Mantente informado de nuestras novedades suscribiéndote a nuestra lista de correo

Image CAPTCHA
Teclee los caracteres mostrados en la imagen.

Opinión

LA PATATA ELÉCTRICA

 Por Jesús Díaz Formoso – Abogado

             Las patatas no viajan a la velocidad de la luz. Y sin embargo, se mueven. Desde el productor hasta el consumidor, pasando por los mayoristas, que la transportan hasta el distribuidor, quien las hace llegar a los comercializadores, como supermercados o restaurantes. Las patatas, no lo olvidemos, se pudren, por lo que aún cuando se pueden almacenar, su vida es finita.

             Imaginemos un sistema de abastecimiento de patatas en el que el Gobierno solo autoriza a cinco corporaciones la producción de patatas. Ese oligopolio de producción domina el mercado entero de la patata. Crearán sus redes de distribución y comercialización, entregando la gestión de las infraestructuras de transporte mayorista al estado, que también podría privatizarlas.

             Como quiera que todos queremos patatas a diario, constituyendo un elemento fundamental de la dieta patria, y por tanto, constituyendo un Interés General su disponibilidad, que por ello ha de ser segura en todo el territorio, y en todo momento. Por otra parte, las patatas han de llegar al consumidor manteniendo una elevada calidad. Y todo ello, al menor coste posible

             A tales fines -y obligados por la legislación de la Unión Europea-, el Gobierno instaura un mecanismo de abastecimiento general de patatas, en el que el oligopolio formado por los cinco únicos productores autorizados controla, además, las empresas que distribuyen y comercializan las patatas; y que a su vez los cinco productores están, de una u otra manera, controlados por el Poder -fáctico- de las Grandes Corporaciones bancarias y Financieras, por el Capital Especulativo.

             Como quiera que es el oligopolio (formado por las únicas cinco productoras de patatas autorizadas) quien decide la cantidad que se producirá diariamente, y como quiera que la Demanda -en el mercado de Patatas- se caracteriza por su rigidez (la demanda no varía; ni siquiera cuando varía el precio), se produce el riesgo evidente de que la oferta sea manipulada, generando elevaciones de precio como consecuencia de la decisión de producir menos cantidad diaria de patatas; aún así, la Demanda de Patatas no varía de manera apreciable.

             El Gobierno, entonces, establece un Mercado de “Patatas de Último Recurso” (PUR), en el que se subastan las patatas que serán producidas y comercializadas como PUR en el siguiente trimestre, y para el que reglamenta unas condiciones que permitan a los consumidores prever y cuantificar el importe de su gasto en patatas para los próximos tres meses.

             Dicho Mercado de PUR -que se superpone al Mercado Libre, al que concurren también los grandes consumidores de Patatas-, parte de la base de una Oferta procedente en su totalidad de los cinco integrantes del Oligopolio de productores, participando como Demandantes, además de las cinco Distribuidoras del oligopolio de ofertantes de patatas, el Capital Especulativo, que detenta el Poder Financiero, y que, de uno u otro modo, ejerce un control de hecho sobre los cinco integrantes del oligopolio de Productores de Patatas. Es por medio de la Especulación que se persigue lograr que el consumidor pueda prever cuanto le costarán las Patatas el siguiente trimestre.

             Pero, ¿como consiguen los distribuidores y comercializadores de las PUR las Patatas Reales que han de llegar diariamente a los consumidores? Recordemos que los Demandantes de la Subasta trimestral han comprado “a futuro”; esto es, adquirieron (en la Subasta de PUR) unas patatas “virtuales”, inexistentes entonces. Para ello, acuden al Mercado Libre (Mayorista), y adquieren en éste, diariamente, las Patatas que demandarán al día siguiente los consumidores (quienes, no conviene olvidarlo, son quienes sufragan -con sus impuestos- las infraestructuras de transporte que permiten a las Patatas llegar desde el Productor al Consumidor).

             Será en ese Mercado Diario, de patatas reales, que operarían las leyes del Libre Mercado. Sin embargo, son los cinco integrantes del Oligopolio de Productores de Patatas quienes deciden como y cuando producirlas (pues son los propietarios de los campos en que se producen las Patatas Patrias; por Decreto.) Es decir, son suyas las decisiones de gasto, inversión u operación. Y son también quienes (por Decreto, de nuevo, y sin ningún tipo de supervisión ni control) fijan sus costes de Producción. Y el Gobierno acepta como gasto la cantidad que el Oligopolio de Productores determina como tal (y el Parlamento se opone a cualquier género de Auditoría sobre los costes de Producción de Patatas declarados por el oligopolio). Y esa cantidad le es debida a los integrantes del Oligopolio por todos los ciudadanos, consumidores de Patatas o no.

