de una respuesta estereotipada; SSTC 174\/1987. 146\/1990, 27\/1992, 115\/1996, 231\/1997 y 36\/1998, sobre motivaci\u00f3n<\/strong> por remisi\u00f3n a la Sentencia de instancia).<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n

No obstante, como recientemente ha puesto de relieve la STC 116\/1998, existe una pluralidad de supuestos en los que este Tribunal ha estimado que es necesaria una particular carga argumentativa para que la resoluci\u00f3n judicial examinada sea consistente con las exigencias que se derivan del art. 24.1 C.E. En concreto: \u00abcuando se ven afectados otros derechos fundamentales (SSTC 86\/1995, 128\/1995, 62\/1996, 170\/1996, 175\/1997 o 200\/1997); cuando se trata de desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia (SSTC 174\/1985, 175\/1985, 160\/1988, 76\/1990, 134\/1996 o 24\/1997); cuando se ata\u00f1e \u00abde alguna manera a la libertad como valor\u00a0 superior del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb (STC 81\/1997, fundamento jur\u00eddico 4\u00ba, que cita la STC 2\/1997); o, en fin, cuando el Juez se aparta de sus precedentes (SSTC 100\/1993 y 14\/1993)\u00bb (STC 116\/1998, fundamento jur\u00eddico 4\u00ba).<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n

En particular, respecto a supuestos similares al que aqu\u00ed enjuiciamos, este Tribunal ha declarado en las SSTC 177\/1994, fundamento jur\u00eddico 2\u00ba, y 26\/1997, fundamento jur\u00eddico 3\u00ba, que la Constituci\u00f3n veda el empleo de \u00abcl\u00e1usulas de estilo, vac\u00edas de contenido preciso, tan abstractas y gen\u00e9ricas que pueden ser extrapoladas a cualquier otro caso\u00bb en la resoluci\u00f3n de recursos frente a una Sentencia penal condenatoria. De suerte que el derecho a la motivaci\u00f3n<\/strong> de las resoluciones judiciales se vulnera cuando \u00e9stas carecen de \u00abrazonamiento concreto alguno en torno al supuesto de autos que permita, no s\u00f3lo conocer cu\u00e1les han sido los criterios esenciales fundamentadores de la desestimaci\u00f3n, sino afirmar que la resoluci\u00f3n reca\u00edda en la instancia ha sido realmente revisada por el Tribunal de apelaci\u00f3n\u00bb (ibid).\u201d<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En sentido m\u00e1s gen\u00e9rico, la Sentencia del TC, Sala 2\u00ba de 8 de octubre de 1986<\/span>, <\/strong>relativa a la necesaria motivaci\u00f3n razonada de las decisiones judiciales: \u201c…\u00a0 dicho precepto (art\u00edculo 24 CE) impone a los jueces y Tribunales la obligaci\u00f3n de dictar, tras el correspondiente debate procesal, una resoluci\u00f3n fundada en Derecho y esta obligaci\u00f3n no puede considerarse cumplida con la mera emisi\u00f3n de una declaraci\u00f3n de conocimiento o de voluntad del \u00f3rgano jurisdiccional en un sentido o en otro. Cuando la Constituci\u00f3n -art. 120.3- y la Ley exigen que se motiven las sentencias, imponen que la decisi\u00f3n judicial est\u00e9 precedida por una exposici\u00f3n de los argumentos que la fundamentan. Este razonamiento expreso permite a las partes conocer los motivos por los que su pretendido derecho puede ser restringido o negado, facilitando al tiempo y, en su caso, el control por parte de los \u00f3rganos judiciales superiores.<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n

Pero la exigencia de motivaci\u00f3n suficiente es sobre todo una garant\u00eda esencial del justiciable mediante la cual, sin perjuicio de la libertad del Juez en la interpretaci\u00f3n de las normas, se puede comprobar que la soluci\u00f3n dada al caso es consecuencia de una de una ex\u00e9gesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad\u201d<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

En la mismo sentido se pronuncian las siguientes sentencias del Tribunal Constitucional:<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

– STC de 24 de marzo de 2003, FJ Cuarto<\/span>:<\/strong> \u201c (…) la obligaci\u00f3n de motivar las Sentencias, que el art. 120.3 CE impone a los \u00f3rganos judiciales, se integra como una de las garant\u00edas protegidas en el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), entendida\u00a0 como el derecho a obtener una resoluci\u00f3n razonablemente fundada en Derecho, que entronca de forma directa con el principio del Estado democr\u00e1tico de Derecho (art. 1 CE) y con una concepci\u00f3n de la legitimidad de la funci\u00f3n jurisdiccional sustentada esencialmente en el car\u00e1cter vinculante que para todo \u00f3rgano jurisdiccional reviste la Ley (art. 117.1 y 3 CE; SSTC 55\/1987, de 13 de mayo, FJ 1; 24\/1990, de 15 de febrero, FJ 4; 22\/1994, de 27 de enero, FJ 2). Esta garant\u00eda tiene como finalidad \u00faltima la interdicci\u00f3n de la arbitrariedad, ya que mediante ella se introduce un factor de racionalidad en el ejercicio del poder que, paralelamente, potencia el valor de la seguridad jur\u00eddica y constituye un instrumento que tiende a garantizar la posibilidad de control de la resoluci\u00f3n por los Tribunales superiores mediante los recursos que procedan, incluido el que compete a este Tribunal a trav\u00e9s del recurso de amparo<\/span> (SSTC 55\/1987, de 13 de mayo, FJ 1; 22\/1994, de 27 de enero, FJ 2; 184\/1995, de 12 de diciembre, FJ 2; 47\/1998, de 2 de marzo, FJ 5; 139\/2000, de 29 de mayo, FJ 4; 221\/2001, de 31 de octubre, FJ 6).<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n

De esta garant\u00eda deriva, en primer lugar, que la resoluci\u00f3n ha de exteriorizar los elementos y razones de juicio que fundamentan la decisi\u00f3n (SSTC 122\/1991, de 3 de junio, FJ 2; 5\/1995, de 10 de enero, FJ 3; 58\/1997, de 18 de marzo, FJ 2), y, en segundo lugar, que el fundamento de la decisi\u00f3n ha de constituir la aplicaci\u00f3n no arbitraria, ni manifiestamente irrazonable, ni fruto de un error patente, de la legalidad (entre muchas SSTC 23\/1987, de 23 de febrero, FJ 3; 112\/1996, de 24 de junio, FJ 2; 119\/1998, de 4 de junio, FJ 2; 25\/2000, de 31 de enero, FJ 3).\u201d<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

– STC de 9 de febrero de 2002<\/span>:<\/strong> (FJ 4) \u201cEs obligado recordar, al efecto, que el art. 24 de la Constituci\u00f3n<\/em> impone a los \u00f3rganos judiciales la obligaci\u00f3n de dictar resoluciones fundadas en Derecho, no pudiendo considerarse cumplida esta exigencia con la mera emisi\u00f3n de una declaraci\u00f3n de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una ex\u00e9gesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad (SSTC 61\/1983, de 11 de julio; 5\/1986, de 21 de enero; 78\/1986, de 13 de julio; 116\/1986, de 8 de octubre; 75\/1988, de 25 de abril, FJ 3). No basta, pues, con obtener una respuesta motivada, sino que, adem\u00e1s, \u00e9sta ha tener contenido jur\u00eddico y no resultar arbitraria (por todas, SSTC 22\/1994, de 27 de enero, FJ 2; 324\/1994, de 1 de diciembre, FJ 2; 24\/1999, 8 de marzo, FJ 3, y 10\/2000 de 31 de enero, FJ 2 ). Y una resoluci\u00f3n judicial puede tacharse de arbitraria cuando, aun constatada la existencia formal de una argumentaci\u00f3n, la misma no es expresi\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia sino simple apariencia de la misma por ser fruto de un mero voluntarismo judicial o expresar un proceso deductivo irracional o absurdo (SSTC 148\/1994, de 12 de mayo, FJ 4; 244\/1994, de 15 de septiembre, FJ 2; 54\/1997, de 17 de marzo, FJ 3; y 160\/1997, de 2 de octubre, FJ 7)\u201d.<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

(FJ 8) \u201cLos derechos y garant\u00edas previstos en el art\u00edculo 24 CE<\/em>no garantizan, ciertamente, la justicia de la decisi\u00f3n o la correcci\u00f3n jur\u00eddica de la actuaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n llevada a cabo por los \u00f3rganos judiciales comunes, pues no existe un derecho al acierto (entre muchas, SSTC 151\/2001, de 2 de julio, FJ 5<\/em>; y 162\/2001, de 5 de julio, FJ 4<\/em>). Y tampoco aseguran la satisfacci\u00f3n de la pretensi\u00f3n de ninguna de las partes del proceso (por todas, SSTC 107\/1994, de 11 de abril, FJ 2<\/em>; y 139\/2000, de 29 de mayo, FJ 4<\/em>). Ahora bien, lo que en todo caso s\u00ed garantiza el expresado precepto es el derecho a que las pretensiones se desenvuelvan y conozcan en el proceso establecido al efecto, con observancia de las garant\u00edas constitucionales que permitan el derecho de defensa, y a que finalice con una resoluci\u00f3n fundada en Derecho, la cual podr\u00e1 ser favorable o adversa a las pretensiones ejercitadas (STC 50\/1982, de 15 de julio, FJ 3)<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En nuestro ordenamiento jur\u00eddico prima el principio constitucional de la interdicci\u00f3n de la arbitrariedad (art\u00edculo 9.3 CE); la correcta motivaci\u00f3n de los fallos judiciales es la \u00fanica garant\u00eda que tenemos para proscribir la arbitrariedad, ya que garantiza que se ha actuado racionalmente, argumentando las razones capaces de sostener y justificar, en cada caso, las decisiones tomadas en aplicaci\u00f3n de la ley.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En tal sentido, cabe citar la Sentencia del TC, Sala 2\u00ba de 8 de octubre de 1986: <\/strong>\u00a0\u00a0\u201c…\u00a0 dicho precepto (art\u00edculo 24 CE) impone a los jueces y Tribunales la obligaci\u00f3n de dictar, tras el correspondiente debate procesal, una resoluci\u00f3n fundada en Derecho y esta obligaci\u00f3n no puede considerarse cumplida con la mera emisi\u00f3n de una declaraci\u00f3n de conocimiento o de voluntad del \u00f3rgano jurisdiccional en un sentido o en otro. Cuando la Constituci\u00f3n -art. 120.3- y la Ley exigen que se motiven las sentencias, imponen que la decisi\u00f3n judicial est\u00e9 precedida por una exposici\u00f3n de los argumentos que la fundamentan. Este razonamiento expreso permite a las partes conocer los motivos por los que su pretendido derecho puede ser restringido o negado, facilitando al tiempo y, en su caso, el control por parte de los \u00f3rganos judiciales superiores.<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n

Pero la exigencia de motivaci\u00f3n suficiente es sobre todo una garant\u00eda esencial del justiciable mediante la cual, sin perjuicio de la libertad del Juez en la interpretaci\u00f3n de las normas, se puede comprobar que la soluci\u00f3n dada al caso es consecuencia de una ex\u00e9gesis racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad.<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n

En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del TC de 13 de mayo de 1987:<\/strong><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

\u201c… La exigencia de motivaci\u00f3n de las sentencias se relaciona de manera directa con el principio de Estado Democr\u00e1tico de Derecho (art\u00edculo 1 CE) y con una concepci\u00f3n de la legitimidad de la funci\u00f3n jurisdiccional apoyada esencialmente en el car\u00e1cter vinculante que tiene para \u00e9sta la Ley (art\u00edculo 117.1 CE) (…)<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n

La Constituci\u00f3n requiere que el Juez motive sus sentencias, ante todo para permitir el control de la actividad jurisdiccional. Los fundamentos de la sentencia se deben dirigir, tambi\u00e9n, a lograr el convencimiento, no s\u00f3lo del acusado, sino tambi\u00e9n de las otras personas del proceso. En este sentido deben mostrar el esfuerzo del\u00a0 Tribunal por lograr una aplicaci\u00f3n del derecho vigente libre de toda arbitrariedad. Por otra parte la motivaci\u00f3n de la sentencia es una exigencia sin la cual \u2013como es generalmente reconocido- se privar\u00eda, en la pr\u00e1ctica, a la parte afectada por aqu\u00e9lla del ejercicio de los recursos que le pueda otorgar el ordenamiento jur\u00eddico. S\u00f3lo si la sentencia est\u00e1 motivada es posible a los Tribunales que deban entender en el tr\u00e1mite de alg\u00fan recurso <\/em>(incluye el Recurso de Amparo), controlar la correcta aplicaci\u00f3n del derecho.\u201d<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n

