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Opinión

Comunicado de AUSAJ sobre la convocatoria del 25A

 ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

LA JUSTICIA EMANA DEL PUEBLO” (AUSAJ).


            La Asamblea General de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA “LA JUSTICIA EMANA DEL PUEBLO” (AUSAJ- Asociación contra la Indefensión), inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, dependiente del Ministerio del Interior, en el Grupo 1, Sección 1, nº Nacional 592184, ha adoptado el siguiente Acuerdo:

            “Por Acuerdo unánime de la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación, celebrada en fecha 1 de marzo de 2013, de conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos y en la Ley, la Asociación acoge favorablemente la solicitud efectuada por la Plataforma ¡En Pie!, por lo que ejercerá la Defensa Letrada de los asistentes a la Convocatoria realizada por la Plataforma ¡En Pie!, “25A, Asedia el Congreso”, a celebrar en Madrid a partir del día 25 de abril del presente, sin que el presente Acuerdo suponga compartir o apoyar dicha Convocatoria, ciñéndose la actuación de la Asociación a la Defensa Jurídica, judicial y/o Administrativa, de quienes participen en la Convocatoria y así lo requieran de los Letrados de esta Asociación, D. Jesús Díaz Formoso y Dª Belén Luján Sáez, quienes llevarán a efecto el presente Acuerdo”.

             Ante las informaciones aparecidas durante los últimos días en distintos medios informativos en relación con la Convocatoria “25A: Asedia el Congreso”, efectuada por la Plataforma ¡En Pié!, desde AUSAJ nos vemos en la obligación de emitir el siguiente

 

COMUNICADO

 1.- AUSAJ se constituye con la finalidad esencial de “Promover y garantizar la efectividad de los Derechos Fundamentales, así como de sus garantías constitucionales” (Estatutos AUSAJ: http://www.ausaj.org/node/3 ).

 2.- Los Derechos Fundamentales a las Libertades de Expresión e Información -consagrados por el Artículo 20 de la Constitución (y ambos ínsitos en los Derechos Fundamentales de Reunión y Manifestación de su artículo 21)- despliegan sus efectos sobre todo el conjunto de derechos Humanos, protegiendo a  todos los ciudadanos en su derecho a recibir libremente información, en base a la cual se forma la opinión pública y se promueve el Estado democrático libre y plural que nuestra Constitución establece.

 3.- Conforme al Artículo 21 de la Constitución Española “1.- Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 2.- En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.

             La Convocatoria “25A: Asedia el Congreso”, efectuada por la Plataforma ¡En Pié!, ha sido objeto de amplia difusión informativa, lo que supone no solo que sea de general conocimiento para la ciudadanía, sino, y especialmente, su conocimiento por parte de la Administración, esto es, cabe entender cubierto el requisito de Comunicación Previa a los efectos del apartado 2º del citado artículo 21 de la Constitución, pues la propia Administración se ha pronunciado sobre su existencia.

 4.- De conformidad con lo expuesto en la Comunicación Pública de la referida Convocatoria “25A: Asedia el Congreso”, efectuada por la Plataforma ¡En Pié! desde su página web, la Convocatoria posee un eminente carácter pacífico.

 

            En nada se opone a la realidad de tal carácter pacífico, el hecho de que sus convocantes, para el caso de que -y ello no resulta ocioso a la vista de los sucesos habidos en la anterior Convocatoria efectuada por la misma Plataforma ¡En Pié! “25S: Ocupa el Congreso”, a que se refiere el artículo “25-S: El Gobierno espía y criminaliza las legítimas actividades políticas de los ciudadanos (I), se produzcan, por parte de los Poderes Públicos, acciones violentas contra los ciudadanos que, en ejercicio de sus legítimos Derechos Fundamentales, decidan participar en la Convocatoria “25A”, planteen acciones de Legítima defensa inocuas, tales como rociar con nata las viseras de los agentes antidisturbios que pudieran actuar contra los Derechos Fundamentales de Reunión y Manifestación, contra las Libertades de Expresión e Información y, especialmente, contra los Derechos Fundamentales a la Libertad y a la integridad física y moral, de los ciudadanos asistentes.