             En ese Mercado Diario, Real, de Patatas, son adquiridas, pues, las PUR (Patatas de Último Recurso). Y lo son al precio de mercado. Si éste es inferior al Precio fijado en la Subasta trimestral, el Capital Especulativo se lucra con la diferencia. Si fuese superior (posibilidad altamente improbable), la diferencia habría de ser asumida por las correspondientes aseguradoras, siempre presentes en las Subastas trimestrales, al ser tal seguro exigido para la participación. Destacaremos que las aseguradoras están controladas, en general, por el mismo Poder Financiero del Capital Especulativo, que controla el Oligopolio de Productores de Patatas, y por ello, también la práctica totalidad del oligopolio secundario -derivado del anterior- de distribución y comercialización de patatas.

             Son las Leyes del Libre Mercado las que, en este Mercado de Patatas tan cautivo, determinan el precio diario de las Patatas Reales. Y es un precio muy inferior al que se paga por las PUR. La diferencia es especulativa. El resto es una estafa. ¿A quien se le podría ocurrir instaurar tal aberrante Mercado de Patatas? Yo me pasaría al arroz. Pero no me dejan.

             Si es el Gobierno el que, directamente, ordena la producción de Patatas, asumiendo sus costes, pues dependerán de sus propias decisiones -como estas han de depender del Interés General-, el ahorro de los ciudadanos, así como el ahorro de los consumidores de Patatas, sería equivalente a los miles y miles de millones de euros que nos cuesta esta estafa trimestral. Y que debemos pagar con el producto de nuestro esfuerzo, por vía de impuestos. Que, recordemos, acaban llegando, vía “Puertas Giratorias”, en gruesas mordidas a los políticos que tomaron las decisiones que posibilitaron la monumental estafa eléctrica. Es la Dádiva que da lugar al Cohecho. Y a la Estafa que nos está llevando a la catástrofe en que están convirtiendo nuestras vidas.

CUANDO LA LEY SE CONVIERTE EN DELITO

CUANDO LA LEY SE CONVIERTE EN DELITO: La Impunidad de los intocables y las estrategias de acceso al Poder Político.

 Por Jesús Díaz Formoso

Abogado

             Desde 1889, el primer apartado del primer artículo de nuestro Código Civil, ha venido estableciendo, como punto de partida de cualquier análisis jurídico, que “Las fuentes del Ordenamiento Jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho”. Hasta ahora.

             Y decimos “hasta ahora” porque, el día 28 de junio de 2013, ha sido dictada una resolución judicial que, en lugar de considerar a la Ley como fuente del Derecho, la conceptúa como acto presuntamente delictivo (Auto de 28 de junio de 2013, del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, Diligencias Previas nº 174/2011 – caso “ERE's”).

             La Ley, expresión de la voluntad popular, adoptada en el Parlamento por los presuntos representantes de los ciudadanos, se encuentra bajo sospecha. Y no podría ser de otra forma, pues sospechosos son sus autores, vulgares “chorizos” travestidos de legisladores.

             Manifiesta -con total corrección, así como con una singular dosis de valor- ( http://rokambol.com/los-imputados-podran-encarcelar-jueces-con-impreso-del-estanco/ ) la Ilustrísima Sra Magistrada-Juez, Doña Mercedes Alaya Rodríguez, en la meritada resolución de 28 de junio, fundamentándose en un “Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas”, que “es claro que la utilización vía modificación presupuestaria o a través de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, de las transferencias de financiación para el pago de tales ayudas sociolaborales, habría permitido la concesión de subvenciones al margen de su normativa reguladora, en la que se requiere la fiscalización previa por parte de la Intervención. Al hilo de lo anterior, se considera por esta instructora que ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas”.

             Es decir, para la Ilustrísima Sra Dª Mercedes Alaya, mientras sería el Gobierno -en este caso- del partido Socialista, quien ejecutaría los actos delictivos, sería el Parlamento -andaluz, en este caso-, quien habría dictado las leyes que posibilitarán tal comportamiento delictivo, previamente decidido, por tanto, desde instancias políticas.