\u2026………………………………………………………………….<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A la vista del citado pen\u00faltimo p\u00e1rrafo del Fundamento de Derecho Cuarto de la Sentencia de Apelaci\u00f3n, ahora impugnada en Nulidad, resulta un Vicio de Motivaci\u00f3n, por arbitraria, il\u00f3gica o err\u00f3nea<\/strong>, cual es el rechazo a una \u201cinterpretaci\u00f3n conforme a los par\u00e1metros delimitados por <\/span>el Tribunal Constitucional que, no obstante, no pueden avocar a este Tribunal a hacer dejaci\u00f3n o abdicar de su ineludible obligaci\u00f3n de resolver con estricto sometimiento al principio de legalidad (art. 25.1 CE)<\/em>\u201d; es decir, se est\u00e1 obviando la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia (en realidad, se decide no aplicarla), que la Sala declara conocer, y ello en base a una gen\u00e9rica invocaci\u00f3n fundamentadora de tal criterio basada en el Principio de Legalidad; que sin embargo, en realidad, con ello se viene a conculcar<\/span><\/strong>. Vulneraci\u00f3n en la Motivaci\u00f3n indisolublemente unida al criterio, en nuestra respetuosa opini\u00f3n, err\u00f3neo, il\u00f3gico y\/o arbitrario, con que se interpreta el citado Art\u00edculo 25, 1\u00ba CE.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2026…………………………………………………………………<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 De la lectura de la escuet\u00edsima y claramente insuficiente fundamentaci\u00f3n que, acerca de esta \u201cColisi\u00f3n de Derechos Fundamentales\u201d, se contiene en la Sentencia de Apelaci\u00f3n, ahora impugnada en Nulidad, se desprende -adem\u00e1s de la vulneraci\u00f3n apuntada del Art. 24 CE, en su vertiente de Derecho a la Motivaci\u00f3n no arbitraria, il\u00f3gica y\/o err\u00f3nea- la VULNERACI\u00d3N DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD<\/span><\/strong> (Art. 25, 1\u00ba \u2013 CE),<\/span><\/strong> como pasamos a exponer.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En efecto, la aplicaci\u00f3n del Tipo Penal previsto en el Art\u00edculo 315 -CP, nos introduce, desde la \u00f3ptica del Principio de Legalidad en el an\u00e1lisis del tipo penal objeto de Condena, en relaci\u00f3n a los Tipos Penales en virtud de los cuales fueron incoadas las iniciales Diligencias Previas, que no fue el previsto en el Art. 315, 3\u00ba CP, sino los delitos de Da\u00f1os, Amenazas y Coacciones; calificaci\u00f3n que se mantendr\u00eda durante la entera Fase Instructora, pues se mantiene invariable en el mismo Auto de Transformaci\u00f3n en P.A., por lo que al variar en el Escrito de Acusaci\u00f3n el T\u00edtulo de Imputaci\u00f3n, se situ\u00f3 en Indefensi\u00f3n a mi mandante<\/strong>, quien se encuentra s\u00fabitamente frente a una imputaci\u00f3n fundada en un T\u00edtulo del C\u00f3digo Penal diferente del que hab\u00eda venido siendo objeto de la Instrucci\u00f3n<\/span>; ello se expresa en nuestro Recurso de Apelaci\u00f3n, en el que se denunciaba la Indebida Aplicaci\u00f3n del Tipo Penal del Art. 315, 3\u00ba -CP.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art\u00edculo 24.1<\/strong> CE, comporta la exigencia de que en ning\u00fan momento se produzca indefensi\u00f3n, lo que, puesto en relaci\u00f3n con lo previsto en el apartado segundo del mismo precepto constitucional, significa que en todo proceso judicial debe respetarse el derecho de defensa contradictorio de las partes contendientes, a quienes debe darse la oportunidad de alegar procesalmente sus derechos, sobre todo en todo aquello que pueda llegar a influir en la formaci\u00f3n del conocimiento de la voluntad de qui\u00e9n o qui\u00e9nes deben decidir jurisdiccionalmente. Nos encontramos por tanto, tambi\u00e9n ante la vulneraci\u00f3n del Derecho Fundamental de todo imputado a ser Informado de la acusaci\u00f3n formulada en su contra<\/strong>, con la consiguiente indefensi\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pues bien, desde este punto de vista, dicho sea con los debidos respetos y en los m\u00e1s estrictos t\u00e9rminos de defensa, la inconstitucional variaci\u00f3n de T\u00edtulo de Imputaci\u00f3n a que nos acabamos de referir, se produce al margen de cualquier opci\u00f3n de contradicci\u00f3n y\/o defensa.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En efecto, recordemos que es en la Sentencia de Instancia cuando se modifica la pena solicitada por la acusaci\u00f3n, y no levemente, sino triplic\u00e1ndola en su alcance (de un a\u00f1o que solicita el Ministerio P\u00fablico a tres a\u00f1os y un d\u00eda a que es condenado mi mandante).<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A tal fin, ni siquiera fue utilizada la posibilidad otorgada al Juzgador por el Art\u00edculo 733 de la LECrim, que, pese a no ser de aplicaci\u00f3n a los errores que se hubiesen podido cometer en los Escritos de Acusaci\u00f3n, si lo podr\u00eda idealmente ser en cuanto a los supuestos errores de valoraci\u00f3n de la prueba practicada en Juicio Oral. Pero para ello, resulta preceptivo abrir un debate contradictorio entre las partes, contempl\u00e1ndose incluso la posibilidad de suspensi\u00f3n del juicio oral al efecto de que las partes puedan preparar sus posiciones ante esta \u201cinnovaci\u00f3n\u201d, que no puede significar -como a nuestro juicio significa, como veremos m\u00e1s adelante- una p\u00e9rdida de imparcialidad del Juzgador, siempre vinculado por el Principio Acusatorio<\/strong>. Y tal debate nunca tuvo lugar, como consta, al no ser ejercitada la referida opci\u00f3n prevista por el art. 733 -LECrim.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se pretende fundamentar tal variaci\u00f3n sustancial del T\u00edtulo de Imputaci\u00f3n en un mero error material, que se achaca a la Acusaci\u00f3n; pero tampoco por esta v\u00eda es posible evitar que la realidad se imponga. Y la realidad es que se ha aplicado el Principio -absoluta y radicalmente inconstitucional- \u201cIn Dubio CONTRA Reo\u201d. En lugar del \u201cIn Dubio PRO Reo\u201d. En efecto, en caso de duda acerca del Derecho Aplicable, dicho Principio impone la soluci\u00f3n M\u00c1S FAVORABLE AL REO; y no, como lamentablemente ha sido el caso, la m\u00e1s perjudicial<\/span><\/strong>.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Por otra parte, que el Ministerio Fiscal se hubiera equivocado a la hora de determinar la Pena concreta solicitada, es una posibilidad mucho menos s\u00f3lida que la inversa, esto es, que se hubiere equivocado al CALIFICAR como Delito del art. 315, 3\u00ba unos Hechos que invariablemente hab\u00edan sido hasta entonces calificados de forma diferente (como Amenazas, Da\u00f1os y Coacciones), pues en tal caso, la pena solicitada -un a\u00f1o- resultar\u00eda plenamente acorde con dicha Calificaci\u00f3n<\/span>. Estamos nuevamente ante un Vicio de Motivaci\u00f3n causante de Indefensi\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En cuanto al AN\u00c1LISIS DEL TIPO PENAL SANCIONADO EN EL ART\u00cdCULO 315, 3\u00ba -CP<\/span><\/strong>, se\u00f1alaremos en primer t\u00e9rmino la ausencia de acreditaci\u00f3n de la condici\u00f3n de trabajadora de la denunciante (elemento del tipo penal del art. 315, 3\u00ba CP), que como es p\u00fablico y notorio, y por tanto exento de probanza (as\u00ed, por ejemplo en http:\/\/www.eldiario.es\/andalucia\/familia-Carlos-piquete-firmaran-indulto_0_272623020.html<\/span><\/a> ) resulta ser Propietaria, y no empleada.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Fundamentaremos la inaplicabilidad -que reclamamos- al supuesto de autos del Tipo Penal del Art\u00edculo 315, 3\u00ba \u2013 CP, en los siguientes elementos<\/span><\/strong>:<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

1.- B<\/span><\/strong>ien jur\u00eddico protegido<\/span><\/strong>: Conforme a la sentencia TS de 22 de mayo de 1986 (Arz. 2870\/86): <\/strong>\u201cno se protege as\u00ed, contra lo que pudiera deducirse de expresiones desafortunadas de la Exposici\u00f3n de motivos de la referida Ley creadora del \u00abtipo\u00bb, el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, hoy consagrado en el art\u00edculo 28.2 de la Constituci\u00f3n (RCL 1978\\2836), sino, contrariamente, el bien jur\u00eddicamente protegido es el derecho a no hacer la huelga o a no estar en huelga, con lo que la naturaleza de esta figura delictiva se aproxima, como advierte la m\u00e1s reciente doctrina cient\u00edfica, a los delitos contra la libertad y seguridad en el trabajo\u2026\u201d<\/em>.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

2. Sujeto pasivo<\/span><\/strong>: Conforme a la Doctrina, s\u00f3lo pueden ser sujetos pasivos del delito quienes son titulares del derecho fundamental a la huelga y se oponen a secundarla<\/span>, por lo que el \u00e1nimo de sujeto activo de coaccionar a la huelga\u00a0 a quienes no son titulares de este\u00a0 derecho, excluir\u00eda la aplicaci\u00f3n del tipo penal, sin perjuicio de que la conducta fuera constitutiva de un delito distinto<\/span><\/strong>.<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Por tanto, en la medida en que s\u00f3lo quienes prestan sus servicios retribuidos por cuenta ajena son titulares del derecho de huelga, s\u00f3lo \u00e9stos tienen la condici\u00f3n de sujeto pasivo, de manera que no puede aplicarse el tipo del art. 315.3 CP, cuando la conducta del tipo recaiga sobre un sujeto distinto (tales como el empresario o trabajadores por cuenta propia). La expresi\u00f3n del tipo \u201cotras personas\u201d con las que el art. 315.3 se refiere al sujeto pasivo, obliga a afirmar la existencia de un \u00fanico delito incluso cuando los sujetos coaccionados sean varios descartando el concurso de delitos de coacci\u00f3n a la huelga en funci\u00f3n del n\u00famero de sujetos coaccionados (De Vicente Mart\u00ednez R. 2008<\/em>).<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La sentencia TC, n\u00famero 11\/1981 de 8 de abril, Rec. 192\/1980<\/strong>, vino a afirmar que s\u00f3lo quienes prestan sus servicios retribuidos por cuenta de un tercero, son titulares del\u00a0 derecho de huelga consagrado en el art. 28.2 CE<\/span>: \u201cCaracteriza a la huelga la voluntad deliberada de los huelguistas de colocarse provisionalmente fuera del marco del contrato de trabajo. El derecho constitucional de huelga se concede para que sus titulares puedan desligarse temporalmente de sus obligaciones jur\u00eddico-contractuales. Aqu\u00ed radica una muy importante diferencia que separa la huelga constitucionalmente protegida por el art\u00edculo 28 y lo que en alg\u00fan momento se ha podido llamar huelga de trabajadores independientes, de autopatronos o de profesionales, que, aunque en un sentido amplio sean trabajadores, no son trabajadores por cuenta ajena ligados por un contrato de trabajo retribuido. La cesaci\u00f3n en la actividad de este tipo de personas, si la actividad empresarial o profesional es libre, se podr\u00e1 realizar sin necesidad de que ninguna norma les conceda ning\u00fan derecho, aunque sin perjuicio de las consecuencias que haya que arrostrar por las perturbaciones que se introduzcan. <\/em>Se\u00f1ala igualmente, en clara relaci\u00f3n a los ceses en la actividad de los trabajadores independientes, \u201cque no nos encontramos ante el fen\u00f3meno de huelga protegido por el art\u00edculo 28 de la Constituci\u00f3n cuando se producen perturbaciones en la producci\u00f3n de bienes y de servicios o en el normal funcionamiento de estos \u00faltimos que se introducen con el fin de presionar sobre la Administraci\u00f3n P\u00fablica o sobre los \u00f3rganos del Estado para conseguir que se adopten medidas gubernativas o que se introduzca una nueva normativa m\u00e1s favorable para los intereses de una categor\u00eda (por ejemplo, de empresarios, de concesionarios de servicios, etc.).<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Conforme a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo de 28 de octubre 2004, (Jur. 2004,302275<\/strong>), en un supuesto de hecho en el que el acusado que formaba parte de un grupo de 40 personas compeli\u00f3 al propietario de un bar a cerrar y secundar la huelga general, advirti\u00e9ndole de que de no hacerlo proceder\u00edan a destrozar el establecimiento,<\/span> ante la negativa mostrada por el propietario del local, el acusado le propin\u00f3 un pu\u00f1etazo en el hombro, procediendo a recoger bolsas de basura de un contenedor cercano y arrojarlas contras las botellas y vasos de las estanter\u00edas, siendo secundado en dicha acci\u00f3n por otros acusados y el resto del grupo, ocasionando da\u00f1os en el local, continuando los acusados insultando y amenazando a aquel, que volver\u00edan para destrozar el local si no cerraban. Lo que no integra el Delito del Art. 315, 3\u00ba -CP, de apreciaci\u00f3n restrictiva.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Y, conforme a la Sentencia TC n\u00famero 11\/1981<\/strong>, que resuelve sobre el Recurso de Inconstitucionalidad planteado contra el RDL 17\/1977, de 4 de marzo que desarrolla el derecho de huelga, en cuanto los recurrentes consideraban que dicho RDL al reconocer el derecho de huelga \u201cen el \u00e1mbito de las relaciones laborales\u201d, exclu\u00eda de dicho reconocimiento a los profesionales o trabajadores por cuenta propia, que a juicio de los recurrentes, tambi\u00e9n hab\u00edan de considerarse trabajadores en los t\u00e9rminos del art. 28.2 CE. La sentencia del TC dictamin\u00f3, sin embargo, que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 28.2 CE, el RDL no adolec\u00eda de inconstitucionalidad, y que en los t\u00e9rminos que ya expusimos en la cita de esta sentencia los trabajadores independientes no son titulares del derecho de huelga<\/strong>.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

3.- RELACION ENTRE EL TIPO PENAL DEL ART. 315. 3 CP CON LOS TIPOS DE DELITO DE COACCIONES Y DE AMENAZAS (que han resultado inaplicados indebidamente)<\/span><\/strong>:<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La doctrina jurisprudencial ha se\u00f1alado reiteradamente los elementos constitutivos del tipo gen\u00e9rico de coacciones ex art. 172.1 CP, y entre ellos la delimitaci\u00f3n de la conducta t\u00edpica de la coacci\u00f3n. Entre las m\u00e1s recientes, con cita de doctrina previa, cabe citar la sentencia TS de 12 de julio 2012, Rec. 2469\/11<\/strong> en la que se mantiene que: \u201c\u2026para la configuraci\u00f3n del delito de coacciones es necesario: 1\u00ba) una conducta violenta de contenido material vis f\u00edsica, o intimidativa vis compulsiva, ejercida contra el sujeto o sujetos pasivos del delito, bien de modo directo o indirecto a trav\u00e9s de cosas, e incluso de terceras personas; 2\u00ba) cuyo modus operandi va encaminado como resultado a impedir hacer lo que la ley no proh\u00edbe o efectuar lo que no se quiera, sea justo o injusto; 3\u00ba) cuya conducta ha de tener la intensidad de violencia necesaria para ser delito, pues de carecer de tal intensidad podr\u00eda constituir falta ( art. 620 C.P .) ( STS 167\/2007, de 27 de febrero ); las SSTS 1181\/1997, de 3 de octubre; 628\/2008 , y 982\/2009, de 15 de octubre , insisten en la intensidad de la violencia como nota diferencial; 4\u00ba) que exista el \u00e1nimo tendencial consistente en un deseo de restringir la libertad ajena como se deriva de los verbos \u00abimpedir\u00bb y \u00abcompeler\u00bb; y 5\u00ba) una ilicitud del acto, examinado desde la normativa de la conviviencia social y la jur\u00eddica que preside o debe regular la actividad del agente ( SSTS 1382\/1999, de 29 de septiembre ; 1893\/2001, de 23 de octubre ; y 868\/2001, de 18 de mayo ). El cual (el agente del hecho) no ha de estar leg\u00edtimamente autorizado para emplear violencia o intimidaci\u00f3n ( SSTS 1397\/1997, de 17 de noviembre ; 427\/2000, de 18 de marzo ; y 131\/2000, de 2 de febrero ). [\u2026]<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La misma doctrina jurisprudencial admite que la violencia t\u00edpica no solo abarca la violencia f\u00edsica, sino tambi\u00e9n a la intimidaci\u00f3n o \u00abvis ps\u00edquica\u00bb, que puede proyectarse tanto sobre quien es obligado a actuar o dejar de actuar contra su voluntad, como sobre otras personas o sobre cosas de su uso o pertenencia \u2013la denominada \u00abvis in rebus\u00bb- (v\u00e9ase STS de 18 de julio de 2002 y 15 de octubre de 2009). Como se ha dicho, el tipo delictivo exige en todo caso que el sujeto activo no est\u00e9 leg\u00edtimamente autorizado para impedir o compeler. Un sector doctrinal entiende que la exigencia se refiere a la no concurrencia de causas de justificaci\u00f3n. As\u00ed, el ejercicio leg\u00edtimo de un derecho o el cumplimiento de un deber justificar\u00edan la conducta. Para otro sector la referencia expresa ser\u00eda superflua, ya que las causas de justificaci\u00f3n son de aplicaci\u00f3n en todo caso aun cuando no se mencionen expresamente en cada uno de los tipos de la parte especial. La jurisprudencia ha valorado esa ausencia de legitimaci\u00f3n considerando la convivencia social y jur\u00eddica reguladora de la voluntad del agente (STS n\u00ba 959\/1997, de 30 de junio; STS n\u00ba 131\/2000, de 2 de febrero; STS n\u00ba 427\/2000, de 18 de marzo, entre otras).<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Por \u00faltimo, es necesaria una actuaci\u00f3n dolosa, que debe abarcar la utilizaci\u00f3n de la violencia en cualquiera de sus formas como instrumento para imponer la voluntad del sujeto activo sobre la libertad de la v\u00edctima para someterla a los deseos o voluntad propia (SSTS de 11 de marzo de 1999 \u00f3 de 3 de julio de 2006).\u201d <\/em>.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 4 de diciembre 2012, Rec. 851\/12<\/strong> se\u00f1ala: \u201cEl p\u00e1rrafo 3 del art\u00edculo 315 CP, castiga a los que actuando \u00abde acuerdo con otros\u00bb \u00abcoaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga. Dado que impone una pena mayor por la vulneraci\u00f3n de un derecho que no es fundamental -el derecho a la libertad en el trabajo del art\u00edculo 35CE<\/span><\/strong> , en la vertiente del derecho a no hacer huelga- a la de aquellos tipos que sancionan la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, -as\u00ed el propio p\u00e1rrafo 1\u00ba del mismo precepto que castiga la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental a la huelga, o incluso el tipo b\u00e1sico de las coacciones, art\u00edculo 172 CP – debe interpretarse el t\u00e9rmino \u00abcoaccionar\u00bb desde la gravedad precisa para, conformar, fuera de este \u00e1mbito espec\u00edfico, el delito de coacciones, de manera que no puede constituir este delito cualquier conducta coactiva aunque tendente a persuadir al trabajador no huelguista para que se adhiera a la huelga, sino solo la coacci\u00f3n grave y ello, atendiendo tambi\u00e9n a la severidad de la sanci\u00f3n, a los principios que rigen el derecho penal y a los derechos en colisi\u00f3n, pues como dice la STC n\u00ba 123\/92 la huelga es \u00abun instrumento de presi\u00f3n respecto de la empresa para equilibrar en situaciones l\u00edmite las fuerzas en oposici\u00f3n, cuya desigualdad real es notoria. La finalidad \u00faltima de tal arma que se pone en manos de la clase trabajadora, es el mejoramiento de la defensa de sus intereses\u00bb. Entre el exceso en el ejercicio del derecho fundamental y su punici\u00f3n conforme al m\u00e1s grave reproche que tipifica el precepto penal aplicado, existen otros \u00e1mbitos de reproche, o tipificaciones penales m\u00e1s ben\u00e9volas\u2026\u201d<\/em>.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 As\u00ed, las sentencias de la AP de Badajoz de 12 de febrero 2008, (Jur 2008,340109<\/strong>), y de la AP de Valencia de 3 de marzo 2011, (Jur 2011,191831), <\/strong>ponen de manifiesto que el derecho a la huelga\u00a0 \u201c\u2026no es sino una de las manifestaciones del ejercicio de la libertad sindical, y que no cabe duda alguna que es un derecho subjetivo p\u00fablico de la m\u00e1xima jerarqu\u00eda proclamado en el n\u00ba 2 del art. 28\u00a0 de la Constituci\u00f3n con car\u00e1cter general, concebido en suma como mecanismo colectivo de autotutela dirigido a presionar a otra parte, que no necesariamente tiene que ser el empleador, para determinar una posici\u00f3n m\u00e1s ventajosa dentro del mundo del trabajo\u2026\u201d<\/em>.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Por su parte, la Sentencia TS de 10 de noviembre 2008, Rec. 2488\/07<\/strong> expone: \u201cLa opini\u00f3n dominante rechaza que la intimidaci\u00f3n integre el delito de coacciones y la reconduce al de amenazas de acuerdo con el principio de especialidad ya que la amenaza es fundamentalmente una intimidaci\u00f3n y porque normalmente cuando el CP quiere incluir la intimidaci\u00f3n en el t\u00e9rmino violencia lo hace expresamente. Pero otro sector minoritario de la doctrina, y en todo caso la jurisprudencia de esta Sala, incluye los supuestos de intimidaci\u00f3n en el delito de coacciones, estableciendo como diferencia entre este delito y el de amenazas un criterio temporal seg\u00fan el cual habr\u00e1 amenaza cuando lo que se anuncia es un mal para el futuro y un delito de coacciones cuando se anuncia un mal presente.\u201d<\/em>.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La Sentencia<\/strong> de la AP de Pontevedra de 4 de diciembre 2012, Rec. 851\/12<\/strong>: en la que consta que\u00a0 motivo de la huelga general del d\u00eda 27 de noviembre 2009 tres miembros de un piquete informativo accedieron a un supermercado, donde exigieron a las empleadas que cerraran el establecimiento, se cambiaran y abandonaran el local, anunci\u00e1ndoles que en caso contrario iban a llegar m\u00e1s personas y que iba a ser peor. Mientras la encargada llamaba a la polic\u00eda, un grupo indeterminado de miembros de un piquete de unas 50 personas que arrib\u00f3 con posterioridad a las puertas del establecimiento rompi\u00f3 la verja de entrada que se encontraba cerraba y accedi\u00f3 a su interior tirando mercanc\u00edas por el suelo. Las trabajadoras abandonaron el supermercado. Imputados los tres miembros del piquete, la AP descarta que entre la ausencia de otros elementos del tipo penal, pueda considerarse la existencia de una conducta coactiva o de coacci\u00f3n grave: \u201cla actuaci\u00f3n de los acusados no conteniendo expresiones o actos de intimidaci\u00f3n grave constituye un exceso en el ejercicio del derecho y del cometido que se reconoce a los piquetes informativas\u2026pero tal exceso no conforma, el delito del p\u00e1rrafo 3 del art. 315 CP<\/span><\/strong>\u201d<\/em>.<\/span><\/p>\n