             No es necesario compartir los postulados concretos que se propugnan por los convocantes para creer firmemente que éstos tienen todo el Derecho a expresarse, a manifestarse y que el mismo Derecho asiste a quienes acudan al acto a ejercitar los propios. Ni para creer que la represión del ejercicio legítimo de los Derechos Fundamentales de reunión, manifestación y libertad de expresión de cualquier ciudadano supone pervertir la esencia de la convivencia democrática y de la paz social.

              En efecto, recordemos que conforme al artículo 9.2 de nuestra actual Constitución “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”, para continuar diciendo en el apartado primero del articulo siguiente (articulo 10.1) que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”

             En definitiva, no cabe sino la más fuerte repulsa a las manifestaciones de quienes  pretenden justificar el recurso a la violencia estatal en contra de la Convocatoria “25A: Asedia el Congreso” en la alusión, efectuada por sus promotores, al eventual ejercicio lícito del Derecho de Legítima Defensa frente a las nada deseables agresiones ilegítimas que pudieran eventualmente producirse. La Legítima Defensa supone, no lo olvidemos, la previa violencia ilegítima del agresor.

  5.- AUSAJ no se ha planteado el apoyo a la Convocatoria “25A: Asedia el Congreso”, cuestión sobre la que sus integrantes poseen diferentes opiniones, y que resulta ajena a los fines de la Asociación. La actuación de la asociación, por tanto, se limita a “Promover y garantizar la efectividad de los Derechos Fundamentales, así como de sus garantías constitucionales”.

             Así, la labor de AUSAJ se concreta en ofrecer amparo legal a quienes se puedan ver lesionados, afectados en cualquier forma a causa del legítimo ejercicio de sus Derechos Fundamentales a las Libertades de Expresión e Información, así como de los Derechos de Reunión y Manifestación, Derechos Fundamentales garantizados, todos ellos, por la propia Constitución -artículos 20 y 21-, garantía reforzada por el Art. 53 de nuestra Norma Fundamental, pues dichos Derechos Fundamentales figuran entre los comprendidos en la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero de la Constitución (Derechos protegidos por el Recurso de Amparo Constitucional).

             En este sentido, nuestro Tribunal Constitucional ha declarado que es posible recabar la obligación dispensada por los Derechos Fundamentales de la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero de la Constitución, tanto frente a los poderes públicos como respecto de otros ciudadanos, alcanzando a los primeros la obligación positiva de contribuir a la eficacia de los derechos garantizados y de los valores que abrigan (SSTC 53/1985, de 11 de abril, FJ 4; 129/1989, de 17 de julio, FJ 3; 11/1991, de 17 de enero, FJ 2, y 181/2000, de 29 de junio, FJ 8).

             La STC 110/1988, de 8 de junio consagra el principio de primacía de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución, cuya consagración en la Ley fundamental vincula a todos los poderes públicos (art. 53.1 C.E. y art. 7.1 LOPJ), y más aún respecto de los protegidos por el recurso de amparo, que habrán de ser reconocidos, en todo caso, de acuerdo con su contenido constitucionalmente declarado "sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido" (art. 7.2 LOPJ).

 6.- Ni la Constitución (SSTC 12/1994, de 17 de enero, FJ 6; 47/1987; 194/1987; 176/1988 y 8/1990) ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos (Sentencias del T.E.D.H. de 9 de octubre de 1979, caso AIREY, y 13 de mayo de 1980, caso ARTICO) consagran derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos; razón por la cual se hace imprescindible asegurar su protección.

             Consecuentemente, la infracción, por parte de los Poderes Públicos, del mandato incondicional efectuado por el Artículo 9, apartado 2 de la Constitución (“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”), más en el presente caso, produce el efecto de quedar directamente afectada la efectividad de los derechos fundamentales invocados, ya que no solo se han puesto en peligro, sino que se ha sometido su ejercicio legítimo a unas consecuencias que afectan a la noción que se halla en la base del concepto de derechos fundamentales, esto es, la dignidad de la persona (art. 10.1 CE), que requiere la plena efectividad de estos derechos fundamentales, de acuerdo con el criterio interpretativo de los preceptos constitucionales tuteladores de los derechos fundamentales (STC 303/1993, de 25 de octubre, FJ 8).