             Manifestaciones que la Audiencia Provincial sevillana, con motivo del Recurso de Apelación formulado en dichos autos ¡¡por el Ministerio Fiscal!! ( VER http://rokambol.com/la-fiscalia-anticorrupcion-gana-el-premio-nacional-de-guinol/ ), al que se adhirió la ¡¡Acusación Particular de la Junta de Andalucía!! (cómo pueden los imputados convertirse en acusadores de si mismos es cuestión que desborda el objeto del presente artículo), viene a aceptar en lo sustancial lo que, en sus propias palabras (Auto de la Sección Séptima, nº 77172013, de 25 de octubre de 2013), vendría a ser una “confabulación o maquinación colectiva, que alcanzaría, incluso, a la tramitación de las leyes de presupuestos en sede parlamentaria“, si bien  establece la necesidad de una más contundente motivación (razonamiento), al señalar que  “la ideación del sistema, incluida la reforma legal, para dar cobertura a un (plan de) desvío continuado de fondos, pareciendo convertir en delictivas, incluso, “las referidas modificaciones presupuestarias y en los presupuestos de la Comunidad Autónoma donde se mantendría durante muchos años la transferencias de financiación como crédito presupuestario para el pago de las subvenciones sociolaborales del programa 31.L…..El auto está basado en una construcción sugerente, que no explícita, de la ilicitud penal de la actuación no solo del gobierno autonómico sino, al parecer, también del propio parlamento andaluz, lo que refuerza -insistimos- las exigencias de una máxima precisión en la descripción de los supuestos hechos punibles, y, dada la excepcionalidad del caso, una -mínima siquiera- exposición, como en otros autos similares ha hecho, de los indicios derivados de lo instruido que, en su caso, la llevarían a colegir que el sistema legal fue ideado ex profeso para delinquir y/o mantener una actividad delictiva por la apelante -Junta de Andalucía-, entre otros”.

             Nos encontramos, por tanto, ante la Resolución más importante de todos los tiempos: a partir de ella se puede sostener que desde las instancias políticas de los partidos mayoritarios  se decide, desarrolla y ejecuta todo acto de corrupción política.

             En la lucha por el poder, como en la guerra y el amor, todo vale. Nuestras Instituciones no están integradas por ciudadanos cuyo objetivo es la consecución del interés general, sino por partidistas/partidarios, cuya finalidad es la consecución del interés particular de su propio partido, sino directamente del interés propio del político de turno.

            No parece preciso alertar al lector acerca del absoluto dominio que los corruptos partidos sistémicos ejercen sobre cualesquiera funciones o poderes públicos. Desde las Gubernamentales “ONG's”, hasta el Poder Judicial o los órganos de control económico/financiero, todo está sometido al poder arbitrario ejercido por la corrupta partitocracia. O por sus “señoritos”. Porque el verdadero poder  no es democrático: se ejerce desde las sombras. De la corrupción política.

            Y es que el ejercicio de un poder sin control solo puede conducir a la ARBITRARIEDAD y, luego, a la CORRUPCIÓN, que sólo podrá mantenerse mediante la INTIMIDACIÓN.

            No es Fascismo; es Corrupción. Corrupción que se extiende como la metástasis, infectando incluso a los simples ciudadanos “de a pie”, que votan al corrupto, esperando beneficiarse, ellos/nosotros también, de los delitos que, sin duda alguna, están en el “espíritu” de la partitocracia autopostulada, ya que no en su “programa”.

            En estos convulsos tiempos, la única verdad que no me cuestiono reside en el hecho de estar ante un cambio de paradigma en las relaciones sociales (políticas, en definitiva). Lo viejo ha muerto, mientras lo nuevo no acaba de nacer.

            Como quiera que he llegado al convencimiento de que las fuerzas políticas “sistémicas” no mayoritarias, han venido -al menos desde el año 2007 (así, el famoso “Plan” del PCE)- diseñando estrategias dirigidas a relevar en el ejercicio del Poder Político a los hasta ahora grandes partidos mayoritarios (el complejo PP$OE).

             Entre los más preciados instrumentos -de efectividad avalada por la historia desde los albores del S. XX-, diseñados a tal perverso objeto, destaca -como no- la infiltración en cada movimiento social popular (cuando no la creación artificiosa de disidencia) emanado de la sociedad como autodefensa ante la corrupción y su violencia social.