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\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 As\u00ed, la sentencia de la AP de Badajoz de 12 de febrero 2008, (Jur 2008,340109<\/strong>). La acci\u00f3n imputada, es la de haber coaccionado a otras personas a secundar la huelga general que tuvo lugar la fecha de autos, y que consisti\u00f3, en s\u00edntesis en impedir que los autobuses de la compa\u00f1\u00eda de transportes urbanos de M\u00e9rida salieran a prestar servicios bajo las amenazas de que, de hacerlo, los quemar\u00edan y pinchar\u00edan las ruedas, y hasta el punto de que los acusados se tumbaron junto con m\u00e1s personas no identificadas, y que se encontraban en el lugar, en la puerta de entrada formando una cadena humana que imposibilit\u00f3 por completo que tales veh\u00edculos pudieran salir del recinto donde se encontraban, cerrado adem\u00e1s por los coches cruzados delante de dicha entrada que aqu\u00e9llos alentaron a colocar a todos lo que iban llegando, am\u00e9n de haberse colocado, adem\u00e1s, bajo uno de tales autobuses que pretend\u00eda salir con escolta policial; todo ello bajo un clima de tensi\u00f3n y crispaci\u00f3n acentuada con las expresiones insultantes que aqu\u00e9llos manifestaban y de tal manera que los conductores de tales autobuses y dem\u00e1s trabajadores de la empresa, que no se encontraban en huelga y que se dispon\u00edan a prestar el servicio m\u00ednimo de tales trasportes p\u00fablicos, se vieron obligados a desistir de realizar los mismos y por ende a estar en la huelga convocada.<\/span><\/p>\n

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\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La sentencia confirma la condena por una falta<\/span> de coacciones<\/strong>, atendido entre otros extremos la menor gravedad de los actos intr\u00ednsecos de la coacci\u00f3n y de la circunstancia\u00a0 del caso, ciertamente de menor entidad dado el contexto social y circunstancia de tiempo en que acontecieron los hechos insertos en una huelga de car\u00e1cter general en toda Espa\u00f1a.<\/span><\/p>\n

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\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se se\u00f1ala que: \u201cel derecho a la huelga, que no es sino una de las manifestaciones del ejercicio de la libertad sindical, y que no cabe duda alguna que es un derecho subjetivo p\u00fablico de la m\u00e1xima jerarqu\u00eda proclamado en el n\u00ba 2 del art. 28 de la Constituci\u00f3n con car\u00e1cter general, concebido en suma como mecanismo colectivo de autotutela dirigido a presionar a otra parte, que no necesariamente tiene que ser el empleador, para determinar una posici\u00f3n m\u00e1s ventajosa dentro del mundo del trabajo, tiene su contrapartida en el derecho a la libertad del trabajador<\/strong> a no hacer huelga o estar en huelga<\/span>, de tal modo que las reivindicaciones pretendidas por aqu\u00e9lla no pueden excluir la libertad de no sumarse a la misma, si bien el propio Tribunal Constitucional tiene declarado que \u00abel derecho de huelga implica el derecho a requerir de otros la adhesi\u00f3n a la huelga y a participar, dentro del marco legal, en acciones conjuntas dirigidas a tal fin\u00bb (STC 24-12-1988 ) lo que, como dice Mu\u00f1oz Conde, legitima de alg\u00fan modo la actuaci\u00f3n de los llamados \u00abpiquetes informativos\u00bb, siempre , claro es, que no ejerzan una fuerza, violencia o intimidaci\u00f3n que coarte la libertad de los trabajadores<\/span><\/strong> que no est\u00e1n en huelga, habida cuenta que la misi\u00f3n de tales piquetes debe limitarse a ser meros transmisores, informadores, reivindicadores y animadores, si se quiere, al fin del movimiento referido, erigi\u00e9ndose incluso en l\u00edderes, pero siempre pac\u00edficos en sus formas y utilizando su persuasi\u00f3n sin llegar a la coacci\u00f3n (cual se expresa en parecidos t\u00e9rminos Higuera Gumer\u00e1) ya que la libertad, en cualquiera de sus manifestaciones, y entre ellas la de no ir a la huelga y trabajar, tambi\u00e9n es un derecho constitucional que ha de respetarse y ampararse, por lo que si tales piquetes se extralimitan en tal labor de informaci\u00f3n o persuasi\u00f3n respecto a los dem\u00e1s trabajadores, y coaccionan a \u00e9stos, oblig\u00e1ndoles en definitiva a iniciar o continuar una huelga que \u00e9stos no quieren, con violencias f\u00edsicas o intimidatorias sobre terceros, incurrir\u00e1n en acciones delictivas que ya no pueden quedar amparadas por el derecho de huelga y que podr\u00e1n ser incardinadas, seg\u00fan las caracter\u00edsticas de las mismas, ya en el art. 315.3 del C\u00f3digo Penal , que tipifica un delito espec\u00edfico de coacci\u00f3n a la huelga, ya en el delito de coacciones del art. 172.2 , o en la falta del mismo nombre de dicho Cuerpo Punitivo\u2026\u201d<\/em>.<\/span><\/p>\n

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\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Aplicaci\u00f3n del tipo gen\u00e9rico de coacciones ex art. 172 CP, frente al tipo espec\u00edfico de coacciones de promoci\u00f3n a la huelga ex art. 315.3\u00ba<\/span><\/strong>.\u00a0 A tales efectos ya se\u00f1alamos que como factor de diferenciaci\u00f3n entre uno y otro cabe utilizar la gravedad de la coacci\u00f3n, cuando se entienda que sobrepasa los l\u00edmites de la coacci\u00f3n leve, pero sin embargo, no alcance la mayor gravedad que precisar\u00eda el tipo espec\u00edfico frente al tipo gen\u00e9rico de coacciones. As\u00ed condena por el delito gen\u00e9rico de\u00a0 coacciones, actualmente contemplado en el art. 172 CP, la Sentencia<\/strong> de la AP de Granada de 14 de mayo (ARP 1998,3168<\/strong>), que revocando la sentencia de instancia que condenaba por una falta de coacciones en un supuesto de hecho en el que los acusados, con motivo de una huelga en la miner\u00eda se colocaron en la puerta de acceso a la instalaci\u00f3n minera e impidieron, sin empleo de la fuerza f\u00edsica, que entrasen los trabajadores. Se impone una pena de arresto mayor de cuatro meses y un d\u00eda y multa de cien mil pesetas. Tambi\u00e9n impone pena por delito gen\u00e9rico de coacciones la sentencia de la AP de Granada de 20 de noviembre 1998, (ARP 1998,5552)<\/strong>. En el caso consta que con motivo de una huelga local en el sector de la panader\u00eda, los profesionales del sector se concentraron en la carretera de acceso a la localidad para impedir el paso de una furgoneta que desde otra localidad ven\u00eda a proveer de pan. Interceptada \u00e9sta fue retenida durante horas, llamando el trabajador conductor a su empresario, que tras personarse en el lugar fue advertido por el imputado de que \u201csu pan no entraba en Motril porque no le sal\u00eda de los huevos \u201cy que \u201csi lo intentaba lo iban a rajar y romper el veh\u00edculo\u201d, expresiones secundadas por un numeroso grupo de personas no identificadas. Para dar salida al pan la furgoneta se dirigi\u00f3 a otras localidades, pero tras asegurar la Guardia Civil\u00a0 que la furgoneta pod\u00eda llegar a Motril, \u00e9sta cambi\u00f3 de direcci\u00f3n, volviendo a ser interceptada por dos veh\u00edculos en uno de los cuales viajaba el imputado, que tras advertir la presencia de la guardia civil cedieron el paso. Considera la sentencia que \u201cmantener durante horas dicho acto impositivo, restringiendo seriamente la libertad de movimientos del afectado, no puede merecer la calificaci\u00f3n de coacci\u00f3n leve, sino, cuando menos, la de coacci\u00f3n grave inherente al tipo b\u00e1sico<\/em>.\u201d Se condena a dos meses y un d\u00eda de arresto mayor\u00a0 y multa de 100.000 ptas. Se observa que la valoraci\u00f3n sobre la gravedad de la coacci\u00f3n, se realiza exclusivamente en funci\u00f3n del resultado, sin considerar otros elementos como el tipo de coacci\u00f3n, la intensidad de la coacci\u00f3n, o el contexto de la huelga, aunque en este \u00faltimo extremo debe advertirse que en realidad no nos encontr\u00e1bamos frente al ejercicio del derecho de huelga por parte de quienes son titulares del mismo: trabajadores por cuenta ajena, sino ante una protesta de los profesionales del sector de panader\u00eda<\/span>. De otro lado y con relaci\u00f3n al resultado consistente en restringir la libertad de movimiento, parece desprenderse de los hechos que quienes impidieron el paso, no procedieron a impedir que el veh\u00edculo pudiera circular, sino a que no pudiera hacerlo en un determinado sentido, pues consta que efectivamente el veh\u00edculo pudo iniciar su marcha hacia otra localidad<\/span>.<\/span><\/p>\n

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\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En este sentido, recordemos que el bar donde habr\u00edan sucedido los hechos objeto de los presentes autos, PUDO SEGUIR ABIERTO TRAS LA SALIDA DEL PIQUETE<\/span><\/strong>.<\/span><\/p>\n

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\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cuando se procede a la aplicaci\u00f3n del tipo espec\u00edfico de coacciones de promoci\u00f3n a la huelga ex art. 315.3 CP, una forma de evitar la imposici\u00f3n de penas desproporcionadas es la aplicaci\u00f3n flexible de las circunstancias que aten\u00faan la responsabilidad criminal<\/span>. As\u00ed, la sentencia de la AP de Castell\u00f3n de 9 de noviembre 2004, (ARP 2004,795)<\/strong>, confirma la condena de la instancia por un delito de coacciones a la promoci\u00f3n de la huelga cuando consta que los acusados formaron una barrera humana conjuntamente con otros much\u00edsimos m\u00e1s trabajadores impidiendo el acceso a la puerta de entrada de la f\u00e1brica, de modo que los trabajadores<\/strong> no convencidos, no pod\u00edan acceder al interior de la f\u00e1brica porque era impedido f\u00edsicamente, habiendo empujones cuando los agentes de seguridad intentaron hacer un pasillo. A la hora de modular la pena, se apreci\u00f3 la concurrencia de la atenuante anal\u00f3gica del art. 21.6, en relaci\u00f3n con la atenuante de obcecaci\u00f3n del art. 21.3 CP, como muy cualificada, y se impone una inferior en grado, en su mitad inferior de un a\u00f1o y seis meses de prisi\u00f3n, inhabilitaci\u00f3n especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros. Vemos una aplicaci\u00f3n concreta del Principio de Proporcionalidad, que en el caso que nos ocupa result\u00f3 absolutamente vulnerado.<\/span><\/p>\n

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\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Y en un supuesto de hecho an\u00e1logo la sentencia de la AP de Barcelona de 9 de noviembre 2004, (ARP 2004,782)<\/strong>. En la que se aprecian las mismas circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y se imponen las mismas penas de prisi\u00f3n, multa, y privaci\u00f3n del derecho al sufragio pasivo. Sin embargo, a nuestro entender, si bien consideramos apropiado la apreciaci\u00f3n en la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a los efectos de rebajar la desproporcionada pena del tipo penal de coacci\u00f3n a promoci\u00f3n de la huelga, estimamos que hubiera sido m\u00e1s acertado reconducir la valoraci\u00f3n de las circunstancias determinantes de la apreciaci\u00f3n de las atenuantes a la valoraci\u00f3n de la gravedad de la coacci\u00f3n, y m\u00e1s concretamente al elemento de la culpabilidad en la ejecuci\u00f3n de la violencia, es decir del dolo o malicia de la actuaci\u00f3n, que se relativiza por el marco de conflictivo y el ejercicio del derecho fundamental de huelga, en el que tiene lugar la coacci\u00f3n. Esto o bien llevar\u00eda a calificar la conducta de falta si se considera que ha existido una coacci\u00f3n leve, o permitir\u00eda calificar la conducta de delito gen\u00e9rico de coacciones ex art. 172 CP que prev\u00e9 una pena cuantitativa y cualitativamente inferior a la del tipo del art. 315.3 CP, dando tambi\u00e9n mayor juego en su modulaci\u00f3n: prisi\u00f3n o multa, frente a la pena de prisi\u00f3n y multa del art. 315.3 CP.<\/span><\/p>\n