 7.- La decisión individual de participar en la Convocatoria “25A: Asedia el Congreso”, obedece al legítimo ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información, pues  como señala la STC, 2ª de 15/1/2001, nº 2/2001: “quienes tiene a su cargo la gestión de una Institución del Estado deben soportar las criticas de su actividad, por muy duras, e incluso infundadas, que sean, y, en su caso, pesa sobre ellos la obligación de dar cumplida cuenta de su falta de fundamento (STC 143/1991, FJ 5). Pero de ningún modo los personajes públicos pueden sustraer al debate público la forma en la que se presta un servicio público esgrimiendo la amenaza del ius puniendi del Estado contra todo aquel que divulgue irregularidades en su funcionamiento, siempre que estas sean diligentemente comprobadas y sustentadas en hechos objetivos”.

             Siendo el principal destinatario de la crítica legítima que constituye el objeto de la Convocatoria “25A: Asedia el Congreso”, precisamente, el partido que ostenta, tanto la mayoría absoluta en el Congreso, como las funciones de gobierno (y por tanto la dirección de la Administración Pública del Estado -partido que ha venido criminalizando el legítimo ejercicio de los invocados Derechos Fundamentales que la Constitución garantiza de manera singularmente intensa, a la vez que ordena garantizar su efectividad a todos los poderes públicos), si tal ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión e información se puede ver coartado por medio de situaciones en las que, como en la presente, el afectado por la divulgación de las informaciones se encuentra con la posibilidad de obligar a quienes legítimamente ejerciten sus Derechos Fundamentales a soportar graves perjuicios, el riesgo resulta evidente: la derogación “de facto” de Derechos Fundamentales, la imposibilidad de su ejercicio, pues se imponen tales limitaciones que los convierte en meros espejismos, enunciados constitucionales vacíos de contenido y excluidos de la garantía establecida en el art. 53 de nuestra Norma Fundamental.

             Es, precisamente, en supuestos como el que nos ocupa (en que la información divulgada afecta, de manera particularmente intensa, a los ámbitos esenciales de nuestro Estado de Derecho),  en que la necesidad de preservar la efectividad del ejercicio de Derechos Fundamentales alcanza su grado máximo. Ello no es sino consecuencia de la pacífica y consolidada doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, conforme a la cual del ejercicio legítimo de los Derechos Fundamentales no es posible derivar consecuencias perjudiciales para quien los ejercita.

 8.- El fundamento constitucional del derecho fundamental a la libertad de expresión y de información reside en la consideración de una sociedad democrática libre y plural, que conlleva la necesidad de que los ciudadanos puedan estar informados acerca de los asuntos de relevancia pública y social.

             En el caso que nos ocupa, la restricción del ejercicio de las libertades de expresión e información, de manifestación y reunión, afectaría, por lo demás, no solo a quienes desean acudir a la Convocatoria “25A: Asedia el Congreso”, sino a toda la ciudadanía, que es a quien se dirige la garantía constitucional del ejercicio de dichos derechos fundamentales; en efecto, la lesión es causada a todos los ciudadanos en su derecho a recibir libremente información, en base a la cual se forma la opinión pública y se promueve el Estado democrático libre y plural que nuestra Constitución establece.

 9.- En definitiva, conforme al Acuerdo de 1 de marzo de 2013 de la Asamblea General, AUSAJ se limita y se limitará a velar porque el ejercicio legítimo de los Derechos Fundamentales por parte de los ciudadanos efectivamente se produzca y que, en caso de detenciones –habituales e incluso anunciadas- se sigan respetando sus Derechos, incluido el de tutela judicial efectiva, lo que desempeñaremos ofreciendo desinteresadamente nuestros servicios jurídicos a todo aquél que como consecuencia del ejercicio de sus Derechos Fundamentales sea detenido o multado ese día; labor que desarrollaremos, sin duda alguna, junto a los compañeros del Turno de Oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid que actúen ese día –y los posteriores-, a los que, desde aquí, queremos felicitar por su trabajo, especialmente el realizado como consecuencia de las detenciones habidas en torno al pasado “25-S”, que tuvimos oportunidad de observar directamente; así como junto a todos aquellos que lo deseen y estén en disposición para ello, quienes pueden ponerse en contacto a través de nuestra página web (www.ausaj.org).