             El “experimento Martina” ( http://ataquealpoder.wordpress.com/2013/10/25/llamamiento-a-los-atrapados-con-la-financiera-uci/ ) ha puesto de manifiesto -nuevamente- la necesidad de cuestionamiento de todo aquéllo que pueda revestir carácter de síntoma de aquélla estrategia de “infiltración en movimientos sociales” por parte de los partidos partidarios minoritarios, pero instalados en el “sistema”.

             El “experimento Martina” se inicia en el momento en que Martina plantea a la PAH su problema con la hipoteca que había contratado con “UCI” (Unión de Créditos Hipotecarios” - Grupo Banco de Santander) y desde dicha organización (absolutamente opaca) se le conmina a NO HACER NADA, llegando incluso a advertirle de que denunciando ante la Justicia su caso estará impidiendo solucionar su gravísimo problema. Finalmente la PAH la expulsaría por no estar en las circunstancias (¿cuales?) que permiten ocuparse de su problema.

             Como quiera que Martina -con razón- estaba convencida de ser víctima de una estafa por parte de “UCI”, hizo, afortunadamente para ella y para su madre- lo que nadie esperaba: decidió contactar con Don José Manuel Novoa Novoa por medio de la web “ataquealpoder.wordpress.com”, exponiéndole su problemática.

             Con el apoyo del Sr. Novoa, Martina formuló Denuncia ante la Fiscalía Provincial contra “UCI”, lo que daría lugar a la incoación de Diligencias Previas ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Mérida.

             Al poco, en la web “ataquealpoder.wordpress.com” (que trataba abundantemente el “experimento Martina”) se recibió una solicitud de información por parte de Claudia Q. Frau ( https://vimeo.com/claudiafrau ), quien se identificó como víctima del fraude de UCI, llegando a afirmar que su situación era urgente pues hacía más de un año que se había visto obligada a dejar de pagar su hipoteca. El Sr. Novoa le brindó toda la información que Claudia Q le solicitó; sin embargo no volvió a saber más de ella hasta meses después, que Claudia Q se identificó como la responsable de la PAH en el asunto UCI (respecto al cual durante años la PAH mantuvo una absoluta inactividad).

             Fue tras tener conocimiento de que Martina se había personado -con abogado y procurador- como Acusación Particular en las actuaciones del Juzgado de Instrucción nº 3 de Mérida, que desde la PAH anunciaron que el día 30 de octubre presentarían Denuncia -no querella, es decir, desentendiéndose del devenir posterior de su denuncia, que de ser admitida su imputación quedaría en las solas manos del Fiscal- contra “UCI” ante la Audiencia Nacional.

             Como quiera que con anterioridad al anuncio de la Denuncia de la PAH, el Sr. Novoa había informado de la intención de los abogados de Martina, de plantear Cuestión de Competencia al Juzgado de Mérida, por entender que tal competencia correspondería a la Audiencia Nacional (Juzgados Centrales de Instrucción), cuando la PAH anunció la interposición de Denuncia por estos hechos ante la Audiencia Nacional el próximo día 30 de los corrientes, tanto Martina, como el propio Don José Manuel Novoa, intentaron conocer el texto de dicha Denuncia (que, recordemos, denunciaba hechos ajenos a la PAH, que afectaban a Martina directamente, además de a muchas otras víctimas de la presunta estafa perpetrada por la subsidiaria del Banco de Santander, UCI), lo que no conseguirían, manifestándoles desde la PAH que “ya la conocerían cuando la hubiesen presentado”.

             A la vista de lo expuesto, no parece ni mucho menos descabellado plantearse que todo el aparataje de la PAH (carente a lo largo de los años de toda efectividad), increíblemente promocionado desde los mismos medios de comunicación del propio sistema corrupto; además de los supuestos medios alternativos (en los que la censura es también una amarga realidad) responda a la estrategia de infiltración en los Movimientos Sociales (y con el objetivo esencial de su control y manipulación) propia de los partidos sistémicos minoritarios, a que nos hemos referido.

             Recordando los eslóganes ya típicos del llamado movimiento inmóvil 15M, del tipo “No nos representan” o “le llaman democracia y no lo es”, hemos de preguntarnos ahora: ¿Que es la PAH? ¿Cómo se eligió a Ada Colau? ¿Cómo se la puede remover del cargo? ¿Cual es su cargo? ¿A quien representa? ¿Quien la votó? ¿Cual es su Estatuto? ¿Cuales los derechos de los “afiliados”? ¿Cuales las obligaciones? ¿Cual es su organigrama? ¿De donde vienen su fondos?