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\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Para la Doctrina<\/strong>, al ser exigible una mayor intensidad y trascendencia de la violencia ejercida en la apreciaci\u00f3n del tipo del art. 315.3 CP, podemos plantearnos si determinadas clases de violencia, como la violencia psicol\u00f3gica, pueden, llegar a ser susceptibles de integrar esta conducta t\u00edpica. Se\u00f1ala Terradillos Basoco (2012),<\/strong> que \u201cEl derecho a difundir no se colma con poner a disposici\u00f3n de los dem\u00e1s trabajadores informaci\u00f3n que avale la conveniencia o necesidad de la huelga. Difundir, en un espacio de conflicto como es la huelga, supone algo m\u00e1s: informar, solicitar apoyo solidario, criticar la insolidaridad, criticar la conducta de quienes con el ejercicio de su derecho constitucional a realizar el trabajo, condicionar gravemente la eficacia de la huelga, etc\u2026La acci\u00f3n de informar y difundir debe verse, en consecuencia, en ese espacio de conflicto. En el que los l\u00edmites de lo estimado coactivo no pueden ser tan laxos que, de hecho, supongan negaci\u00f3n del derecho a difundir y expandir la huelga, y, en consecuencia, comporten la negaci\u00f3n f\u00e1ctica del contenido esencial del derecho de huelga<\/span><\/strong>. Si alg\u00fan sentido tiene la consagraci\u00f3n constitucional del derecho de huelga es el de entender que ese derecho ha de ser defendido. Y que esa defensa de la huelga puede l\u00edcitamente alcanzar formas equiparables, por su contundencia, a las propias de quienes, con su trabajo durante la jornada de huelga, est\u00e1n materialmente negando o condicionando la eficacia de la misma.\u201d<\/em>.<\/span><\/p>\n

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\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em>De esta forma, se\u00f1ala Rojo Torrecilla<\/strong> (1998), con cita de P\u00e9rez Manzano<\/strong> (1997), que \u201cdebe realizarse una interpretaci\u00f3n que incida en la importancia de la violencia propia e impropia en las personas, y no s\u00f3lo la mera intimidaci\u00f3n, tesis que guarda coherencia con la contenida en la STC 254\/1988 de 25 de diciembre<\/strong>, en la que se afirma que \u201c… la exigencia de violencia compensa la desproporci\u00f3n al a\u00f1adir desvalor al hecho\u201d, exigiendo \u2013 <\/em>seg\u00fan P\u00e9rez de los Cobos<\/strong> (1985)- niveles de coerci\u00f3n superiores a los previstos para el delito de coacciones\u201d<\/em>. Y en el mismo sentido, Baylos y Terradillos<\/strong> (1990), y Ojeda Aviles<\/strong> (1995) se\u00f1alan que \u201cLa determinaci\u00f3n de la entidad exigible a los medios coactivos o intimidantes ha de realizarse de acuerdo con las caracter\u00edsticas del marco en el que se emplean, el conflicto laboral, con lo que ello supone desde el punto de vista del reconocimiento constitucional de las facultades de autotutela colectiva<\/strong>. Por eso, la doctrina exige un\u00e1nimemente para afirmar la tipicidad, unos niveles de coerci\u00f3n superiores, en principio, a los que se consideran suficientes para integrar el delito de coacciones. La doctrina laboralista, en concreto, se inclina incluso por exigir la presencia de la violencia f\u00edsica\u201d<\/em>. En este \u00faltimo sentido tambi\u00e9n la doctrina penalista: Valle Mu\u00f1iz, Villacampa Estiarte y Navarro Cardoso<\/strong> considerando \u00e9ste \u00faltimo que como coacciones s\u00f3lo cabe entender el empleo de la violencia f\u00edsica sobre las personas, quedando excluida la fuerza sobre las cosas y la intimidaci\u00f3n o violencia ps\u00edquica. La doctrina cient\u00edfica es un\u00e1nime al sostener que la apreciaci\u00f3n de la conducta t\u00edpica del art. 315.3\u00ba exige un mayor desvalor en la acci\u00f3n que el exigido en la apreciaci\u00f3n del delito de coacciones ex art. 172.1 CP, descartando incluso que la intimidaci\u00f3n pueda constituir la conducta t\u00edpica del mismo. Todo ello equivale a mantener que la intensidad de la violencia y consecuentemente la gravedad de la coacci\u00f3n, ya no s\u00f3lo marca la distinci\u00f3n entre el delito de coacciones ex art. 172 CP y la falta de coacciones ex art. 620.1 CP, sino tambi\u00e9n entre el delito gen\u00e9rico de coacciones del art. 172 CP y el delito espec\u00edfico de coacci\u00f3n a la promoci\u00f3n de la huelga, que como se\u00f1alamos dispone una penalidad superior.<\/span><\/p>\n

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\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se trata, como se ha venido se\u00f1alando, de una lectura restrictiva de los elementos del tipo penal que se fundamenta en la propia situaci\u00f3n de conflicto colectivo de la huelga y en el medio para la correcci\u00f3n de la desproporcionada penalidad que implica el art. 315.3\u00ba CP<\/strong>. As\u00ed, dependiendo de la intensidad de la violencia la conducta podr\u00e1 considerarse at\u00edpica, falta, delito gen\u00e9rico de coacci\u00f3n, o delito de coacci\u00f3n a la promoci\u00f3n de la huelga. De las tres modalidades de coacci\u00f3n, la que puede presentar una configuraci\u00f3n m\u00e1s controvertida sobre su idoneidad en la constituci\u00f3n del delito de coacciones a la promoci\u00f3n de la huelga es la violencia ps\u00edquica o intimidaci\u00f3n. Y con relaci\u00f3n al an\u00e1lisis del art. 315.3 CP cabe excluir que toda conducta de intimidaci\u00f3n que, por regla general tiene una menor intensidad de acci\u00f3n y trascendencia de resultado que otros tipos de violencia, pueda llegar a alcanzar el nivel gravedad exigido por el tipo. De hecho, el mayor desvalor en la acci\u00f3n que requiere el tipo penal del art. 315.3\u00ba CP, frente al delito gen\u00e9rico de coacciones ex art. 172.1 CP, har\u00eda dif\u00edcilmente apreciable la concurrencia del tipo en los supuestos de intimidaci\u00f3n, que rara vez por s\u00ed sola, llega a revestir la entidad de la violencia f\u00edsica. En todo caso, siempre la gravedad de la coacci\u00f3n exigible en la valoraci\u00f3n de la concurrencia del tipo penal \u2013cualquiera que sea la modalidad de la violencia-\u00a0 ser\u00e1 superior para la aplicaci\u00f3n del tipo del art. 315.3 CP, que para el tipo del art. 172.1 CP<\/strong>, pues se insiste en que la situaci\u00f3n de conflicto colectivo resta desvalor a la acci\u00f3n<\/strong> de modo que lo que en un contexto social normalizado pudiera llegar a ser constitutivo de un delito de coacciones en el marco de la huelga, puede reducir su trascendencia a la falta de coacciones, y lo que en un contexto social normalizado pudiera llegar a ser constitutivo de una falta de coacciones, en el marco de la huelga puede perder su car\u00e1cter punible<\/span>.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sobre estos argumentos se habr\u00eda debido de realizar y expresar en el caso que nos ocupa, el obligado Juicio Previo de Constitucionalidad, que sin embargo, no se efectu\u00f3 m\u00e1s que por el citado pen\u00faltimo p\u00e1rrafo del Fundamento de Derecho Cuarto de la Sentencia de Apelaci\u00f3n; absolutamente insuficiente, y, dicho sea con los debidos respetos y en los m\u00e1s estrictos t\u00e9rminos de defensa, vulnerador del Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva, como ha quedado expuesto.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2026……………………………………………………………………<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Por otra parte, la Vulneraci\u00f3n del Principio de Legalidad (Art. 25, 1\u00ba CE), supone en el supuesto de autos, la vulneraci\u00f3n del Principio de PROPORCIONALIDAD<\/span><\/strong>, conforme a la doctrina sentada, tanto por nuestro Tribunal Constitucional<\/span> (por todas, Sentencia 136\/1999 de 15 de julio , sobre el asunto de la Mesa Nacional de Herri Batasuna -BOE 197, de 18 de agosto de 1999; con sus votos particulares), como por el mismo Art\u00edculo 10, 2\u00ba del Convenio Europeo de Derechos Humanos -Libertad de Expresi\u00f3n-, y especialmente conforme a la invariable y abundante Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos<\/span> (por todas, Sentencia de 25 de noviembre de 1997, ap. 49 y 50, caso Zana).<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Conforme a esta doctrina, \u201cla sanci\u00f3n s\u00f3lo podr\u00e1 estimarse constitucionalmente leg\u00edtima si en la formulaci\u00f3n del tipo y en su aplicaci\u00f3n se han respetado las exigencias propias del Principio de Legalidad Penal del art. 25, 1\u00ba CE, y si adem\u00e1s no han producido, por su severidad, un sacrificio innecesario o desproporcionado de la libertad de la que se privan o un efecto que en otras resoluciones hemos calificado de <\/span><\/strong>DISUASOR O DESALENTADOR DEL EJERCICIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES IMPLICADOS EN LA CONDUCTA SANCIONADA<\/span><\/strong>\u201d; precisamente por ello, contin\u00faa la citada STC 136\/99, \u201cuna reacci\u00f3n penal excesiva frente a este ejercicio il\u00edcito de esas actividades puede producir efectos disuasorios o de desaliento sobre el ejercicio leg\u00edtimo de los referidos derechos, ya que sus titulares, sobre todo si los l\u00edmites penales est\u00e1n imprecisamente establecidos, pueden no ejercerlos libremente ante el temor de que cualquier extralimitaci\u00f3n sea severamente sancionada<\/strong>\u201d (F. 20).<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Y, dado el relato de hechos probados en el supuesto que nos ocupa, se produce la circunstancia aberrante de que si los hechos no hubieren sido realizados con ocasi\u00f3n del ejercicio del Derecho Fundamental de Huelga, su calificaci\u00f3n habr\u00eda resultado radicalmente inferior<\/span><\/strong>; siendo incluso posible su consideraci\u00f3n como mera falta, de haber sido oportunamente discutido el importe de los da\u00f1os, que conforme a la Sentencia de Instancia suben muy escasamente del l\u00edmite que da lugar al Delito en lugar de la falta. Recordemos que los hechos consisten en hacer unas pintadas, que generaron da\u00f1os que, seg\u00fan la Sentencia no alcanzan ni la valoraci\u00f3n econ\u00f3mica de 800 euros, as\u00ed como dar voces en un bar.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2026……………………………………………….<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Finalmente, hemos de reiterar cuantos Fundamentos y Alegaciones de Derecho han quedado expuestos en nuestro Recurso de Apelaci\u00f3n contra la Sentencia de 24 de mayo de 2013, dictada en los autos de Procedimiento Abreviado 82\/2013 tramitados por el Juzgado de lo Penal n\u00ba 1 de Granada, que a todos los efectos han de ser considerados como parte integrante del presente escrito, en aras de la deseable brevedad, as\u00ed como en aplicaci\u00f3n del Principio de Econom\u00eda Procesal.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2026………………………………………………………<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

SEGUNDO<\/span><\/strong>: AUSENCIA DE IMPARCIALIDAD OBJETIVA EN EL JUZGADOR DE INSTANCIA, ACREDITADA POR HECHOS POSTERIORES A LA SENTENCIA DE APELACI\u00d3N<\/span><\/strong>.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Reproduciremos la Declaraci\u00f3n de <\/span><\/span>HECHOS PROBADOS de la Sentencia de Instancia, confirmada en Apelaci\u00f3n<\/span>:<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Tras haber visto y o\u00eddo las pruebas practicadas este Juzgado\u00a0 declara probado que \u201cC.C.N.\u00a0 y Maria del Carmen B.C., mayores de edad y sin antecedentes penales,\u00a0 formaban parte de un piquete de los llamados informativos compuesto por unas cuarenta personas, sobre las 00:30 horas del d\u00eda 29 de marzo de 2.012, con motivo de la huelga general que hab\u00eda sido convocada para ese mismo d\u00eda, entraron en el Bar \u00abLa Champagneria\u00bb sito en calle Mart\u00ednez Campos 24, bajo, de la ciudad de Granada, que se encontraba abierto al p\u00fablico, con unos 8 o 9 clientes tomando alguna consumici\u00f3n, y atendido por su propietaria, Carolina Dur\u00e1n Mu\u00f1oz. Nada m\u00e1s entrar comenzaron a proferir todo tipo de expresiones vejatorias y de corte amenazante contra quienes se encontraban en el interior, presion\u00e1ndoles para que lo abandonaran y secundasen as\u00ed la huelga. Siendo as\u00ed que procedieron a realizar pintadas de graffiti ejecutadas por Carlos Cano Mu\u00f1oz y a colocar pegatinas en todas las paredes, con el siguiente texto: \u00bb HACEMOS HUELGA POR NUESTROS HIJOS Y POR LOS DE LOS ESQUIROLES, NI PACTOS, NI REFORMAS NI HOSTIAS. STOP DESAHUCIO, NI UN DESAHUCIO MAS 15 MARZO GRANADA. NO CONSUMAS HAZ HUELGA DE CONSUMO. CNT 29 DE MARZO HUELGA GENERAL.\u00bb As\u00ed mismo le hicieron fotos a ella, y en tono amenazante le dijeron: \u00abNOS HEMOS QUEDADO CON TU CARA, VAMOS A IRA POR TI, VAMOS A VOLVER A TU NEGOCIO YTE LO VAMOS A JODER, ESQUIROLA, A PARTIR DE AHORA TEN MUCHO CUIDADO SABEMOS QUIEN ERES Y DONDE EST\u00c1S, OJITO\u00bb.<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n

La citada propietaria reclama entre otros conceptos, el importe de la factura que tuvo que pagar por la pintura de su local y reparaci\u00f3n de desperfectos causados por las pintadas: 767,00\u20ac.\u201d<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/em>No se ha acreditado que participaci\u00f3n tuvo Justo Bernardo\u00a0 Sansano Gonz\u00e1lez.<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2026……………………………………………………..<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dicho sea con los debidos respetos y en los m\u00e1s estrictos t\u00e9rminos de defensa, como es p\u00fablico y notorio, al haber informado de ello todos los medios de comunicaci\u00f3n, con mucha anterioridad a haber finalizado el plazo para la presentaci\u00f3n del presente Incidente de Nulidad de Actuaciones contra la Sentencia de Apelaci\u00f3n, el Juez de lo Penal ha dictado la Ejecutoria 267\/2014<\/span>, cuya copia adjuntamos, en la que, sin dar opci\u00f3n al ingreso voluntario en prisi\u00f3n de mi mandante (con los da\u00f1i\u00f1os efectos que, adem\u00e1s, con ello produce en vistas a la obtenci\u00f3n de beneficios penitenciarios por parte de mi mandante<\/em>), <\/strong><\/span>ORDENA LA EJECUCI\u00d3N DEFINITIVA DE UNA SENTENCIA QUE NI ES FIRME NI ES DEFINITIVA<\/span><\/span>, por caber contra la misma el presente Incidente de Nulidad de Actuaciones<\/span><\/strong> (que, de ser estimado, anular\u00eda en v\u00eda judicial las condenas impuestas en la presente causa penal).<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Es, precisamente el hecho del dictado de tal Ejecutoria que nos vemos, nuevamente, ante el supuesto excepcional contemplado por e<\/span>l Art. 241, 1\u00ba de la LOPJ<\/strong> (\u201cNo se admitir\u00e1n con car\u00e1cter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte leg\u00edtima o hubieran debido serlo podr\u00e1n pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental de los referidos en el <\/a>art. 53.2 de la Constituci\u00f3n, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resoluci\u00f3n que ponga fin al proceso y siempre que dicha resoluci\u00f3n no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario<\/em>\u201d).<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Como se\u00f1ala el TEDH (y as\u00ed se expone, entre otras muchas, en la Sentencia 142\/1997, de 15 de septiembre, del Tribunal Constitucional), as\u00ed como resulta del art. 6, 1\u00ba del Convenio Europeo de Derechos Humanos o del Pacto de Derechos Civiles y Pol\u00edticos -New York, 1966, la garant\u00eda de imparcialidad del Juzgador integra el Derecho a un Proceso con las debidas garant\u00edas<\/strong>. La primera de ellas, en la afortunada expresi\u00f3n de la STC 60\/1995, FJ 3\u00ba.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Es el hecho de haber sido Dictada la referida Ejecutoria, en ausencia de Sentencia Firme y Definitiva, lo que obliga a tener presente en este momento, no solo el nuevo hecho del dictado de la referida Ejecutoria, sino todos los hechos anteriores, de cuya visi\u00f3n conjunta se aprecia, dicho sea con los debidos respetos y en los m\u00e1s estrictos t\u00e9rminos de defensa, en opini\u00f3n de mi mandante, as\u00ed como en la propia del Letrado que suscribe, la Ausencia de Imparcialidad Objetiva en el Juzgador de Instancia (que supone la Vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 24, 2\u00ba – CE), cuya inmediaci\u00f3n dio lugar a la concreta valoraci\u00f3n de la prueba practicada, en que se fundamenta la Condena de mi mandante, como viene a reconocer -pese a que se afirma haber efectuado el visionado de la grabaci\u00f3n del juicio Oral- la propia Sentencia de Apelaci\u00f3n, ahora impugnada en Nulidad<\/strong>.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Recordemos que el Vicio de Falta de Imparcialidad Objetiva, no pone sobre la cabeza del Juzgador ning\u00fan tipo de responsabilidad; \u00fanicamente viene a significar la relevancia Constitucional de los Hechos Objetivos (ajenos a cualquier tipo de intenci\u00f3n subjetiva) para causar en el Justiciable la angustiosa situaci\u00f3n de plantearse con plena l\u00f3gica la posibilidad de que eventualmente no hubiese sido juzgado por un tercero imparcial. Veremos los datos Objetivos que fundamentan este Motivo.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>As\u00ed, se infringe la doctrina constitucional m\u00e1s abajo apuntada y tambi\u00e9n se lesiona el Derecho al Juez Imparcial que ostenta mi representado, en cuanto a la ausencia de Imparcialidad Objetiva, que dicho sea con los debidos respetos y en los m\u00e1s estrictos t\u00e9rminos de defensa, cabe predicar del Juez de Instancia, que se evidencia en m\u00faltiples ocasiones, a lo largo de la presente causa, entre las cuales destacaremos<\/span>:<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