             Es en atención a cuanto ha quedado expuesto, que se produce el Acuerdo de la Asamblea General de AUSAJ a que se refiere el presente Comunicado.

 

  

Fdo. D. Jesús Díaz Formoso

Presidente de AUSAJ

 

 

Jaque mate: "el Rey está atrapado"

Jaque Mate: “el Rey está atrapado”.

Por Jesús Díaz Formoso

-AUSAJ-

             En ajedrez, el Jaque, como amenaza de captura, solo se puede evadir mediante tres mecanismos (wikipedia):

 1.- Moviendo la pieza agredida (el rey) a una casilla fuera de la acción de las piezas contrarias (el rey no puede hacer jaque mate).

2.- Capturando la pieza agresora.

3.- Interponiendo una pieza entre la pieza agresora y la pieza agredida (esto no es posible contra los ataques del caballo o del peón).

             Si ninguna de las tres formas anteriores es posible, se habla entonces de un jaque mate. Por tanto, examinemos estas situaciones, que la inteligencia humana ha deducido del pensamiento y la práctica milenaria.

 1.- Escaqueo o Movimiento de la pieza agredida (el rey) a un Escaque (casilla) fuera de la acción de las piezas contrarias (el rey no puede hacer jaque mate).

             La experiencia en el escaqueo por parte de la Casa Real española es de todos conocida; a los Borbones no es fácil echarlos de una patada en el culo; es más sencillo ponerles la zancadilla, a fin de frustrar su huida. El problema es que, según parece, hoy por hoy el rey solo puede huir a la pata coja; y así lo ha hecho, a buen seguro de manera no intencional; simple predisposición genética.

             El actual Jefe de la Casa Borbón, SAR don Juanito, tomando buena nota de pasadas experiencias familiares, ha convertido el escaqueo en un arte; así, el 28S estará reposando sus maltrechos huesos, a nuestra costa, claro está. Como su hija menor, que buscando asilo extranjero, ha abandonado el reino de papá -que antes han esquilmado hasta convertirlo en un páramo de modernidad plasmática-, financiada por la Derecha Independentista Catalana, que así, dinero a dinero (de nuevo, nuestro dinero), va financiando el exilio Borbónico del Siglo XXI mediante una suerte de “gambito de Infanta”. Una novedad histórica es el ver a la realeza huyendo a la manera plebeya; las mujeres y los niños primero. De momento, claro está.


 2.- Captura de la pieza agresora.

             Las pasadas experiencias del 25S y el 25A son buena muestra de esta estrategia política, que el 28S bien podría trasmutarse en “real”.

             En el tablero, los jugadores mueven sus trebejos (“fichas”) en función de sus respectivas estrategias. Una de ellas consiste en el “sacrificio” de las propias piezas a fin de alcanzar un objetivo “superior”. Superior objetivo ante cuyo altar es sacrificado el Pueblo, que de ser “sujeto” de la historia, ha pasado a ser su “objeto”, mero instrumento en las luchas por el poder que llevan a cabo los jugadores en el tablero.

             En esta partida, iniciada el 25S, la estrategia del sacrificio reviste esencial trascendencia. Por parte de los atacantes, el sacrificio no lo fue solo de Peones; también se sacrificaron piezas mayores.

             Hemos de recordar que la inicial convocatoria “25S – Rodea el Congreso” (al igual que la Convocatoria “25 A – Asedia el Congreso”, a la que se sumó la Coordinadora 25S) partió de la Plataforma “En Pie”, un grupo “cerrado y no inclusivo” que, sin embargo, realizaba una Convocatoria abierta e inclusiva. La aparente contradicción se salva teniendo presente que “En Pie” surge del descontento de algunos integrantes de “DRY” (Democracia Real Ya), unidos a otros grupos,  ante la evidencia de la infiltración de grupos políticos “sistémicos” -en especial del PCE, pero también de otras facciones de I.U.-, en la organización, al punto de convertirla en mero instrumento de intereses ocultos del propio sistema.