             No aceptamos ni la mera posibilidad de que en este asunto, ya de por sí complejo (no podría ser de otro modo para quien busca Justicia en medio de la corrupción general de todo el sistema), vuelvan a vencer los corruptos. Será Conspiranoia, pero en verdad tengo la convicción de que los corruptos están dispuestos a todo con tal de no perder su oscuro poder; y por supuesto de evitar la mudanza que les pueda llevar de sus palacios a prisión http://rokambol.com/el-santander-compra-otras-150-000-acciones-del-ministerio-de-justicia/

 NO ES FASCISMO; ES CORRUPCIÓN.

“25A - Asedia el Congreso”: ¿CONSENSO O IMPOSICIÓN?

 Por Jesús Díaz Formoso (Abogado)

             La anterior Convocatoria realizada por ¡En Pié!: “25-S, Ocupa el Congreso”, supuso un punto de inflexión verdaderamente histórico. Será a partir de esa fecha que la expresión “Proceso Constituyente” adquiere carta de naturaleza para la generalidad de la ciudadanía. La Constitución del 78 ha dejado de ser el sagrado altar ante el que se sacrifican nuestras vidas.

             La Constitución del 78 fue fruto del “consenso”. Fruto envenenado, en cuyo corazón se ocultaba la realidad de su Imposición. Realidad puesta definitivamente de manifiesto tras el 25-S.

             El mecanismo del “Consenso” como medio para llevar a cabo el proceso constituyente culminado en 1978, partió de la invocación al miedo que producía la supervivencia de la Dictadura tras la muerte del Dictador. Quienes tenían a su disposición la fuerza del aparato represor y militar del Estado, lograron imponer su voluntad, ocultándola bajo la envoltura del fantasma del “consenso”. Crearon así el monstruoso aparato estatal que vino a sustituir el régimen Dictatorial por un Régimen de Partidos, en el que tendrían que integrarse los ciudadanos, separados de su poder soberano, secuestrado por el Estado de Partidos contra el que ahora nos rebelamos masivamente.

             La estructura de tal Estado de Partidos (y no de ciudadanos) recuerda a la estructura de la Iglesia Católica: Si en ésta, la relación del individuo con la divinidad se pone a cargo de una casta sacerdotal, intermedia, que separa al humano de lo divino, en el Sistema Constitucional de Partidos, el Poder Soberano del Pueblo es separado del Poder Político por medio de una Casta interpuesta entre ambos, la Casta Política Partidista (vinculada no al interés general, sino a sus intereses partidarios); en realidad ambas situaciones representan un despojo de la autonomía individual, en favor de los intereses de las Élites detentadoras del Poder fáctico.

             Con la nueva Convocatoria realizada por ¡En Pié!: “25-A, Asedia el Congreso”, renace la falaz invocación al “Consenso” como mecanismo de toma de decisiones. De nuevo, se presenta una estructura de decisión absolutamente vertical y jerarquizada, como horizontal y no jerárquica. La misma falacia que nos ha conducido a la desgraciada situación actual, en que la corrupción “es” el poder.

             Quienes pretenden, de nuevo, imponer su voluntad, invocan al Consenso, cuando en realidad intentan hacer valer una Autoridad que nadie les ha conferido. La mecánica es tan sencilla como -hasta el momento- efectiva: Sustituyendo la palabra “autorización” por la expresión “consenso” se percibe con claridad.

             Si no doy mi aceptación a aquéllo a lo que me opongo, nunca habrá consenso, y por tanto, se mantendrá el “status quo” actual. Solo es posible consensuar aquéllo que estoy dispuesto a aceptar. Las consecuencias de tal planteamiento se evidencian en la crisis del llamado “movimiento 15M”, cuya situación de atonía fue contagiada a la ciudadanía mediante su dirección de los sucesos de 2011, en aquél verano en que los ciudadanos fuimos conscientes de nuestro irresistible poder y, sin embargo, sucumbimos a la mayoría absoluta más reaccionaria que ha existido desde 1976.

             El planteamiento no puede ser otro que el significado desde ¡En Pié! mediante la Convocatoria “25A-Asedia el Congreso”; Autonomía de la voluntad individual y respeto al ejercicio individual de los Derechos Humanos. No necesitamos permiso de nadie para ejercitar nuestros Derechos de Reunión y Manifestación o las Libertades de Expresión e Información.