1.- Dictado de la Ejecutoria 267\/2014, del Juzgado de lo Penal 1 de Granada<\/span><\/strong>: Como se\u00f1alamos, es en base a este hecho que se hace necesario el an\u00e1lisis que en este Motivo abordamos. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Conforme al Art. 985 de la LECrim, \u201cLa ejecuci\u00f3n de las sentencias en causas por delito corresponde al Tribunal que haya dictado la que sea firme<\/span><\/strong>\u201d.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El Art. 988 -LECrim se\u00f1ala: \u201cCuando una sentencia sea firme<\/span><\/strong>, con arreglo a lo dispuesto en el art\u00edculo 141 de esta Ley, lo declarar\u00e1 as\u00ed el Juez o Tribunal que la hubiera dictado. Hecha esta declaraci\u00f3n, se proceder\u00e1 a ejecutar la sentencia<\/strong><\/span> …\u201d.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En definitiva, el car\u00e1cter firme de una Sentencia es presupuesto de su Ejecuci\u00f3n. Lo que no se cumple en el supuesto de autos, evidentemente, dada la procedencia del presente escrito de Incidente de Nulidad de Actuaciones, pues de ser estimado, como se expuso, resultar\u00eda anulada la Sentencia de Apelaci\u00f3n, y eventualmente tambi\u00e9n la de Instancia<\/span>.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cualquier otra interpretaci\u00f3n vulnerar\u00eda el Derecho Fundamental a la Libertad, as\u00ed como a la Presunci\u00f3n de Inocencia y a la Tutela Judicial Efectiva en general; Derechos Fundamentales que, por imperativo constitucional, han de ser reconocidos a mi mandante<\/strong>.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Por otra parte, el hecho de no dar opci\u00f3n al cumplimiento voluntario, en contra de la pr\u00e1ctica generalizada de nuestros Tribunales, representa igualmente un dato objetivo que incide fuertemente sobre la Ausencia de Imparcialidad Objetiva alegada.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

2.- Vulneraci\u00f3n del Principio Acusatorio, Variaci\u00f3n inconstitucional del T\u00edtulo de Imputaci\u00f3n en Sentencia, sin contradicci\u00f3n ni defensa posible; inaplicaci\u00f3n de la facultad prevista en el Art. 733 -LECrim; y con ello, Vulneraci\u00f3n del Derecho de Defensa en el m\u00e1s amplio sentido y <\/span><\/strong><\/span>Vulneraci\u00f3n del Principio de Igualdad, tanto en el proceso como en aplicaci\u00f3n de la Ley (art\u00edculo 14 CE)<\/span><\/strong>, como ha quedado expuesto en el Motivo Primero del presente escrito, a cuya atenta lectura expresamente nos remitimos (sint\u00e9ticamente, sin perjuicio de la anterior remisi\u00f3n,\u00a0 que el Art 733 LECrim, NO SE APLICA A LOS ERRORES EN LOS ESCRITOS DE CALIFICACI\u00d3N. Y cuando se refiere al error de calificaci\u00f3n tras la pr\u00e1ctica de la prueba en el Juicio Oral, EXIGE UN DEBATE ENTRE LAS PARTES, que en este caso no se ha producido. Podr\u00eda ser que el Fiscal se hubiere equivocado, no en la pena solicitada, sino en la calificaci\u00f3n de los hechos ex Delito del 315, 3\u00ba<\/em>).<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

3.- Indebida aplicaci\u00f3n del Principio General \u201cIn dubio pro reo\u201d y Vulneraci\u00f3n de la Presunci\u00f3n de Inocencia<\/span><\/strong>, conforme tambi\u00e9n ha quedado expuesto en el Motivo Primero del presente escrito, a cuya atenta lectura expresamente nos remitimos, sin perjuicio de cuanto m\u00e1s adelante al respecto expondremos, si bien consignaremos ahora la siguiente cita jurisprudencial:<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u201cLa Constituci\u00f3n, norma jur\u00eddica suprema de aplicaci\u00f3n directa e inmediata (m\u00e1xime en materia de derechos y garant\u00edas fundamentales) obliga a los distintos \u00f3rganos de jurisdicci\u00f3n ordinaria a reinterpretar, conforme al principio de constitucionalidad de las normas jur\u00eddicas, los preceptos que afecten o pueden afectar a la tutela judicial efectiva del derecho constitucional a la presunci\u00f3n de inocencia, de modo que aquellos preceptos resulten compatibles con aquella Super Ley, por tanto, atendiendo el derecho constitucional a la presunci\u00f3n de inocencia presente en el art. 24.2 CE, se impone reinterpretar el \u00abdogma\u00bb de la libre valoraci\u00f3n con las pautas ofrecidas por el Tribunal Constitucional, singularmente en la ya hist\u00f3rica sentencia de 27.8.81, complementada en la de 26.7.82 (EDJ 1982\/55) , lo que en definitiva, impone un modelo constitucional de valoraci\u00f3n de la prueba e implica que para que se de un Fallo condenatorio es preciso deslindar como fases perfectamente diferenciadas dentro del proceso de an\u00e1lisis de las diligencias, las dos siguientes:<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n

1.\u00aa) Una primera de car\u00e1cter objetivo que podr\u00eda calificar de constataci\u00f3n de existencia o no de verdaderas pruebas, fase en la que a su vez habr\u00eda que diferenciar dos operaciones distintas:<\/em><\/span><\/p>\n

a) precisar si en la realizaci\u00f3n de las diligencias probatorias se han adoptado y observado las garant\u00edas procesales b\u00e1sicas; y<\/em><\/span><\/p>\n

b) precisar si, adem\u00e1s, tales diligencias probatorias suponen o aportan objetivamente elementos incriminatorios o de cargo.<\/em><\/span><\/p>\n

2.\u00aa) Una segunda fase de car\u00e1cter predominante subjetivo, para la que habr\u00eda que reservar \u00abstrictu sensu\u00bb la denominaci\u00f3n usual de \u00abvaloraci\u00f3n del resultado o contenido integral de la prueba\u00bb, ponderado en conciencia los diversos elementos probatorios, en base a los cuales se forma libremente la conciencia del Tribunal.<\/em><\/span><\/p>\n

En la primera fase operaria la presunci\u00f3n de inocencia, en la segunda el principio \u00ab\u00bbin dubio pro reo\u00bb\u00bb. As\u00ed, la presunci\u00f3n de inocencia se desenvuelve en el marco de la carga probatoria y supone (ver STC 31 mayo 1985 EDJ 1985\/70 ) que no es el acusado a quien corresponde demostrar que es inocente frente a la acusaci\u00f3n que contra \u00e9l se formula, sino que es a quien la mantiene a quien compete acreditar la imputaci\u00f3n mediante las correspondientes pruebas, practicadas con validez jur\u00eddica y que puedan objetivamente reputarse como pruebas de cargo, y por su parte, el principio \u00abin dubio pro reo\u00bb, presuponiendo la previa existencia de la presunci\u00f3n de inocencia, se desenvuelve en el campo de la estricta valoraci\u00f3n de las pruebas, es decir de la apreciaci\u00f3n de la eficacia demostrativa por el Tribunal a quien compete su valoraci\u00f3n en conciencia para formar su convicci\u00f3n sobre la verdad de los hechos (art. 741 LECrim ). La importancia de esta distinci\u00f3n es fundamental en la pr\u00e1ctica dado que al juzgador de instancia compete realizar en toda su extensi\u00f3n el \u00edntegro proceso de an\u00e1lisis de las diligencias probatorias practicadas comprensivo, por tanto, de las dos fases indicadas. De igual manera estimamos obvio afirmar que compete al Tribunal de la apelaci\u00f3n, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, concretar si en las resoluciones judiciales impugnadas se ha realizado escrupulosamente el an\u00e1lisis o examen que aquella primera fase \u00abobjetiva\u00bb impone, y en caso negativo es de su propia incumbencia el corregir los posibles errores judiciales que se hayan cometido, con las diversas consecuencias jur\u00eddicas inherentes en una y otra forma de control. Ello es aplicaci\u00f3n ineludible del derecho constitucional a la presunci\u00f3n de inocencia, como asimismo el escrupuloso respeto por el Juzgador de instancia de tal principio, debe llevar a \u00e9ste, cuando de tal examen resultare la inexistencia de \u00abpruebas de cargo\u00bb obtenidas con las garant\u00edas procesales, a la libre absoluci\u00f3n del acusado. No hacerlo as\u00ed ser\u00eda un \u00aberror judicial\u00bb revisable por las v\u00edas indicadas. Sin embargo, respecto de la segunda fase, dentro de lo que hemos calificado como predominantemente subjetiva, en la que el Juez de instancia valora el resultado de la prueba, ponderando en conciencia los distintos elementos probatorios presentes en las actuaciones y formando ya en base a tales datos objetivos libremente su convicci\u00f3n, con la importante precisi\u00f3n de que tambi\u00e9n en esta segunda fase sigue operando, respecto del juzgador de instancia, el derecho constitucional analizado, pero ahora ya con la cl\u00e1sica formulaci\u00f3n de \u00abin dubio pro reo\u00bb. <\/em>As\u00ed, SSTS n\u00fam. 1317\/2005, de 11 de noviembre y 936\/2006, de 10 de octubre, entre otras muchas.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Por lo dem\u00e1s, la Vulneraci\u00f3n se extiende, en el caso que nos ocupa, a la calificaci\u00f3n de los Hechos en la Norma Penal m\u00e1s perjudicial para los imputados, vulnerando adem\u00e1s la Doctrina y la Jurisprudencia relativa al Tipo Penal del Art. 315, 3\u00ba -CP, que ha quedado referida en el anterior Motivo de este escrito; lo que tambi\u00e9n posee relevancia respecto a la Vulneraci\u00f3n del In dubio pro reo y de la presunci\u00f3n de inocencia. Volveremos sobre esta cuesti\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

4.- No se efect\u00faa debidamente el Juicio Previo de Constitucionalidad<\/span><\/strong>, exigido en supuestos en que, como el que nos ocupa, se produce una colisi\u00f3n de Derechos Fundamentales, conforme ha quedado expuesto en el Motivo Primero del presente escrito, a cuya atenta lectura expresamente nos remitimos. Ello adem\u00e1s integra vulneraci\u00f3n del Derecho a la Motivaci\u00f3n adecuada de las Resoluciones Judiciales, a lo que ya nos hemos referido.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

5.- Vulneraci\u00f3n del Derecho Fundamental a la Presunci\u00f3n de Inocencia, as\u00ed como <\/span><\/strong><\/span>Vulneraci\u00f3n de los Principios de Contradicci\u00f3n, Defensa, Motivaci\u00f3n no arbitraria, il\u00f3gica y\/o err\u00f3nea (art\u00edculos 24.1 y 24.2 CE en conexi\u00f3n con el art\u00edculo 9.3 CE que proscribe la arbitrariedad) y Vulneraci\u00f3n del Principio de Legalidad (ART. 25, 1\u00ba CE)<\/span><\/strong>.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Reiterando cuanto ha quedado anteriormente en este escrito, as\u00ed como remiti\u00e9ndonos a cuanto en los siguientes motivos se expondr\u00e1, nos encontramos ante un fallo condenatorio -confirmado en Apelaci\u00f3n- cuyo \u00fanico sustento reside en la Declaraci\u00f3n de la propia perjudicada, <\/span>Carolina Dur\u00e1n Mu\u00f1oz, que es la \u00fanica prueba de cargo practicada en Juicio Oral.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Y es en base a la misma que se ha entendido -indebidamente, dicho sea con los debidos respetos y en los m\u00e1s estrictos t\u00e9rminos de defensa- como suficiente para enervar la Presunci\u00f3n de Inocencia que ampara a mi mandante.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En primer t\u00e9rmino, hemos de poner de manifiesto que no estamos ante una perjudicada cuyo inter\u00e9s en el proceso sea diferente del M\u00f3vil Econ\u00f3mico. Al contrario que en los supuestos habituales, en los que la Declaraci\u00f3n de la v\u00edctima es el \u00fanico medio de prueba de la realidad de los hechos enjuiciados.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En efecto, en el supuesto que nos ocupa, habr\u00eda podido contratarse su Declaraci\u00f3n con multitud de otros medios de prueba, que sin embargo no fueron propuestos por la Acusaci\u00f3n<\/strong>, como veremos.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lo inquietante del caso de autos es que esta omisi\u00f3n probatoria, este d\u00e9ficit de prueba, responsabilidad de la Acusaci\u00f3n, conforme al r\u00e9gimen del Onus Probandi, de la carga de la prueba, sirve precisamente para obtener la Condena de mi mandante. Es la Acusaci\u00f3n quien se beneficia de su propia inactividad y vacuidad probatoria, de sus propias omisiones en cuanto a la Prueba de los hechos que imputa a mi mandante<\/strong>.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Por su inter\u00e9s, especialmente porque proviene de una persona con titulaci\u00f3n Universitaria (Ingenier\u00eda Superior), pero sin formaci\u00f3n jur\u00eddica, reproduciremos el siguiente comentario que nos ha hecho llegar un ciudadano preocupado por las consecuencias de lo resuelto en la presente causa penal, que indican con claridad cual es la comprensi\u00f3n de lo reflejado en el presente escrito por parte del ciudadano medio, que coincide, por lo dem\u00e1s, excepto en el tecnicismo ling\u00fc\u00edstico, con la opini\u00f3n de todos los abogados y juristas consultados<\/span>:<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Se supone que los acusados tienen \u201cpresunci\u00f3n de inocencia\u201d. Es decir, se supone que es la acusaci\u00f3n la que tiene que probar, primero que los delitos se cometieron, y segundo que fueron los acusados quienes los cometieron. Lo que me llam\u00f3 la atenci\u00f3n en este asunto fue que la fiscal\u00eda s\u00f3lo llama a declarar a la due\u00f1a del bar, y sin embargo, la sentencia considera eso como prueba suficiente.<\/em><\/span><\/p>\n