             Con más pena que gloria, la Plataforma “En Pie” va a convocar la protesta “25S – Ocupa el Congreso” (más tarde transformada en “Rodea el Congreso”, a fin de encarar las falsas acusaciones de violencia desplegadas por los medios sistémicos, si; pero también por sus “infiltrados” en los Movimientos Sociales). Sin embargo, será el propio Gobierno, mediante su Delegada en Madrid, quien se encargaría de dar toda la publicidad a la Convocatoria, criminalizando las legítimas protestas de los ciudadanos, mediante el espionaje y el recurso a la violencia -brutal- policial (ver http://elemperadorestadesnudo.blogspot.com.es/2012/10/25-s-el-gobiernoespia-y-criminaliza-las_9.html ).

             Con la  Convocatoria “25 A – Asedia el Congreso”, efectuada por la Plataforma “En Pie”, y a la que se sumó la Coordinadora 25S, la estrategia de los jugadores (aún siendo similar; infiltración y agresión) sufrió algunas modificaciones; la infiltración en la organización de “En Pie” no pudo tener lugar, por el propio carácter cerrado y no inclusivo de la Plataforma; por ello tuvieron que recurrir a la creación de un clima de miedo en la ciudadanía, del que fueron responsables no solo los medios de comunicación “oficiales” del sistema, sino también un buen número de los medios alternativos, supuestamente independientes. Los hechos demostrarían la absoluta falsedad del pretendido, y tan cacareado, carácter violento de la Convocatoria, que transcurrió con absoluta normalidad durante tres horas, hasta que al conectar en directo las televisiones, un grupo de una docena de personas, absolutamente diferenciadas de los demás manifestantes, tiraron unas vallas en las mismas narices de las fuerzas policiales que, a continuación, dejando totalmente de lado al grupo que derribó la valla, procedió a cargar contra el resto de asistentes, de incuestionable carácter pacífico.

             Por otra parte, como quiera que ante la coreografía gubernamental orquestada para hacer percibir en la ciudadanía un carácter violento en esta Convocatoria, de la que no solo se hicieron eco muchos medios alternativos, sino también un buen número de Movimientos Sociales, la Comisión Legal Sol anunció públicamente que no prestaría asistencia legal a los asistentes a la Convocatoria 25A, lo que dio lugar a que desde la Plataforma solicitasen a AUSAJ ( http://www.ausaj.org/ ) la prestación de dicha Asistencia Legal, esta Asociación acordó emitir un Comunicado (ampliamente difundido; se puede consultar en https://plataformaenpie.wordpress.com/2013/04/15/comunicado-de-ausaj/ ) en el que se fundamentaba jurídicamente la legalidad de la Convocatoria, a cuyos asistentes AUSAJ prestaría asistencia jurídica integral y totalmente gratuita.

             Como efecto de dicho Comunicado, de inmediato la Delegación del Gobierno en Madrid modificó su mensaje, señalando confusamente que la Manifestación no era ilegal, aunque si ilícita. Es de destacar como la violencia policial desplegada en la Convocatoria “25 A – Asedia el Congreso”, redujo de manera drástica su intensidad, más en relación a la extrema brutalidad de la actuación policial que tuvo lugar en la anterior Convocatoria “25 S – Rodea el Congreso”. A diferencia de esta última, el 25A solo hubo 11 detenidos, de los que ninguno denunció torturas en las dependencias policiales. Detenciones que se prolongaron solo esa noche, siendo todos los detenidos puestos a disposición judicial, y tras prestar declaración, todos ellos fueron puestos en libertad esa misma tarde del día 26 de abril. En cuanto a las sanciones de multa que se pretendieron imponer a los asistentes, en las que también se proporcionó la asistencia jurídica integral y gratuita por parte de AUSAJ, hasta donde conocemos, no ha recaído sanción alguna hasta la fecha.

             Agresiones; criminalización; detenciones; enjuiciamientos por supuestos delitos con el único fundamento de las declaraciones de los agentes policiales involucrados; multas y espionaje. Tales son las estrategias gubernamentales desplegadas por las fichas del tablero. Hasta el momento.

 3.- Interposición de una pieza entre la pieza agresora y la pieza agredida (esto no es posible contra los ataques del caballo o del peón).