             De otra forma, y no lamento ser reiterativo en este punto, someteremos el ejercicio de nuestros derechos fundamentales a la autorización -precisamente- de quien se opone a tal concreto ejercicio. Eso no es consenso, sino imposición. Esto ha de quedar claro.

             El resultado de la insumisión por parte de los integrantes de ¡En Pié! a la voluntad de quienes -desde dentro del movimiento de oposición al corrupto Poder Político “Neofranquista”- se oponen a sus planteamientos, ha logrado situar al poder en una verdadera encrucijada, a la vez que ha generado una sólida posibilidad de apertura de un Proceso Constituyente. No es una sorpresa: El camino se hace al andar.

             La “espantá” de los Diputados, que han decidido no celebrar el pleno que estaba previsto para el día 25A, abre un horizonte, si bien largamente deseado, desconocido hasta el momento. La responsabilidad de la acción, a la vez que la iniciativa política, ha caído desde las Instituciones a la calle; desde la corrupta Casta Política al Pueblo, que ahora se ve ante una posibilidad real de recuperar el ejercicio de su Poder Soberano, secuestrado hasta ahora por el aparato político estatal de partidos, encarnado en el Congreso de los Diputados.

             ¿En que situación nos encontramos tras la decisión de no convocar el Pleno del Congreso el día 25 de Abril, día fijado para la Convocatoria de ¡En Pié!?

             Para responder a esta cuestión, hemos de partir de algunas consideraciones previas: En primer término, recientemente hemos conocido como en estos momentos -históricos, para bien o para mal- la desafección de los ciudadanos hacia el Corrupto Sistema de Partidos que nos subyuga es máxima, con una intención abstencionista que alcanza a dos terceras partes del censo electoral, como se expone en http://iniciativadebate.org/2013/04/08/ahora-si-esta-ocurriendo-algo-muy-importante-confirmando-la-abstencion/

             En segundo término, la deslegitimación absoluta del Poder Político que sustenta este sistema corrupto; desprestigio total que alcanza a todas las Instituciones, tanto públicas como privadas.

             En tercer lugar, la incuestionable legitimidad de la Convocatoria realizada por ¡En Pié!: “25A-Asedia el Congreso”, expuesta por el Comunicado de AUSAJ que todos los medios de comunicación del sistema intentan silenciar, afortunadamente sin mucho éxito; comunicado que se puede leer y descargar aquí (http://iniciativadebate.org/wp-content/uploads/2013/04/nsmail-1.pdf )

             Y en cuarto lugar, por el carácter inclusivo, abierto, descentralizado e indefinido de la Convocatoria de ¡En Pié! “25A – Asedia el Congreso”. Convocatoria inclusiva y abierta, aun cuando parte de un colectivo cerrado y no inclusivo.

             En estas condiciones, más aún a la vista del tiempo que todavía resta para llegar al día 25 de abril, es, no solo posible, sino necesario, dar de inmediato -evitando perder la iniciativa de la que en este momento disponemos como Pueblo Soberano- el paso definitivo: ABRIR EL PROCESO CONSTITUYENTE, generando debates desde cada plaza, en cada lugar de trabajo, en cada aula, en cada facultad, en cada clase, en cada comunidad de vecinos, en cada café, en cada familia. El Proceso Constituyente ha de ser obra del Pueblo. Y es el momento de llevarlo a cabo. No pedimos; actuamos nuestro Poder Soberano. Somos el Pueblo. Potencia en movimiento.

             El Congreso es solo el símbolo del Estado Corrupto. No nos importa lo que allí se hace. Si sustituimos a los 350 diputados por 350 monos adiestrados para apretar un botón, nada cambiaría. Sin embargo, si cae el Congreso, cae el Gobierno (es importante tener presente que esta ecuación no tiene la propiedad conmutativa: Si cae el Gobierno, no cae el Parlamento).

             El 25 de Abril es posible dar el paso. Solo necesitamos llegar allí con el Proceso Constituyente en marcha. La mayor parte de los Diputados estarán ausentes del Congreso. Como debe ser: El mensaje ha de ser claro: los Diputados que están dentro podrán salir, pero nadie volverá a sentarse en un escaño mientras no sea elegido para formar parte de las CORTES CONSTITUYENTES.

Páginas