Desconozco si en los autos hay alg\u00fan otro tipo de documentaci\u00f3n que el juez deba considerar pero, si nos ce\u00f1imos a la vista, la due\u00f1a del bar podr\u00eda haber dicho cualquier cosa, por ejemplo: \u201cSacaron una navaja y me la pusieron en el cuello\u201d \u201cSe subieron a la barra del bar, se bajaron los pantalones y orinaron sobre ella\u201d \u201cRompieron todas las sillas con un hacha\u201d \u201cMe amenazaron con quemar el bar y matar a toda mi familia\u201d \u201cIntentaron violarme\u201d \u201cUno de ellos vendi\u00f3 a otro 100 gramos de coca\u00edna y una pistola delante de mis narices\u201d\u2026 etc., etc.<\/em><\/span><\/p>\n

Lo que yo me esperaba era:<\/em><\/span><\/p>\n

\u00b7 Primero, el ministerio fiscal trata de probar lo que pas\u00f3, para ello llama a declarar a la polic\u00eda y a algunos de los clientes que se encontraban en el bar en ese momento, siempre, testigos neutrales o que se les suponga veracidad. Aporta pruebas gr\u00e1ficas de los desperfectos en el local y estimaci\u00f3n econ\u00f3mica de los da\u00f1os.<\/em><\/span><\/p>\n

\u00b7 Segundo, el fiscal trata de probar que los acusados son los que realizaron las acciones delictivas probadas anteriormente. Para ello deber\u00eda recurrir a los testimonios de los polic\u00edas que los identificaron y al de la persona que identific\u00f3 a estos ante los polic\u00edas y a los testimonios de todos los testigos posibles.<\/em><\/span><\/p>\n

\u00b7 Tercero, una vez probados los hechos, deber\u00eda establecer la tipificaci\u00f3n de los delitos cometidos y pedir la condena correspondiente.<\/em><\/span><\/p>\n

Lo que me he encontrado es:<\/em><\/span><\/p>\n

\u00b7 El fiscal llama a declarar a la due\u00f1a del bar, cuyo inter\u00e9s imagino que ser\u00e1 cobrar la correspondiente indemnizaci\u00f3n o al menos que se le paguen los supuestos desperfectos ocasionados. O pintar gratis su local. Es decir, la se\u00f1ora, a pesar de no ser amiga, enemiga o familiar de los acusados ni pretender perjudicarles, s\u00ed tiene un inter\u00e9s econ\u00f3mico en una sentencia condenatoria. Y desde luego, los Piquetes, en ocasiones como estas, no van precisamente haciendo amigos entre los empresarios.<\/em><\/span><\/p>\n

\u00b7 La testigo dice que no fue ella quien identific\u00f3 a los tres acusados ante la polic\u00eda, que fue otra persona quien lo hizo, pero esa persona ni est\u00e1 ni se la espera. La pregunta que me surge es entonces, \u00bfpor qu\u00e9 si no fue capaz de identificar a los responsables en el mismo momento de la comisi\u00f3n del delito, meses despu\u00e9s los identifica sin dudar en la sala, a todos, excepto a \u201cla persona mayor\u201d que se supone que es la que profiri\u00f3 las mayores amenazas contra ella, amenazas que recuerda con todo lujo de detalles pero sin embargo no recuerda la cara de la persona que las profiri\u00f3?<\/em><\/span><\/p>\n

\u00b7 La due\u00f1a del bar, dice adem\u00e1s que vio al acusado m\u00e1s joven de espaldas haciendo las pintadas en su local. No deja de tener gracia que, como dije antes, no sea capaz de reconocer a \u201cla persona mayor\u201d que m\u00e1s la amenaz\u00f3 pero s\u00ed puede reconocer de espaldas al autor de las pintadas. Pintadas que se debe dar por supuesto que existieron (imagino que habr\u00e1 alg\u00fan informe sobre ellas en los autos) porque en la vista, nadie aporta prueba alguna de que esas pintadas existan, salvo la declaraci\u00f3n de la due\u00f1a.<\/em><\/span><\/p>\n

\u00b7 La testigo de la acusaci\u00f3n dice cosas tan extra\u00f1as como que la acusada le \u201chablaba de derechos\u201d y que \u201cdec\u00eda cosas muy raras\u201d yo entiendo que quiz\u00e1 Carmen le estaba explicando su derecho a la huelga en unos t\u00e9rminos que tal vez la pobre mujer entendi\u00f3 como amenazas pero que no lo eran. Utiliza tambi\u00e9n expresiones como: \u201c\u2026puede ser que no me acuerde\u201d cuando le piden que identifique al acusado de la camisa negra. Al hablar de las pintadas dice: \u201c\u00bfSabe usted por qu\u00e9 las vi?, porque la pintura que echaban ol\u00eda fatal\u201d y luego dice: \u201cS\u00ed, lo vi de espaldas, porque si est\u00e1 haciendo la pintada\u2026\u201d Insisto, no reconoce al hombre que le est\u00e1 amenazando, que le apaga la m\u00e1quina del tabaco, que coloca las sillas encima de las mesas y que trata de quitar la silla a los clientes que est\u00e1n sentados, pero s\u00ed identifica al chico joven como autor de las pintadas, aunque asegura que lo ve de espaldas y que s\u00f3lo se da cuenta de lo que hace por el olor.<\/em><\/span><\/p>\n

\u00b7 Algo curioso, es que la persona que llevaba el meg\u00e1fono, acude como testigo, no como acusado. Es decir, resulta que entre los instigadores del acto, no est\u00e1 el que llevaba el meg\u00e1fono. Dicho de otro modo, el director de orquesta no es responsable de lo que se est\u00e1 tocando.<\/em><\/span><\/p>\n

\u00b7 El fiscal pide una condena por un delito contra el derecho de los trabajadores. La pregunta es: \u00bfCu\u00e1ndo el piquete se fue, la cafeter\u00eda segu\u00eda abierta o se cerr\u00f3? Porque si segu\u00eda abierta, se supone que las coacciones y amenazas o no fueron lo suficientemente cre\u00edbles, o por el motivo que fuere no surtieron el presunto efecto deseado, o simplemente no existieron.<\/em><\/span><\/p>\n

\u00b7Otra cosa que queda en el aire es por qu\u00e9 si la polic\u00eda acompa\u00f1aba al piquete, el furg\u00f3n policial tarda unos diez minutos en llegar al local. \u00bfNo ser\u00e1 que quiz\u00e1 los hechos ocurridos no fueron estimados por la polic\u00eda como motivo suficiente para actuar? Esto nunca lo sabremos porque la polic\u00eda no ha sido llamada a declarar.<\/em><\/span><\/p>\n

He visto las declaraciones de los acusados y contradicen la de la propietaria pero creo que no aportan nada especial. Todos reconocen que estuvieron all\u00ed. A Justo apenas le preguntan nada. \u00c9l explica que entr\u00f3 al final cuando ya estaban saliendo todos y que fue entonces cuando la polic\u00eda les identifica y, \u00bfa qui\u00e9n identifica la polic\u00eda? Pues a tres de los \u00faltimos que quedaban en el local. Carlos dice que estuvo all\u00ed pero que ni amenaz\u00f3 ni insult\u00f3 ni hizo pintadas ni pego pegatinas, que se limit\u00f3 a gritar consignas. Es curioso que el fiscal s\u00f3lo parece interesarse por eso en el caso de Justo y Carmen pero a Carlos le pregunta m\u00e1s cosas. Carmen es la \u00fanica que se encara al fiscal y se le pone chula, la \u00fanica que habla de su derecho a la huelga y a la libertad de expresi\u00f3n. Lo raro es que el inter\u00e9s del fiscal tan s\u00f3lo est\u00e1 en preguntarle si peg\u00f3 pegatinas o hizo pintadas, cuando su respuesta es obvia.<\/em><\/span><\/p>\n

Entiendo que si no se aporta ninguna otra prueba, \u201cin dubio pro reo\u201d, y creo que aqu\u00ed hay suficiente \u201cdubio\u201d como para que nada est\u00e9 claro.<\/em><\/span><\/p>\n

Es muy f\u00e1cil, usted dice que yo la amenac\u00e9 y que hice pintadas y diversos destrozos en el local, yo y los otros dos acusados decimos que quien nos amenaz\u00f3 fue usted y que no causamos ning\u00fan destrozo. Se acab\u00f3 el juicio. \u00a1Vaya, es que no hay m\u00e1s!<\/em><\/span><\/p>\n

Por este procedimiento, cualquiera podr\u00eda acercarse a un juzgado y acusar a cualquiera de cualquier cosa sin ning\u00fan tipo de prueba. Al final el juez decide condenar y punto. Da igual si los hechos se han probado o no, da igual si se prueba que los acusados los cometieron o no.<\/em><\/span><\/p>\n

Para ser el primer juicio que veo, estoy pasmado con el procedimiento. Espero que en otras ocasiones sea todo m\u00e1s profesional.<\/em><\/span><\/p>\n

Si no fue la perjudicada quien identific\u00f3 a los culpables ante la polic\u00eda, no tiene sentido que sea ella la que los identifique en el juicio, es decir, ella podr\u00eda reconocer que fueron esos tres los que la polic\u00eda identific\u00f3, pero no que ella los haya identificado ante la polic\u00eda.<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s dice que \u201cla persona mayor\u201d fue la que m\u00e1s la amenaz\u00f3, sin embargo, es la \u00fanica persona de las tres a la que no reconoce.<\/em><\/span><\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9 no se llama a declarar a los polic\u00edas?<\/em><\/span><\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9 no declara la persona que identific\u00f3 a los tres acusados ante la polic\u00eda?<\/em><\/span><\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9 no hay fotograf\u00edas o alg\u00fan informe de los desperfectos?<\/em><\/span><\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9 de cuarenta personas s\u00f3lo se identifica a tres, es que los dem\u00e1s estaban callados?<\/em><\/span><\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9 la due\u00f1a del local olvida la cara de la persona que m\u00e1s la amenaza y sin embargo recuerda todo lo que le dijo?<\/em><\/span><\/p>\n

Pero, adem\u00e1s, \u00bfno es la perjudicada empresaria, y no empleada? Porque no siendo trabajadora, no tiene Derechos de trabajador, que es por lo que se condena a los huelguistas.<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2026…………………………………………………………..<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En cuanto a las exigencias jurisprudenciales que permitir\u00edan considerar la declaraci\u00f3n de la v\u00edctima como \u00fanica prueba en virtud de la cual se destruye la Presunci\u00f3n de Inocencia, tenemos algo claro: EL JUEZ DE LO PENAL OBVIA TODO CUANTO FAVORECE AL IMPUTADO; pasa por encima de todos los abundantes datos de hecho que cuestionan seriamente la realidad de las manifestaciones de la Perjudicada. No solo por cuanto ha quedado expuesto, sino tambi\u00e9n por lo que sigue.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En primer t\u00e9rmino, es evidente, que la raz\u00f3n esgrimida en la Sentencia de Instancia para dejar al margen las declaraciones delos Testigos propuestos en Cuestiones Previas por las Defensas, carece de toda l\u00f3gica. El piquete era de 300 a 400 personas; en el bar de autos entr\u00f3 un 10% (30 a 40). As\u00ed, estar todo el d\u00eda en el mismo Piquete (de 300 a 400 componentes) no aporta nada al hecho de que dichos testigos y los imputados solo se conozcan de vista; al contrario, es lo l\u00f3gico.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La perjudicada MIENTE -o al menos el Juez no la cree- respecto a los da\u00f1os que reclama; as\u00ed la misma Sentencia de Instancia consigna como hechos probados que \u201c<\/span>La citada propietaria reclama entre otros conceptos, el importe de la factura que tuvo que pagar por la pintura de su local y reparaci\u00f3n de desperfectos causados por las pintadas: 767,00\u20ac<\/span><\/em>\u201d. Y, en efecto, en su declaraci\u00f3n de Perjudicada (obrante al Folio 9 de las actuaciones<\/em>), afirma que pag\u00f3 de su bolsillo el precio de varias fotograf\u00edas de un fot\u00f3grafo reputado que expon\u00eda en su local, pero cuando tras no entregar la documentaci\u00f3n acreditativa solicitada por el Perito Judicial, llegando incluso a tener que ser requerida a tal fin por el Juzgado, en su comparecencia\u00a0 de 20 de julio de 2012, reconoce que el fot\u00f3grafo no hab\u00eda vendido una fotograf\u00eda en su vida; y ni siquiera puede aportar factura o recibo acreditativo del pago que hab\u00eda afirmado haber realizado. Lo mismo respecto al supuesto cuadro da\u00f1ado, del que nunca m\u00e1s se supo. Miente, y el Juez no la cree. De igual manera, en un primer momento aporta una factura de reparaciones comprensiva de conceptos evidentemente ajenos a los hechos que denuncia; finalmente, en su comparecencia de 20 de julio de 2012, aporta factura en la que se desglosan y eliminan varios conceptos que inicialmente reclamaba. Pero, sin embargo, la Sentencia de Instancia funda la condena de mi mandante, exclusivamente, en tan mendaces e interesadas declaraciones. Estamos ante la evidencia incontestable de un M\u00d3VIL ESP\u00daREO en la perjudicada, que desvirt\u00faa la credibilidad de su declaraci\u00f3n; hechos probados documentalmente bajo la fe p\u00fablica judicial que, sin embargo la Sentencia de Instancia obvia absolutamente.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Y ello al margen de cuanto en nuestro recurso de Apelaci\u00f3n se expone en realci\u00f3n a la Vulneraci\u00f3n de la Presunci\u00f3n de Inocencia, a cuya atenta lectura expresamente nos remitimos. Respecto de mi mandante, declara que su testimonio es de referencia (no lo sabe por si misma, sino por otro, que no se sabe quien pueda haber sido).<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Respecto a la identificaci\u00f3n de los imputados, que la perjudicada realiza en Sala, su total ausencia de garant\u00edas invalida su capacidad probatoria. Otra cosa ser\u00eda que se hubiere efectuado una rueda de reconocimiento a solicitud de la Acusaci\u00f3n en Fase de Instrucci\u00f3n; pero preguntar si los que est\u00e1n sentados en el banquillo de los imputados son los que denunci\u00f3, cualquiera que sea la respuesta, resulta irrelevante. M\u00e1s a\u00fan en atenci\u00f3n a cuanto ha quedado expuesto en este Motivo.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El hecho de que en el seno del Juicio Oral la Perjudicada no reconozca, precisamente a quien deber\u00eda haber reconocido con mayor facilidad, evidentemente, solo prueba que no reconoce a Justo; querer extraer de ello, como hace la Sentencia de Instancia, la acreditaci\u00f3n de que dice verdad cuando afirma reconocer a los otros dos imputados, es un mero e inmotivado ejercicio de voluntarismo judicial, dicho sea con los debidos respetos y en los m\u00e1s estrictos t\u00e9rminos de defensa.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 De la misma manera, pasar de la declaraci\u00f3n de haber dicho \u201cChapa y vamos\u201d a estimar acreditados los hechos denunciados carece de otra consideraci\u00f3n diferente a la mera arbitrariedad. <\/span>Otros argumentos que desvirt\u00faan la credibilidad de su Declaraci\u00f3n son menos s\u00f3lidos, aunque no despreciables (por ejemplo, si todos los bares cierran por la huelga y el suyo no, hace buena caja; eso indicia una inquina hacia los imputados, que pretend\u00edan privarle de unos buenos ingresos); ello al margen de las referidas inconsistencias en sus declaraciones, entre otras cuestiones, respecto a la identidad de los imputados; el hecho de que diga no reconocer a Justo, solo indica que no reconoce a Justo; en modo alguno la l\u00f3gica lleva a aceptar que reconoce sin dudas a los otros; la ausencia de rueda de reconocimiento en instrucci\u00f3n,\u00a0 acredita la vulneraci\u00f3n de la Presunci\u00f3n de Inocencia.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2026………………………………………………………………<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Por otra parte, tambi\u00e9n se ha Vulnerado por este Motivo, por el Juzgado de lo Penal, el Art. 25 de la Constituci\u00f3n<\/span>: Principio de Legalidad y de Tipicidad Penal<\/strong>. Se infringe al no aplicar los art\u00edculos del C\u00f3digo Penal que castigan los Delitos de Da\u00f1os, Coacciones y Amenazas en base a los cuales fueron incoadas las Diligencias Previas que han sustentado la Sentencia ahora impugnada en Nulidad; y al contrario, al aplicar, indebidamente, el tipo penal previsto en el Art\u00edculo 315, 3\u00ba -C.P.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La irrazonabilidad\u00a0 del discurso motivatorio de la sentencia impugnada en nulidad, provoca una grave indefensi\u00f3n en mi representado, en tanto que, cuanto ha quedado expuesto, nos permite afirmar, con los debidos respetos, que el Juzgador de Instancia no ha actuado con la debida<\/span> Neutralidad Objetiva y Subjetiva<\/span>. A tenor de lo expuesto, estamos ante una Resoluci\u00f3n arbitraria, irrazonable e<\/strong> insuficientemente motivada<\/strong>, por lo que resultan incumplidas las m\u00ednimas garant\u00edas constitucionales de defensa y se vulnera el derecho consagrado en el art\u00edculo 24 CE por cuanto esta parte no ha obtenido una respuesta judicial motivada y fundada en derecho.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Por lo dem\u00e1s, del relato de Hechos Probados de la Sentencia de Instancia no se puede inferir una conducta coactiva, sino meras amenazas; al margen de los da\u00f1os: Pero las amenazas no integran el tipo penal aplicado -indebidamente, como ha quedado expuesto, por multitud de razones, adem\u00e1s de la que ahora se\u00f1alamos.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2026………………………………………………………………….<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