             La defensa del trebejo “Real”, en este supuesto, requiere el sacrificio de pieza/s del tablero. Paul Morphy advierte al ajedrecista novel que “El Rey es la pieza más débil” del tablero.

             Las posibilidades de sacrificio para la defensa borbónica, son tantas como piezas tiene en el tablero. En primer lugar, la Reina; su sacrificio, por su posición en el tablero, carece de mayor funcionalidad a esta estrategia. Luego, debemos plantearnos la posibilidad del sacrificio de otras piezas.

             Así, en primer término, el sacrificio del Poder Institucional, simbolizado por las Torres, no resulta de especial trascendencia para la Defensa del trebejo “Rey”. Su desprestigio, fruto de su absoluta corrupción, limita sobremanera su operatividad. Por lo demás, la Constitución contempla la posibilidad de crisis de Gobierno o la Disolución del Parlamento; pero no la crisis del Estado (Monarquía Constitucional).

             En cuanto al Poder Pastoral, simbolizado por los Alfiles (“Bishop”- obispo), y que, a diferencia de Focault, ahora personificaremos en los distintos Medios de Comunicación que sirven al sistema, no parece que la mayor parte de ellos accedan voluntariamente a sacrificarse en defensa del trebejo “Borbón”; los restantes, por su notoria falta de escrúpulos y su conocida tendencia a falsear la información, únicamente tendrían efecto respecto a  una escueta minoría de ciudadanos, todavía creyentes en el sistema, y que por tanto, nada aportarían a las fuerzas reales, de las que ya forman parte.

             El sacrificio de los Caballos, que simbolizan la violencia propia del complejo Policial/Judicial, su funcionalidad defensiva presenta aspectos problemáticos. En efecto, resulta evidente que la amplia mayoría de las fuerzas policiales comparten, de una u otra manera, las reivindicaciones populares puestas sobre el tablero.

             De la misma manera que la inmensa mayoría de nuestros Jueces de base. Únicamente el sacrificio de los altos mandos policiales y de las más elevadas jerarquías judiciales podría resultar operativo para superar la situación de “Jaque” que se cierne sobre el trebejo real. Y ese es un sacrificio que posee la potencialidad de fortalecer a las fichas que amenazan con sacar al Rey “jaqueado” del tablero, y con él, a todo el corrupto aparato neofranquista que se ha apropiado del Estado.

             Y, finalmente, el sacrificio de los Peones. Peones que, de nuevo en palabras de Paul Morphy, “son el más importante instrumento de la victoria”. Esto es, su sacrificio conduce a la derrota; al Jaque Mate.

             Pero, ¿que simbolizan los Peones?. Los Peones somos nosotros; el Pueblo. Y la posibilidad de victoria del Bando “Real” siempre se ha basado en mantenernos enfrentados unos con otros. Divide y vencerás.

             La cuestión, entonces, es; si nosotros, el Pueblo, solo somos fichas en el tablero, ¿quienes juegan la partida? Porque, como bien señaló Lasker, “en el tablero de ajedrez luchan personas y no figuras”.

 

Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga” (Luís Eduardo Aute).

 

 

 

CONSTITUCIONALISMO

Por Jesús Díaz Formoso

             Ni el derecho, ni las Constituciones, poseen otro significado que el de definir un marco de convivencia social. Y no podemos pretender que esa convivencia social permanezca estática. Es siempre DINÁMICA; se construye cada día, se innova y adapta en cada momento a la realidad social.

De la misma manera, el contenido de los Derechos Fundamentales tampoco es estático, sino que se encuentra siempre en movimiento; movimiento generado por la tensión entre fuerzas contrapuestas.

Cuando esas fuerzas apuntan, cada una, en su propia dirección, el Derecho impide -o eso intenta- que la sociedad se hunda en el caos. Y, en cada momento, predominará la fuerza dotada de mayor organización. Es la realidad.

En un mundo de ficción, regido por el "deber ser", parecería sencillo (o al menos factible) alcanzar una convivencia social "estática", regida por principios inmutables de orden constitucional. Sin embargo, en el mundo real, el "deber ser" no puede resultar ajeno a las tensiones creadoras de ese dinamismo constructor de la realidad inmediata.