En Fundamento del presente Motivo, comenzaremos por citar la Sentencia del TC, Sala 2\u00aa de fecha 17 de septiembre de 2001:<\/strong><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

\u201c…El principio de contradicci\u00f3n en el proceso penal, que hace posible el enfrentamiento dial\u00e9ctico entre las partes, permitiendo as\u00ed el conocimiento de los argumentos de la contraria y la manifestaci\u00f3n ante el Juez o Tribunal de los propios, constituye una exigencia ineludible vinculada al derecho a un proceso p\u00fablico con todas las garant\u00edas, para cuya observancia se requiere el deber de los \u00f3rganos judiciales de posibilitarlo. De modo que s\u00f3lo la incomparecencia en el proceso o en el recurso, debida a la voluntad expresa o t\u00e1cita de la parte o a su negligencia, podr\u00eda justificar una resoluci\u00f3n sin haber o\u00eddo sus alegaciones y examinado sus pruebas<\/span>. Y se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, produciendo indefensi\u00f3n, cuando el sujeto, sin haber tenido oportunidad de alegar y probar sus derechos en el proceso, los ve finalmente afectados por las resoluciones reca\u00eddas en el mismo.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n

Del principio de igualdad de armas, l\u00f3gico corolario del principio de contradicci\u00f3n, se deriva asimismo la necesidad de que las partes cuenten con los mismos medios de ataque y defensa e id\u00e9nticas posibilidades y cargas de alegaci\u00f3n, prueba e impugnaci\u00f3n, a efectos de evitar desequilibrios entre sus respectivas posiciones procesales, sin que sean admisibles limitaciones a dicho principio, fuera de las modulaciones o excepciones que puedan establecerse en fase de instrucci\u00f3n (o sumarial) por raz\u00f3n de la propia naturaleza de la actividad investigadora que en ella se desarrolla, encaminada a asegurar el \u00e9xito de la investigaci\u00f3n y, en definitiva, la protecci\u00f3n del valor constitucional de la justicia.<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n

En esta l\u00ednea hemos concluido que la regla de la interdicci\u00f3n de la indefensi\u00f3n requiere del \u00f3rgano jurisdiccional un indudable esfuerzo a fin de preservar los derechos de defensa de las partes, correspondiendo a los \u00f3rganos judiciales procurar que en un proceso se d\u00e9 la necesaria contradicci\u00f3n entre ellas, as\u00ed como que posean id\u00e9nticas posibilidades de alegar o probar y, en definitiva, de ejercer su derecho de defensa en cada una de las instancias que lo componen.<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

\u00a0En relaci\u00f3n con el derecho a la acci\u00f3n en el proceso penal, que ha sido configurado como \u00abius ut procedatur\u00bb que no forma parte propiamente de ning\u00fan derecho sustantivo, raz\u00f3n por la cual ha sido tratado como una manifestaci\u00f3n del derecho fundamental a la jurisdicci\u00f3n, este Tribunal tiene declarado que ese \u00abius ut procedatur\u00bb no puede quedar reducido a un mero impulso del proceso o a una mera comparecencia en el mismo, sino que de \u00e9l derivan con naturalidad y necesidad los derechos relativos a las reglas esenciales del desarrollo del proceso…\u201d<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Conforme a la Sentencia del TC, Sala 2\u00aa de fecha 17 de septiembre de 2001<\/strong>, \u201cla regla de la interdicci\u00f3n de la indefensi\u00f3n requiere del \u00f3rgano jurisdiccional un indudable esfuerzo a fin de preservar los derechos de defensa de las partes, correspondiendo a los \u00f3rganos judiciales procurar que en un proceso se d\u00e9 la necesaria contradicci\u00f3n entre ellas, as\u00ed como que posean id\u00e9nticas posibilidades de alegar o probar y, en definitiva, de ejercer su derecho de defensa en cada una de las instancias que lo componen<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Los datos objetivos obrantes en autos acreditan la ausencia de imparcialidad objetiva a que se refiere la Sentencia del Tribunal Constitucional n\u00ba 145\/ 1988, de 12 de julio<\/span><\/strong>, de la que extractaremos los siguientes p\u00e1rrafos (que a\u00fan trat\u00e1ndose de la separaci\u00f3n de funciones instructoras y de enjuiciamiento, resulta aplicable al presente supuesto, en que el Juzgador de instancia se comporta como verdadero instructor, modificando arbitrariamente y sin contradicci\u00f3n ni posibilidad de defensa alguna el t\u00edtulo de imputaci\u00f3n<\/span>):<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

\u201cEl Derecho a un Juez Imparcial constituye una garant\u00eda fundamental de la Administraci\u00f3n de Justicia en un Estado de Derecho … Este derecho, en lo que aqu\u00ed interesa, busca preservar la llamada imparcialidad \u00abobjetiva\u00bb, es decir, aquella cuyo posible quebrantamiento no deriva de la relaci\u00f3n que el Juez haya tenido o tenga con las partes, sino de su relaci\u00f3n con el objeto del proceso. No se trata, ciertamente, de poner en duda la rectitud personal de los Jueces que lleven a cabo la instrucci\u00f3n ni de desconocer que \u00e9sta supone una investigaci\u00f3n objetiva de la verdad, en la que el Instructor ha de indagar, consignar y apreciar las circunstancias tanto adversas como favorables al presunto reo (art. 2 LECr.).<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Pero ocurre que la actividad instructora, en cuanto pone al que la lleva a cabo en contacto directo con el acusado y con los hechos y datos que deben servir para averiguar el delito y sus posibles responsables puede provocar en el \u00e1nimo del instructor, incluso a pesar de sus mejores deseos, prejuicios e impresiones a favor o en contra del acusado que influyan a la hora de sentenciar. Incluso, aunque ello no suceda, es dif\u00edcil evitar la impresi\u00f3n de que el Juez no acomete la funci\u00f3n de juzgar sin la plena imparcialidad que le es exigible. Por ello el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su decisi\u00f3n sobre el caso \u00abDe Cubber\u00bb, de 26 octubre 1984, y ya antes en la reca\u00edda sobre el caso \u00abPiersack\u00bb, de 1 octubre 1982, ha insistido en la importancia que en esta materia tienen las apariencias, de forma que debe abstenerse todo Juez del que pueda temerse leg\u00edtimamente una falta de imparcialidad, pues va en ello la confianza que los Tribunales de una sociedad democr\u00e1tica han de inspirar a los justiciables, comenzando, en lo penal, por los mismos acusados.<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n

Esta prevenci\u00f3n que el Juez que ha instruido y que debe fallar puede provocar en los justiciables viene aumentada si se considera que las actividades instructoras no son p\u00fablicas ni necesariamente contradictorias, y la influencia que pueden ejercer en el juzgador se produce al margen de \u00abun proceso p\u00fablico\u00bb que tambi\u00e9n exige el citado art. 24.2 y del procedimiento predominantemente oral, sobre todo en materia criminal, a que se refiere el art. 120.2, ambos CE. En un sistema procesal en que la fase decisiva es el juicio oral, al que la instrucci\u00f3n sirve de preparaci\u00f3n, debe evitarse que este juicio oral pierda virtualidad o se empa\u00f1e su imagen externa, como puede suceder si el Juez acude a \u00e9l con impresiones o prejuicios nacidos de la instrucci\u00f3n o si llega a crearse con cierto fundamento la apariencia de que esas impresiones y prejuicios existan.<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n

Es de se\u00f1alar tambi\u00e9n que a las mismas conclusiones ha llegado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos interpretando el art. 6.1 Convenio para la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950. El citado art\u00edculo del Convenio, de conformidad con el cual deben interpretarse las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constituci\u00f3n reconoce, afirma el derecho de toda persona a que su causa sea o\u00edda \u00abpor un Tribunal independiente e imparcial\u00bb. Pues bien, en su citada sentencia \u00abDe Cubber\u00bb, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendi\u00f3 que la actuaci\u00f3n como Juez en el Tribunal sentenciador de quien hab\u00eda sido Juez Instructor de la causa supon\u00eda, por las razones ya expuestas, una infracci\u00f3n del derecho al Juez imparcial consagrado en el citado art\u00edculo del convenio.<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n

En suma, del caso \u00abDe Cubber\u00bb lo que nos interesa es el principio de que no puedan acumularse las funciones instructora y juzgadora. La aplicaci\u00f3n de ese principio habr\u00e1 de hacerse teniendo en cuenta las peculiaridades de nuestro Derecho, contemplado en su conjunto, y no en alg\u00fan aspecto aislado.<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n

Es precisamente el hecho de haber reunido el material necesario para que se celebre el juicio o para que el Tribunal sentenciador tome las decisiones que le corresponda y el hecho de haber estado en contacto con las fuentes de donde procede ese material lo que puede hacer nacer en el \u00e1nimo del instructor prevenciones y prejuicios respecto a la culpabilidad del encartado, quebrant\u00e1ndose la imparcialidad objetiva que intenta asegurar la separaci\u00f3n entre la funci\u00f3n instructora y la juzgadora. Por ello es cierto que no toda intervenci\u00f3n del Juez antes de la vista tiene car\u00e1cter de instrucci\u00f3n ni permite recusar por la causa prevista en el art. 54.12 LECr. Basta recordar que en el procedimiento penal ordinario las Audiencias Provinciales conocen en apelaci\u00f3n de los autos dictados por el Juez Instructor e incluso decretan de oficio las pr\u00e1cticas de nuevas diligencias al conocer del auto de conclusi\u00f3n del sumario (art. 631 LECr.).\u201d<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2026………………………………………………………………………<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

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\u00a0<\/span><\/p>\n

TERCERO<\/span><\/strong>: VULNERACI\u00d3N DE LOS\u00a0 DERECHOS DE HUELGA, A LA TUTELA\u00a0 JUDICIAL\u00a0 EFECTIVA,\u00a0 DERECHO\u00a0 DE\u00a0 DEFENSA,\u00a0 ASISTENCIA\u00a0 LETRADA AL IMPUTADO O ACUSADO Y PROCESO JUSTO\u00a0 CON TODAS LAS\u00a0 GARANT\u00cdAS,\u00a0 TODOS\u00a0 ELLOS\u00a0 DE LOS\u00a0 ART\u00cdCULOS\u00a0 24.1 Y\u00a0 2\u00a0 DE NUESTRA CARTA\u00a0 MAGNA Y DEL\u00a0 ARTICULO 6 CEDHLF<\/span><\/strong>.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Damos por reproducido en este Motivo cuanto ha quedado expuesto en los anteriores, ahora desde el punto de vista del t\u00edtulo de este Motivo Tercero; particularmente incidimos en remitirnos tambi\u00e9n ahora a las Vulneraciones en las que se fundamenta la Alegaci\u00f3n de Falta de Imparcialidad Objetiva del Juez de lo Penal; a\u00f1adiendo a todo ello cuanto a continuaci\u00f3n se expone.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El problema\u00a0 que\u00a0 subyace\u00a0 en esta alegaci\u00f3n es el de si\u00a0 las\u00a0 autoridades\u00a0 judiciales, como poder p\u00fablico,\u00a0 deben\u00a0 asumir\u00a0 o\u00a0 no\u00a0 su\u00a0 responsabilidad\u00a0 en que los imputados y\/o acusados (tambi\u00e9n respecto a los detenidos, aunque este no es el caso concreto),\u00a0 cuando\u00a0 son\u00a0 asistidos\u00a0 de\u00a0 abogado perteneciente\u00a0 al\u00a0 turno\u00a0 de oficio,\u00a0 tengan\u00a0\u00a0 una\u00a0 material,\u00a0 real y\u00a0 efectiva\u00a0 defensa\u00a0 y\u00a0 asistencia letrada, no conform\u00e1ndose\u00a0 con\u00a0 que\u00a0 la\u00a0 defensa y\u00a0 asistencia\u00a0 quede\u00a0 cubierta\u00a0 por mera\u00a0 formalidad,\u00a0 por mera\u00a0 presencia nominativa\u00a0 del\u00a0 letrado\u00a0 de\u00a0 turno,\u00a0 sin un contenido material adecuado a los fines para los que sirve, sin\u00a0 comunicaci\u00f3n\u00a0 con\u00a0 el\u00a0 cliente. La\u00a0 cuesti\u00f3n\u00a0 es\u00a0 que, lamentablemente, en la mayor\u00eda\u00a0 de los\u00a0 casos\u00a0 en que\u00a0 se produce\u00a0 la\u00a0 asistencia\u00a0 letrada\u00a0 gratuita del turno de oficio,\u00a0 los\u00a0 abogados\u00a0 se\u00a0 limitan\u00a0 a\u00a0 presentarse\u00a0 por\u00a0 mero\u00a0 acto\u00a0 de\u00a0 educaci\u00f3n\u00a0 social,\u00a0 no produci\u00e9ndose\u00a0 continuidad\u00a0 ni profundiz\u00e1ndose\u00a0 en la\u00a0 asistencia\u00a0 y\u00a0 asesoramiento;\u00a0 de\u00a0 ello\u00a0 son\u00a0 sabedores los\u00a0 \u00f3rganos jurisdiccionales\u00a0\u00a0 y\u00a0 la situaci\u00f3n, tristemente, se repite\u00a0 d\u00eda\u00a0 tras\u00a0 d\u00eda. Sin embargo, en nuestro leal entender, la\u00a0 responsabilidad\u00a0 no\u00a0 puede\u00a0 eludirse por los\u00a0 \u00f3rganos judiciales,\u00a0 no\u00a0 puede\u00a0 derivarse\u00a0 a\u00a0 los\u00a0 Colegios profesionales\u00a0 o\u00a0 al\u00a0 profesional\u00a0 mismamente. As\u00ed,\u00a0 cuando\u00a0 el\u00a0\u00a0 Estado\u00a0 asume la obligaci\u00f3n\u00a0 de proveer\u00a0 de\u00a0 defensa\u00a0 jur\u00eddica\u00a0 gratuita\u00a0 en cumplimiento\u00a0 de la\u00a0 normativa y\u00a0 Tratados internacionales\u00a0 habidos\u00a0 en la materia y de aplicaci\u00f3n,\u00a0 dicha obligaci\u00f3n debe\u00a0 asumirse\u00a0 hasta\u00a0 sus\u00a0 \u00faltimas consecuencias, y\u00a0 \u00e9stas\u00a0\u00a0 conllevan,\u00a0 ineludiblemente,\u00a0\u00a0 que la\u00a0 defensa\u00a0 que\u00a0 se\u00a0 facilite\u00a0 tenga\u00a0 contenido\u00a0 material,\u00a0 sea\u00a0 suficiente,\u00a0 real,\u00a0 eficaz\u00a0 y\u00a0 efectiva\u00a0\u00a0\u00a0 para la\u00a0 defensa\u00a0 de los intereses\u00a0 del\u00a0 justiciable. La misma no puede\u00a0 reducirse\u00a0 a una mera\u00a0 presencia\u00a0 f\u00edsica o a un comportamiento negligente, a un trabajo inadecuado, falto de profundidad.\u00a0\u00a0 <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A estos\u00a0 efectos, resaltar\u00a0 que no se ha encontrado\u00a0 pronunciamientos del Tribunal Constitucional\u00a0 que\u00a0 resuelvan expresamente sobre la cuesti\u00f3n aqu\u00ed planteada, por lo que\u00a0 consideramos\u00a0 que la\u00a0 relevancia\u00a0 de esta alegaci\u00f3n se eleva\u00a0 exponencialmente,\u00a0 siendo\u00a0 necesario un pronunciamiento\u00a0 de\u00a0 cara\u00a0 incluso\u00a0 al inter\u00e9s\u00a0 general. En cualquier\u00a0 caso, debemos\u00a0 hacer\u00a0 referencia\u00a0\u00a0 al\u00a0 contenido\u00a0 del\u00a0 derecho\u00a0 de\u00a0 asistencia\u00a0 letrada,\u00a0 su\u00a0 dimensi\u00f3n constitucional, que\u00a0 emana\u00a0 de la\u00a0 Jurisprudencia consolidada\u00a0 del Alt\u00edsimo Tribunal,\u00a0 por\u00a0 todas la ya\u00a0 lejana\u00a0 STC 196\/1987,\u00a0 y\u00a0 la\u00a0\u00a0 Sentencia\u00a0\u00a0 del\u00a0\u00a0\u00a0 Tribunal Constitucional,\u00a0 Sala 1\u00aa, S 11-12-2006, n\u00ba 344\/2006, cuyos argumentos hacemos propios en lo que tangencialmente afecta a lo aqu\u00ed planteado.\u00a0 <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Recordemos que, en el supuesto que nos ocupa, mi patrocinado, ante la dejaci\u00f3n de los profesionales nombrados de oficio para ejercer su defensa en estos autos, incluso se vio obligado a contratar, sin apenas tiempo para un correcto estudio de la causa a un abogado que pudiere sustituir a los designados de Oficio en el tr\u00e1mite de Apelaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Y, desgraciadamente, a nuestro criterio, el presente\u00a0 caso\u00a0 es un ejemplo\u00a0 de\u00a0 lo que estamos hablando: mi mandante no ha tenido defensa ni a lo largo de la ins<\/span>trucci\u00f3n ni en el propio acto del plenario. As\u00ed, destacaremos las siguientes circunstancias:<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>A lo largo del presente Procedimiento, el \u00fanico recurso interpuesto fue el de Apelaci\u00f3n contra la Sentencia de Instancia.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>No se solicitaron testificales en Instrucci\u00f3n, y las \u00fanicas solicitadas los fueron comoCuesti\u00f3n Previa en el Juicio Oral. Ni siquiera se propuso la testifical de los agentes policiales intervinientes en el atestado en cuya virtud, conforme a la propia Sentencia de Instancia, fueron incoadas las presentes actuaciones.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>No se solicit\u00f3 la acreditaci\u00f3n de la preexistencia de los bienes da\u00f1ados.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>No se formularon Cuestiones Previas en el juicio Oral, salvo la proposici\u00f3n de dos testigos.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>El Escrito de Defensa careci\u00f3 de contenido diferente a la negaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n, como mero formulismo.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>No se formul\u00f3 ninguna alegaci\u00f3n relativa a la variaci\u00f3n del t\u00edtulo de imputaci\u00f3n, que conforme al Auto de Incoaci\u00f3n de las Diligencias Previas, de 3 de septiembre de 2012 (Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00ba 1 de Granada, P.A. 221\/2012, las presentes actuaciones se corresponden con tres delitos, a saber, Da\u00f1os, Coacciones y Amenazas, sin la menor referencia al Delito -tipificado por lo dem\u00e1s en otro t\u00edtulo del C\u00f3digo Penal- por el que resultaron condenados los imputados; el Delito contra los Derechos de los Trabajadores del Art. 315, 3\u00ba -C.P. (lo que supone una modificaci\u00f3n sustancial que vulnera el Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva (art. 24, 1\u00ba CE), y en especial, los Derechos del Art\u00edculo 24, 2\u00ba -CE-, Derecho a ser informado de la acusaci\u00f3n formulada contra ellos, al Derecho a un Proceso con todas las garant\u00edas y a la Presunci\u00f3n de Inocencia).<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>No se ofreci\u00f3 ninguna calificaci\u00f3n alternativa, ni se aleg\u00f3 atenuante alguna, ni siquiera anal\u00f3gicamente, pese a que, por ejemplo los imputados -como consta- esperaron a la Polic\u00eda en la puerta del local, que no tuvo que cerrar. Ello habr\u00eda de haber supuesto, al menos la atenuante anal\u00f3gica gen\u00e9rica (an\u00e1loga significaci\u00f3n), adem\u00e1s de que deber\u00eda haber sido aplicada la atenuante anal\u00f3gica de ejercicio de derecho fundamental.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ante todas estas cuestiones, la conclusi\u00f3n no puede ser otra, en nuestro leal entender, que afirmar que mi mandante no ha tenido defensa material adecuada, por lo que, por las razones jur\u00eddicas antes apuntadas (debi\u00e9ndose destacar que la responsabilidad civil del letrado de oficio no basta a estos efectos, pues el dinero no puede compensar en modo alguno que una persona entre en prisi\u00f3n, y a ella ineludiblemente va a entrar, si la Sala no lo remedia, una persona que ejercitaba sus Derechos Fundamentales con ocasi\u00f3n de los hechos por los que resultar\u00eda condenada y que carece de antecedentes penales<\/em>),\u00a0 debe reputarse la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales alegados\u00a0 y, en su consecuencia, declararse la nulidad de la Sentencia y del juicio oral del que trae causa, as\u00ed como del tr\u00e1mite de calificaci\u00f3n para defensa efectuado a fin de proponer prueba en modo adecuado, retrotray\u00e9ndose las actuaciones hasta dicho tr\u00e1mite.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

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\u2026………………………………………………………………..<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0CUARTO.- Q<\/strong>ue se formula como cuarto motivo de apelaci\u00f3n la\u00a0 infracci\u00f3n\u00a0 del\u00a0 art\u00edculos 24, 25\u00a0 y\u00a0 120.3\u00a0 de nuestra Constituci\u00f3n y los\u00a0 art\u00edculos\u00a0 66.1.6\u00aa y\u00a0 72\u00a0 y\u00a0 concordantes\u00a0 del C\u00f3digo Penal,\u00a0 por indebida\u00a0 inaplicaci\u00f3n,\u00a0\u00a0 y\u00a0 consiguiente\u00a0 vulneraci\u00f3n\u00a0 del\u00a0 derecho\u00a0 a la tutela\u00a0 judicial\u00a0 efectiva\u00a0\u00a0 de\u00a0 mi mandante,\u00a0 as\u00ed como del principio\u00a0 de\u00a0 proporcionalidad\u00a0 penal,\u00a0\u00a0 y\u00a0 Jurisprudencia\u00a0 que a todos ellos\u00a0 interpreta;\u00a0 por\u00a0 cuanto la\u00a0 necesidad\u00a0 de motivaci\u00f3n\u00a0 es uno\u00a0 de los\u00a0 elementos\u00a0 que\u00a0 conforman\u00a0 el\u00a0 contenido\u00a0 del\u00a0 derecho vulnerado, entendiendo\u00a0 que\u00a0 la motivaci\u00f3n\u00a0 del\u00a0 Juzgador de Instancia,\u00a0 de\u00a0 su\u00a0 decisi\u00f3n\u00a0 en orden\u00a0 a\u00a0 la\u00a0 individualizaci\u00f3n\u00a0 de la pena\u00a0 impuesta\u00a0 resulta, dicho sea con todos los respetos, err\u00f3nea, siendo la pena impuesta\u00a0\u00a0 desproporcionada\u00a0 y\u00a0 excesiva\u00a0 conforme a las circunstancias concurrentes del hecho\u00a0 y personales del autor.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Aqu\u00ed encontramos el error, ya que por un lado, se quiebra toda proporcionalidad y no tiene en cuenta ni la ausencia de antecedentes, ni el resto de circunstancias expuestas en los anteriores motivos de este escrito, a las que nos remitimos en aras a la brevedad; pero es que, por otro lado, se intensifica dicha quiebra de proporcionalidad cuando se compara la pena impuesta por los hechos\u00a0 enjuiciados en esta causa penal, por ejemplo, con la penalidad del Delito de LESIONES del tipo del articulo 148 (pena m\u00ednima de 2 a\u00f1os). Se est\u00e1 exasperando la pena m\u00e1s all\u00e1 de lo razonable y exigible, destac\u00e1ndose a estos efectos la escasa entidad del resultado lesivo.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 En\u00a0 definitiva,\u00a0 por\u00a0 tales\u00a0 consideraciones, de resultar desestimadas los anteriores Motivos deducidos en el presente escrito, ha de proceder, en \u00faltimo t\u00e9rmino, la anulaci\u00f3n de la sentencia de Instancia en relaci\u00f3n a las Penas impuestas en la Sentencia de Instancia, y la condena por las penas efectivamente solicitadas por la Acusaci\u00f3n (un a\u00f1o de prisi\u00f3n), para lo\u00a0 cual\u00a0 est\u00e1\u00a0 facultada legalmente la Sala de apelaci\u00f3n, sin necesidad de retroacci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Por todo lo expuesto,<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

SUPLICO A LA SALA:<\/strong> Tenga por presentado este escrito, junto con sus copias, se sirva admitirlo, y en su virtud tenga por promovido en tiempo y forma INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES<\/strong> contra 533<\/span> la\u00a0 Sentencia n\u00ba 280, de 20 de mayo de 2014, dictada por la Secci\u00f3n Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Granada en los autos de Recurso de Apelaci\u00f3n (P.A.) 292\/2013<\/strong>, formulado contra la Sentencia n\u00ba 199\/2013, de 24 de mayo de 2013, dictada por el Juzgado de lo Penal n\u00ba 1 de Granada en los autos de Juicio Oral n\u00ba 82\/2013,lo admita e impulse su tramitaci\u00f3n, con audiencia de las partes para, en definitiva, dictar resoluci\u00f3n mediante la que se acuerde declarar la nulidad de la meritada Sentencia de 20 de Mayo de 2014<\/span>, ordenando reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al dictado de dicha resoluci\u00f3n y subsanar los defectos formales padecidos que se dejan denunciados, motivadores de la nulidad pretendida, dictando en sustituci\u00f3n de la misma una nueva Sentencia en la que, declarando que los hechos enjuiciados constituyen leg\u00edtimo ejercicio de los Derechos Fundamentales de Huelga, a la Tutela Judicial Efectiva y a la Libertad de Expresi\u00f3n e Informaci\u00f3n por parte de los Imputados, o subsidiariamente de no ser estimadas las anteriores pretensiones de Nulidad, anule las actuaciones, retroyay\u00e9ndolas al momento anterior en que se produjeron las Nulidades que han quedado referidas en el presente escrito, con cuanto m\u00e1s proceda, y subsidiariamente, para el supuesto de resultar desestimadas las anteriores pretensiones, anulando la Sentencia aqu\u00ed impugnada en nulidad, dicte nueva Sentencia en el sentido de condenar a mi mandante por las penas efectivamente solicitadas por la Acusaci\u00f3n, esto es, un a\u00f1o de prisi\u00f3n, con cuanto m\u00e1s proceda<\/span>.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Es justicia que pido en Granada, a 24 de junio de 2014.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Fdo. D. Jes\u00fas D\u00edaz Formoso\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Fdo. D\u00aa Isabel Olivares P\u00e9rez<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Abogado\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Procuradora<\/span><\/h3>\n

Colegiado n\u00ba 2.587 – ICACOR<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

OTROS\u00cd DIGO<\/strong>, Que, dicho sea con los debidos respetos y en los m\u00e1s estrictos t\u00e9rminos de defensa, como es p\u00fablico y notorio, al haber informado de ello todos los medios de comunicaci\u00f3n, con mucha anterioridad a haber finalizado el plazo para la presentaci\u00f3n del presente Incidente de Nulidad de Actuaciones contra la Sentencia de Apelaci\u00f3n, el Juez de lo Penal ha dictado la Ejecutoria 267\/2014<\/span>, cuya copia adjuntamos, en la que, sin dar opci\u00f3n al ingreso voluntario en prisi\u00f3n de mi mandante (con los da\u00f1i\u00f1os efectos que, adem\u00e1s, con ello produce en vistas a la obtenci\u00f3n de beneficios penitenciarios por parte de mi mandante<\/em>), <\/strong><\/span>ORDENA LA EJECUCI\u00d3N DEFINITIVA DE UNA SENTENCIA QUE NI ES FIRME NI ES DEFINITIVA<\/span><\/span><\/strong>, por caber contra la misma el presente Incidente de Nulidad de Actuaciones<\/span><\/strong> (que, de ser estimado, anular\u00eda en v\u00eda judicial las condenas impuestas en la presente causa penal), es por lo que<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

A la Sala, nuevamente<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

SUPLICO<\/strong> Ordene la Anulaci\u00f3n de la Ejecutoria dictada por el Juzgado de lo Penal n\u00ba 1 de Granada, o subsidiariamente, de no ser estimada la anterior pretensi\u00f3n, ordene la Suspensi\u00f3n de la\u00a0 Ejecuci\u00f3n en tanto no sea resuelto el presente Incidente de Nulidad de Actuaciones.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Es justicia que pido en Granada, a 24 de junio de 2014.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Fdo. D. Jes\u00fas D\u00edaz Formoso\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Fdo. D\u00aa Isabel Olivares P\u00e9rez<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Abogado\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Procuradora<\/span><\/h3>\n

Colegiado n\u00ba 2.587 – ICACOR<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

SEGUNDO OTROS\u00cd DIGO<\/span><\/strong>: Que, dada la dificultad que posee la cuesti\u00f3n relativa a la necesidad de formular Incidente de Nulidad de Actuaciones contra la Sentencia de Apelaci\u00f3n a que se refiere el presente escrito, como condici\u00f3n derivada del requisito del agotamiento de la v\u00eda judicial a efectos de la admisibilidad del Recurso de Amparo Constitucional, a fin de no ver perjudicado el acceso al Recurso de Amparo por parte de mi mandante, es por lo que<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

A la Sala, nuevamente<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

SUPLICO<\/strong> Dicte Resoluci\u00f3n relativa a la admisibilidad a tr\u00e1mite del presente Incidente de Nulidad de Actuaciones con car\u00e1cter Urgente, dentro de los 7 d\u00edas siguientes a su presentaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Es justicia que pido en Granada, a 24 de junio de 2014.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Fdo. D. Jes\u00fas D\u00edaz Formoso\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Fdo. D\u00aa Isabel Olivares P\u00e9rez<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Abogado\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Procuradora<\/span><\/h3>\n

Colegiado n\u00ba 2.587 – ICACOR<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

TERCER OTROS\u00cd DIGO<\/strong>: Que siendo el presente Incidente de Nulidad de Actuaciones<\/strong> requisito exigido para la admisi\u00f3n a tr\u00e1mite del eventual Recurso de Amparo Constitucional contra la Resoluci\u00f3n aqu\u00ed impugnada, de resultar desestimadas las anteriores pretensiones, no cabe la condena en Costas a esta representaci\u00f3n, pues ello significar\u00eda una inconstitucional obstaculizaci\u00f3n del acceso a la Jurisdicci\u00f3n Constitucional en v\u00eda de Amparo, garantizada por el Art. 53 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, es por lo que<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

A la Sala, nuevamente<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

SUPLICO<\/strong> Tenga por efectuada la anterior manifestaci\u00f3n a los efectos oportunos.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Es justicia que pido en Granada, a 24 de junio de 2014.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Fdo. D. Jes\u00fas D\u00edaz Formoso\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Fdo. D\u00aa Isabel Olivares P\u00e9rez<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Abogado\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Procuradora<\/span><\/h3>\n

Colegiado n\u00ba 2.587 – ICACOR<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00a0A LA SECCI\u00d3N PRIMERA DE LA ILMA AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA \u00a0Recurso Apelaci\u00f3n n\u00ba 292\/2013 Juzgado de lo Penal n\u00ba 1 de Granada Autos P.A. n\u00ba 82\/2013 \u00a0 D\u00aa. Isabel Olivares P\u00e9rez, Procuradora de los […]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ausaj.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ausaj.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ausaj.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ausaj.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ausaj.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=17"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/ausaj.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":136,"href":"https:\/\/ausaj.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17\/revisions\/136"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ausaj.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=17"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ausaj.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=17"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ausaj.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=17"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}