El Derecho es acción. Es la acción del aplicador del derecho. Es la acción del ciudadano, sujeto/objeto de Derecho. Es una obra inmensa, siempre en construcción.

Por ello, el estudio del Derecho vigente, requiere el análisis de la realidad del momento histórico vivido. Será esa realidad la que, en cada instante, determine el estado de la convivencia social, y consecuentemente, el campo de actuación del Derecho y su dinámica.

A muchos no nos complace la realidad que nos ha tocado vivir. Por eso hemos de actuar para cambiarla, para mejorarla. Pero para ello, no podemos colocarnos en un plano ideal, abstracto, intangible. Al contrario, hay que situarse dentro de la realidad. Hay que enfrentarse a ella. Por duro que sea.

Y la realidad, muestra la decadencia de los Derechos Humanos. Muestra la vigencia/emergencia de nuevos valores. Valores individuales, insolidarios y egoístas. Nuevos valores sobre los que esta siendo construida la realidad. Y, consecuentemente, el Derecho, organizador de la convivencia social.

Son esos nuevos valores individuales, egoístas e insolidarios, los que están siendo incorporados a nuestra esfera jurídica. Y el Derecho los reconoce y hace suyos, "estatalizándolos". Por medio de la acción legislativa, ejecutiva y judicial.

Percibo que, en nuestra lucha por los Derechos Fundamentales, nos centramos en lo "individual", en un egoísta "que hay de lo mío". Esa dispersión genera la desactivación de la fuerza que es propia de todo grupo cohesionado. La dispersa y debilita.

No construiremos un mundo mejor centrándonos en nuestros propios intereses. Al contrario, profundizaremos en la consolidación del egoísmo individualista como director de la organización de la convivencia, siempre "en movimiento", siempre dinámica.

No se trata de defender nuestros derechos fundamentales, sino de defender Los Derechos Fundamentales. Con abstracción de nuestros propios problemas. Con solidaridad, que siempre es para con los demás. De otra forma, confundiremos solidaridad con egoísmo.

Y eso lo ha percibido magníficamente la Opinión Pública. Aunque a muchos nos duela reconocerlo. Por eso, la respuesta de los ciudadanos ante las agresiones de que son objeto los Derechos de "otros", es de inhibición ("no es mi problema").

La jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia, como no podía ser de otra manera, ha venido haciendo suyos los postulados de esta nueva organización social, basada, insisto, en el egoísmo individualista, en la insolidaridad; en la feroz competencia entre individuos, que buscan, cada uno, la satisfacción de sus propios intereses.

 Y es esta situación la que impide la unión, de la que habría de surgir la fuerza, la potencia constructora de una realidad "justa".

 En efecto, tal unión, basada en la individualidad de sus miembros, no puede tener como resultado una mayor potencia del grupo. Para ello es necesario que esa unión sea coincidente en su dirección, pues solo así las fuerzas individuales se suman para alcanzar una superior potencia.

 Cuando, como es el caso, las fuerzas individuales tienen distintas direcciones, en lugar de sumarse unas a otras, se anulan entre sí; se disminuyen mutuamente.

 ¿Cual es la acción que puede dar coherencia, unidad y potencia a nuestros intereses individuales? Evidentemente, solo puede serlo la acción Solidaria.

 Pero, ¿somos capaces de emprender esa acción solidaria? ¿Somos capaces de sacrificar a ella nuestros intereses individuales? Si no lo somos, nuestros esfuerzos, por grandes que puedan llegar a ser, están destinados al fracaso. Y ese fracaso, nos lleva a la decepción. Y nos hace impotentes. 

Infelices.

 ¿Queremos construir ese mundo basado en valores solidarios? Y, si es así, ¿que estamos dispuestos a sacrificar a tan noble causa? ¿Tenemos la humildad que la consecución de tan elevados fines exige? ¿O, en realidad nuestros deseos de una sociedad más justa solo son fruto de la vanidad?

 ¿Estamos dispuestos a poner nuestra potencia al servicio de todos, renunciando a dar satisfacción a nuestros deseos individuales? Si no es así, todos los esfuerzos serán inútiles. El Derecho seguirá construyéndose sobre la insolidaridad y el egoísmo.

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